Rafael Guevara Rodríguez

Expediente 473/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
473/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • Rafael Guevara Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de nueve de mayo último, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***; en tales condiciones, se declara que el mismo causa estado. En consecuencia, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente es destruible una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo,

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Por recibida la demanda de amparo promovida por Rafael Guevara Rodríguez, por su propio derecho, contra actos del Titular del Juzgado Segundo de lo Civil y la Oficina Central de Actuarios Notificadores y Ministros Ejecutores, ambos del Distrito Judicial Bravos y con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente respectivo y regístrese bajo el juicio de amparo 473/2023-VII, que le corresponde en el libro electrónico que para tal fin se lleva en este Juzgado de Distrito. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; así se aprecia de su contenido, que indica lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo transcrito en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que exista una causa de improcedencia; además, que ésta sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe precisar que del análisis del escrito de demanda se advierte que los actos que reclama el promovente en esta vía de amparo indirecto es: Los acuerdos de veinte y veinticinco de abril de dos mil veintitrés dictados en el juicio oral mercantil 631/2021 del índice del juzgado responsable, mediante los cuales manifiesta no le fue admitida la demanda de amparo directo promovida en contra de la resolución de quince de marzo último, la cual se dio en cumplimiento a la ejecutoria derivada del amparo directo 165/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito. En el caso concreto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo En ese contexto, la causa de improcedencia prevista en el precitado artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, alude a que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se reclamen resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados o bien se encuentre en alguno de los supuestos de excepción ahí mencionados. Es decir, el amparo únicamente será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado; siempre y cuando no se encuentre en una de la hipótesis de excepción previstas; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Asimismo, es importante mencionar, que de acuerdo con la interpretación que, de la improcedencia en comento, ha realizado el máximo Tribunal de Justicia en el País, únicamente los medios de defensa previstos en una ley formal y material son susceptibles de provocar la misma, siempre que como se dijo, éstas no se ubiquen en las excepciones que prevé la Ley de Amparo. En ese mismo sentido, debe puntualizarse que no constituye un requisito indispensable, que los medios de impugnación a los que alude la causal de improcedencia en comento, tengan que estar previstos por el ordenamiento legal del que emane formalmente o en la que encuentre su fundamento el acto de autoridad reclamado, pues ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de amparo establece esa limitante, a más de que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Sin embargo, en el caso, el medio de defensa sí se encuentra previsto en la Ley de Amparo, de la cual al pretender el impetrante de derechos humanos, promover una demanda de amparo directo, en contra de una resolución que emana del procedimiento de origen mencionado, los actos reclamados no se rigen por la legislación aplicable al juicio oral mercantil que se lleva a cabo primigeniamente, sino que le es aplicable la citada Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al intentar iniciar un juicio de control constitucional (amparo directo), bajo la ley aplicable para esa materia. Ahora bien, como se dijo, en el presente asunto el justiciable reclama en esta vía constitucional, los acuerdos de veinte y veinticinco de abril de dos mil veintitrés dictados en el juicio oral mercantil 631/2021 del índice del Juzgado responsable, mediante los cuales manifiesta no le fue admitida la demanda de amparo directo promovida en contra de la resolución de quince de marzo último, la cual se dio en cumplimiento a la ejecutoria derivada del amparo directo 165/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito. Sin embargo, dicho acto el impetrante del amparo debe combatir a través del medio de defensa idóneo para el caso en concreto (queja), la cual se encuentra prevista en el artículo 97, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 97. El recurso de queja procede: (.) II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos: a) Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente; b) Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes; c) Contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios; y d) Cuando niegue al quejoso su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma materia causen daños o perjuicios a alguno de los interesados." Lo subrayado es propio. Medio ordinario de defensa que está obligado el quejoso a agotar, y como no demostró haber satisfecho el principio de definitividad, se actualiza la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dicho medio tiene por objeto modificar, revocar o nulificar los actos de autoridad que a través de él se reclamen. No sobra mencionar que de la interpretación armónica del artículo 61, fracción XVIII, de la citada Ley de Amparo, se afirma que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de irreparable por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que establezcan las leyes que los rigen, siempre y cuando éstos modifiquen, revoquen o nulifiquen los actos combatidos; siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado. Resta decir que tampoco se actualiza el último supuesto a que se refiere la fracción XVIII, del aludido numeral 61, para que el hoy quejoso no esté obligado a agotar el medio de impugnación referido, ya que de la simple lectura de la demanda de amparo se advierte que el acto no se reclama en alguna de las hipótesis de excepción a que se refiere dicho artículo. Por lo expuesto, es claro que el impetrante del amparo tiene la carga procesal de promover el recurso de queja; pues a través de aquél medio de impugnación puede lograr que el acto reclamado quedara sin efectos, o bien, fuera modificado. En las relatadas condiciones, al estar acreditado que el promovente contaba con medios de defensa, que tienen el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, al no dar cumplimiento al principio de definitividad, es claro que se está ante un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido por los artículos 61, fracción XVIII, 62 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda promovida por ...

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