Rafael Fernández de Cevallos Y Castañeda
Expediente 32/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 32/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/02/2021
Partes del expediente
- Rafael Fernández de Cevallos Y Castañeda
- Juez Primero de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 32/2021-II; y, R E S U L T A N D O I. Presentación de demanda: catorce de enero de dos mil veintiuno Quejoso:****************************. Solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y por los actos que se describen en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran. II. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo se interpuso dentro del término de quince días que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se advierte de la siguiente tabla: Fecha de conocimiento del acto reclamado El plazo de quince días transcurrió Días inhábiles Fecha de presentación de la demanda 13 de enero de 2021. 14 de enero al 04 de febrero de 2021 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de enero, así como 1 de febrero de 2021 14 de enero de 2021. III. Admitida la demanda e integrado el asunto se decide: C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución General de la República; 1 fracción I, 35, 37 y 107 fracción I de la Ley reglamentaria invocada: 48, 51 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el último numeral en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 30/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una orden de aprehensión, tendente a ejecutarse en esta entidad federativa. SEGUNDO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, como se advierte de los informes justificados rendidos en que niegan ello, de la tabla siguiente, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal inexistencia. NO. DE ORDEN AUTORIDADES RESPONSABLES INFORME REGISTRADO BAJO EL FOLIO 1 JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE QUERÉTARO 635 3 TITULAR Y/O COORDINADOR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 532 6 TITULAR Y/O COORDINADOR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 530 7 FISCAL ESPECIALIZADO EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 579 8 FISCAL DE ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADO EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 581 Razón por la cual, procede en la especie decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 284, sustentada por la anterior integración del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en página 236, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, Jueces del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Unidad 2 de los Juzgados de Oralidad Penal del Distrito Judicial de Querétaro y Director de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, omitieron rendir su informe justificado con la debida antelación que marca la ley, por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto que se les reclama, con las consecuencias legales que dicha omisión implica. Cobra aplicación la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, marzo de 1991, octava época, visible en la página 165, con número de registro 223,406, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTA FACULTADO PARA OBLIGAR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES A QUE LO RINDAN. Si la autoridad responsable, no obstante encontrarse debidamente notificada de la solicitud de su correspondiente informe justificado, omite rendirlo, ello sólo da lugar a que se presuman ciertos los actos que se le atribuyen, y en su caso, a que se le imponga una sanción pecuniaria en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, mas no a obligar a la autoridad omisa a que lo rinda, porque el precepto legal invocado no lo autoriza ni su interpretación jurídica permite entenderlo así, pues carecería de toda lógica que si en el tercer párrafo del numeral citado se establecen sanciones para los responsables que no rinden sus correspondientes informes justificados, las que habrán de imponerse en la sentencia respectiva, deba paralelamente interpretarse que el juez de Distrito antes de resolver el juicio tenga que obligar a todas las autoridades a que rindan sus informes, pues entonces nunca se actualizaría la hipótesis indicada, de imponer multa a las autoridades cuando omitan rendir su informe justificado". Asimismo, la tesis número II.1o.P.35 K emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV de Marzo de 2002, Materia Común, visible en la página 1363, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal." En ese orden, es cierto el acto que se reclama a los Jueces del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Unidad 1 de los Juzgados de Oralidad Penal del Distrito Judicial De Querétaro, ya que al rendir su informe justificado señaló que el catorce de enero de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación *****************, dictó orden de aprehensión contra el aquí quejoso, por el delito de negociaciones ilícitas. Lo que también, se corrobora con un disco versátil digital que contiene el registro de audio y video de la audiencia de catorce de enero de dos mil veinte; y que tiene valor probatorio pleno al ser documento público, en términos de los artículos 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el cual se desahoga por su propia y especial naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 278, visible a fojas 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse este como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Estudio causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, deben analizarse las causas de improcedencia que hagan valer las partes o que se adviertan oficiosamente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, máxime que el artículo 63, fracción V, de la propia normatividad, dispone que procede el sobreseimiento, cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia. Ahora bien, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas que en el presente asunto trae la cumplimentación de la orden de aprehensión librada en contra del demandante de amparo, librada por los Jueces del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Unidad 1 de los Juzgados de Oralidad Penal del Distrito Judicial De Querétaro. Sobre el tema, la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" En efecto, la norma transcrita indica que la improcedencia de mérito cobra vigor cuando los actos reclamados emanen de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, al no poder decidirse ya en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Como se observa, dicha normativa contempla la hipótesis de procedencia del juicio biistancial contra actos derivados de un procedimiento judicial o administrativo en forma de juicio cuando se presente un cambio de situación jurídica que consume irreparablemente las violaciones reclamadas en el asunto respectivo. Para que se actualice la hipótesis de improcedencia indicada se requieren los supuestos siguientes: 1) La existencia de un acto de autoridad dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo. 2) Que al promoverse la demanda de amparo el quejoso se encuentre colocado en un estado jurídico determinado, a virtud, de aquel acto procedimental. 