Rafael Gregorio Arroyo Pérez

Expediente 414/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
414/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • Rafael Gregorio Arroyo Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Acusa recibo. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual acusa recibo de la demanda de amparo promovida por Rafael Gregorio Arroyo Pérez, copia certificada de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, así como del auto por el que causó ejecutoria la misma, la cual quedó registrada con el número 751/2021 de su índice. Lo anterior, se toma de conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en la que se determinó por una parte sobreseer el presente juicio de amparo y por otra negar el amparo y protección constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se remiten constancias al Tribunal Colegiado. Ahora bien, de conformidad con la sentencia emitida el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se desprende que en dicha resolución, se ordenó que una vez que causara ejecutoria la sentencia dictada dentro del presente juicio, se escindiera la demanda amparo para remitirla junto con copia certificada de la sentencia y del auto con en el cual causara ejecutoria la misma, al Tribunal Colegiado de Circuito del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para que asuma la competencia y resuelva lo pertinente. Por tanto, se ordena realizar lo descrito en el párrafo precedente y se reserva proveer sobre el archivo del presente expediente hasta en tanto se tenga noticia de lo acordado por la superioridad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 414/2021-III, promovido por Rafael Gregorio Arroyo Pérez; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Por escrito presentado vía electrónica el veinte de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, Rafael Gregorio Arroyo Pérez, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "IV. AUTORIDADES RESPONSABLES: EN SU CARÁCTER DE ORDENADORAS: 1. Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl 2. Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos 3. Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo 4. Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Juárez 5. Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza 6. Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 7 Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 8. Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc EN SU CARÁCTER DE EJECUTORAS: 1. Encargado del departamento de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaria de Educación Pública, Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. 2. Director de administración y finanzas de la Secretaría de Educación Pública, Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. 3. Jefe del departamento de recursos financieros de la Secretaría de Educación Pública, Unidad de servicios Educativos de Tlaxcala 4. Jefe del departamento administrativo de la Secretaría de Educación Pública, Unidad de servicios Educativos de Tlaxcala 5. Director de relaciones laborales de la Secretaría de Educación Pública, Unidad de servicios Educativos de Tlaxcala 6. Jefe de recursos humanos de la Secretaría de Educación Pública, Unidad de servicios Educativos de Tlaxcala." "V. ACTO RECLAMADO. De la responsable identificada como ORDENADORA, reclamo la orden de embargo y/o retención sobre mi salario y demás prestaciones que percibo como trabajador de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA con número de seguridad social 80128963242 con clave de centro de trabajo 29DES0021H mismo que se encuentra en Papalotla, Tlaxcala, es decir; el descuento y/o retención del salario del suscrito. De las autoridades señaladas como EJECUTORAS, reclamo la ejecución de embargo y/o retención sobre mi salario y demás prestaciones que percibo como trabajador de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA con número de seguridad social 80128963242 con clave de centro de trabajo 29DES0021H mismo que se encuentra en Papalotla, Tlaxcala, es decir; el descuento y/o retención del salario del suscrito." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en el artículo 1°, 4°, 5 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno (fojas 5 a 9), este juzgado de Distrito registró la demanda de amparo con el número de juicio 414/2021-Ill, admitió a trámite la demanda de mérito, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Ampliación de demanda. Mediante proveído de veintidós de julio de dos mil veintiuno (fojas 119 a 121), se dio vista a la parte quejosa a efecto de que ampliara su demanda de amparo, sin que hubiere realizado manifestación alguna al respecto, tal como quedó señalado en el acta de audiencia respectiva. QUINTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previos diferimientos. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito Mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial, en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que se trata de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, en el que se reclama la resolución dictada en contra del quejoso, relativa a la determinación de alimentos provisionales, cuya ejecución se lleva a cabo en la misma en que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y a las constancias del presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama: La falta de emplazamiento al expediente 232/2020, respecto a las diligencias de alimentos provisionales, del índice del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala. La resolución de doce de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 232/2020, respecto de las diligencias de alimentos provisionales, del índice del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala, en la cual se decretaron alimentos provisionales en favor del menor de iniciales B.C.A.M., por el treinta y cinco por ciento de su sueldo y demás prestaciones. Señalados los actos reclamados, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de los mismos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Son inexistentes los actos reclamados y atribuidos a las autoridades responsables: Juez Familiar del Distrito Judicial de Juárez (foja 22). Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc (foja 25). Juez Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza (foja 29). Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos (foja 31). Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo (foja 36). Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc (foja 45). Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc (foja 48). En vía de consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto respecto de los actos reclamados precisados en este considerando, atribuidos a las autoridades responsables señaladas en este apartado. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Además, cobra aplicación la tesis VI.2°.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que lleva por rubro: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Ahora bien, la Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, al rendir su informe justificado (foja 34), aceptó la existencia de los actos reclamados consistentes en: La falta de emplazamiento al expediente 232/2020, relativo a las diligencias de alimentos provisionales, de su índice. La resolución de doce de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 232/2020, relativo a las diligencias de alimentos provisionales, de su índice, en la cual se decretaron alimentos provisionales en favor del menor de iniciales B.C.A.M., por el treinta y cinco por ciento de su sueldo y demás prestaciones. Por tanto, se tiene la certeza del mismo, lo cual se robustece con el contenido de la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 206, tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en el confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior se corrobora con la documental que remitió la autoridad responsable en cumplimiento al requerimiento formulado en autos; de las que se advierte la existencia del acto reclamado, constancia que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, cuenta con pleno valor probatorio, al tratarse de certificaciones de documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, parte SCJN, materia común, con el registro 394182, de título y contenido siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Oportunidad de la demanda. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En ese orden de ideas, toda vez que los actos reclamados no encuadran en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En el caso concreto, la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el catorce de mayo de dos mil veintiuno (foja 2 vuelta), por lo que el plazo de quince días transcurrió del diecisiete de mayo al cuatro de junio de dos mil veintiuno, previo descuento de los días inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 de la ley de la materia; en consecuencia, es evidente que la promoción del amparo estuvo en tiempo, pues se hizo el veinte de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, según se advierte de la papeleta respectiva, esto es, al cuarto día de los quince concedidos para ello. SEXTO. Causales de improcedencia Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262 del Apéndice de 1985, Quinta Época, Tomo VII, Materia Común, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en atención a que al Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y apoderado legal de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala y de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala -quien rindió el informe justificado por sí y en representación del Director de Administración y Finanzas, Jefe del Departamento de Recursos Financieros, Jefe del Departamento Administrativo, Director de Relaciones Laborales, Jefe de Recursos Humanos-, no tienen el carácter de autoridad responsable para los efectos del amparo, pues el acto de ejecución atribuido a dichas autoridades deriva de una relación laboral. Los referidos numerales, en su orden, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)". De lo trascrito se destacan dos cuestiones, a saber: 1. Que el objeto del juicio de amparo es resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos y omisiones de la autoridad que violen derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección. 2. Que para los efectos del juicio constitucional se considera autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de su naturaleza formal; asimismo, que los particulares tienen la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese orden de ideas, al tomar en consideración las disposiciones Constitucionales, así como de la Ley de Amparo, y que en el caso se señala como responsable al secretario de acuerdos del tribunal responsable, se reitera que en el juicio constitucional solo se pueden reclamar actos de autoridad, esto es, provenientes del poder público y, por ende, es indispensable determinar si todos los actos del Estado son susceptibles de reclamarse en el amparo, o si por alguna razón pueden excluirse algunas decisiones que adopte aquél y, en su caso, en qué supuesto se ubican los actos reclamados a la secretaria de acuerdos responsable. Apoya lo anterior, la jurisprudencia cuyos rubro y texto señalan: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora bien, por lo que respecta al acto de ejecución atribuido al Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y apoderado legal de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala y de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala -quien rindió el informe justificado por sí y en representación del Director de Administración y Finanzas, Jefe del Departamento de Recursos Financieros, Jefe del Departamento Administrativo, Director de Relaciones Laborales, Jefe de Recursos Humanos-, en relación con los descuentos efectuados al salario y demás prestaciones que percibe el quejoso por concepto de pensión alimenticia, es dable deducir que ello deviene del cumplimiento al mandamiento dictado por un órgano jurisdiccional; por tanto, no es una conducta que se realice con el carácter de autoridad, sino que lo efectúan en su calidad de patrón de quien fue demandado en el juicio de alimentos, y resulta ser su empleado, por lo que tal conducta será como empleador de aquél y como simple auxiliar en el cumplimiento de una determinación jurisdiccional, sin que su conducta revista las características de unilateralidad, coercibilidad, e imperatividad que se requieren para establecer el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. De ahí que se afirme que el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y apoderado legal de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala y de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, el Director de Administración y Finanzas, el Jefe del Departamento de Recursos Financieros, el Jefe del Departamento Administrativo, el Director de Relaciones Laborales y el Jefe de Recursos Humanos, éstos últimos de la referida unidad, no son autoridades responsables para los efectos del presente juicio (exclusivamente), porque del contenido integral de la demanda