Rafael García Montalvo

Expediente 1/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Rafael García Montalvo
  • Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Notifíquese Personalmente.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    RESOLUCIÓN Mediante la que se resuelve la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, registrada con el número 1/2023, promovida por ** en contra de los actos de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y otra autoridad. I. ANTECEDENTES La denunciante refiere que el dos de diciembre de dos mil veintidós, solicitó por escrito ante la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios el permiso correspondiente para el uso lúdico de cannabis y sus actividades inherentes. A través del oficio 223301EL355251, de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, notificado el trece de marzo siguiente, la mencionada autoridad dio respuesta a lo solicitado en los términos siguientes: ".Si bien el 15 de julio de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, donde se remueven los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana), al día de hoy, esta Unidad Administrativa no cuenta con los elementos normativos para brindar la atención a este tipo de peticiones. Cabe señalar, que mediante proveído del 28 de junio de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhortó al Congreso de la Unión a legislar respecto al autoconsumo recreativo de cannabis y THC, a fin de generar seguridad jurídica a los usuarios y a terceros, así como generar las condiciones necesarias para que este derecho pueda ser ejercido responsablemente. Derivado de lo anterior, se colige que esta Comisión Federal sólo se encuentra investida por una facultad de ejecución, es decir, se limita a acatar lo relativo a control, vigilancia y fomento sanitarios en materia de los productos señalados en párrafos arriba, y que en el caso concreto se refiere a estupefacientes y substancias psicotrópicas, pero no se pronuncia respecto a la creación del marco que las regula, toda vez que la Autoridad Ordenadora es el Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 Constitucional, es el poder facultado para crear y promulgar leyes. En virtud de lo expuesto, esta unidad se encuentra imposibilitada para evaluar su petición para obtener una autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana." II. TRAMITE Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, **, por propio derecho denunció el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad ** emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las autoridades y actos siguientes: Autoridades denunciadas: a. Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). b. Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Acto que constituye el incumplimiento denunciado: ?Resolución de fecha 27 de enero de 2023 con folio 223301EL355251, emitida por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por la que se negó la autorización de uso lúdico de cannabis y sus actividades inherentes. Por acuerdo de dos de mayo del año en curso, se admitió a trámite la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad, la que se radicó bajo el número 1/2023, y se dio vista a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. En proveído de dieciocho del mes y año en curso, se certificó el plazo de tres días otorgado en proveído de dos de mayo último, sin que las autoridades denunciadas desahogaran la vista concedida. III. COMPETENCIA Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver de esta denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, de conformidad con lo previsto por los artículos 72 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II de artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, fracción I, de la Ley de Amparo; 57, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. IV. LEGITIMACIÓN De los artículos 107, fracción II, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 210 de la Ley de Amparo , se desprende como un derecho de los gobernados, la posibilidad de acudir a los órganos constitucionales del Poder Judicial de la Federación a solicitar que se desaplique de su esfera jurídica una norma, que no obstante haber sido declarada su inconstitucionalidad -con efectos generales- por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se haya aplicado en un acto concreto en su perjuicio. De conformidad con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la denuncia por incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad permite que cualquier persona haga valer, ante un Juez de Distrito, que se le han aplicado normas generales declaradas inválidas, con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria respectiva, y, en caso de resultar fundada, el Juez ordenará a la autoridad dejar sin efectos el acto denunciado. En el caso, la denuncia fue presentada por ***, quien refiere que la autoridad denunciada viola la declaratoria general de inconstitucionalidad **, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la emisión del oficio 223301EL355251, de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, suscrito por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mediante el cual se determinó que la solicitud para la autorización del consumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC" conocido como marihuana, resultaba improcedente, toda vez que la responsable no cuenta con los elementos para brindar la atención a su petición, ya que únicamente se encuentra investida por una facultad de ejecución, y se limita a acatar lo relativo a control, vigilancia y fomento sanitarios en materia de los productos realizados con cannabis y psicotrópico THC. Tal oficio, a consideración de la denunciante constituye una aplicación de los artículos 235, último párrafo, 237, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, que fueron declarados inválidos en la referida declaratoria general de inconstitucionalidad; por tanto, se