RAFAEL GONZALEZ NOVOA y Otros.
Expediente 477/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 477/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- RAFAEL GONZALEZ NOVOA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), en relación con el 86, de la citada Ley de Amparo, contra el auto emitido el quince de mayo de dos mil diecisiete, en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación invocada, se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que al decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en este juicio de amparo, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surtan los efectos legales a que haya lugar, el oficio BOO.910.00.1/1129 signado por la Titular de la Unidad Jurídica en suplencia por ausencia del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, en relación a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación que a su parte corresponde; sin que sea necesario dar vista a las partes con su contenido ni se ordene relacionarlo con posterioridad, atento al sentido de la resolución que se dicta enseguida. Téngase a la responsable en cita adjuntando como justificación a su comunicado, copia certificada del Título de Concesión ***, de las constancias de su inscripción en el Registro Público de Derechos del Agua, así como de su notificación y entrega material; mismas que se tienen por admitidas y desahogadas atento a su especial naturaleza, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, del estado de autos se advierte que mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad y turnada a este Juzgado Federal en esa propia fecha, ***, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la omisión que reclamaron de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, que hicieron consistir en esencia, como sigue: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: a) Del C. Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, se reclama la omisión en realizar el título de concesión que en derecho procede como culminación de la solicitud de prórroga de vigencia y modificación administrativa del título de concesión número 08GUA118673/12AMGE06 radicado en esa Dirección Local Guanajuato con el número GUA-L-0129-27-01-16 ingresada el 27 de enero de 2016, relativa a la concesión de aguas nacionales del subsuelo, así como también la inscripción en el registro público de Derechos del Agua, del mencionado título de Concesión que en derecho procede como respuesta final a la petición formulada por escrito. toda vez que ya fue dictaminada como procedente nuestra petición." Omisión que consideraron violatoria de los derechos establecidos por los artículos 8, 16 y 17 de la Constitución Federal. Por auto pronunciado el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo, se registró con el número 477/2017, que consecutivamente le correspondió, se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio la vista que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional. Ahora bien, en el oficio de cuenta ***, a través del cual la autoridad señalada como responsable rinde su informe de ley, como se precisó ya, aduce haber emitido título concesión en favor de los ahora quejosos y habérselos entregado debidamente inscrito ante el Registro Público de Derechos del Agua; Título Concesión que efectivamente se advierte, fue debidamente entregado el once de mayo de dos mil diecisiete, según se desprende de la actuación agregada al oficio que se acuerda; constancias que obran en copias certificadas, las que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza y, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforme a su numeral 2º. Precisada que fue la omisión materia del reclamo Constitucional en el presente asunto, se destaca que, de las constancias que integran el Juicio de Amparo en que se actúa, se advierte que la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, como consecuencia de la resolución favorable dictada a los ahora quejosos, emitió Título de Concesión derivado de esa respuesta que fue positiva al sentido en que se enderezó; agregándose copia certificada del referido documento, de su inscripción en el Registro Público de Derechos del Agua como de su notificación y entrega a los solicitantes de la protección Constitucional. Precisado lo anterior, se advierte que respecto de la omisión reclamada en el presente asunto, sobreviene un motivo manifiesto e indudable para sobreseerlo, incluso antes de que se celebre la Audiencia Constitucional programada para las nueve horas con dieciséis minutos de esta propia fecha. Así, se precisa entonces que debe sobreseerse en el Juicio de Amparo en que se actúa, virtud de que sobre la omisión que reclaman los quejosos ***, destacada en párrafos precedentes, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, acorde con las razones jurídicas siguientes: Debe asentarse en principio que el precepto legal y fracción invocados con antelación, literalmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Pues bien, la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción mencionados, se actualiza cuando la autoridad responsable deroga, revoca o desaparece para la vida jurídica el acto reclamado en la vía de Amparo, pero además, con su actuación destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección Constitucional solicitada, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, toda vez que la autoridad responsable Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, en el oficio a través del cual rindió su informe con justificación, precisa y acredita que, consecuencia de haber dictado resolución favorable a la solicitud de los ahora quejosos, emitió Título de concesión, mismo que fue debidamente inscrito en el Registro Público de Derechos del Agua, el que incluso fue notificado y materialmente entregado a los peticionarios del amparo el once de mayo del actual; esto último que se constata de las constancias que se adjuntaron al oficio que se acuerda. En consecuencia, resulta incuestionable que con tal actuar, cesó en sus efectos el acto reclamado, en el caso, la omisión de emitir título de concesión a los peticionarios del amparo; destruyéndose con ello los efectos de la violación reclamada en el presente Juicio de Amparo, lo que trae como consecuencia que se actualice la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, y por ende debe decretarse el sobreseimiento del Juicio, acorde con lo dispuesto por el diverso ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal antes citado. Por su puntual aplicación, es de invocarse la tesis XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, correspondiente a la Novena Época, del siguiente tenor: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También resulta aplicable la Jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, también de la Novena Época, del siguiente contenido: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la misma forma, es aplicable la Jurisprudencia número 10/2003, contenida en la Contradicción de Tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero del dos mil tres, por unanimidad de votos, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cesión privada del catorce de febrero del dos mil tres; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber de igual forma, que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la Audiencia Constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con dieciséis minutos de esta propia fecha. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el Juicio de Amparo promovido por ***, contra la omisión que reclaman del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, de conformidad con las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes.