de garantías y demás constancias de autos se advierte que su participación es como patrón, ejecutando actos en cumplimiento a una determinación judicial. Apoya lo anterior la jurisprudencia VII.2o.C. J/28 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, localizable en la página 2360 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009; Materia Civil; Novena Época, cuyo contenido es: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad". Por tanto, en el caso se actualiza la causal de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, y 5, fracción II, de la ley de la materia, por cuanto hace al Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y apoderado legal de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala y de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, el Director de Administración y Finanzas, el Jefe del Departamento de Recursos Financieros, el Jefe del Departamento Administrativo, el Director de Relaciones Laborales y el Jefe de Recursos Humanos, éstos últimos de la referida unidad, toda vez que no tienen el carácter de autoridad responsable para los efectos del amparo. Por tanto, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio por cuanto hace a dichas autoridades señaladas como responsables, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Conceptos de violación Al respecto, se procede al análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, dado que la Ley de Amparo no obliga a transcribirlos; lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". OCTAVO. Estudio. I. Antecedentes Antes de realizar el estudio del acto reclamado, para mayor claridad, conviene hacer una breve relación de las constancias relevantes del juicio generador de los actos reclamados, mismas que se encuentran integradas en las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable como sustento de su informe justificado y en atención al requerimiento formulado en autos: Renata Muñoz Cortés, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada B.C.A.M., promovió diligencias de alimentos provisionales, contra Rafael Gregorio Arroyo Pérez, del cual conoció el Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, quien mediante proveído de veinte de marzo de dos mil veinte, registró el asunto con el número 232/2020 (fojas 82 a 84) y admitió a trámite las diligencias de alimentos provisionales, se dio intervención al Ministerio Público adscrito a dicho órgano, y se ordenó girar oficio al departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, para que informara si Rafael Gregorio Arroyo Pérez, presta sus servicios como maestro de secundaria federal y de ser así, informara el sueldo y demás prestaciones que recibe el aquí quejoso. Seguido el trámite correspondiente, el doce de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia, en la cual se decretaron alimentos provisionales a favor del menor de iniciales B.C.A.M. (fojas 97 a 104). La anterior, constituye uno de los actos aquí reclamados. II. Estudio de la falta de emplazamiento. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción II, y 76 de la Ley de Amparo, el análisis sistemático y conjunto de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa permite arribar a la conclusión de que son infundados, por las razones que a continuación se destacan. Ahora bien, respecto a la falta de emplazamiento al expediente 232/2020, respecto a las diligencias de alimentos provisionales, del índice del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, resultan infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso en el sentido de que no ha sido citado por ninguna autoridad a efecto de rendir cuentas o la declaración respectiva, por las razones que se expondrán. En principio cabe señalar que, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, dispone: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho (.)". El artículo transcrito, contiene entre otras, el derecho de previa audiencia al acto privativo y no al de molestia, de suerte que, para resolver el problema planteado, es importante desentrañar el sentido y finalidad del derecho aludido. El señalado derecho obliga a las autoridades a que previo al acto de privación con efectos definitivos y no provisionales se otorgue a las parte interesada intervención. En ese sentido, el acto privativo es aquél que produce como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, es decir, aquéllos cuya finalidad connatural es la de privar de un bien material o inmaterial, a diferencia de los actos de molestia, que restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, y en los que la permanencia de sus efectos en la esfera jurídica del gobernado queda sujeta a posteriores actos de autoridad. Sirve de apoyo esta la conclusión, la jurisprudencia P./J. 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, julio de 1996, Novena Época cuyo texto es el siguiente: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". De lo anterior se advierte que, el derecho de audiencia consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades la obligación de dar al gobernado la oportunidad real y efectiva de ser oído y vencido, lo cual se acata dando cumplimiento a los requisitos siguientes: La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; La oportunidad de alegar; La oportunidad de interponer recursos; y El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De tal suerte, que de no acatarse los anteriores elementos, se dejaría de cumplir con el fin del derecho de audiencia. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 47/95, emitida por el Tribunal Pleno de nuestro más Alto Tribunal, consultable en la página 133, del Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". En resumen, la finalidad del derecho de audiencia es otorgar al particular la posibilidad real, material y efectiva de alegar y ofrecer pruebas antes de la privación definitiva de la libertad, la propiedad, posesiones o derechos. Por otra parte, es conveniente destacar que los procedimientos de diligencias de alimentos provisionales, se rigen por lo dispuesto en el Capítulo XI "Alimentos Provisionales", del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, cuyas disposiciones, en lo conducente establecen lo siguiente: "Artículo 1446. Los alimentos provisionales podrán solicitarse por escrito o por comparecencia, en el último caso el Juez enviará oficio a la Dirección de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Estado de Tlaxcala, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de que se le designe, de manera inmediata y sin dilación, profesional que lo represente. Para decretar