Rafael Gomez Robles

Expediente 410/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
410/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
27/05/2019

Partes del expediente

  • Rafael Gomez Robles

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV A "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el ocho de mayo de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el asunto como concluido. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que la demanda de amparo origen de este juicio fue desechada, el expediente es destruible dentro de cinco años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos previsto en el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; ocho de mayo de dos mil diecinueve. Con la demanda de amparo promovida por RAFAEL GÓMEZ ROBLES, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 410/2019. Ahora, vista la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: La omisión de reformar los artículos: 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los cuales aún se encuentran reconocidos en la Ley General de Salud. La omisión de normar o reglamentar las actividades relacionados con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos, como lo son; el sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar el estupefaciente 'cannabis' sativa, índica, y americana o mariguana, su resina preparados y semillas). La inconstitucionalidad del artículo 477 de la Ley General de Salud por considerar punible la conducta que se relaciona con los estupefacientes previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, de la Ley General de Salud, los cuales ya fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La inconstitucionalidad del artículo 193 párrafo segundo del Código Federal Penal por considerar punible la conducta que se relaciona con los estupefacientes previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, de la Ley General de Salud, los cuales ya fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación" (sic). De la misma manera, de la lectura integral de la demanda de amparo, esencialmente se advierte que promueve su demanda en defensa de un interés legítimo individual, el cual sustenta en esencia, en que es ciudadano de este país, mayor de edad, con modo honesto de vivir y es su deseo y felicidad consumir con fines lúdicos el estupefaciente "canabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo del estupefaciente como es sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar. La omisión reclamada le genera temor de que al realizar de manera libre el consumo de marihuana y actividades conexas, pueda incurrir en una conducta ilícita que le haga acreedor de una sanción corporal arbitraria e ilegal. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5º y 6º, cuyo estudio es de orden público, en términos del numeral 62, todos de la Ley de Amparo, que disponen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Como se ve, el juicio de amparo puede promoverse en defensa de un interés legítimo, siempre y cuando alegue que la norma, acto u omisión reclamados produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, dentro de los elementos constitutivos del interés legítimo, debe demostrarse, primero, la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y en segundo lugar que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio respectivo. Lo que se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), Segunda Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página mil quinientos noventa y ocho del libro sesenta y cuatro, tomo II, marzo de dos mil diecinueve, materia común, Décima Época, registro 2019456, que expresa. "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Como se ve la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló cuáles son los elementos del interés jurídico. En este caso, en su demanda de amparo, el quejoso con claridad dice que los actos reclamados le generan un "temor" de poder realizar libremente el consumo de marihuana; así como de incurrir en una conducta ilícita. Por lo tanto, el quejoso no cuenta con un interés legítimo individual, o sea, un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concedérsele el amparo, en un beneficio jurídico en su favor. Es decir, no se aprecia la existencia de una afectación en su esfera jurídica, de índole económica, profesional, de salud, o de cualquier otra, dado que no se encuentra en una situación tal en la que el acto reclamado permita considerarlo como parte agraviada, pues no refiere la existencia de una situación concreta que pudiera verse afectada o beneficiada con los actos reclamados; de ahí que el interés aducido por el quejoso no puede calificarse como legítimo, sino como simple, similar al que pudiera tener cualquier ciudadano. Considerar lo contrario, tendría la consecuencia que todas las personas pudieran solicitar el amparo contra cualquier ley por el solo deseo o temor de que ésta llegare a beneficiarle o perjudicarle, lo cual es jurídicamente inaceptable pues el juicio de amparo -medio extraordinario de defensa- requiere la existencia de una afectación actual y real en la esfera jurídica, lo cual, como se dijo, no existe en este caso. No se desatiende que por regla general, el interés como requerimiento para la procedencia del amparo debe analizarse en la audiencia constitucional; sin embargo, en este caso, la falta de interés legítimo es tan manifiesta e indudable, que da lugar al desechamiento de la demanda; pues admitirla iría contra los principios de economía y celeridad procesal, al no poder el quejoso obtener una resolución diversa aun tramitado el juicio constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.57/2017 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página la mil setenta y ocho del libro cuarenta y tres, tomo II, junio de dos mil diecisiete, Décima Época, que enseguida se cita: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Téngase al promovente señalando como domicilio para recibir acuerdos y notificaciones de carácter personal el que indica en su escrito de cuenta, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Héctor Gómez Hernández; así como autorizando en términos del numeral 24, párrafo II de la citada Ley, a las restantes personas que menciona. Asimismo, téngase a la parte quejosa oponiendo a la publicación de sus datos personales. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos personales de las partes, al acceso, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente y cúmplase.Así lo proveyó y firma la licenciada Adriana Alejandra Ramos León, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa asistida del (la) licenciado (a) José Alberto Morelos Gómez, Secretario (a) de Juzgado que autoriza la actuación y da fe. Doy fe. EL PRESENTE PROVEÍDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.

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