Rafael Fernando Felix González
Expediente 162/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 162/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Rafael Fernando Felix González
- Notificador de la Subdelegación Juárez 2 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social
Actuaciones
- Principal
Se declara que dicho auto por el cual se desechó la demanda de amparo, ha quedado FIRME para todos los efectos legales.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de garantías presentada por el quejoso Rafael Fernando Félix González, por su propio derecho, contra actos del Titular de la Subdelegación Juárez 2 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad; regístrese en el libro de juicios de amparo que se tramitan en este Juzgado Federal con el número consecutivo 162/2023-I y fórmese expediente. Como punto de partida, es pertinente acotar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del numeral transcrito en esencia, se aprecia que, es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Lo anterior, conforme a la tesis de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO ." Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: De la autoridad ordenadora: De la autoridad ejecutora: Asimismo, es el caso que la parte quejosa señaló bajo protesta de decir verdad en su capítulo de antecedentes en lo conducente lo siguiente: Conforme a lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. Dichos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinaria en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de legalidad." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo con el numeral 61, fracción XIV de la ley en consulta, el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, se logra apreciar que contempla tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J.115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cinco, Tomo XXXIII, correspondiente al mes de enero de dos mil once, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Asimismo, es el caso que del artículo 17 de la ley de la materia se deduce que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo es, por regla general, de quince días, salvo que se reclamen normas generales por su entrada en vigor, el procedimiento de extradición, sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal (en la que se imponga pena de prisión), actos que afecten derechos agrarios y cuando el acto implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, destierro, deportación o expulsión, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Ahora, de la parte inicial del único párrafo de antecedentes de la demanda de amparo, el propio quejoso bajo protesta de verdad, narró textualmente lo siguiente: ".en repetidas ocasiones fui notificado por varias resoluciones del seguro social, desde la fecha del 06 de octubre del 2022." Entonces, si en esta instancia constitucional, el quejoso reclama un procedimiento administrativo del cual, afirma bajo protesta de verdad que tuvo conocimiento desde el seis de octubre de dos mil veintidós, ordenada por alguna de las autoridades que señala como responsables. Por lo cual, para empezar a contar el término con el que cuenta la parte quejosa para la presentación de la demanda de amparo, debe tomarse en cuenta la segunda hipótesis prevista en el artículo 18 de la Ley de Amparo, consistente en que el plazo se computara a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. Del análisis de lo manifestado por la parte quejosa en el libelo de su demanda, se aprecia que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el seis de octubre de dos mil veintidós, en razón de que así lo manifiesta bajo protesta a decir verdad; por tanto, la misma se tomará en cuenta para el cómputo del plazo legal. Conforme lo anterior, es evidente que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados, desde el día seis de octubre de dos mil veintidós. Por lo cual, tomando en consideración lo anterior, el término de quince días que establece el trascrito artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda de amparo, transcurrió del siete al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, descontando de dicho cómputo los días ocho, nueve, quince, dieciséis,, veintidós y veintitrés, por ser inhábiles. Por tanto, si la parte quejosa presentó la presente demanda de amparo, hasta el nueve de febrero de dos mil veintitrés, según lo revela el sello de recepción estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en el escrito de demanda, es inconcuso que transcurrió el término señalado por el numeral 17 de la ley de la materia y, por ende, se estima que el puntualizado acto fue tácitamente consentido, actualizándose el supuesto de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria a los artículos 103 y 107 Constitucionales, en consecuencia, se procede a desechar de plano la demanda de amparo presentada por Rafael Fernando Félix González. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el ubicado en calle Libertad, número 1840, de la Colonia Chaveña, de esta ciudad; y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Eduardo Rivera Herrera, Eduardo Rivera Alvarado y Nayeli Carbajal Manríquez, así como autorizados para oír y recibir notificaciones a los Licenciados Omar Arturo Meza Salazar, Blanca Janeth Aguilar Lucio, Jorge David Paredes Salazar, Karina Cervantes Guadalajara y Teresa de la Rosa Guerrero, por así haberlos designado En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como por los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de aquélla, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se informa a las partes, que la sentencia, ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste, una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general, conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en el reglamento mencionado. Igualmente se les hace de su conocimiento el derecho que les asiste para manifestar su voluntad para que su nombre y datos personales se omitan en la publicación. En otro orden de ideas, en atención a la aplicación de la Ley de Amparo vigente en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en su numeral 3°, párrafo octavo, cuyo contenido literal expresa: " Artículo 3º.-. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica.-." Instrúyase al Oficial Judicial de la mesa encargada de este asunto, para que efectúe la digitalización de las actuaciones correspondientes a este expediente y, al Secretario de Acuerdos responsable de la tramitación, a fin de que de fe de la creación del expediente electrónico como del impreso, certificándose de que en ellos sean incorporadas las constancias a que alude el numeral invocado, para que coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento de las partes de este juicio, que el uso de la firma electrónica y el acceso al expediente electrónico, se encuentra regulado en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, y en vigor para este tipo de procedimientos a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis. Por consiguiente, notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Víctor Adrián Ávalos Aragón, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, Del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, según autorización expedida mediante oficio CCJ/ST/4655/2022, en cumplimiento a lo acordado en sesión celebrada el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, lo proveyó y firma, asistido de la Secretaria que autoriza y da fe de sus actos, licenciada María Teresa Arcovedo Cervera. Doy fe. *DZMM.
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