Rafael Gallardo Alfaro

Expediente 1056/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1056/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
04/12/2019

Partes del expediente

  • Rafael Gallardo Alfaro

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********** ; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, se dejan a disposición de la parte quejosa las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda, a efectos de su devolución.

  2. Principal

    Recepción del escrito aclaratorio. A sus autos el escrito signado por el quejoso ************* , mediante el cual atiende la prevención formulada el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, para lo cual manifiesta en lo que interesa que: ? El juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución. ? El acto que reclama es el auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. ? Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no interpuso recurso alguno en contra de dicho proveído. Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. La parte quejosa reclama el acuerdo dictado por el juez Segundo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, dentro del juicio mercantil *** que se instruye en contra del quejoso como demandado. En dicho acuerdo, en ejecución de sentencia, el juez responsable ordenó a la institución *************** , sucursal ***, ubicada en la calle ***********, bloquear la cuenta bancaria *** , correspondiente al quejoso, para lo cual libró el oficio *** . El promovente aduce, que tal acto violenta sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, al no habérsele notificado tal embargo. Precisado el acto reclamado se estima importante puntualizar que el propio quejoso manifiesta que el nueve de octubre de dos mil quince, fue emplazado al juicio de origen, cuestión que se corrobora de las propias constancias anexas a su demanda. De lo anterior se obtiene que: 1. La parte quejosa es parte demandada y emplazada dentro del procedimiento, por lo tanto, no es tercera extraña. 2. El acto que reclama fue dictado dentro del juicio mercantil de origen en etapa de ejecución. 3. No se interpuso recurso alguno en su contra. En ese tenor, al ser parte, se estima que el peticionario debe acudir al juicio y agotar los medios legales que estime convenientes, conforme al Código de Comercio, que establece la posibilidad de impugnación de la providencia tildada de inconstitucional a través de los recursos que ahí se prevén, en específico el recurso de revocación, de acuerdo a los numerales 1333 y 1334, de dicho código, el cual debe interponerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. Dichos preceptos señalan lo siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes." De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso Dichos numerales otorgan al gobernado un medio de defensa ordinario, para que el Juez responsable revoque el acto reclamado y sus consecuencias. En tales condiciones, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, artículo 61 de la Ley de Amparo . El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional. Luego, si en el caso concreto el acto destacado como reclamado proviene de un tribunal judicial, la quejosa es parte demandada en la presente controversia y el Código de Comercio establece la posibilidad de impugnación de la providencia tildada de inconstitucional a través de los recursos que ahí se prevén, el cual debe interponerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, medio de defensa virtud al cual, la resolución judicial puede ser revocada sin que se actualice ninguna de las excepciones al principio de definitividad. En conclusión, al no haberse interpuesto el medio ordinario de defensa, se actualiza la causal de improcedencia de que se trata en términos de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo. No es inadvertido que, acorde con la cuantía reclamada en el juicio de origen, según se advierte de las constancias que anexó el quejoso, la controversia original corresponda una de las catalogadas como de cuantía menor; empero, tal circunstancia no exime al promovente de su obligación de impugnar la determinación que le causa agravio a través del recurso ordinario, tal y como lo sostuvo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia, décima época, registro 2005047, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de 2013, tomo I, página: 401 del contenido literal siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia contempladas en las fracción XVIII, del artículo 61, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo formulada por *********** , en contra de actos del juez Segundo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del estado de Nuevo León, con sede en Monterrey; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número *** Prevención de demanda. Ahora, para estar en aptitud de acordar sobre la admisión de la demanda, en su caso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, fracciones I, II, III y V, así como 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, exprese bajo protesta de decir verdad, los antecedentes que dieron origen al acto que se reclama, de conformidad con lo requerido por el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, en el entendido de que deberá, precisar: El estado procesal del juicio de origen. La fecha, naturaleza, y etapa procesal en que se dictó el auto que reclama. Si en contra del acto en el que se ordenó la inmovilización de sus cuentas interpuso algún recurso y, en su caso, la resolución que recayó a éste. Cuestiones las requeridas que resultan indispensables para estar en aptitud de determinar la procedencia de la demanda de amparo y fijar adecuadamente la litis constitucional. En el entendido de que el promovente, de conformidad con su propio dicho y de acuerdo a las constancias que anexa, es parte demandada y emplazada dentro del procedimiento de origen, por lo que tiene acceso al expediente, y puede brindar la información aquí requerida. La prevención deberá ser desahogada por el propio promovente, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos relacionados con el eventual primer acto de aplicación, forman parte de los antecedentes necesarios en una demanda de amparo y, su narración bajo protesta de decir verdad, dan lugar a responsabilidad de carácter penal, de conformidad con la jurisprudencia número *** , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el veintinueve de agosto de dos mil catorce, cuyo rubro dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Máxime que de tenerse conocimiento de actos realizados en la tramitación del presente juicio constitucional que puedan resultar constitutivos de alguno de los delitos previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, en términos de los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la invocada ley, se dará vista al agente del Ministerio Público Federal, a fin de que los investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia *** , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de dos mil diecisiete, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRÁMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGÚN DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA" Además, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, una para cada autoridad responsable, una para el agente del ministerio Público de la Federación adscrita y dos para los cuadernos incidentales. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia número *** , visible en la página 79, Novena Época abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. El promovente señala como medio para recibir notificaciones las listas que se fijen en los estrados de este juzgado, por lo que se le tiene ese lugar para tal efecto. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Domingo Torres Jilote, toda vez que tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral a *********** por no encontrarse en dicho supuesto y a *********** por así haberlo solicitado expresamente. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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