3) Después de admitida la demanda acaezca en el mismo procedimiento un diverso acto, dictado por la misma o diversa autoridad ante la que se instruya el procedimiento. 4) Que el nuevo acto sea independiente de forma tal, que no exista una relación de causalidad de la que se pueda derivar que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo. 5) Que con la emisión del nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente a la parte quejosa una nueva situación jurídica que no derive de éste último. Los anteriores aspectos se desprenden de la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, foja 199, del tomo VIII, Septiembre de 1991, Octava Época, número de registro 222034, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACION DE LA FRACCION X, DEL ARTICULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último." Igualmente, es pertinente precisar, que la circunstancia de que la ley prevea diversas hipótesis motivo de la improcedencia del juicio, no implica, per se, una violación del derecho humano al recurso efectivo; así como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos fijados en las leyes, es claro, en ellas también pueden tasarse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre lo debatido. De ahí, las causales de improcedencia comprendidas en la legislación, tienen una existencia justificada, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios reguladores, surge la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, no lesionando el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo; sobre este punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades a observarse para avalar el acceso a las mismas. Se ha sostenido, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben sentar supuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole. También ha expuesto, si bien esos medios de impugnación deben estar disponibles para el interesado, resolver en forma efectiva y fundada el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar siempre, en cualquier caso, los tribunales están constreñidos a pronunciarse sobre el fondo, sin importar la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular medio de defensa intentado; a la luz de estas premisas, válidamente se puede afirmar que las causales de improcedencia constituyen por regla general parámetros objetivos que cumplen a cabalidad con el estándar internacional y, por ende, no configuran una denegación de justicia. Robustece lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, página 530, número de registro 2002359, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." Así como la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, foja 2066, registro 2002537, de epígrafe: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." En el caso que nos ocupa; la hipótesis anterior se actualiza plenamente, en razón de que el quejoso, reclamó la orden de aprehensión o captura, así como su cumplimiento; sin embargo, de la copia certificada de audio y video, que remite el juez responsable, consistente en la videograbación de diversas audiencias, contenidas en un disco versátil digital -DVD-, se advierte que: a) El dieciséis de enero de dos mil veinte, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra del inculpado -aquí quejoso-. b) Se acogió a la duplicidad del término constitucional, para resolver su situación jurídica; señalándose el veinte de enero de dos mil veintiuno, para la continuación de la audiencia inicial a fin de resolver sobre la vinculación a proceso. c) El veinte de enero de dos mil veintiuno, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso; como probable responsable en la comisión del delito de negociaciones ilícitas; dentro de la causa penal número *************** del índice de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado. d) Se impuso al quejoso la medida cautelar consistente en libertad, debiendo presentarse periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares. Ahora, el disco versátil digital -DVD- certificado, que contiene un registro de audio y video de la audiencia privada de orden de aprehensión de catorce de enero de dos mil veinte; la cumplimentación de esa propia fecha, de dicho mandamiento de captura y el auto de vinculación a proceso de veinte de enero de la anualidad en comento, actuaciones relacionadas dentro de la causa penal número RIV/CV/CP- *********; es una documental, que por ser pública en términos de lo establecido por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por el numeral 2° de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, merece eficacia demostrativa plena según lo dispuesto por los numerales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. Sirve de apoyo, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 857, del Tomo XXII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese arácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen pruebas plena Así las cosas; se deduce que en el presente caso, se satisfacen los requisitos con los que se actualiza la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica prevista en el artículo 61, primer párrafo de la fracción XVII de la Ley de Amparo, y por ende, procede SOBRESEER el juicio, respecto a los actos que reclama de los, Jueces del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Unidad 2 de los Juzgados de Oralidad Penal del Distrito