Rafael Gámez Moreno
Expediente 701/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 701/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Rafael Gámez Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para esta data, sin embargo, no es factible celebrarla, dado que, en esta fecha, se pone a la vista de las partes las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, con residencia en esta ciudad; consecuentemente, aún no transcurre el plazo de ocho días, para que las partes se impongan de su contenido, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso concreto, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." De ahí que, no se está en aptitud legal de celebrar la audiencia constitucional fijada para hoy, por lo que se difiere y se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, a fin de llevar a cabo su verificativo. En esas condiciones, téngase al Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, con residencia en esta ciudad, en atención al requerimiento de veinticinco de septiembre del año en curso, remitiendo en disco versátil digital la videograbación de la totalidad de las audiencias celebradas en la carpeta judicial ********************, de la que deriva el acto reclamado; consecuentemente, a fin surta los efectos legales correspondientes, se impongan de su contenido y hagan valer las manifestaciones convenientes a sus intereses, agréguese con vista a las partes por el plazo de ocho días, acorde al artículo 1171, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo; la cual será tomada en consideración en la celebración de la audiencia correspondiente, conforme a los ordinales 119, 123 y 124 de la invocada legislación. Dicho disco versátil digital, queda a disposición de los interesados para imponerse de su contenido, y en caso pretendan verificar los datos en el almacenado podrán hacerlo en alguno de los equipos computacionales en el local de este Juzgado. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.), número de registro 200436, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, intitulada: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." No pasa inadvertido que dicho comunicado carece de firma autógrafa, ya que el mismo adquiere valor en términos del numeral 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid -19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dado cuenta con firma electrónica, e.firma, por tanto se da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. Por otra parte, requiérase a la responsable Comisario General de la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía del municipio de Monterrey, Nuevo León, con residencia en esta ciudad, rinda su informe justificado ordenado mediante proveído de ocho de septiembre del año en curso, con motivo de la ampliación de demanda; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, o de no remitir, en su caso, copia certificada, completa y legible de las constancias que sean necesarias de los actos reclamados para apoyar dicho informe, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, al tenor de los preceptos 238, primera parte, y 260, fracción II, de la legislación en comento. En la inteligencia de que podrá rendir dicho informe por el mismo medio en el que le es comunicado el presente proveído o a los correos electrónicos 5jdo4ctop@correo.cjf.gob.mx o igomezc@cjf.gob.mx. Por otro lado, agréguese a los autos, el ocurso signado por el directamente quejoso ********************, a través del cual, ofrece diversas pruebas de su intención; al efecto, tocante a las documentales públicas, presunciones y actuaciones, serán proveídas al momento de celebrarse la audiencia constitucional; ello, según lo establecido en los arábigos 119, 123 y 124 de la legislación de la materia. Asimismo, en relación al medio de convicción que hizo consistir en lo siguiente: "DOCUMENTAL: Solicito a este Juzgado tenga a bien remitir atento oficio a la Lic. Sara Judith Pacheco Espinosa Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Determinación de Causas Regional Centro Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales de Monterrey, N.L., a fin que remita copias certificadas de la Carpeta de Investigación que ante ella se integra con el No. ******************** y No de NUC: ********************, misma documental que relaciono con los antecedentes del acto reclamado así como con los conceptos de violación que hago valer y con lo que se acreditara que inclusive, que en dicha carpeta de investigación se carecen de datos de prueba suficientes para suponer que el suscrito cometí el delito que se me imputa, inclusive se podrá apreciar la existencia del Dictamen Pericial oficial de Psicología practicado a la menor que se dice víctima, en el que previo su estudio y análisis, este Juzgado federal podrá advertir la veracidad de la ineficiencia, deficiencia e imperfección de dicho dictamen como dato de prueba en contra del compareciente, y que en dicha investigación , aparte de este dato y los dichos de la menor y su padre, no existe otro dato o indicio de prueba encaminado a acreditar mi probable participación y responsabilidad en dicho ilícito, obrando además en dicha carpeta de investigación, el CONTRA INFORME PSICOLOGICO emitido por la Perito en Psicología Lic. DIANA ALVARADO RODRÍGUEZ y al que ya he hecho mención." (sic) No es el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, dado que, mediante proveído de veinticinco de septiembre del año en curso, se acordó lo conducente. Comuníquese esta determinación por medio de lista a las partes, y por oficio a las autoridades; ello, tomando en consideración que corresponde a las partes estar al pendiente de los autos que se dicten en la secuela del procedimiento y que se les hacen del conocimiento por medio de lista; aunado a que no existe disposición alguna en la ley de la materia que imponga tal obligación. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado en la tesis aislada XX. 304 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época XV, Enero de 1995, página 191, de rubro: "AUDIENCA CONSTITUCIONAL. ES INEXACTO QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ OBLIGADO A ORDENAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL DIFERIMIENTO DE LA."