alimentos provisionales a favor de o quien tenga derecho de exigirlos se necesita: I. Que se acredite cumplidamente el título en cuya virtud se piden; II. Que se justifique la posibilidad económica del demandado; III. Que se justifique la necesidad que haya de los alimentos. Artículo 1447. La prueba de que trata la fracción I del artículo anterior será el testamento, los documentos comprobantes del parentesco o del matrimonio, o el contrato en que conste la obligación de dar alimentos. Tratándose del concubinato, su existencia podrá demostrarse con la prueba testimonial y con la prueba documental. Artículo 1448. La prueba a que se refiere la fracción II del artículo 1446 será preferentemente documental. Artículo 1449. Por medio de información de testigos, se comprobará el requisito a que se refiere la fracción III del artículo 1446, a no ser que se trate de menores o incapaces, pues en tal caso la necesidad de recibir alimentos se presumirá, salvo prueba en contrario. En el mismo auto de admisión de la demanda, el Juez dentro de los cinco días siguientes señalará día y hora para el desahogo de la prueba testimonial. Artículo 1450. El Ministerio Público deberá asistir a la audiencia de recepción de la prueba testimonial y, en el acto de la diligencia, repreguntar a los testigos del modo que estime más conveniente, para cerciorarse de la verdad de sus declaraciones. El incumplimiento por parte del Ministerio Público de la obligación señalada en el párrafo que antecede, será motivo de responsabilidad administrativa, por lo que el Juez deberá comunicarlo al Procurador General de Justicia del Estado, para que seguido el procedimiento establecido para tal efecto se imponga la sanción que corresponda. Artículo 1451. Rendida la justificación prevenida en el artículo 1446, y sin que para ello sea necesario oír a la persona a quien se reclaman los alimentos, el Juez si encontrare fundada la solicitud precisará la suma en que los alimentos deban consistir, mandando abonarlos por mensualidades, semanas o quincenas anticipadas, según corresponda. No obstante lo anterior, si el demandado se apersonare al juicio, el Juez permitirá que participe en el mismo, concediéndole la oportunidad de que alegue lo que a su derecho importe y ofrezca pruebas; siempre y cuando pague el importe que de manera preventiva le fije el Juez y exhiba garantía para su debido cumplimiento. Desahogadas las pruebas, las partes podrán alegar por escrito dentro del término de tres días y transcurrido dicho término aleguen o no las partes, el Juez contará con un término de diez días para dictar la sentencia a que haya lugar. Artículo 1452. Inmediatamente que se dicte resolución otorgando alimentos provisionales, se exigirá al demandado el pago de la primera semana, quincena o mensualidad, según corresponda. En todo momento el Juez, cuando así lo estime pertinente, podrá requerir a quien administre la pensión alimenticia concedida a los acreedores alimentarios, que le rinda un informe sobre la justificación y la aplicación de la pensión. La rendición del informe podrá requerirse con la periodicidad que el juzgador estime conveniente. Artículo 1453. Si no lo verificare, se procederá al embargo y a la venta de bienes bastantes a cubrir su importe, en la forma, y por los trámites prevenidos para la ejecución de las sentencias. Artículo 1454. En el mismo embargo ordenado en el artículo anterior, se asegurarán bienes bastantes para cubrir las semanas, quincenas o mensualidades subsecuentes. Artículo 1455. Cuando se embarguen bienes raíces, se trabará ejecución de preferencia en los productos de ellos, en cuanto sea bastante para cubrir el importe de una anualidad de los alimentos decretados, cuyo pago se hará por semanas, quincenas o mensualidades adelantadas, mientras éstos deban percibirse. Artículo 1456. Cuando el obligado recibiere sueldos u honorarios asimilables a salarios, el Juez podrá ordenar a quien pague éstos, que retenga de ellos la pensión alimentaria, poniéndola a disposición del acreedor. Esta retención sólo se realizará respecto de los ingresos netos, después de haberse realizado los descuentos de impuestos, aportaciones de seguridad social y cuotas sindicales, que legalmente procedan. Artículo 1457. Contra la sentencia que niegue los alimentos procede el recurso de apelación. Artículo 1458. La sentencia que concede los alimentos es recurrible en apelación, que se tramitará con intervención del acreedor y del deudor alimentario. Artículo 1459. En el juicio de alimentos provisionales podrá discutirse el derecho del actor a percibir alimentos. Artículo 1460. En el recurso de apelación podrá impugnarse el derecho a percibir alimentos, el monto de la pensión fijada, así como solicitarse la cancelación de dicha pensión; y mientras se decide la apelación, seguirá abonándose la suma fijada como alimentos provisionales. Artículo 1461. La pensión que se fije en los juicios de alimentos provisionales o definitivos, podrá ser modificada en cuanto a su importe o bien cancelada en cualquier tiempo por causas supervenientes, mediante la promoción de un incidente, que se tramitará dentro del mismo juicio oyendo en él a todos los interesados. Durante la sustanciación del incidente seguirá abonándose la suma fijada como alimentos provisionales o definitivos. Artículo 1462. Por los menores que pidan alimentos a uno de los titulares de la patria potestad, promoverá el otro titular de ésta y, en su defecto, se nombrará un tutor especial". Como se advierte del contenido de los numerales transcritos, en ellos se establecen los requisitos necesarios para decretar alimentos provisionales a favor de quien tenga derecho de exigirlos (artículo 1446); el trámite para decretarlos, destacando que para ello no hay necesidad de escuchar al deudor alimentario (artículo 1451); el procedimiento a seguir para exigir su pago (artículos 1452 a 1454); y el recurso procedente en contra de las resoluciones que los niegan y los conceden (artículo 1457, 1458 y 1460). Especial mención merece el artículo 1461 transcrito, pues en él se establece expresamente que cualquier reclamación sobre el derecho a percibir alimentos, sobre el monto de la pensión fijada y sobre el aumento o disminución de esta, debe sustanciarse mediante la tramitación de un incidente, el cual se ventilará dentro del mismo juicio ordinario, en donde se fijaron los alimentos provisionales o definitivos. De lo anterior, se colige que, contrario a lo alegado por el quejoso, el hecho que no se escuche al deudor alimentista en las diligencias de alimentos provisionales, no es un acto privativo, de forma tal que al