estima que el denunciante está legitimado para presentar la denuncia que se analiza. V. PRECISIÓN DE LOS ACTOS DENUNCIADOS De la lectura integral de la denuncia, se precisa que la promovente acudió a denunciar el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de las autoridades y por el acto siguiente: Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios: ?El oficio 223301EL353251, de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se determinó la improcedencia de la solicitud realizada por el aquí denunciante, para que se emitiera en su favor una autorización sanitaria para llevar a cabo el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente cannabis y del psicotrópico (THC) tretahidrocannabinol. VI. PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA Conforme a lo expuesto en el considerando que antecede, se estima que respecto de la autoridad denunciada Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se configura la procedencia de la denuncia que nos ocupa, pues la parte promovente aduce que le fue aplicada la normativa declarada inconstitucional, a través del oficio 223301EL355251, de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, suscrito por la autoridad en cita. VII. ESTUDIO DE FONDO En principio, cabe dejar sentado que lo que aquí se analiza, es si existe o no la aplicación del sistema de prohibiciones administrativas previsto en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud y, por ende, el incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, conforme lo establece el artículo 210 de la Ley de Amparo. La declaratoria general de inconstitucionalidad, tiene como finalidad superar eficazmente el problema de inconstitucionalidad generado por las normas declaradas inconstitucionales en su jurisprudencia. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para apreciar e imponer las medidas que considere necesarias para garantizar que la declaratoria general de inconstitucionalidad cumpla cabalmente su cometido. Así, la declaratoria general de inconstitucionalidad da lugar a la invalidez de la norma cuestionada con efectos generales o erga omnes -es decir, su expulsión del ordenamiento jurídico- siempre que al menos ocho ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación voten por su invalidez. Precisado lo anterior resulta conveniente transcribir las consideraciones que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo para declarar la invalidez de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, materia de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018: "(.) 61. En efecto, este Tribunal Pleno considera importante destacar que en la jurisprudencia precisada se declaró, no la inconstitucionalidad de normas aisladas, sino la de un sistema de prohibiciones administrativas, previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, específicamente, el de aquellas porciones que prohíben absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. 62. Lo anterior, porque la Primera Sala consideró que ese sistema provoca una afectación innecesaria y desproporcionada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad previsto en el artículo 1 constitucional, pues existen medios alternativos a la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana que son igualmente idóneos para proteger la salud y el orden público, pero restringen en menor grado a ese derecho fundamental, y la prohibición absoluta ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida. 63. Ahora bien, un conjunto de normas constituye un sistema normativo si dichas normas forman una unidad porque entablan entre sí relaciones sistemáticas, ya sea por remisión expresa o tácita, o por relaciones de jerarquía, contenido, temporalidad o generalidad, de manera que el sentido, alcance, validez u operatividad de las mismas dependa de su estrecha conexión o íntima relación de dependencia. Dicho con otras palabras, un conjunto de normas es un sistema normativo si es necesario integrar, interpretativamente, el conjunto de sus disposiciones para extraer de ellas el sentido normativo de las mismas, como podría ser el establecimiento de determinadas prohibiciones, derechos, facultades u obligaciones. 64. En el caso, las porciones normativas declaradas inconstitucionales, contenidas en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, constituyen un genuino sistema normativo porque la prohibición absoluta de que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos se genera a partir de la integración de diversas porciones de las mismas, que incluso contienen un sistema de remisiones expresas entre ellas. 65. En efecto, los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, cuyas porciones normativas se invalidaron, establecían lo siguiente: (.) 66. Al respecto, cabe hacer dos precisiones. La primera, que la prohibición declarada inconstitucional está contenida no en la totalidad de esas disposiciones, sino sólo en las porciones normativas resaltadas (con la salvedad del artículo 248, como se precisa en seguida), de cuya relación sistemática se extrae, interpretativamente, dicha prohibición. 67. La segunda, que la prohibición prevista en el artículo 248 tiene un alcance más amplio de la que fue declarada inconstitucional, pues se refiere a la prohibición de cualquier acto de los previstos en el artículo 247, en relación con todas las substancias clasificadas en la fracción I del artículo 245, y no solamente del THC y sus variantes estereoquímicas. 68. En este sentido, como se precisó en las ejecutorias de las que derivaron las jurisprudencias citadas, la Primera Sala no declaró la inconstitucionalidad de la totalidad de esas disposiciones, sino solamente de aquellas porciones de las mismas que prohíben absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. 69. Dichas porciones coinciden con las partes que han sido resaltadas de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, de la Ley General de Salud (52), y con la norma implícita en el artículo 248 que remite, específicamente, a la parte resaltada de la fracción I del artículo 245, que se refiere al THC y sus variantes estereoquímicas. 