Rafael Gustavo Hernández Gutiérrez

Expediente 1833/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1833/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
29/01/2018

Partes del expediente

  • Rafael Gustavo Hernández Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    resuelve...primero. se sobresee el juicio de amparo...segundo. públiquese la sentencia con supresión de datos personales.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, sin mayor proveído, el oficio signado por la autoridad responsable, en virtud de que mediante proveído de ocho de diciembre del año que antecede -foja 21-, se proveyó respecto de su contenido.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual remite fotocopia certificada de la resolución correspondiente a la sesión de diez de noviembre del actual, dictada en el recurso de queja 95/2017, interpuesto por la parte quejosa, en contra de la resolución interlocutoria de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, pronunciada por este órgano jurisdiccional; recurso en el que la superioridad resolvió: "PRIMERO. Se declara fundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se revoca la resolución interlocutoria recurrida. TERCERO. Se ordena reponer el procedimiento en el incidente innominado, para los efectos establecidos en el último considerando." [.]". Por tanto, acúsese recibo al órgano colegiado remitente y realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Así, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por la superioridad se repone el procedimiento hasta antes de la resolución interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, y la audiencia incidental respectiva, y se ordena la práctica de una prueba pericial en materia de contabilidad para determinar de forma pormenorizada las cantidades a pagar al quejoso por concepto de indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho. En tal contexto, con fundamento en los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo, y en preparación de la prueba pericial en materia de contabilidad, requiérase al Coordinador General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, proporcione el nombre de un perito en materia de contabilidad, a fin de estar en posibilidad de llevar a cabo el desahogo de la prueba pericial en materia contable; apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cincuenta a mil días, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Así, una vez que el perito oficial designado acepte y proteste el cargo discernido a su favor, a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida por la superioridad, este juzgado procederá a definir los elementos a los que se deberá apegar el experto en materia contable, tales como el puesto, el salario y prestaciones a considerar, periodo que deba comprender, así como la legislación conforme a la cual se regía la relación laboral del impetrante de amparo. Debe precisarse que las partes pueden adicionar el cuestionario respectivo, asimismo podrán de considerarlo pertinente designar peritos que se asocien con el que designe este juzgado o rindan dictamen por separado; una vez designados los peritos de las partes y el de este juzgado, y que éstos hayan aceptado y protestado el cargo conferido, tendrán como plazo para rendir sus dictámenes el que medie entre la fecha en que comparecieron a aceptarlo y el día señalado para la celebración de la audiencia del incidente innominado; en la inteligencia que si el perito designado por la parte quejosa, no rinde el dictamen en el plazo indicado, se estará al dictamen que rinda el perito oficial; y en el caso de que este último no lo rinda, se le impondrá multa de cincuenta a mil días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 y 238 en relación con el 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que se nombre nuevo perito. Encuentra sustento lo apuntado en la tesis XXXVII/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 99, abril de 1997, tomo V, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "PERITOS EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO DE QUE DISPONEN PARA RENDIR SU DICTAMEN TIENE COMO LÍMITE LA FECHA SEÑALADA PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Finalmente, se señalan las catorce horas del ocho de enero de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia del incidente innominado. Notifíquese y personalmente a las partes.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por la perito oficial y anexo que se acompaña, mediante el cual manifiesta que se encontrara de comisión del cuatro al catorce de diciembre del año en curso; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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