deudor no le asiste el derecho de ser oído previamente, en cuanto que, posteriormente, a través de un incidente de modificación o cancelación de alimentos provisionales puede contradecir la prerrogativa de los acreedores y su obligación de dar alimentos. Si bien es cierto que los preceptos transcritos no conceden en favor del deudor alimentario el derecho de audiencia previa a la fijación de la pensión alimenticia provisional, también lo es, que no por ello violan lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional, pues los actos de privación que este precepto condiciona al otorgamiento previo del derecho de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables, pero en manera alguna prohíbe el que en un ordenamiento legal se establezcan medidas simplemente precautorias o de carácter provisional, encaminadas al aseguramiento de bienes para garantizar el éxito de una reclamación, o a satisfacer provisionalmente una necesidad que, por su naturaleza misma es de inaplazable atención. Además, la fijación de la pensión alimenticia provisional, no es una medida arbitraria y carente de fundamento. Por otro lado, de acuerdo con la propia naturaleza del derecho de alimentos, este tiene un rango especial dentro del derecho familiar que exige y requiere disposiciones especiales, pues carecería de sentido y falta de protección a la familia, otorgarse el derecho de contradicción al deudor alimentario, ya que provocarían una discusión prolongada, siendo que la índole misma del derecho a alimentos, exige se dicte con la mayor prontitud y expedición posibles. Además, el acto reclamado tiene el carácter de provisional como su misma denominación lo indica puesto que no se decretó en forma definitiva, y el deudor puede contradecirlos mediante el incidente de modificación o cancelación de pensión alimenticia correspondiente de conformidad con el artículo 1461 de la señalada codificación, pues en él se establece expresamente que cualquier reclamación sobre el derecho a percibir alimentos, sobre el monto de la pensión fijada y sobre el aumento o disminución de ésta, debe sustanciarse mediante incidente que se tramitará dentro del juicio ordinario de alimentos. Por tanto, para decretar alimentos provisionales cuando es fundada la solicitud, no es necesaria la intervención de la persona a quien se le reclaman, esto en virtud que el deudor alimentista tiene la oportunidad ser oído, en su caso, de promover el incidente de modificación o cancelación de pensión alimenticia correspondiente, de conformidad con lo establecido en el numeral 1461 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. Máxime que en la ejecutoria de la que deriva la jurisprudencia sobre distinción entre actos privativos y de molestia, citada en párrafos previos, se establece que los alimentos provisionales no son un acto privativo, misma que en la parte conducente dispuso lo siguiente: "Art. 14.- Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.' Esto es, para los efectos de dicho artículo, por acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, sin embargo, no todo acto de autoridad provoca esos efectos, no obstante que exista una afectación a la esfera jurídica del gobernado. En efecto, existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva pero no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de dicho derecho a su titular, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. Por lo que, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute "acto de privación" en los términos del segundo párrafo del artículo 14 constitucional puesto que para ello es menester que la merma o menoscabo tengan el carácter de definitivos. En conclusión si la privación de un bien material o inmaterial, bajo los aspectos indicados anteriormente es la finalidad connatural perseguida por un acto de autoridad, éste asumirá el carácter de privativo; por el contrario, si cualquier acto autoritario por su propia índole, no tiende a dicho objetivo sino que la restricción provisional es sólo un medio para lograr otros propósitos, no será acto privativo sino de molestia. En tal virtud, el artículo 14 constitucional, en su segundo párrafo exige el respeto a la garantía de audiencia antes de que se produzcan aquellos actos que en definitiva priven a alguien de sus bienes o derechos, en tanto que, los actos que no produzcan esos efectos estarán regulados sólo por el artículo 16 de la propia Constitución. De lo antes expuesto se puede concluir que son conformes a la Constitución y al sentido esencial de su artículo 14, no obstante que no exijan la observancia de la garantía de previa audiencia, todas aquellas disposiciones legales que autorizan decretar la práctica de diversas medidas provisionales o cautelares, como sucede por ejemplo con: el aseguramiento de alimentos en donde la naturaleza de las cosas no puede admitir la espera de la tramitación integral del juicio; igual ocurre cuando existe peligro de que desaparezcan o se oculten los bienes del demandado, por lo que se justifican los embargos precautorios; las necesidades de crédito justifican la tramitación de juicios de carácter ejecutivo, que se inician precisamente mediante procedimiento de ejecución. Es decir, son las características inherentes a tales providencias las que justifican su existencia, pero en su carácter de provisionales es donde radica su constitucionalidad, por no tratarse de actos privativos sino de medidas provisionales o cautelares." En esas condiciones, se concluye que la falta de emplazamiento al expediente 232/2020 relativo a las diligencias de alimentos provisionales, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, no es violatoria del artículo 14 Constitucional, esto, en virtud que el derecho de previa audiencia, únicamente rige respecto de los actos privativos. En efecto, los alimentos provisionales constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, simplemente satisfacer por parte de quien demanda los alimentos, reunir los requisitos que se requieren para otorgarlos, además de que tienen por finalidad alcanzar que éstos se suministren con toda oportunidad a quien los requiere; por lo que debe considerarse que la emisión de alimentos provisionales, son como su misma denominación lo indica, provisionales, puesto que no se decretan en forma definitiva. Así, de los numerales transcritos en párrafos precedentes se advierte que en los casos en que se reclamen alimentos, el Juez podrá, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen tal medida e, incluso, sin audiencia de la contraparte. El hecho de que el legislador ordinario de esta entidad hubiera establecido