Rafael Guerrero Ramirez
Expediente 1141/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1141/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rafael Guerrero Ramirez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Rafael Guerrero Ramírez; contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, con copias que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1141/2022-VI. Ahora bien, examinada la demanda de amparo y anexos, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional; y, por tanto de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma, en atención a las consideraciones siguientes: [ . . . ] En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, toda vez que el promovente es el actor en el juicio laboral de origen, ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a las personas que indica y para los efectos que precisa a José Luis Palomino Alvarado. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese; y personalmente al promovente.
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