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos, el ocurso signado por Rafael Gamez Moreno, a través del cual, desahoga la vista otorgada mediante proveído de diecinueve del mes y año en curso, en relación a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; consecuentemente, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, ello, acorde al artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Tocante a la documental remitida, será proveída al momento de celebrarse la audiencia constitucional; ello, según lo establecido en los arábigos 119, 123 y 124 de la legislación de la materia. Por otra parte, tomando en consideración lo manifestado por el quejoso en el ocurso de cuenta, en el sentido de que la responsable Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, fue omisa en remitir la totalidad de las audiencias desahogadas dentro de la carpeta judicial de la que deriva el acto reclamado; al efecto, del análisis del disco versátil digital acompañado como soporte a su informe justificado, se aprecia que, únicamente contiene la videograbación de la diligencia de veintidós de agosto del año en cuso. En ese sentido, se solicita atentamente a la autoridad judicial de trato para que dentro del improrrogable término de cinco días, contado a partir de que se encuentre legalmente notificado de este proveído, remita la totalidad de las audiencias celebradas en el expediente de origen; apercibido que de omitir atender tal exigencia dentro del término fijado o bien, no manifestar el impedimento legal tuviere para hacerlo, se hará acreedor a una medida de apremio, consistente en multa de cien a mil unidades de medida y actualización, acorde lo establecido en el arábigo 260, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los arábigos 103 y 107 Constitucionales. En ese sentido, una vez recibidas las constancias de referencia, quedarán a disposición de los interesados para imponerse de su contenido, y en caso pretendan verificar los datos en el almacenado podrán hacerlo en alguno de los equipos computacionales en el local de este Juzgado. Por otro lado, se tiene al compareciente manifestando que los terceros interesados Luis Manuel Rodríguez Cervantes y la menor de edad de iniciales "R.E.R.C.", pueden ser localizados en el domicilio ubicado en calle Leñadores, número 108 B, de la colonia El Jaral, en el municipio de El Carmen, Nuevo León; al efecto, Juzgado de Distrito se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto se tenga noticia del resultado de la diligencia ordenada en proveído de diecinueve del actual. Finalmente, en relación al medio probatorio propuesto por el quejoso, consiste en: "DOCUMENTAL: Solicito a este Juzgado tenga a bien remitir atento oficio a la Lic. Sara Judith Pacheco Espinosa Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Determinación de Causas Regional Centro Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales de Monterrey, N.L., a fin que remita copias certificadas de la Carpeta de Investigación que ante ella se integra con el No. 0443/2020-UIMTY-VFS02 y No de NUC: FGJNL114431/2020, misma documental que relaciono con los antecedentes del acto reclamado así como con los conceptos de violación que hago valer y con lo que se acreditara que inclusive, que en dicha carpeta de investigación se carecen de datos de prueba suficientes para suponer que el suscrito cometí el delito que se me imputa, y que no había motivo para que la juez responsable magnificara el hecho de delito que se me imputa como motivo suficiente para decretar mi encarcelamiento como si tal delito, que no he cometido, fuera grave como los que establece el código penal en vigor en su artículo 16, considerando que con esta prueba acreditare mis afirmaciones porque será documental publica con valor jurídico pleno." Al efecto, deviene improcedente tal pretensión, por no cubrir los requisitos del precepto 121 de la Ley de Amparo, cierto, el aludido artículo prevé la obligación de los servidores públicos de expedir oportunamente las copias o documentos solicitados por las partes y, si no lo hacen, le otorga al interesado la posibilidad de instar al órgano jurisdiccional de amparo para que conmine al ente de impero remita las documentales correspondientes; lo cual será procedente si se acredita la solicitud fue realizada cinco días hábiles antes de la fecha programada para la audiencia, excluyendo el de la promoción y el fijado para la práctica de la indicada actuación judicial. Ello colige, existen dos aspectos primordiales deben cumplirse por el interesado cuando pretenda que un órgano jurisdiccional de amparo requiera a determinada autoridad la expedición de constancias obren en su poder: a) el interesado demuestre haber efectuado las gestiones ante la potestad para la obtención de las constancias respectivas; y b) enderece su solicitud al tribunal constitucional al menos cinco días hábiles antes de la celebración de la audiencia constitucional, excluyendo el fijado para la misma y el del ofrecimiento del medio de convicción. En el caso, el oferente no exhibió la copia del escrito a través del cual haya formulado ante el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Determinación de Causas Regional Centro Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales de Monterrey, Nuevo León, la solicitud de referencia, que ostente sello de recepción; tampoco presenta constancia fehaciente en la que dicho ente ministerial se haya negado a recibir tal petición, por la cual, como se dijo, al incumplirse los lineamientos legales necesarios, deviene improcedente acordar favorablemente la pretensión de Rafael Gamez Moreno. Es ilustrativa la tesis XXVIII.2 K (10a.), consultable en la página 2042, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Décima Época, que dice: "DOCUMENTOS O COPIAS OFRECIDAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA PORCIÓN NORMATIVA DEL ARTÍCULO 121, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE ESTABLECE "LA SOLICITUD SE HUBIERE HECHO CINCO DÍAS HÁBILES ANTES DEL SEÑALADO PARA SU CELEBRACIÓN, SIN CONTAR EL DE LA SOLICITUD NI EL SEÑALADO PARA LA PROPIA AUDIENCIA", SE REFIERE A LA PETICIÓN QUE SE REALIZA AL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE REQUIERA AQUÉLLOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LA SOLICITUD QUE HACE EL QUEJOSO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, FUNCIONARIOS O AUTORIDADES. El artículo 121 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo dispone: "A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquéllos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días.". De su interpretación gramatical se advierte que éste consta de tres unidades sintácticas (oraciones o enunciados), separadas entre sí por un signo de puntuación (punto y seguido), y que son las siguientes: 1) A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquéllos les hubieren solicitado; 2) Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia; y, 3) El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días. En este sentido, las expresiones "solicitud" y "cinco días hábiles" contenidas en el numeral señalado, están integradas a la segunda unidad sintáctica y no a la primera; de ahí que si el legislador no las integró en la primera oración, no pueden relacionarse con ésta y, por tanto, la porción normativa que establece: "la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia", se refiere a la petición realizada al Juez de Distrito para que requiera a la autoridad responsable las copias o documentos respectivos, y no a la solicitud que hace el quejoso a los servidores públicos, funcionarios o autoridades." Máxime, que Rafael Gamez Moreno tiene la calidad de investigado en la carpeta de investigación 443/2020-UIMTY-VFS02, índice del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Determinación de Causas Regional Centro Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales de Monterrey, Nuevo León, es decir, es parte en dicho procedimiento, por lo que tiene a su alcance realizar las solicitudes pertinentes ante dicha potestad investigadora. Además, de los actos reclamados por el quejoso no se advierte que haya señalado alguno relacionado propiamente a la indagatoria que pretende se requiera a la autoridad antes indicada; por ende, se reitera la negativa a acordar favorablemente dicha petición.
- Principal
Visto lo de cuenta, a fin de surtir los efectos legales correspondientes, se impongan de su contenido y hagan valer las manifestaciones convenientes a sus intereses, agréguense con vista a las partes por el plazo de ocho días, los informes justificados rendidos por las responsables 1. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Aprehensiones; 2. Coordinador de Requerimientos Penales como Suplente de las funciones del Director Jurídico de la Agencia Estatal de Investigaciones, ambos de la Fiscalía General de Justicia del Estado; y, 3. Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado; ello, acorde al artículo 117, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo Bajo tal contexto, es claro que a Luis Manuel Rodríguez Cervantes y la menor de edad de iniciales "R.E.R.C.", así como los licenciados Jeanette Manzur Marcos, Christian Izael Villanueva López y Ma. Angélica Arenas Ruiz, les reviste el carácter de terceros interesados en este juicio, acorde al inciso c), de la porción normativa invocada. En esas condiciones, se comisiona al Actuario adscrito, para que emplace a juicio al ofendido Luis Manuel Rodríguez Cervantes, por sí y en representación de la menor de edad de iniciales "R.E.R.C.", en la casa ubicada en calle Privada Abasolo, número 7029, entre las calles Benito y Garza Ayala, colonia Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León; y, a licenciados Jeanette Manzur Marcos, Christian Izael Villanueva López y Ma. Angélica arenas Ruiz, adscritos a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en el domicilio localizado en calle Ejército del Noreste s/n entre Batalla de Orendaín y Ciudad Obregón, en la colonia Álvaro Obregón, en Monterrey, Nuevo León, corriéndoles traslado con copia del escrito de demanda y ampliación de la misma, auto admisorio, determinación de ocho del actual y el presente proveído; igualmente, los requiera para que en el término de tres días, siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, señalen domicilio para recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana de esta ciudad, apercibiéndolos que de no hacerlo así, las subsecuentes comunicaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán sin ulterior acuerdo, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Tribunal, según lo dispuesto por el arábigo 26, fracción III, del ordenamiento rector de la materia
- Principal
Se notifica a los Terceros Interesados... Visto lo de cuenta, a fin de surtir los efectos legales correspondientes, se impongan de su contenido y hagan valer las manifestaciones convenientes a sus intereses, agréguense con vista a las partes por el plazo de ocho días, los informes justificados rendidos por las responsables 1. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Aprehensiones; 2. Coordinador de Requerimientos Penales como Suplente de las funciones del Director Jurídico de la Agencia Estatal de Investigaciones, ambos de la Fiscalía General de Justicia del Estado; y, 3. Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado; ello, acorde al artículo 117, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo Bajo tal contexto, es claro que a Luis Manuel Rodríguez Cervantes y la menor de edad de iniciales "R.E.R.C.", así como los licenciados Jeanette Manzur Marcos, Christian Izael Villanueva López y Ma. Angélica Arenas Ruiz, les reviste el carácter de terceros interesados en este juicio, acorde al inciso c), de la porción normativa invocada. En esas condiciones, se comisiona al Actuario adscrito, para que emplace a juicio al ofendido Luis Manuel Rodríguez Cervantes, por sí y en representación de la menor de edad de iniciales "R.E.R.C.", en la casa ubicada en calle Privada Abasolo, número 7029, entre las calles Benito y Garza Ayala, colonia Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León; y, a licenciados Jeanette Manzur Marcos, Christian Izael Villanueva López y Ma. Angélica arenas Ruiz, adscritos a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en el domicilio localizado en calle Ejército del Noreste s/n entre Batalla de Orendaín y Ciudad Obregón, en la colonia Álvaro Obregón, en Monterrey, Nuevo León, corriéndoles traslado con copia del escrito de demanda y ampliación de la misma, auto admisorio, determinación de ocho del actual y el presente proveído; igualmente, los requiera para que en el término de tres días, siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, señalen domicilio para recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana de esta ciudad, apercibiéndolos que de no hacerlo así, las subsecuentes comunicaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán sin ulterior acuerdo, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Tribunal, según lo dispuesto por el arábigo 26, fracción III, del ordenamiento rector de la materia
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