- Principal
Vista la demanda de amparo, promovida por ***, a través de la cual solicitan el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato y Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la ciudad de México. En otro orden, apreciándose de los antecedentes de los actos reclamados, se estima procedente precisarlos y que concretamente se hacen consistir en la omisión de emitir el título de concesión correspondiente, derivado de la respuesta favorable que le fue otorgada a su solicitud de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, únicamente se tiene como autoridad responsable al DIRECTOR LOCAL GUANAJUATO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, por los motivos asentados en el párrafo que antecede, con excepción de la diversa señalada. Lo anterior, de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo y lo establecido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000 estableció la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. Cuyo rubro establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. De dicha jurisprudencia se desprende que la demanda de amparo es un todo por lo que debe interpretarse en su integridad, de ahí que si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal del País estableció que el juzgador de amparo debe armonizar la demanda, analizando conjuntamente los datos que emanen del escrito inicial en un sentido congruente con todos los elementos que obran en el expediente, a efecto de desentrañar el pensamiento e intencionalidad del quejoso. Lo expuesto deriva de la tesis P. VI/2004, cuyo rubro es: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Luego entonces, única y exclusivamente se tiene como autoridad responsable a la citada en párrafos más arriba. Sin que haya lugar a requerir al quejoso de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracción II, de la Ley de Amparo, ello en razón de que el presente asunto se trata de un Derecho de Petición, es decir, se demanda un derecho constitucional violado al quejoso directamente, sin que haya contra parte respecto del acto reclamado, lo anterior, para favorecer la pronta impartición de justicia. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 477/2017 Mesa I.1. Anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda promovida por ***. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; sin embargo, deberá de tomar en consideración el artículo 25, 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establece: Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Aunado a lo anterior, la autoridad responsable Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, a través de su Titular en su informe de ley deberá advertir en el caso específico el estatus del trámite cuya demora injustificada reclama la parte quejosa, precisando ante qué Subdirección o Área a su mando se encuentra, incluso indicando sobre que funcionario recae tal encargo. Esto último, con el objeto de dictar una sentencia de amparo adecuada a la hipótesis en específico y en caso de que sea concedida la protección constitucional solicitada, se vincule a quien de manera inmediata, bien por encomienda directa o subordinación, pudiera tener injerencia en el cumplimiento de la misma. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL QUINCE DE MAYO PRÓXIMO, para llevar a cabo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este Juicio de amparo; ello en virtud de que las labores del Juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia, a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con apoyo en el artículo 75 de la Ley de la Materia, se requiere a la autoridad responsable, para que en caso de ser cierto el acto que se le atribuye, en el mismo lapso de tiempo concedido en el párrafo que antecede, remita a este Juzgado Federal, copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias que se tomaron en consideración para la emisión del acto reclamado; o bien, manifieste el impedimento legal que tiene para ello, apercibida que de no hacer manifestación alguna o no rendir su informe justificado, se le impondrá una multa, en términos del artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual manera se requiere a la autoridad responsable, para que conforme a lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informe de inmediato a este Órgano de Control Constitucional, si durante el trámite del Juicio de origen se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal; bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, se le impondrá una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Téngase a la parte quejosa exhibiendo como pruebas de su parte las documentales que acompaña a su escrito de demanda, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana y la instrumental de actuaciones, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas con posterioridad, en términos del artículo 119 de la Ley de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracción II, de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, a fin de que proporcione el nombre y domicilio del tercero interesado; ello en razón de que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no existe, aunado a que el acto reclamado en el presente asunto se trata de un derecho de petición; es decir, un derecho constitucional violado al quejoso directamente, sin que haya contraparte respecto del acto reclamado, lo anterior, para favorecer la pronta impartición de justicia. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en términos de la Circular 12/2009, signada por el Secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior la Tesis: I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1830 del libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el número de registro: 2008986, Materia común del rubro: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). No se tramita el incidente de suspensión, previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, por no haberlo solicitado el quejoso, ni estar en alguno de los supuestos de apertura oficiosa en términos de lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley de Amparo. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponda. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Amparo en vigor, téngase como representante común de los quejosos a ***, ello sin perjuicio de que posteriormente designen uno entre ellos. Como lo indica el quejoso en su demanda, se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en *** esta ciudad. De igual forma, se tiene como autorizada de su parte a la licenciada ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que sí tienen registrada su respectiva cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco y únicamente en términos restringidos del precitado numeral a ***, por así señalarlo expresamente los promoventes. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.
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