que dicha medida se determina sin audiencia de la contraparte, obedece, tratándose de alimentos, a la importancia de la obligación cuyo cumplimiento se pretende, esto es, la obligación alimentaria. Esas disposiciones son acordes a lo resuelto por el alto tribunal en la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Informe de 1948, Quinta Época, página 19, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. PREFERENCIA DEL DERECHO DE PERCIBIRLOS SOBRE EL DERECHO DE AUDIENCIA DEL DEUDOR ALIMENTISTA. Al establecer la ley que "en las diligencias relativas a alimentos provisionales no se permitirá discusión sobre el derecho de percibirlos, cualquiera reclamación que acerca de ese derecho se hiciere, se sustanciará en juicio sumario, y entretanto seguirá abandonándose la suma señalada para alimentos", claramente se advierte en la intención del legislador, la idea de dar a la obligación alimentista un rango superior, para mayor estabilidad social. Al decretarse, pues en esa relación procesal que el derecho de audiencia del deudor alimentista se transfiere para cuando hayan sido establecidos los alimentos, tal mandamiento no significa negación o anulación del derecho de ser oído y vencido en juicio, sino simplemente el aplazamiento o transferencia de ese derecho. En otros términos, el legislador, en presencia del cumplimiento de dos derechos del orden público: el derecho de audiencia y el de percibir alimentos inmediatamente, da preferencia momentánea a éste sobre aquél, pero no lo anula; sino que solamente aplaza el ejercicio del primero". Así como la tesis I.2o.C.9 C (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1296, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, julio de 2013, Tomo 2, que dice: "ALIMENTOS. LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO RECTOR DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, NO SIGNIFICA QUE DEBA DEJAR DE OTORGARSE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA A SUS DEUDORES ALIMENTARIOS, EN LA CUANTIFICACIÓN DE CANTIDADES DERIVADAS DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA. Si bien es cierto que toda contienda judicial en que se vean involucrados los derechos inherentes a los menores, debe resolverse sin desatender el principio básico del interés superior del niño, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, también lo es que tal circunstancia no se traduce en que el Juez deba dejar de conceder a sus deudores alimentarios la oportunidad de ser oídos previamente a establecer el monto líquido a pagar por concepto de pensión alimenticia definitiva, pues ello equivaldría a dejar de cumplir con la garantía de audiencia establecida en los artículos 14 constitucional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en cambio, otorgarles la oportunidad de hacer valer lo que corresponda con relación a la liquidación, no significa que se dejen de atender las necesidades del acreedor alimentario, ya que las formalidades esenciales del procedimiento deben observarse dentro de un justo equilibrio que, por un lado, no deje en estado de indefensión a las partes y, por el otro, asegure una resolución pronta y expedita de la controversia; además de que el caso referido actualiza un supuesto distinto del que se configura tratándose de la fijación de la pensión alimenticia provisional, hipótesis en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que debe darse preferencia al derecho de percibir alimentos inmediatamente, sobre el derecho a ser escuchado previamente, por tratarse de una medida transitoria, que se aplica durante el procedimiento y, por ello, sólo constituye un acto de molestia y no de privación. Tampoco es obstáculo a lo señalado, lo dispuesto por el artículo 942, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual no se requieren formalidades especiales para acudir ante el Juez de lo Familiar cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos; pues en el caso que nos ocupa, atinente a la liquidación de pensiones alimenticias adeudadas, dicho precepto legal no tiene el alcance de establecer que en materia de alimentos pueda dejar de cumplirse con las garantías de audiencia, legalidad y debido proceso del deudor alimentario pues, de estimarse así, se colocaría a la ley secundaria por encima de las normas constitucionales, en contravención a lo dispuesto por el artículo 133 constitucional". Y la jurisprudencia P./J. 21/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 18, Tomo VII, marzo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia". En las relacionadas condiciones, al resultar infundado el concepto de violación, lo procedente será negar el amparo a Rafael Gregorio Arroyo Pérez, contra la falta de emplazamiento al expediente 232/2020 respecto de las diligencias de alimentos provisionales, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl. III. Estudio de sentencia de alimentos provisionales (jurisdicción escalonada) Ahora bien, sobre la vía procedente para impugnar la sentencia en materia de alimentos provisionales, el Pleno del Vigésimo Octavo Circuito emitió el siguiente criterio jurisprudencial: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO RELATIVO ES DEFINITIVA Y, POR ENDE, IMPUGNABLE, PREVIA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EN AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Conforme a los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I, y 171 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo, de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, se entiende por sentencias definitivas o laudos los que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales la ley de la materia no conceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas, salvo que la ley permita la renuncia del recurso. Ahora bien, aunque el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, en su Libro Tercero "Juicios y procedimientos sobre cuestiones familiares", Capítulo XI "Alimentos Provisionales", regula en forma sui géneris el juicio relativo, pues no establece obligación de emplazar al deudor alimentario -demandado-, lo cierto es que contempla hipótesis normativas de las cuales puede afirmarse que existe el elemento "controversia" necesario para considerar que se está en presencia de un juicio y que concluye con el dictado de una sentencia que lo decide en lo principal, pues el accionante tendrá que acreditar el derecho que dice tener para reclamar el pago de alimentos, la capacidad económica del deudor y la necesidad de éstos, e incluso si el demandado se apersonare a la contienda tendrá oportunidad de ofrecer pruebas y formular alegatos, además