Rafael García de Alba Voirol

Expediente 183/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
183/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • Rafael García de Alba Voirol
  • Congreso Constitucional del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee Pronunciamiento causa estado De la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de inconformidad en contra de la determinación del uno de diciembre de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, primero de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa, para desahogar la vista otorgada en auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, respecto de las actuaciones de las autoridades responsables en cumplimiento de la ejecutoria; en consecuencia, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia dictada el veintiocho de julio de dos mil veinte, por una parte se sobreseyó; y, por otra se concedió la protección constitucional para que las autoridades responsables: a) No apliquen el precepto legal reclamado, que estipula el cobro del derecho de alumbrado público, sólo respecto de la porción normativa que regule la situación particular de la parte agraviada, lo que implica la desincorporación de la esfera jurídica de Rafael García de Alba Voirol, en la obligación del pago respectivo. b) Se reintegre a Rafael García de Alba Voirol, por conducto del Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, el importe de los pagos que al efecto haya realizado con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional, con su respectiva actualización (de conformidad con el artículo 19-A del Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo), así como los que en forma subsecuente realice, siempre y cuando acredite haber erogado el pago correspondiente. La sentencia causó ejecutoria el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno; y, se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento. Actos realizados por la autoridad responsable. Mediante oficio recibido en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, informando que mediante oficio EJ/336/2020, se instruyó a la Comisión Federal de Electricidad, para que dejara de aplicar al quejoso el artículo 18 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020, declarado inconstitucional. También exhibió copia certificada del cheque número 0025109, por $256.74 (doscientos cincuenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional), a favor de Rafael García de Alba Voirol, por concepto de reintegro de los derechos de alumbrado público pagados durante los periodos de Febrero, Abril, Junio y Agosto de dos mil veinte. Luego, en proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al Delegado del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, con sede en esta ciudad, manifestando adherirse al cumplimiento realizado por Tesorería Municipal de dicho Ayuntamiento; haciendo propias todas y cada una de las constancias exhibidas por dicha Tesorería. En contexto de lo informado por dicha autoridad, se retomó lo dicho en auto de veintidós de marzo del presente año; y, del análisis de las constancias que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, anexó, se advirtió que: Instruyó a la Comisión Federal de Electricidad, para que deje de aplicar al quejoso el artículo 18, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, declarado inconstitucional; Solicitó la emisión de la orden de pago en favor del aquí quejoso por la cantidad de $256.74 (doscientos cincuenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional), por concepto de reintegro de los derechos de alumbrado público pagados durante los periodos de febrero, abril, junio y agosto de dos mil veinte, respecto de los servicios listados por la Comisión Federal de Electricidad; y, Exhibió copia certificada del cheque número 0025109, emitido a favor del quejoso, por la cantidad antes citada; esto es, $256.74 (doscientos cincuenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional), por concepto de reintegro de los derechos de alumbrado público pagados durante los periodos de febrero, abril, junio y agosto de dos mil veinte. En ese sentido, y como de la sentencia se dijo advertirse que el efecto de la concesión fue esencialmente para: a) ".No apliquen el precepto legal reclamado, que estipula el cobro del derecho de alumbrado público, sólo respecto de la porción normativa que regule la situación particular de la parte agraviada, lo que implica la desincorporación de la esfera jurídica de Rafael García de Alba Voirol, en la obligación del pago respectivo. Lo anterior quiere decir que de conformidad con el artículo 78, segundo párrafo, de la Ley de Amparo los efectos de la protección constitucional se extienden a todos aquellas normas y actos cuya validez penda del artículo 18, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte. O sea, la Tutela Federal alcanza al grado de que si la parte peticionaria de amparo tiene diversos contratos de suministro de energía eléctrica en los cuales se generen recibos en los que se aplique el artículo 18, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte, a dichos actos no se aplicará la norma combatida, dado