Rafael Garcia Guzman
Expediente 79/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Rafael Garcia Guzman
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veinte de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del referido Acuerdo General 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que la reanudación de labores de este órgano judicial, atenderá a preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, por lo que como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta y, toda vez que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el nueve de diciembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio constitucional, sin haberlo hecho, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: 1. Como el presente expediente no cuenta con valor jurídico, histórico o documental, en cumplimiento al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, -III-A JUICIO DE AMPARO INDIRECTO relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.2., apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal se establece que el presente expediente es DESTRUIBLE, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Este expediente al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "Archivo de trámite" de este Juzgado, en virtud de que se dan los supuestos establecidos en los artículos 8, fracción I, y 9, ambos del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General; lo anterior, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Haciéndose la precisión que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, nueve de diciembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio remitido por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la notificación realizada a las partes del proveído de veinte de noviembre de este año, en el que se señaló las catorce horas del veintiuno de enero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, en el juicio laboral xxx/2014. Ahora bien, se advierte de autos que la demanda de amparo fue promovida por xxxx, en contra el acto y autoridad que a continuación se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES: JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON SEDE EN ESTA CIUDAD PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON SEDE EN ESTA CIUDAD ACTUARIO ADSCRITO A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON SEDE EN ESTA CIUDAD ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE VIGILAR Y REALIZAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS DEMANDADOS EN EL JUICIO LABORAL 149/2014 DONDE EL QUEJOSO ES ACTOR. Precisado lo anterior, es necesario indicar que con apoyo en el artículos 63, fracción V de la Ley de Amparo, este juzgado estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún elemento de prueba pudiera desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." 1 En la especie, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la quejosa en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, lo que implica no sólo la 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, del texto siguiente: ".De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Al respecto, puede citarse como apoyo a esta conclusión la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." II. Argumento del sobreseimiento. Ahora bien, el impetrante de amparo señaló como acto reclamado: la omisión de vigilar y realizar el emplazamiento de los demandados en el juicio laboral xx/2014. Establecida la premisa y sus alcances, precisa destacar que de las constancias que obran en autos, se aprecia que por acuerdo de veinte de noviembre de dos mil veinte, la Junta responsable señaló las catorce horas del veintiuno de enero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, en el juicio laboral xxx/2014 y ordenó el emplazamiento de la parte demandada; asimismo, la referida autoridad responsable, adjuntó al oficio de cuenta, copia certificada de la notificación realizada a las partes del referido proveído, documentales a las cuales se les confiere pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Lo que pone de manifiesto que la omisión de vigilar y realizar el emplazamiento de los demandados en el juicio laboral xxx/2014, ya no está vigente al haber desaparecido de manera total e incondicional sus efectos, sin que dejara huella en la esfera jurídica del justiciable, lo que trae como consecuencia la reposición del quejoso en el goce de sus garantías individuales que consideró vulneradas con el acto reclamado, restableciéndose así las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J.205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:2 "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, enero de 2009, página 605. se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Sin que sea necesario para ello, dar vista a la quejosa con el contenido del oficio, del que este órgano de control constitucional advirtió la causa de improcedencia, dado que a nada práctico conduciría si se toma en cuenta que ya se logró el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la tesis de jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), con número de registro 2007920, de la décima época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulta de carácter obligatoria, acorde a lo dispuesto en el 217, párrafo primero de la Ley de Amparo en vigor, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia.". Por consiguiente, este Juzgado de Distrito, decreta de oficio, fuera de audiencia, el SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Ahora bien, no obstante, que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio; atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente resolución, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, dos de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de doce de noviembre del año en curso, remite copia autógrafa del proveído de veinte de noviembre del año en curso, dictado en el juicio laboral ++++++, en el que regularizó el procedimiento y señaló las catorce horas de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dichas constancias para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el numeral 119 del referido ordenamiento legal, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental exhibida para apoyar su informe, las cuales se tomarán en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, doce de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende del análisis de las constancias que adjuntó a su informe justificado la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche,con sede en esta ciudad, que en el juicio laboral *******, se señaló el doce de junio del presente año para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ordenándose el emplazamiento de los demandados en el domicilio correcto que proporcionó la parte actora, aquí quejosa; sin embargo, no se tiene conocimiento si dicha audiencia se llevó a cabo, o bien si se señaló una nueva, tomando en consideración que la referida fecha, se encuentra dentro del período en el que se suspendieron los plazos procesales con motivo de las medidas de prevención tomadas por la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la referida autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contado a partir de que quede legalmente notificada del presente acuerdo, informe el estado procesal que guarda el expediente laboral *******, en específico, indique si se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, o en caso contrario, indique la nueva fecha señalada para tal efecto, debiendo remitir copia certificada del acuerdo respectivo, así como de las constancias de notificación a la parte actora y emplazamiento de los demandados que en su caso haya ordenado, las cuales resultan indispensables para resolver el presente asunto. Se apercibe a la mencionada autoridad, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $ 8,688 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho M.N.) tomando en consideración que el valor de la medida de actualización emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veinte, es de $86.88 (ochenta y seis pesos con 88/100 M.N.), de conformidad con el artículo 26, penúltimo párrafo del apartado B, del DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en relación con lo establecido por los artículos 237 y 238 de la Ley de Amparo, en vigor, en relación con el diverso 259 de la ley de la materia. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que se encontraba señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Hágase del conocimiento de las partes el presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que ya existe constancia de su notificación en el presente juicio de garantías y, por ende, este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarla por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Notifíquese.
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