Judicial de Querétaro, toda vez que el demandante de amparo promovió el presente juicio de amparo indirecto en contra de un acto dictado dentro de procedimiento judicial, consistente en la orden de aprehensión dictada en la causa penal ******************, instruida en su contra, por la probable responsabilidad de la comisión del hecho que la ley señala como constitutivo de delito de negociaciones ilícitas. Situación jurídica concreta que concluyó con la audiencia de vinculación a proceso de veinte de enero de dos mil veintiuno, derivada de la citada causa penal, con lo cual inició una fase totalmente nueva e independiente. En ese orden de ideas, es evidente que la orden de aprehensión así como su cumplimiento, combatida en la demanda de amparo, en razón del dictado del auto de vinculación a proceso, ha quedado sin efectos, pues se reitera, acorde a la naturaleza que ésta tenía, que era asegurar al promovente para que rindiera su declaración ante la autoridad judicial que lo requería y se resolviera su situación jurídica dentro del término constitucional, ya no se rige por la citada orden sino por el auto de vinculación a proceso, toda vez que atienden a fines distintos, pues impera una nueva situación jurídica que se sustenta en elementos distintos a los considerados al librar la orden de aprehensión y que puede verse afectada si se analizara la misma. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 219, del tomo IV, Diciembre de 1996, correspondiente a la Novena Época, número de registro 199808 cuyo rubro y texto son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Asimismo, resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, registro 2017544, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, De las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). Se adecua al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, página 1702, Libro 37, diciembre de 2016, Tomo II, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2013315, que es del tenor literal siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos delVamparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes." Se procede al examen de la constitucionalidad de los actos reclamados, al tenor de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias. QUINTO. Estudio de fondo. Al no existir causa de improcedencia alguna, alegada por las partes o advertida de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto. En primer lugar, es pertinente destacar que el acto reclamado se hace consistir en orden de aprehensión que se girara en contra de la parte quejosa. En efecto, en el caso de que se trata, según se indicó en el considerando segundo, el acto atribuido a las autoridades responsables descritas en la tabla que antecede (Juez Primero de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, Jueces del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Unidad 2 de los Juzgados de Oralidad Penal del Distrito Judicial de Querétaro y Director de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro) se presumió cierto en virtud de haber no haber rendido con la respectiva antelación de ocho días que marca la Ley de Amparo, su respectivo informe justificado, empero, es necesario señalar que el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo dispone en lo que interesa que: "Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley." De lo anterior, es necesario señalar que el citado artículo 117, prevé dos aspectos distintos a saber: 1. La falta de informe justificado produce la presunción de certeza del acto reclamado, salvo prueba en contrario. 2. Cuando se da la presunción de certeza por falta de informe, corresponde al quejoso demostrar la inconstitucionalidad del acto cuando éste no sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo. A fin de estar en aptitud de conocer el contenido exacto de los citados puntos, se procede a precisar los siguientes aspectos. La presunción de certeza recae sólo sobre el acto reclamado, mas no respecto de las circunstancias que lo rodean, pues el dispositivo en análisis es claro en establecer que ante la falta de informe con justificación "se presumirá cierto el acto reclamado" excluyendo, implícitamente, otro tipo de cuestiones, como son las relativas a la constitucionalidad de los actos, así como las concernientes al interés jurídico y demás presupuestos necesarios para la procedencia del amparo. Por tanto, al producirse la presunción prevista en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, lo único que el juzgador debe tener por cierto es el acto reclamado, más tal presunción no comprende los demás aspectos que lo rodean, puesto que no hay precepto que así lo establezca. Sentado lo anterior, se procede al examen de la segunda parte del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Tal dispositivo legal establece, como regla general, que corresponde al quejoso demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado; asimismo prevé el caso de excepción consistente en que éste queda relevado de la carga probatoria cuando el acto sea violatorio de derechos en sí mismo. De manera que, lo que determina si la carga probatoria recae en la quejosa es la circunstancia de que el acto sea o no inconstitucional en sí mismo; de ahí que sea indispensable precisar este concepto. Un acto es en sí mismo violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto en dicha constitución. En cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría conforme a la Ley Fundamental, entonces no es en sí mismo violatorio. Por ende, la inconstitucionalidad de un acto que en sí mismo es violatorio de los derechos fundamentales no está sujeta a prueba, ya que la contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos surge por la mera existencia del acto, de su naturaleza intrínseca, con independencia de otros elementos; como ejemplos de esto se pueden citar, el acto de molestia que no consta en mandamiento escrito, la orden de aprehensión que no proviene de autoridad judicial, el arresto por más de 36 horas, etcétera. Sería ilógico que ante un acto inconstitucional en sí mismo se recaben pruebas, pues, con independencia de ellas, de cualquier manera procederá conceder el amparo, por lo que el ofrecimiento y admisión de pruebas, en este caso, resultaría ocioso. De ahí, que el artículo 117 establezca