de estar legitimado para interponer el recurso de apelación contra la sentencia que concede los alimentos, pudiendo combatir en dicha instancia el derecho a percibirlos, así como el monto de la pensión fijada y solicitar su cancelación; por tanto, la sentencia pronunciada en el juicio de alimentos provisionales tiene el carácter de definitiva y, por ende, previa observancia del principio de definitividad, es impugnable en amparo directo." Del criterio en cita se desprende que el Pleno de este Circuito, ha determinado que la sentencia recaída a la resolución de alimentos provisionales es impugnable a través del juicio de amparo directo, por tratarse de una resolución definitiva que pone fin al juicio. En las relatadas circunstancias, toda vez que la parte quejosa impugnó la orden de embargo y/o retención sobre su salario y demás prestaciones que percibe como trabajador de la Secretaría de Educación Pública, misma que deriva de la resolución de doce de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 232/2020 relativo a las diligencias de alimentos provisionales, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, la cual se indicó es una resolución definitiva que pone fin al juicio, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, los conceptos de violación relativos a dicho acto, pueden ser susceptibles de análisis, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual este juzgador, al haber sobreseído en el juicio respecto a la falta de emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre la determinación emitida por la responsable, se debe remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. En la inteligencia que al estar en presencia de una jurisdicción escalonada, el trámite está supeditado a la firmeza de la determinación aquí fijada; por tanto, una vez que suceda ello se deberá escindir la demanda amparo y remitirla junto con copia certificada de la sentencia y del auto con que cause ejecutoria la misma, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Apoya lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una jurisdicción escalonada, el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto". Finalmente, no es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 75 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 414/2021-III, promovido por Rafael Gregorio Arroyo Pérez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rafael Gregorio Arroyo Pérez, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, por las razones y fundamentos precisados en el último considerando de la presente resolución. TERCERO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, escíndase la demanda amparo, y remítase junto con copia certificada de la sentencia y de la auto con que cause ejecutoria la misma, al Tribunal Colegiado de Circuito del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para los efectos precisados en el punto III del último considerando de esta resolución.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la constancia de notificación electrónica realizada al Agente del Ministerio Público Adscrito, del proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno; sin embargo, la misma corresponde al auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, donde se tuvo por rendido el informe justificado del Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, no así, respecto de la constancia de notificación electrónica del proveído de veintiuno de mayo de del año en curso, por el cual, se admitió a trámite el presente asunto; en consecuencia, se ordena notificar vía electrónica al referido Agente del Ministerio Público de la Federación el proveído de mérito, así como de la demanda de amparo; lo anterior, a fin de integrar de forma completa el presente juicio de amparo. Diferimiento. A fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, la audiencia constitucional que está señalada para este día SE DIFIERE para las TRECE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueve Rafael Gregorio Arroyo Pérez, por propio derecho, contra actos del Juez de lo Civil Del Distrito Judicial de Xicoténcatl y otras autoridades responsables. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 414/2021-III. Admisión de demanda En atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo propuesta. Requerimiento de informe justificado con apercibimiento Con base en lo anterior, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117, de la ley de la materia, en el que deberán expresar la declaración precisa respecto de si es cierto o no el acto que se les reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual remítase copia de la demanda de amparo, en el entendido de que las autoridades responsables deberán acompañar copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias que apoyen su informe, apercibidas de que en caso de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado. Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no rendir su informe con justificación o de hacerlo sin remitir las constancias conducentes, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Se previene a las autoridades responsables que si al rendir su informe justificado expresan un hecho falso o niega la verdad, o sin motivo justificado revocan o deja sin efecto el acto que se les reclama, con el propósito de que se sobresea en el juicio, o se resistan de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo, se les impondrán las sanciones previstas en el artículo 262, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que la copia de la demanda de amparo se adjuntará al oficio en el que se les notifique la apertura del incidente de suspensión. Causas de sobreseimiento De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no cumplir, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en el artículo señalado en la parte final del párrafo que antecede. De las notificaciones a las autoridades responsable Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, practíquense todas las notificaciones que se generen en el presente al mencionado representante social vía electrónica, a través del usuario FISCFED9, en atención a que así lo solicitó en los oficios que fueron recibidos y acordados en los autos de diez de junio de dos mil veinte y once de marzo de dos mil veintiuno, dictados en los Cuadernos de Varios 2/2020 y 2/2021, respectivamente, de este Juzgado de Distrito. Así también, se tiene informando el correo electrónico hugo.hernandezv@pgr.gob.mx, a fin de entablar comunicación no procesal. Se reserva emplazar a tercero interesado En otro orden de ideas, resérvese proveer lo relativo a la existencia de terceros interesados, hasta que obre en autos el expediente generador del acto reclamado. Audiencia constitucional Se señalan las TRECE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para el desahogo de la audiencia constitucional. Consulta y notificación de expediente electrónico Por otra parte, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta y notificación del expediente electrónico a través de los usuarios "DViviano" y"Rgregorio", toda vez que se encuentran registrados, en el entendido que el actuario de la adscripción deberá realizar las notificaciones a la parte quejosa por la vía electrónica. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a Daniel Viviano Sevilla, Miguel Morales Trejo, Gastón Alvarado Álvarez, Karin Eloy Robles Figueroa, Gabriela Josefina Carranza Aguayo, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Elda Natali Nieto Flores, Luis Zaid Ortega Diaz y Jesse Felipe Enciso Toxtle, por no contar con dicho registro y a Nuria Abigail Bibiano López, Jesús Alan González Hernández y Jorge Viviano Sevilla, por así haberlo solicitado. Incidente de suspensión En otro aspecto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo a este juicio de derechos. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese; y vía electrónica al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, en los términos señalados en el presente acuerdo. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO* Representante especial ofrece pruebas y formula alegatos. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por Salvador Cortés Carcaño representante especial del menor de iniciales B.C.A.M., con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que a título de alegatos formula, los que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngasele ofreciendo como pruebas los informes justificados y anexos, rendidos por las autoridades responsables en el presente asunto, mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Vista a parte quejosa. Por otra parte del estado procesal del presente asunto, se advierte que en la demanda de amparo el quejoso manifestó desconocer las actuaciones del procedimiento de donde emana el acto reclamado; aunado a lo anterior, mediante auto de diez de junio de dos mil veintiuno, se tuvo al Encargado de Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Segundo de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala; en cumplimiento al requerimiento de uno de junio de dos mil veintiuno, remitiendo copias certificadas del expediente 232/2020, relativo a las diligencias de alimentos provisionales de su índice; en consecuencia, se previene a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días legamente computados, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de los actos reclamados, autoridades responsables y conceptos de violación formulados, lo cual deberá realizar cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo; apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo concedido, se seguirá el juicio como inicialmente se promovió. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J.112/2003, visible en la página 93 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada". Así como la tesis XVII.1o.C.T.41 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 1878 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Materia Común, Décima Época, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO EL QUEJOSO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN, AFIRMA QUE NO TUVO POSIBILIDAD MATERIAL DE CONOCER EL CONTENIDO DEL O LOS ACTOS RECLAMADOS, Y DE ÁQUEL SE ADVIERTAN DATOS NO CONOCIDOS POR ÉSTE, PROCEDE NOTIFICAR SU RECEPCIÓN PERSONALMENTE Y APLICAR EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2/99-PL, evidenció, entre otras cosas, que si en el momento en que la autoridad responsable rindiera su informe justificado, aparecían datos no conocidos por el quejoso, procedía la ampliación de la demanda, la cual podía recaer sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación. Por otra parte, el numeral 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo señala el arbitrio que el legislador otorgó al Juez para el efecto de ordenar que una notificación se realice personalmente, cuyo objeto es que las resoluciones de trascendencia sean del conocimiento directo de las partes, con el fin de brindar oportunidad para que hagan valer las defensas que procedan o, en su caso, actúen acorde con lo ordenado en la determinación judicial; esto, se concatena con el objetivo primordial del diverso 117, en cuanto a dar vista a los interesados con el contenido del informe justificado, para que se impongan de las razones y fundamentos que la autoridad responsable estima pertinentes invocar para sostener, ya sea la improcedencia del juicio respectivo, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Ahora bien, cuando en la demanda de amparo el quejoso, ostentándose como tercero extraño a juicio por equiparación, afirma su imposibilidad material para conocer el contenido del o los actos reclamados; expresa su intención de ampliar sus motivos de disenso cuando, a través del informe mencionado, sea sabedor de tales aspectos; en el asunto rija el principio de estricto derecho; y del informe justificado se adviertan datos no conocidos por aquél, dadas las circunstancias específicas imperantes, en la especie, siguiendo como pauta fundamental las directrices jurídicas brindadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se justifica mandar notificar la recepción del informe personalmente y dar igual tratamiento al supuesto en comento -datos no conocidos-, que a aquel que en cuanto a actos nuevos (que guarden estrecha relación con los reclamados) dispone el numeral 111 de la ley de la materia, con la finalidad de no dejar inaudita a la discordante ante el especial panorama planteado; propósito que en cierta medida subyace también en lo prescrito en el numeral citado. Sin que sea obstáculo que la parte agraviada debe estar al pendiente de la sustanciación del juicio, pues debe privilegiarse que aquélla no quede en estado de indefensión; también porque deviene preponderante que el resolutor se encuentre en aptitud de dilucidar la litis en su integridad, en aras de una completa impartición de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la ampliación de la demanda tiene como finalidad incluir debidamente las pretensiones del quejoso". Notifíquese; y, personalmente al quejosa y por la vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito el proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano