Rafael Heriberto Robledo Romo

Expediente 1485/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1485/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
31/10/2018

Partes del expediente

  • Rafael Heriberto Robledo Romo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio con anexos de cuenta. RECEPCIÓN DE EJECUTORIA. Acúsese recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del: 1. oficio I-1765/2018; y de la 2. copia certificada del testimonio de la ejecutoria, pronunciada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en el conflicto competencial 36/2018. Comuníquese a las partes la resolución dictada por la superioridad, en los siguientes términos: "PRIMERO. Se declara competente para conocer de la demanda promovida por el quejoso **********, al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, para que tramite y resuelva dicho asunto, en términos de la presente ejecutoria, cuyo testimonio deberá enviársele. SEGUNDO. En consecuencia, remítanse los autos del juicio al Juzgado competente y envíese testimonio de esa resolución al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, contendiente en el presente conflicto competencial para su conocimiento." Acúsese de recibida la citada ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese el presente expedientillo, como asunto totalmente concluido. Destrúyase el mismo, transcurrido cinco años siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo general.

  2. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta, visto su contenido se provee: ADMITE CONFLICTO COMPETENCIAL Se tiene a la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, informando que dentro del expediente de conflicto competencial ********************, de su índice se dictó un proveído de diez de octubre de dos mil dieciocho, por el cual admitió el conflicto competencial solicitado. Lo anterior para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA RAFAEL HERIBERTO ROBLEDO ROMO, EL ACUERDO DE FECHA OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, registrado con el número 28495 signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco; visto su contenido se provee: Se tiene al Juez ocursante remitiendo el oficio 44993/2018 con anexo, un expediente del juicio de amparo indirecto 2862/2018, de su índice. Acúsese el recibo respectivo. Ahora bien, se advierte de autos que mediante acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, esta autoridad declaró carecer de competencia para resolver el juicio de amparo 1485/2018, respecto del acto reclamado a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Presidente de la República Mexicana, consistente en la inconstitucionalidad del artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con motivo de su primer acto de aplicación; planteando la competencia al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno. Dicho juicio de amparo, fue turnado al Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien mediante el oficio que se recibe, determinó no aceptar la competencia planteada, dado que a pesar que de las constancias remitidas se advertía el domicilio fiscal de la parte quejosa, contribuyente, consideró que no existen elementos suficientes para considerarse competente, ya que no consideró que el hecho de que el acto de aplicación de la quejosa se efectuó en esa ciudad, fuera motivo suficiente para declinar la competencia, pues los actos reclamados por sí mismo no tienen un principio de ejecución, máxime que el acto de aplicación no se reclamó por vicios propios, por lo que menciona que es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Acotado lo anterior, debe decirse que la suscrita Juzgadora, no comparte el criterio expuesto por el Juez ocursante, e insiste en que es al referido órgano federal, a quien por turno corresponde conocer y resolver la demanda de amparo promovida por. respecto del acto consistente en la inconstitucionalidad del artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con motivo de su primer acto de aplicación. En tales condiciones, toda vez que por auto de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo a los Administradores Desconcentrados de Servicios al Contribuyente de Puebla adscritos al Servicio de Administración Tributaria"1" y "2", informando que la parte quejosa. se advierte que este juzgado federal cuenta con elementos que demuestran de manera fehaciente que el domicilio del quejoso se encuentra en un lugar diverso al en que se ejerce jurisdicción. Lo anterior en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que si se reclama en el juicio de amparo indirecto la Ley del Impuesto Sobre la Renta con motivo de su acto de aplicación, consistente en la retención del impuesto efectuada por una administradora de fondos para el retiro, por la disposición de saldos por el contribuyente quejoso de la cuenta individual o de las subsecuentes que la integran, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, ya que del criterio general establecido en la legislación fiscal, para efectos de la vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, es el de su domicilio fiscal, precisado en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción territorial se ubica. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 426, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de noviembre de 2009, del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON MOTIVO DE LA RETENCIÓN EFECTUADA POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO, POR LA DISPOSICIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA INDIVIDUAL O SUBCUENTAS QUE LA INTEGRAN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.- Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en el juicio de amparo indirecto la Ley del Impuesto sobre la Renta con motivo de su acto de aplicación, consistente en la retención del impuesto efectuada por una administradora de fondos para el retiro, por la disposición de saldos por el contribuyente quejoso de la cuenta individual o de las subcuentas que la integran, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, ya que el criterio general establecido en la legislación fiscal, para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, es el de su domicilio fiscal, precisado en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica". Así como la diversa Jurisprudencia 2a./J. 146/2002, de la Novena Época, emitida por la referida Segunda Sala, visible en el Tomo XVII, página 324, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de enero dos mil tres, cuyo y rubro señalan: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en un juicio de amparo indirecto una ley fiscal federal con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la declaración y pago de la contribución en ella establecida, efectuados a través de medios electrónicos, debe considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal del contribuyente, el cual coincide con la circunscripción territorial de la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria a la que se entienden dirigidos la declaración y el pago relativos, por ser aquel en que tuvo ejecución el acto de aplicación y producirá sus consecuencias de control y fiscalización autoritarios, pues el criterio general establecido en la legislación fiscal para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales es el de su domicilio fiscal, que se precisa en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que formalmente la declaración presentada por medios electrónicos se dirige, en general, al Servicio de Administración Tributaria, el cual, conforme al artículo 4o. de la Ley que lo regula tiene su domicilio en la Ciudad de México, donde se ubican sus oficinas centrales, también lo es que la introducción de los medios electrónicos como vía para el cumplimiento de las obligaciones fiscales sólo tuvo por finalidad el simplificar a los contribuyentes tal cumplimiento, pero no modificar el criterio del domicilio fiscal como lugar de vinculación de los contribuyentes a dicho cumplimiento, ni el régimen de distribución de facultades entre los órganos que conforman tal dependencia bajo el criterio de desconcentración para el logro de una administración tributaria accesible, eficiente y cercana a los contribuyentes, por lo que la declaración y el pago relativos deben entenderse dirigidos a la unidad administrativa que ejerce el control sobre el contribuyente; además, considerar que la ejecución del acto tuvo lugar en la Ciudad de México por encontrarse en ella el domicilio del Servicio de Administración Tributaria sería sustentar un criterio contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en tal entidad los juicios promovidos contra leyes fiscales cuando el avance tecnológico computacional tiende a que la mayoría de los contribuyentes cumpla sus obligaciones a través de medios electrónicos". En ese tenor, es dable establecer, que la norma combatida es de carácter fiscal y su ejecución se materializó en el lugar donde tiene su domicilio fiscal la parte quejosa; es decir, en Guadalajara Jalisco. Lo que además, se corrobora con la constancia de retención a que se refiere la parte quejosa, en la que se le aplicó el artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que exhibió con su demanda de amparo, en el que aparece como retenedor Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable (fojas 30 a 31), se advierte lo siguiente: En el apartado de "Datos del Trabajador o asimilado a salarios" aparece el rubro consistente en "Clave de la Entidad Federativa donde prestó sus servicios (5)" el cual contiene el número "14". Asimismo al pie de dicha constancia de sueldos en el número (5) señala: 01 Aguascalientes, 02 Baja California, 03 Baja California Sur, 04 Campeche, 05 Coahuila, 06 Colima, 07 Chiapas, 08 Chihuahua, 09 Distrito Federal, 10 Durango, 11 Guanajuato, 12 Guerrero, 13 Hidalgo, 14 Jalisco, 15 México, 16 Michoacán, 17 Morelos, 18 Nayarit, 19 Nuevo León, 20 Oaxaca, 21 Puebla, 22 Querétaro, 23 Quintana Roo, 24 San Luis Potosí, 25 Sinaloa, 26 Sonora, 27 Tabasco, 28 Tamaulipas, 29 Tlaxcala, 30 Veracruz, 31 Yucatán. 32 Zacatecas. De lo que se advierte que el número 14 que se señaló en el rubro de "Clave de la Entidad Federativa donde prestó sus servicios (5)", corresponde a: "Guadalajara, Jalisco". De ahí que si la parte quejosa reclama el artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, en el caso: - Guadalajara, Jalisco -, por lo que conforme a lo informado por los Administradores Desconcentrados de Servicios al Contribuyente de Puebla adscritos al Servicio de Administración Tributaria"1" y "2", se concluye que el juez competente para conocer del juicio de amparo promovido por la peticionaria de amparo, debe ser el del lugar en donde se encuentra su domicilio fiscal. De ahí que, se insiste, este órgano de control constitucional carece de competencia para conocer del acto reclamado y se estima que el estudio del presente asunto no corresponde a la suscrita, por lo que su competencia corresponde al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. En virtud de lo anterior, y toda vez que la suscrita no comparte el criterio del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, esta autoridad federal sostiene su resolución en la que declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo antes señalada y a fin de dilucidar quién debe resolver sobre la misma, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, el expediente del juicio de amparo indirecto 2862/2018 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco; a fin de que resuelva lo que en derecho proceda. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

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