Rafael García Montejo

Expediente 866/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 38 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
866/2020
Año
2020
Actuaciones
38
Última actuación
06/07/2021

Partes del expediente

  • Rafael García Montejo
  • RAFAEL GARCÍA MONTEJO y Otros.
  • PEDRO JAVIER VALLASIS CASTILLEJOS y Otros.
  • Pedro Javier Vallasis Castillejos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Ejecutoria Vista la certificación de cuenta, y el estado de autos se desprende que ha transcurrido el término que señala el artículo 86, primer párrafo de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra el acuerdo catorce junio de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en la estadística. Anotaciones Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previa las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Devolución de constancias Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, devuélvase a la ********************, el disco versátil digital (DVD) y el toca de oralidad 33/2020-II de su índice, que remitió anexo a su informe justificado. Sin que sea necesario acusar de recibo, en virtud de que el sello que obre en la constancia de notificación del oficio postal, hará las veces de acuse de recibo respectivo. Publicación de datos personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita.

  2. Principal

    Juicio 866/2020-V-bb catorce de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa fue omisa en presentarse ante este órgano jurisdiccional a recoger los edictos, dentro del término concedido en proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno; por lo que este juzgado advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos ellos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (...)". "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (...) 1 En el cómputo de los plazos, se excluyen los días sábados y domingos, al ser inhábiles de acuerdo a lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (...) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. (...)" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (...) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. (.)" De los numerales antes transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando no se integre la relación jurídico procesal, en virtud de no haber sido posible emplazar a la parte tercero interesada, en los casos en que se ordena llamarla a juicio por edictos, por no haberse recogido o publicado los mismos. Lo anterior es así, puesto que la fracción III inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo, dispone que si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél, y si a pesar de la investigación se ignora el domicilio, debe ordenar su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja y realice los trámites necesarios para su publicación y, cuando se trate de personas de escasos recursos la referida divulgación deberá ordenarse sin costo para el quejoso. De lo que se sigue que la Ley de Amparo, impone a la parte quejosa las siguientes cargas procesales: a) Acudir a recoger los edictos; b) Realizar los trámites necesarios para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en uno de mayor circulación a nivel nacional; o, en su caso. c) Comparecer a manifestar su imposibilidad económica para el pago de los edictos. Ello es así, en razón de que la parte quejosa al recoger los edictos y entregarlos para su publicación, o bien, cuando menos, comparecer a manifestar su imposibilidad para sufragar los gastos que ocasiona la difusión de los edictos, demuestra su interés en la prosecución del juicio de amparo, lo que impone al juzgador federal la carga procesal de determinar si de los datos aportados por el solicitante de amparo y de las constancias que integran el sumario constitucional es posible identificar si le rige una situación de precariedad relevante, que la justicia federal deba tutelar mediante la dispensa de pago de la publicación de los edictos para emplazar al tercero interesado, para lo cual es razonable que se verifique a cuánto asciende ese gasto, porque se trata de un dato objetivo a fin de establecer que el mismo implica una autentica limitación patrimonial, tomando en consideración que el salario está destinado a satisfacer el pago de alimentos y que no podría ocuparse en su totalidad para cubrir el costo de los edictos; por tanto, si no ocurre ninguna de esas cuestiones debe sobreseerse en el juicio. Lo anterior, porque el emplazamiento del tercero interesado constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa, impide al Juez Federal pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, ya que constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Ahora, dado que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia; por consiguiente, cuando el quejoso comparece a recoger los edictos y manifiesta su imposibilidad para pagar su publicación, se insiste, surge una carga procesal para el juzgador consistente en determinar si tanto de su afirmación como de los elementos que constan en autos existen indicios que confirmen tal situación y, de ser así, solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que absorba el gasto relacionado con la publicación de los edictos para emplazar al tercero interesado, ya que de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo Luego, en el caso concreto, por auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, al haberse agotado los medios de investigación; con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se decretó el emplazamiento de la tercera interesada ***, por medio de edictos, los cuales se publicarían a costa de la parte quejosa, quien debería acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de veinte días. En dicho auto se indicó a la parte quejosa que en términos del artículo 22 de la Ley de Amparo, el plazo debería computarse a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del acuerdo que señale que los referidos edictos se ponen a su disposición, por lo que el inconforme debería recogerlos, entregarlos para su publicación y acreditar su entrega ante este órgano de control constitucional, en el mencionado plazo; apercibiéndosele que en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional procedería a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. El citado proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno, fue notificado a la parte quejosa por lista el trece de mayo siguiente, sin que se presentara ante este juzgado federal a recoger los edictos ordenados para emplazar a la parte tercero interesada de referencia***. Por lo tanto, ante el incumplimiento del citado requerimiento para recoger los edictos y realizar su publicación, se procede hacer efectivo el apercibimiento de mérito; y, por ende se actualiza la aludida causa de improcedencia, la cual tiene su razón de ser en la contumacia en que incurre la parte quejosa al no demostrar que realizó la publicación de los edictos necesarios para emplazar a la aludida parte tercero interesada, lo que impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige como formalidad esencial del procedimiento, atinente al emplazamiento de una de las partes, lo que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. En tales consideraciones, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no recoger los edictos para su publicación, y de esa manera lograr el emplazamiento de la parte tercera interesada Marianela Cortés del Rivero, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley, y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, de la parte quejosa, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo que, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, evitándose además, que la falta de trámite y resolución del juicio de garantías quede al arbitrio de la parte quejosa, máxime que no compareció a manifestar su imposibilidad para cubrir su publicación a fin de analizar si resulta procedente examinar su situación particular a efecto de solicitar al Consejo de la Judicatura Federal el apoyo para su divulgación***. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la propia ley; no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las diez horas con cinco minutos del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, ya que no tiene objeto alguno el desahogo de pruebas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse lo descrito en supralíneas; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Notifíquese.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún no transcurre el término de veinte días otorgado a los quejosos **********, para que acrediten que entregaron los edictos para emplazar a la tercera interesada **********, el cual se encuentra transcurriendo. Para dar oportunidad a lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose para su celebración las diez horas con cinco minutos del dieciséis de junio de dos mil veintiuno.

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