RAFAEL GONZALO ÁLVAREZ CAMPOS y Otros.

Expediente 1079/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1079/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2022

Partes del expediente

  • RAFAEL GONZALO ÁLVAREZ CAMPOS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio procedente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual informa que se avocó al conocimiento de la demanda; de lo que el suscrito queda enterado para los efectos legales conducentes. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se determinó la incompetencia de la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Por recibido el oficio procedente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa las gestiones para avocarse al conocimiento de la demanda; de lo que el suscrito queda enterado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ... y ..., ambos de apellidos ..., así como ..., contra actos del Juez Trigésimo Tercero Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, al respecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1079/2022. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del ordinal 3° de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O: I. De la lectura integral de la demanda, se advierte que los quejosos reclaman la resolución de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente ..., del índice del Juez Trigésimo Tercero Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que declaró fundada la excepción de cosa juzgada opuesta por los accionantes y en lo que es materia de agravio, no condenó a gastos y costas a su contraparte. II. Este órgano carece de competencia legal para conocer del presente juicio, pues conforme a los artículos 38, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, 34 y 170 de la Ley de Amparo, dicha competencia se estima en favor de un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil. El artículo 38, fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, dispone: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y [.] Establece el artículo 34 de la Ley de Amparo: "Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia (.)." Por su parte, el artículo 170 de la Ley de la materia dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De los citados preceptos, se obtiene que el amparo directo procede en dos supuestos, el primero, en contra de sentencias definitivas que tienen como característica resolver el juicio en lo principal y, además, sean irrecurribles porque contra ellas no proceda ningún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o revocadas; la segunda hipótesis, contra autos o resoluciones que ponen fin al juicio, cuyas características son que no deciden el juicio en lo principal pero lo dan por concluido. En el particular, el acto reclamado es la determinación que declaró fundada la excepción de cosa juzgada opuesta por los accionantes y en lo que es materia de agravio, no condenó a gastos y costas a su contraparte. Así, se considera que el acto reclamado queda comprendido en los supuestos del artículo 170 de la Ley de Amparo, pues tiene el efecto es poner fin al procedimiento al tener por fundada la excepción de cosa juzgada invocada en el juicio natural y, por ende, su estudio corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito en términos de la fracción V del artículo 107 Constitucional. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 41/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Decima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, que dice: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y ORDENA SU ARCHIVO, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTES. En términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose por sentencias definitivas o laudos las que decidan el juicio en lo principal, es decir, se establezca el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Si por el contrario, con la emisión de alguna de esas resoluciones no se da por concluido el juicio, entonces no se trata de una sentencia definitiva y en su contra procede el juicio de amparo indirecto, pues al continuar por alguna circunstancia el juicio, se hará necesario allegarse de pruebas para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto, lo que justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un periodo probatorio y no un juicio que normalmente se tramita en una sola instancia y no requiere de la celebración de una audiencia. Ahora bien, conforme a dichas concepciones, se llega a la convicción de que la resolución que determina la incompetencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto y ordena su archivo, dejando a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes, sin declinar la competencia respectiva en favor de otro órgano jurisdiccional, es impugnable a través del juicio de amparo directo en términos de las disposiciones señaladas, al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, ya que sin decidir el conflicto en el fondo, lo da por concluido. " Asimismo, se cita al respecto, la jurisprudencia 3a./J. 30/90, aprobada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, página 188, de la Octava Época, que dice: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas." Por lo tanto, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, el suscrito declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda y sin proveer sobre su admisión, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, para lo que tenga a bien determinar, solicitando respetuosamente el acuse de recibo respectivo. Se tiene por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, incluso para la utilización de medios electrónicos; acorde a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo solicita, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con el nombre de usuario proporcionado, para consultar el expediente a través de la vía electrónica, así como medio para oír y recibir notificaciones. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones la dirección que señala, en virtud de lo acordado en el párrafo que antecede. En el entendido que el correo y número telefónico que proporciona se tomarán en consideración únicamente para entablar comunicaciones no procesales. Asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común a ..., lo anterior para los efectos legales a los que haya lugar. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos citados, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ... y ..., ambos de apellidos ..., así como ..., contra actos del Juez Trigésimo Tercero Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. SEGUNDO. Remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno, para los efectos legales conducentes, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFÍQUESE.

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