que corresponde a la quejosa probar la inconstitucionalidad de los actos que en sí mismos no son violatorios de sus derechos fundamentales; en cambio, no hace referencia expresa al caso contrario, pues, cuando los actos son violatorios en sí mismos, no se requiere más prueba que la relativa a su existencia. Aplicando las ideas anteriores al punto jurídico concreto, se tiene que el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión girada en contra de la parte quejosa atribuida a las autoridades responsables que se señalaron en la tabla que antecede, que presume cierto por no rendir su informe justificado con la debida antelación que marca la ley,. Previo a ello resulta menester precisar que nuestro máximo tribunal ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales, el hecho de que no se debe de sobreseer en los juicios de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, sin examinar la constitucionalidad del acto que apareció probado, bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma o denominación expuesta por el quejoso, lo anterior debido a que por técnica de éste, puede enunciar como acto restrictivo de libertad una orden de aprehensión, reaprehensión, comparecencia o detención entre otros, sin embargo, se refiere en todo caso a actos que restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado y sería excesivo considerar que por error o ignorancia en el nombre del acto reclamado, se deba sobreseer, ya que ello no puede servir de base para determinar la inexistencia de dicho acto. Sirve de apoyo a lo anterior a manera de ilustración, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 34/2001, Materia Penal, de la Novena Época, emanada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 287, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, del rubro y texto siguientes: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado de manera incorrecta, de acuerdo a la técnica jurídica, como acto reclamado una orden de aprehensión y de los informes justificados se desprenda la existencia de una orden de reaprehensión, no es suficiente para considerar que el acto reclamado no existe y que, por tanto, deba sobreseerse en atención a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, sin examinar la constitucionalidad del acto que apareció probado, bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso. Ello es así, pues aun cuando la orden de aprehensión y la de reaprehensión, como se dijo, técnicamente son diferentes, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado y sería excesivo considerar que por error o ignorancia en el nombre del acto reclamado, se deba sobreseer, ya que ello no puede servir de base para determinar la inexistencia de dicho acto, por lo que el juzgador, inspirado en los principios de justicia exacta y expedita, no sólo debe analizar la demanda en su integridad, sino también los informes de las autoridades responsables y en sí todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para obtener una interpretación completa de la voluntad del quejoso y advertir el error o la omisión en que haya incurrido por desconocimiento de la denominación del acto reclamado y examinar la constitucionalidad del que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior no significa, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías." En efecto, para estimar si dicho acto es en sí mismo violatorio de derechos fundamentales debe determinarse si de su propia naturaleza intrínseca deriva la contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, para estimar si dicho acto es en sí mismo violatorio de derechos fundamentales debe determinarse si de su propia naturaleza intrínseca deriva la contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales, regula la facultad que tiene el Juez para decretar la detención de una persona, bajo lo establecido por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 141, 142, 143, 146 a 152 y 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia." "Artículo 132. Obligaciones del Policía El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: [.] X. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación;.". "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I.- Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II.- Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna; y, III.- Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario". "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control". Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público". Artículo 146. Supuestos de flagrancia Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: I.- La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o II.- Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: a).- Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o b).- Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización". "Artículo 147. Detención en caso de flagrancia Cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma prontitud al Ministerio Público. Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención. La inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto en el presente Código. En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el registro de la hora a la cual lo están poniendo a disposición". "Artículo 148. Detención en flagrancia por delitos que requieran querella Cuando se detenga a una persona por un hecho que pudiera constituir un delito que requiera querella de la parte ofendida, será informado inmediatamente quien pueda presentarla. Se le concederá para tal efecto un plazo razonable, de acuerdo con las circunstancias del caso, que en ningún supuesto podrá ser mayor de doce horas, contadas a partir de que la víctima u ofendido fue notificado o de veinticuatro horas a partir de su detención en caso de que no fuera posible su localización. Si transcurridos estos plazos no se presenta la querella, el detenido será puesto en libertad de inmediato. En caso de que la víctima u ofendido tenga imposibilidad física de presentar su querella, se agotará el plazo legal de detención del imputado. En este caso serán los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad en primer grado, quienes podrán legitimar la querella, con independencia de que la víctima u ofendido la ratifique o no con posterioridad". Artículo 149. