Rafael Guzmán Castillo

Expediente 1847/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1847/2014
Año
2014
Actuaciones
6
Última actuación
17/03/2015

Partes del expediente

  • Rafael Guzmán Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que dentro del plazo legal no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de dieciocho de febrero de dos mil quince (fojas 32 a 34), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, promovido por **, por lo que con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno; y, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que sobreseyó fuera de audiencia. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y del auto definitivo, las cuales, además deberán ser digitalizadas. e) De conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días comparezca ante es órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrá serán depurados y en su momento destruidos junto con éste.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante el cual en cumplimiento al proveído de diez de febrero del año en curso (foja 24), remite copia certificada de las constancias de notificación realizadas a la quejosa y a la parte demandada, respecto del laudo emitido el treinta de enero de dos mil quince, en autos del expediente laboral 487/2013. Atento a lo anterior, se tiene por cumplimentado el requerimiento formulado a la responsable, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. En consecuencia, del estado procesal de autos, se advierte que al momento de rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado; refiriendo que el veinticinco de agosto de dos mil catorce, se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos a proyecto de resolución y laudo correspondiente; sin embargo, no se había resuelto debido a las cargas excesivas de trabajo que imperan en dicha junta; ello, hasta el día treinta de enero del año en curso, el cual fue notificado a las partes de conformidad con las constancias que adjunta la responsable al oficio que se acuerda en esta fecha. En ese sentido debe decirse que la demanda que dio origen al sumario en que se actúa fue presentada el quince de diciembre de dos mil catorce (foja 1), en la oficina de correspondencia común; y si bien es cierto que se admitió el dieciséis siguiente (foja 6 y 7), también lo es que a su presentación no se había emitido el laudo en el juicio de origen, ni se habían efectuado las notificaciones relativas a las partes. Luego, tomando en consideración que la autoridad oficiante, como complemento a su informe justificado, remitió el oficio TECA400F/104010/A.I./188/2015 (foja 16), al que adjuntó copias certificadas del laudo dictado el treinta de enero del año en curso, en autos del expediente 487/2013, por lo que le fueron requeridas las constancias de notificación respectiva, lo que en esta fecha aconteció; por tanto, al realizar un estudio de las constancias antes mencionadas, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de su derecho humano vulnerado. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica y patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 fracción I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos humanos violentados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar los derechos de que se traten y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues el acto de autoridad por el que se acudió a la presente instancia consistió en la omisión de dictar el laudo dentro de expediente laboral 487/2013. En efecto, en el caso ha sobrevenido una cesación ante la determinación que la responsable emitió el treinta de enero del año en curso, consistente en el laudo correspondiente al expediente laboral 487/2013, la cual se notificó a la quejosa; es decir, tales actuaciones fueron emitidas con posterioridad a la interposición del juicio de amparo en que se actúa. De lo expuesto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, como en éste caso fue la violación al artículo 17° Constitucional. Luego, el sobreseimiento es decretado sin que se lleve a cabo la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar con la tramitación del juicio, ya que sólo trastocaría el principio de celeridad establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo con apoyo en la fracción III, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, resulta innecesario el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para su celebración. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE: "Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante el cual en cumplimiento al proveído de diez de febrero del año en curso (foja 24), remite copia certificada de las constancias de notificación realizadas a la quejosa y a la parte demandada, respecto del laudo emitido el treinta de enero de dos mil quince, en autos del expediente laboral 487/2013. Atento a lo anterior, se tiene por cumplimentado el requerimiento formulado a la responsable, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. En consecuencia, del estado procesal de autos, se advierte que al momento de rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado; refiriendo que el veinticinco de agosto de dos mil catorce, se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos a proyecto de resolución y laudo correspondiente; sin embargo, no se había resuelto debido a las cargas excesivas de trabajo que imperan en dicha junta; ello, hasta el día treinta de enero del año en curso, el cual fue notificado a las partes de conformidad con las constancias que adjunta la responsable al oficio que se acuerda en esta fecha. En ese sentido debe decirse que la demanda que dio origen al sumario en que se actúa fue presentada el quince de diciembre de dos mil catorce (foja 1), en la oficina de correspondencia común; y si bien es cierto que se admitió el dieciséis siguiente (foja 6 y 7), también lo es que a su presentación no se había emitido el laudo en el juicio de origen, ni se habían efectuado las notificaciones relativas a las partes. Luego, tomando en consideración que la autoridad oficiante, como complemento a su informe justificado, remitió el oficio TECA400F/104010/A.I./188/2015 (foja 16), al que adjuntó copias certificadas del laudo dictado el treinta de enero del año en curso, en autos del expediente 487/2013, por lo que le fueron requeridas las constancias de notificación respectiva, lo que en esta fecha aconteció; por tanto, al realizar un estudio de las constancias antes mencionadas, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de su derecho humano vulnerado. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica y patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 fracción I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos humanos violentados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar los derechos de que se traten y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues el acto de autoridad por el que se acudió a la presente instancia consistió en la omisión de dictar el laudo dentro de expediente laboral 487/2013. En efecto, en el caso ha sobrevenido una cesación ante la determinación que la responsable emitió el treinta de enero del año en curso, consistente en el laudo correspondiente al expediente laboral 487/2013, la cual se notificó a la quejosa; es decir, tales actuaciones fueron emitidas con posterioridad a la interposición del juicio de amparo en que se actúa. De lo expuesto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, como en éste caso fue la violación al artículo 17° Constitucional. Luego, el sobreseimiento es decretado sin que se lleve a cabo la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar con la tramitación del juicio, ya que sólo trastocaría el principio de celeridad establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo con apoyo en la fracción III, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, resulta innecesario el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para su celebración. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno." POR MEDIO DE LISTA (AVISO)

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de diez del presente mes y año, se solicitó al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, a efecto de que remitiera copia certificada de las constancias de notificación realizadas quejoso respecto del laudo emitido el treinta de enero pasado, en el expediente laboral 487/2013; sin embargo, al día de la fecha no se cuenta con las aludidas constancias o con el acuse de recibo del oficio 3363, a efecto de estar en condiciones de contabilizar el plazo concedido para tal efecto. En consecuencia, a fin de dar margen a que se cumplimente lo anterior, y no violar las reglas fundamentales que rigen al juicio de amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las doce horas del veintiséis de febrero de dos mil quince, para su verificativo.

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