que en el caso la concesión se otorgó por la norma en sí y no solamente por el acto de aplicación que la motivó. (.) b) Se reintegre a Rafael García de Alba Voirol, por conducto del Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, el importe de los pagos que al efecto haya realizado con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional, con su respectiva actualización (de conformidad con el artículo 19-A del Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo), así como los que en forma subsecuente realice, siempre y cuando acredite haber erogado el pago correspondiente. (.) Entonces, se dio vista a las partes para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de ese acuerdo, manifestaran lo que a su interés convenga. Ello, incluyó un requerimiento a la parte quejosa, para que dentro del mismo plazo concedido, informara a este órgano jurisdiccional, si después del mes de agosto de dos mil veinte, le fue cobrado y realizó diversos pagos con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. Lo anterior porque de conformidad con el artículo 78, segundo párrafo, de la Ley de Amparo los efectos de la protección constitucional se extienden a todos aquellas normas y actos cuya validez penda del artículo 18, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte. Con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este juzgado resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los documentos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Pronunciamiento. De todo lo anterior es dable concluir que la sentencia de amparo se encuentra debidamente cumplimentada, ya que se realizaron los actos necesarios por la responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, para lograr su cabal cumplimiento. Se afirma de esta manera, ya que, con relación a los efectos de la sentencia, la responsable acreditó haber instruido a la Comisión Federal de Electricidad, para que dejara de aplicar al quejoso el artículo 18 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020, declarado inconstitucional. Asimismo, haber expedido el cheque número 0025109, por $256.74 (doscientos cincuenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional), a favor de Rafael García de Alba Voirol, por concepto de reintegro de los derechos de alumbrado público pagados durante los periodos de Febrero, Abril, Junio y Agosto de dos mil veinte. Ahora, respecto al efecto identificado con el inciso b), relativo a que ".Se reintegre a Rafael García de Alba Voirol, por conducto del Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, el importe de los pagos que al efecto haya realizado con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional, con su respectiva actualización (de conformidad con el artículo 19-A del Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo), así como los que en forma subsecuente realice, siempre y cuando acredite haber erogado el pago correspondiente, no se inadvierte que el cheque número 0025109, por $256.74 (doscientos cincuenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional), a favor de Rafael García de Alba Voirol, por concepto de reintegro de los derechos de alumbrado público pagados durante los periodos de Febrero, Abril, Junio y Agosto de dos mil veinte, no fue recibido por el quejoso; y, que tampoco informó a este órgano jurisdiccional, si después del mes de agosto de dos mil veinte, le fue cobrado y/o realizó diversos pagos con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. Sin embargo, ello no es impedimento para que se tenga cumplida la ejecutoria, ya que la sentencia de garantías no es constitutiva de derechos que, como un título, pueda el propio quejoso hacer valer ante una autoridad, pues si bien corresponde a los órganos de amparo verificar el debido cumplimiento del fallo protector a través de los medios previstos en la ley de la materia, también lo es que ante el desinterés mostrado por el justiciable, no procede intentar el acatamiento de éste -quejoso- ante tal autoridad -Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán-, para recoger el cheque; menos si en el caso concreto fue el quejoso quien no desahogó la vista en el sentido de informar a este órgano jurisdiccional, si después del mes de agosto de dos mil veinte, le fue cobrado y realizó diversos pagos con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional; pues se estima que esos actos son únicamente atribuibles al actuar del quejoso, no así de la autoridad responsable. Por tanto, de los efectos de la sentencia de amparo, contrastados con las actuaciones de la autoridad responsable, es válido concluir que la ejecutoria fue acatada en sus términos y por ende, lo procedente es tener por cumplido en su totalidad el fallo protector, sin que exista exceso o defecto. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Delegado del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, con sede en esta ciudad; a través del cual, manifiesta que se adhiere al cumplimiento que al efecto; en su momento, realice la Tesorería Municipal de dicho Ayuntamiento, así como también hace propias todas y cada una de las constancias que exhiba dicha Tesorería; lo cual, que será tomado en consideración en el momento procesal oportuno. En contexto de lo informado por la autoridad oficiante, se retoma que en auto veintidós de marzo del presente año, se tuvo al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, con residencia en esta ciudad, en vías de cumplimiento; y, del análisis de las constancias que dicha autoridad anexó, es posible advertir que: Instruyó a la Comisión Federal de Electricidad, para que deje de aplicar al quejoso el artículo 18, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, declarado inconstitucional; Solicitó la emisión de la orden de pago en favor del aquí quejoso por la cantidad de $256.74 (doscientos cincuenta y seis pesos 74/100 moneda nacional), por concepto de reintegro de los derechos de alumbrado público pagados durante los periodos de febrero, abril, junio y agosto de dos mil veinte, respecto de los servicios listados por la Comisión Federal de Electricidad; y, Exhibió copia certificada del cheque número 0025109, emitido a favor del quejoso, por la cantidad antes citada; esto es, $256.74 (doscientos cincuenta y seis pesos 74/100 moneda nacional), por concepto de reintegro de los derechos de alumbrado público pagados durante los periodos de febrero, abril, junio y agosto de dos mil veinte. En ese sentido, y como de la sentencia se advierte que el efecto de la concesión fue esencialmente para: ".No apliquen el precepto legal reclamado, que estipula el cobro del derecho de alumbrado público, sólo respecto de la porción normativa que regule la situación particular de la parte agraviada, lo que implica la desincorporación de la esfera jurídica de Rafael García de Alba Voirol, en la obligación del pago respectivo. Lo anterior quiere decir que de conformidad con el artículo 78, segundo párrafo, de la Ley de Amparo los efectos de la protección constitucional se extienden a todos aquellas normas y actos cuya validez penda del artículo 18, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte. O sea, la Tutela Federal alcanza al grado de que si la parte peticionaria de amparo tiene diversos contratos de suministro de energía eléctrica en los cuales se generen recibos en los que se aplique el artículo 18, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte, a dichos actos no se aplicará la norma combatida, dado que en el caso la concesión se otorgó por la norma en sí y no solamente por el acto de aplicación que la motivó. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia 112/99 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 19, Tomo X, Noviembre de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". Se reintegre a Rafael García de Alba Voirol, por conducto del Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, el importe de los pagos que al efecto haya realizado con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional, con su respectiva actualización (de conformidad con el artículo 19-A del Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo), así como los que en forma subsecuente realice, siempre y cuando acredite haber erogado el pago correspondiente. Sobre este aspecto, es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 188/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, Materia(s): Administrativa, página 470, del rubro: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Asimismo, ilustra en el particular, por analogía, la tesis 3a. LXX/93, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Diciembre de 1993, Materia(s): Administrativa, página 353, de rubro: "ALUMBRADO PUBLICO. EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO DEVOLVER LAS CANTIDADES CUBIERTAS POR EL DERECHO RELATIVO (LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1991)". Lo antedicho, en el entendido de que la concesión del amparo no exime a la parte quejosa de seguir pagando el uso de energía eléctrica calculado por la Comisión Federal de Electricidad, sino sólo el concepto relativo al Derecho de Alumbrado Público, materia de análisis en esta instancia constitucional". En ese sentido, dese vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga. Ello, incluye un requerimiento a la parte quejosa, para que dentro del mismo plazo concedido, informe a este órgano jurisdiccional, si después del mes de agosto de dos mil veinte, le fue cobrado y realizó diversos pagos con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. Lo anterior porque de conformidad con el artículo 78, segundo párrafo, de la Ley de Amparo los efectos de la protección constitucional se extienden a todos aquellas normas y actos cuya validez penda del artículo 18, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte. Con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los documentos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Vías cumplimiento. Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, con residencia en esta ciudad; a través del cual, informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo emitida por este juzgado en el presente juicio, lo que acredita con las constancias que para tal efecto anexa. Lo anterior, para conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

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