70. Ahora bien, el problema de inconstitucionalidad advertido no se superó con la reforma a los artículos 237, 245, fracción I, y 248 de la Ley General de Salud (reformado implícitamente, porque remite expresamente al 245 fracción I), publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete (y actualmente vigente), porque dichas reformas no eliminaron la prohibición absoluta de que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. 71. En efecto, las normas reformadas quedaron como sigue: (.) 72. De las reformas mencionadas se advierte lo siguiente. 73. De la prohibición prevista en el artículo 237, se eliminó la referencia a la cannabis índica, sativa y americana. No obstante, esta eliminación tiene alcance sólo en relación con la permisión del uso de la cannabis con fines médicos, pero no con fines recreativos, pues dicha prohibición subsiste en el último párrafo del artículo 235, que no se modificó, y prevé que el uso de esa substancia sólo podrá autorizarse con fines médicos y científicos, esto es, que es condición necesaria para la autorización que su uso sea para esos fines y no para unos diversos, lo que implica, lógicamente, la persistencia de la prohibición de autorizar el uso de esa substancia para fines diversos, como lo es el consumo recreativo. 74. Por su parte, de la fracción I del artículo 245 se eliminó la referencia al THC y sus variantes estereoquímicas, pero dicha sustancia se reclasificó en las fracciones II y IV de dicho artículo, que prevén, respectivamente, las substancias con algún valor terapéutico que entrañan graves problemas de salud (en concentraciones superiores al 1%) y las consideradas con amplios usos terapéuticos a pesar de que constituyen un problema menor de salud (en concentraciones inferiores al 1%). 75. Esta reclasificación, si bien permitirá el uso del THC y sus variantes estereoquímicas para fines médicos, no elimina el problema de constitucionalidad, pues persiste la prohibición del uso de esa substancia con fines recreativos en el último párrafo del artículo 247, que no se modificó, y prevé que el uso de esa substancia sólo podrá autorizarse con fines médicos y científicos, esto es, que es condición necesaria para la autorización que su uso sea para esos fines y no para unos diversos, lo que implica, lógicamente, la persistencia de la prohibición de autorizar el uso de esa substancia para fines diversos, como lo es el consumo recreativo. 76. Y, si bien el artículo 248 no se modificó, el hecho de que se haya eliminado el THC y sus variantes estereoquímicas de la fracción I del artículo 245, al que remite, no elimina la prohibición de autorizar su uso recreativo, que subsiste en el artículo 247, último párrafo. En todo caso, esa modificación implícita, a través de la modificación a la norma a la que remite, sólo permite su autorización para fines médicos. 77. En consecuencia, este Tribunal Pleno estima que el problema de constitucionalidad advertido en la jurisprudencia de la Primera Sala, consistente en la prohibición absoluta para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, prevista en el sistema de prohibiciones administrativas establecido en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud(53), no ha sido superado mediante las reformas a la Ley General de Salud publicadas el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Y, si bien es un hecho notorio para este Tribunal Pleno que el Congreso de la Unión está considerando una serie de cambios legales para superar el sistema de prohibiciones que dio lugar a la jurisprudencia precisada, hasta este momento no ha concluido el proceso legislativo. 78. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno), este Tribunal Pleno emite la declaratoria general de inconstitucionalidad, en los términos que se precisarán en el siguiente apartado. III. EFECTOS 79. Este Tribunal Pleno considera importante remarcar que el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno)(54) confiere a esta Suprema Corte amplias facultades para fijar los efectos que deban imprimirse a una declaratoria general de inconstitucionalidad, con la finalidad de que se supere eficazmente el problema de inconstitucionalidad generado por las normas declaradas inconstitucionales en su jurisprudencia. En este sentido, debe entenderse que la Suprema Corte tiene vastas facultades para apreciar e imponer, caso por caso, las medidas que considere necesarias para garantizar que la declaratoria general de inconstitucionalidad cumpla cabalmente su cometido. 80. Por su parte, el artículo 234 de la Ley de Amparo (55) establece que: Artículo 234. La declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen, será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá: I. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos; y II. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad. Los efectos de estas declaratorias no serán retroactivos salvo en materia penal, en términos del párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 81. Este Tribunal Pleno considera que, para precisar adecuadamente los efectos de esta declaratoria general, se debe tener en cuenta que la jurisprudencia de la Primera Sala declaró la inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, en su texto previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, por considerarlo violatorio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 82. Ahora bien, como se expuso en las consideraciones de esta resolución, los artículos 237, 245, fracción I, e implícitamente, el 248 (que remite expresamente a la fracción I del artículo 245) fueron modificados en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete. La reforma consistió en eliminar de la prohibición prevista en el artículo 237 la referencia a la cannabis sativa, índica y americana, así como en eliminar la prohibición implícita prevista en el artículo 248, al eliminar el THC de la fracción I, del artículo 245, al que remite. 