Rafael Haro Tejada

Expediente 3676/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
3676/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
31/01/2018

Partes del expediente

  • Rafael Haro Tejada

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: se tiene por recibido el oficio que remite el Presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, por medio del cual acusa recibo del comunicado 62187/2017 del índice de este juzgado por el que se notificó el acuerdo que tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria que resolvió la revisión principal 181/2017; por tanto, únicamente agréguese en autos del comunicado que se recibe para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien actúa y firma con la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta. Doy fe. LAPT/DANH/cjta

  2. Principal

    CITATORIO PRINCIPAL.- POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE.- Zapopan, Jalisco, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el comunicado que signa el Presidente Auxiliar de la Onceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en autos, remite copia certificada del auto emitido el ocho de enero de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 294/2016/11-F. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la documental que adjunta a su comunicado. Ahora bien, de la documental referida, es dable advertir que en el presente asunto ha ocurrido una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, los efectos del acto reclamado han cesado, y por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación; es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado; es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Conviene apuntar brevemente que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que el Juez de Distrito, particularmente en el juicio de amparo, con apoyo en las normas jurídicas constitucionales, legales o jurisprudenciales, resuelve abstenerse de analizar la violación de las garantías imputadas por la parte quejosa a la autoridad responsable, y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, procede siempre que la causal que sirva de apoyo para emitir la resolución correspondiente sea manifiesta e indudable y que además de que las pruebas aportadas al sumario por los peticionarios de amparo, no altere el resultado del fallo, lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida; además de que dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado, de tener en cuenta que aún puede hacer valer el recurso legal contemplado en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia para combatir el auto que sobresee. Corolario de lo expuesto, obligar al Juez de Distrito a esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Lo anterior dado que el impetrante del amparo promovió esta instancia constitucional en razón de que la autoridad responsable en el ámbito de su competencia fue omisa en proveer lo conducente en cuanto al señalamiento del día y hora para el desahogo de las pruebas periciales caligráfica y grafoscópica, ello en el juicio laboral 294/2016/11-F de su índice; sin embargo, de la documental allegada por la responsable, a la cual se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por ser documento público expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que la responsable, el ocho de enero de dos mil dieciocho, emitió auto en el que por una parte puso a la vista de la parte actora el escrito por el cual el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, informó que no contaba con perito experto para llevar a cabo el desahogo de la prueba caligráfica, otorgando un término de tres días para que manifestara lo que a su derecho convenga; asimismo, respecto de la diversa prueba pericial grafoscópica, señaló las nueve horas del uno de febrero de dos mil dieciocho, para su desahogo, cuyas omisiones constituyen los actos materia del reclamo. Por tanto, sin duda alguna es válido concluir que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado en su momento por el acto de autoridad. Es aplicable la tesis número P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VI, Noviembre de 1997, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sustenta este mismo criterio la tesis 2ª./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En razón de todo lo expuesto, se sobresee en el presente juicio antes de la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional, de acuerdo con lo establecido por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por operar de manera notoria, plena e indubitable la cesación de efectos del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley, dejándose sin efecto la fecha señalada para las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Por último, téngase a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, formulando el pedimento número 42/2018; asimismo, dígase que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Por otro lado, en relación a lo que solicita, de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídansele las copias que solicita, previo recibo y razón que otorgue en autos. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Ileana Cruz López. Doy fe. LAPT/ICL/abn

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee, se tiene por recibido el escrito que signa Roberto Iván Ramírez Pérez, apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral quejosa, Fresenius Medical Care de México, sociedad anónima de capital variable, por medio del cual designa como autorizado en términos amplios de conformidad con el numeral 12 de la ley de la materia a Antonio Ochoa Quintana. De conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítasele utilizar medios digitales o electrónicos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que actúa con el secretario, Roberto Martínez Gutiérrez, quien autoriza y da fe. LAPT/RMG/mala*

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, doce de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee; de la comparecencia de cuenta, se advierte que Josué Daniel Sánchez Tapetillo, perito oficial en el presente juicio, se hizo presente en este juzgado y ratificó la opinión técnica que le fue encomendada, la cual se tuvo por recibida el tres de enero de dos mil diecisiete (fojas 343 a 375). En esas condiciones, dese vista a las partes con el escrito de referencia, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, ello en términos del artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, tal y como lo prevé el artículo 2° de la ley invocada en segundo término, en la inteligencia que "dar vista" significa que los autos quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien actúa y firma con el secretario Roberto Martínez Gutiérrez Doy fe. LAPT/RMG/mala*

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