Rafael Guardado Merino

Expediente 1246/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1246/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • Rafael Guardado Merino

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Visto el escrito signado por ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 1246/2022-B. En ese contexto, vista la demanda de amparo que nos ocupa, procede desecharla por ser notoriamente improcedente, atento .a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a este órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a esta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De los artículos anteriores, se aprecia que el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridad, debiéndose entender como tal, aquéllas que omiten, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo no basta que el acto combatido sea emitido por un órgano del Estado, sino que debe analizarse si dicha actuación se condujo como ente de derecho público o de derecho privado. Así, para efectos de dilucidar si en la especie nos encontramos ante actos provenientes de una autoridad o no, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado cuáles son las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, una de ellas, consiste en la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Del criterio a que se ha hecho alusión, se advierte las siguientes notas distintivas de los actos de autoridad: I. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. II. Que la relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; III. Que con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, IV. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto es menester precisar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, la ley establece los procedimientos ordinarios necesarios para su resolución y; en su caso, la imposición coactiva de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando las partes en un mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario, laboral y administrativo. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por otro lado, cabe destacar que el Estado, a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. En el caso particular, el quejoso reclama del Representante Legal y del Jefe del Departamento de Operación de Crédito del ***, el contrato de apertura de crédito avío, registrado bajo el número ***, de treinta de julio de dos mil veinte; el requerimiento de pago de fecha veinticinco de julio de dos mil veintidós, firmado por el Jefe del Departamento de Operación de Crédito, por parte del ***, por el adeudo a capital por ***, más interés; así como todo lo actuado dentro de dicho crédito. Lo anterior, hace patente que los actos reclamados, no pueden considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que dichos acto derivan de una relación puramente contractual efectuada entre *** y un particular, de lo que se colige que los actos reclamados no puedan considerarse como de autoridad para los efectos del amparo. Por tanto, los actos reclamados a la autoridad responsable, se da en un plano de igualdad entre las mismas y la quejosa, derivado de una relación puramente contractual, y no como una relación de autoridad y gobernado. Es decir, los actos reclamados no se da en un plano de supra-subordinación, sino en un plano de igualdad (coordinación); de modo que la controversia sobre la legalidad o ilegalidad de contrato de crédito avío, así como el requerimiento del pago del mismo, no pueden ser materia del presente juicio de amparo, por no haberse emitido por un ente del estado en su carácter de autoridad; en todo caso, el estudio de tal cuestión corresponde a los tribunales ordinarios, al no tratarse de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, dado que en el caso concreto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del promovente el que señala en su escrito de cuenta; y como autorizados en términos amplios a ***, por contar con sus cédulas profesionales inscritas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede. En consecuencia, ténganse como pruebas de la parte tercera interesada ***las documentales ofrecidas en su escrito por el cual promovió la presente incidencia, consistentes en la documental pública de actuaciones (punto I), así como la presuncional legal y humana, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. En relación con la prueba marcada en el punto II del ocurso a través del que se interpuso el incidente respectivo, se admite únicamente la ejecutoria dictada en el recurso de revisión ***, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; ya que solo esta obra en autos. En ese sentido, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia de ley. Finalmente, agréguese a los autos el ocurso, a través del que los terceros interesados solicitan se declare precluido el derecho del quejoso para ofrecer pruebas y se señale fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental; a ese respecto, dígase que deberá estar a lo acordado en párrafos que anteceden.

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