83. Sin embargo, como se justificó previamente, la prohibición para autorizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, persiste en la Ley General de Salud, en los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, que no fueron modificados. 84. Ahora bien, las porciones normativas referidas no se refieren a la materia penal, y, por tanto, no procede dar efectos retroactivos a esta declaratoria general. 85. En consecuencia, a juicio de este Tribunal Pleno, el problema de inconstitucionalidad advertido se superará limitando la declaratoria general de inconstitucionalidad a las porciones normativas en las que subsiste la prohibición en cuestión, previstas en los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, que no fueron modificados. 86. Luego, este Tribunal emite la declaratoria general, únicamente, de las porciones normativas que indican "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y" de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, vigente, resaltadas a continuación: 'ARTICULO 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a: I.- Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; (REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) II.- Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III.- Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; IV.- Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia; V.- (DEROGADA, D.O.F. 7 DE MAYO DE 1997) VI.- Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. (REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud. [...] (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 19 DE JUNIO DE 2017) ARTÍCULO 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. [...] (REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1987) ARTÍCULO 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos: (REFORMADA, D.O.F. 19 DE JUNIO DE 2017) I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son: [...] [YA NO SE INCLUYE AL THC EN LA LISTA]. Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga. [...] ARTICULO 247.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, queda sujeto a: I.- Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; (REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) II.- Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III.- Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; IV.- Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia; V.- (DEROGADA, D.O.F. 7 DE MAYO DE 1997) VI.- Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. (REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán, al igual que las substancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud.'. 87. Esta declaratoria general de inconstitucionalidad surtirá efectos generales a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y no podrá tener efectos retroactivos. 88. Es importante enfatizar, ante todo, que los alcances de esta declaratoria general de inconstitucionalidad se limitan a remover los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". 89. Por lo tanto, esta declaratoria general de inconstitucionalidad no tiene como efectos permitir que se autorice el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a los que en conjunto se conocen como marihuana. 90. En efecto, con la declaratoria general de inconstitucionalidad de esas porciones normativas, se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorice en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de, exclusivamente, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que se estima necesario ordenar la notificación de la misma también a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS. 91. En la inteligencia de que en lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. 92. Así mismo, la COFEPRIS deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. 93. Además, al emitir las autorizaciones la COFEPRIS deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. 94. De esta manera, invalidando las porciones normativas precisadas y vinculando a la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, a emitir las autorizaciones necesarias para permitir las actividades necesarias para el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, con las limitaciones y restricciones precisadas, este Tribunal Pleno considera que se supera el problema de constitucionalidad advertido por la jurisprudencia de la Primera Sala. 95. Por último, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación exhorta al Congreso de la Unión a legislar respecto del derecho al autoconsumo recreativo de cannabis y THC, a fin de generar seguridad jurídica a los usuarios y a terceras personas, así como las condiciones de información necesarias para ejercerlo responsablemente; a tomar las medidas que estime pertinentes para tratar esta cuestión como un problema de salud pública; y para brindar a las autoridades de Salud un marco normativo que les permita delimitar adecuadamente el ejercicio de ese derecho para evitar daños a terceros, sin que corresponda a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dar mayores lineamientos respecto de las políticas que el legislador, en uso de su libertad política, decida tomar al respecto. 96. No pasa inadvertida la posibilidad de que subsistan negativas de la COFEPRIS a autorizar el consumo lúdico o recreativo de cannabis y THC fundamentadas en las disposiciones de la Ley General de Salud en su texto vigente con anterioridad a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, que se encuentren reclamadas en juicios de amparo pendientes de resolver. Sin embargo, este Tribunal Pleno considera que, al respecto, los tribunales de amparo deberán resolver teniendo en cuenta las normas de la Ley General de Salud aplicadas en dicha negativa y la jurisprudencia de esta Suprema Corte al respecto. 97. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE PRIMERO. Es procedente y fundada la presente declaratoria general de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud, para los alcances establecidos en esta ejecutoria, la cual surtirá efectos generales a partir de la notificación de estos puntos resolutivos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con los apartados II y III de esta decisión. TERCERO. Notifíquese esta sentencia a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para los efectos precisados en el apartado III de esta determinación. CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: [.]". Del contenido de la declaratoria de inconstitucionalidad 1/2018, derivada de la jurisprudencia fijada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos amparos indirectos en revisión, en sesión de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Pleno del Alto Tribunal declaró inválidos los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos", de la Ley General de Salud, que prohibían absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. El Tribunal Pleno estimó que, a efecto de superar eficazmente el problema de inconstitucionalidad generado por las porciones normativas estudiadas, debía, por un lado, expulsarlas del sistema jurídico mexicano y, por otro, remover el obstáculo jurídico que tenía la Secretaría de Salud para emitir autorizaciones para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Derivado de lo anterior, consideró conveniente notificarle tal fallo a dicha dependencia y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para que, entretanto el Congreso de la Unión legisla al respecto, emitan tales autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias de amparo que formaron la jurisprudencia comentada, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido como marihuana. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en el resolutivo segundo de dicha sentencia que la declaratoria de inconstitucionalidad surtiría efectos a partir de su notificación al Congreso de la Unión, es decir, según se advierte como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la página electrónica de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, desde el veintinueve de junio de dos mil veintiuno ; de ahí que, a partir de esa fecha, la declaratoria entró en vigor e impuso a todas las autoridades del país la obligación de abstenerse de aplicar los preceptos normativos invalidados, así como otorgó a las personas afectadas por su aplicación la facultad de reclamarla, vía el procedimiento sumario respectivo. Por tanto, para efectos del estudio del presente asunto, es necesario considerar que existe una declaratoria general de inconstitucionalidad que declaró inválidos los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos", de la Ley General de Salud con efectos a partir del veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Ahora bien, el aquí denunciante considera sustancialmente que la autoridad dependiente de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios incumplió la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al determinar improcedente su solicitud para el consumo lúdico del estupefaciente cannabis y todas sus variantes estereoquímicas, conocidas conjuntamente como marihuana o cannabis y a fin de acreditar su dicho exhibió como anexo:  El oficio 223301EL355251, de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en el que se resuelve como improcedente la solicitud para el consumo lúdico del estupefaciente cannabis y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana. De la citada documental, se advierte que: a) Se encuentra dirigida a **; b) Se emite en atención a la solicitud elevada por ésta para obtener: la autorización sanitaria para ejercer libremente el consumo personal y regular con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente ""cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana; a través del escrito presentado en el Centro Integral de Servicios COFEPRIS el nueve de diciembre de dos mil veintidós con número de entrada 223301EL355251, y, c) Se informa que del análisis realizado conforme a la legislación vigente, es improcedente otorgar la autorización sanitaria solicitada en virtud que no cuenta con los elementos normativos para brindar la atención a su petición, pues el Congreso de la Unión debe legislar respecto al autoconsumo de dicha sustancia y la responsable sólo se encuentra investida por una facultad de ejecución. Documental que genera convicción en el suscrito de que el acto demuestra que, derivado de la petición formulada por ***, ante el Centro Integral de Servicios de la COFEPRIS el nueve de diciembre de dos mil veintidós, al que le correspondió el número de entrada 223301EL355251, la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, indicó que se encontraba imposibilitada para evaluar dicha solicitud, debido a que no tiene lineamientos para otorgarlo; sin embargo, precisó que en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autorizó la regulación con fines meramente lúdicos o recreativos de los mencionados estupefacientes y substancias psicotrópicas; por lo que la negativa de permiso, involucra dar eficacia a la prohibición absoluta . De lo que se obtiene que asiste razón al denunciante cuando afirma que la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios transgredió la declaratoria de inconstitucionalidad 1/2018, porque como se mencionó en párrafos precedentes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recalcó que en lo sucesivo y mientras el Congreso de la Unión no legislara sobre el tema, la Secretaría de Salud debe emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Igualmente indicó que es la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios quien debe establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho ahí tutelado, habida cuenta que en ningún caso se permita importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. De igual manera, subrayó que al emitirse las