Rafael Garcia Falcon
Expediente 9027/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 9027/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/10/2018
Partes del expediente
- Rafael Garcia Falcon
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se proveyó sobre el cumplimiento en el presente juicio de amparo, se ordenó la devolución de documentos en original y el archivo del expediente como asunto totalmente concluido; sin embargo, de una revisión de autos se desprende que la parte quejosa únicamente exhibió como prueba las documentales consistentes: Constancia de Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con la Cédula de Identificación Fiscal, con cadena original y sello digital. Acuse de la Declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013, con cadena original y sello digital. Diversos acuses de recibo de envío de contabilidad electrónica del ejercicio fiscal 01-2015, con cadena original y sello digital. Acuses de aceptación de contabilidad electrónica del ejercicio fiscal 01-2015, con cadena original y sello digital. Acuses de recibo de envío de contabilidad electrónica del ejercicio fiscal 02-2015, con cadena original y sello digital. Acuses de aceptación de contabilidad electrónica del ejercicio fiscal 02-2015, con cadena original y sello digital. En consecuencia, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza dicha situación y de conformidad al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, capítulo segundo, relativo a las disposiciones generales, fracción XVIII, se considera documento original: "Todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales". Tomando en cuenta lo citado con anterioridad, los documentos exhibidos por la quejosa no encuadran en lo establecido en el punto vigésimo, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de 28 de septiembre de 2009 citado, por lo que no ha lugar a su devolución. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obra constancia de notificación del oficio 38039/2017 dirigido a la autoridad responsable "Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de México "2" con sede en Naucalpan, del Servicio de Administración Tributaria que contiene la resolución interlocutoria de tres de febrero de dos mil diecisiete; por lo tanto, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, con copia autorizada del presente proveído, REENVÍESE el oficio 38039/2017 dirigido a la autoridad responsable citada a efecto de quedar debidamente notificada la responsable y el expediente correctamente integrado. Finalmente, una vez que surta efectos la notificación de este proveído, remítase físicamente al archivo el presente expediente. Notifíquese.
- Incidental
En la Ciudad de México, a dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos se desprende que ya transcurrió el término de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de doce de enero de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del oficio remitido por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria en el que le informó que no le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica; sin que a la fecha lo haya hecho. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a efectuar un pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo. Para estos efectos, en primer lugar es necesario tener presente cuáles fueron los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional: se declaró la inconstitucionalidad del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, relativo a la facultad de la autoridad de practicar revisiones electrónicas. Respecto de esta norma, cabe aclarar que se declaró la inconstitucionalidad de su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) el 9 de diciembre de 2013, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, vigente a partir del 1 de enero de 2016. Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre si una sentencia está cumplida es oficioso, deben considerarse todos los elementos y hechos relevantes al caso. Pronunciamiento de cumplimiento. Respecto al artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 31 de diciembre de 2015) así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, la concesión del amparo se otorgó para el efecto de que: En caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. De la anterior transcripción, cabe destacar la porción subrayada, pues a partir de ahí se advierte la posibilidad de que no se hubiera instaurado el procedimiento de revisión electrónica. En el mismo sentido está estructurada la jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, con número de registro 2012935, de rubro: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015." Ahora bien, obra en autos la respuesta emitida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (foja 271), autoridad vinculada al cumplimiento, mediante la cual informa que no ha emitido actos tendientes a conseguir el cobro de una preliquidación, en términos del artículo declarado inconstitucional. Así pues, la autoridad manifestó que no aplicó la norma, pues no le instauró a la quejosa un procedimiento de revisión electrónica con base en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Tomando en cuenta las manifestaciones de la autoridad, en el sentido de que la norma no ha sido aplicada a la quejosa, aunado al hecho de que ésta última no manifestó su inconformidad con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se declara que la sentencia concesoria está cumplida, en relación con el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015. Archivo del expediente. Finalmente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del cuaderno principal en que se actúa. Para tales efectos, glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. En consecuencia, para dar cumplimiento al punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto descrito en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo en mención. En lo que toca al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo, del propio punto invocado, es susceptible de depuración. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a lo previsto en el punto VIGÉSIMO, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, ya mencionado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
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