autorizaciones la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, esto es, que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, debiendo, además, precisar que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. Y, señaló que la Secretaría de Salud quedó vinculada, a través del órgano competente, a emitir las autorizaciones necesarias para permitir las actividades necesarias para el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, con las limitaciones y restricciones antes precisadas. Bajo esos parámetros, es menester señalar que de conformidad con lo previsto en el artículo 3, fracción I, inciso j; 4, fracción II, inciso c); 11, fracción VI; y 14, fracciones I y VII, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; así como el artículo Vigésimo Sexto, fracciones I y III, del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los órganos administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios , compete a esa Comisión expedir las autorizaciones como la de que se trata, toda vez que aquella versa sobre sustancias consideradas como estupefacientes y psicotrópicos. De ahí que, no constituye obstáculo la circunstancia que a la fecha en que se emitió el oficio no exista la regulación para emitir las autorizaciones para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos, solo para personas adultas, para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente del estupefaciente "cannabis sativa, índica, americana, su resina, preparados y semillas" y del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabidol) y sus variantes estereoquímicas conocidas como marihuana, en la medida que desde la ejecutoria misma se le vinculó a su observancia y cumplimiento es obligatoria. VIII. DECISIÓN En consecuencia ante lo fundado de la denuncia interpuesta por **, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 210, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos el oficio 223301EL355251, de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en el que se resuelve como improcedente la solicitud para el consumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC" conocidos en conjunto como marihuana. 2. En su lugar emita uno nuevo en el que atienda a cabalidad la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno y otorgue la autorización solicitada. Para lo cual, debe tener presente que las autorizaciones sólo se otorgan a personas adultas, para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido como marihuana. Esto es, la declaratoria no tiene como efectos permitir que se autorice el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a lo que se conocen como marihuana. De la misma forma, para emitir las autorizaciones deberá precisar que: I) El ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros. II) Ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización. III) No está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. En el entendido que el total cumplimiento a la presente resolución debe efectuarse dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir que cause ejecutoria la misma. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Es procedente y fundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, promovida por **, por los motivos expuestos en el considerando VII del presente fallo y para los efectos precisados en diverso VIII. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional se sobreseyó fuera de audiencia; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 2. relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    ".S E N T E N C I A: Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1/2023, promovido por ***, defensor Público Federal y como tal del quejoso ***. I. ANTECEDENTES 1. Según consta de la demanda de amparo el disidente refiere que mediante oficio DOAX-3786/2021 firmado por la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública, fue designado para fungir como defensor Público Federal en el incidente de duración de la pena SD 1105/2021 del Sentenciado Rafael García Montalvo, ante el Centro de Justicia Penal Federal con Sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. 2. Que el sentenciado fue detenido el diecinueve de enero de dos mil diecisiete; correspondiéndole la causa penal 11/2017 del Centro de Justicia Penal Federal con sede en esta localidad, con motivo de la sentencia dictada en su contra, iniciándose el procedimiento de ejecución ***. 3. Mediante escrito presentado por el sentenciado y acordado el quince de agosto de dos mil veintiuno, se aperturó el incidente *** ante el Centro de Justicia Penal Federal. 4. La defensa, mediante escrito de veintinueve de agosto de dos mil veintidós y presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el treinta de agosto de dos mil veintidós, exhibió el comprobante del pago de la multa, y solicitó que se requiriera a la Administración Desconcentrada de Recaudación Oaxaca "1", dependiente de la Secretaría de Administración Tributaria para que informara si el sentenciado ya había cumplió con el pago de la multa, sin que se acordara dicha petición. 5. Mediante diverso escrito presentado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, el suscrito volvió a reiterar la solicitud con la finalidad de que se le notificara el acuerdo recaído a su escrito señalado en el párrafo anterior, de lo cual tampoco se le había acordado hasta la fecha de presentación de la demanda. 6. Por lo que, ante dichas circunstancias la parte quejosa acude a esta instancia constitucional con la finalidad de que se le restituya en el goce de los derechos que estima violados. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 7. Leodegario Velásquez Matías, defensor Público Federal y como tal del quejoso Rafael García Montalvo presentó en línea un escrito el treinta de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados al Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal con sede en esta localidad de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. 8. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 8 y 17 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 9. La demanda de amparo fue turnada a este órgano jurisdiccional el dos de enero de dos mil veintitrés y por auto de tres de enero siguiente se radicó la demanda registrándola bajo el expediente 1/2023 se admitió a trámite, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. 10. En esta propia fecha se tuvo al promovente del amparo ratificando el contenido del escrito con el cual manifestó su deseo de desistirse de la demanda de amparo. 11. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 12. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. 13. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en contra de una omisión y las autoridades residen en lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 14. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 15. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 16. Ahora bien, en virtud que la demanda de amparo debe analizarse de manera íntegra, asumiendo como un todo los capítulos de actos reclamados y de antecedentes, a fin de advertir de manera plena lo realmente planteado, en relación a la causa de pedir y con ello el órgano jurisdiccional se encuentre en calidad de resolver la Litis realmente planteada, se tiene como autoridades responsables y actos reclamados: Autoridad responsable Acto que se le reclama  Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal con sede en esta localidad de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.  La omisión de acordar los escritos presentados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.  Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca.  La omisión de acordar los escritos presentados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. 17. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados, en relación con las autoridades responsables. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO 18. Al momento de rendir sus informes justificados las autoridades responsables Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, y Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, de las constancias que obran en autos se advierte la existencia de los mismos, por lo que se desvirtúan dichas negativas y se tienen por ciertos los actos reclamados. 19. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, con número de registro 211004, que a continuación se invoca: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." 20. En consecuencia, se procede a efectuar el análisis respecto de la procedencia del juicio. VII. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. 21. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. 22. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 23. En el caso, el suscrito advierte que en el presente asunto atendiendo a lo manifestado por el quejoso en el escrito que se ordenó agregar en esta propia fecha en la audiencia que antecede, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el párrafo primero, de la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio." 24. Lo anterior, en virtud que la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, principio que se encuentra contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 25. Por tanto, con la sola declaración de la voluntad válidamente la parte quejosa puede desistirse en cualquier momento, pues el desistimiento de la demanda constituye la renuncia a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional. 26. Asimismo, es importante mencionar que los efectos del desistimiento del juicio de amparo, según lo ha señalado jurisprudencialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en poner fin al juicio sin hacer una declaración sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, dejando la situación tal como se encontraba al momento de promoverse la demanda constitucional relativa, lo que puede realizarse en cualquier momento hasta antes de que el fallo dictado en el juicio haya causado ejecutoria, o en su caso, previo a resolverse el recurso de revisión que en su caso se interponga. 27. Lo antes indicado es coincidente, con lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 33/2000, publicada en la página 147, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro 192108, de rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." 28. En tal virtud, como en el caso se advierte que la parte quejosa por la vía electrónica se desistió del juicio de amparo en virtud de convenir a sus intereses, emergiendo así la causa de sobreseimiento inserta en el artículo 63, fracción I de la ley de la materia, por lo que en consecuencia lo procedente es sobreseer el presente juicio. 29. Es aplicable a la anterior consideración, la jurisprudencia VI.2º.19 K, con número de registro 203315, visible en la página 488, del tomo III, Febrero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que aparece bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DEL AGRAVIADO. Para que el desistimiento del agraviado proceda en el juicio constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester que sea el propio quejoso quien presente el escrito y, además, que ratifique el mismo ante presencia judicial o funcionario con fe pública, previa identificación del interesado.". VIII. DECISIÓN 30. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa. 31. Sobreseimiento que se decreta en términos de lo previsto en la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, conforme a lo expuesto en el apartado VII de este fallo. 32. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, defensor público federal y como tal del quejoso ***, contra los actos reclamados al Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal con sede en esta localidad de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, por los motivos señalados en el apartado VII de este fallo. NOTIFÍQUESE.

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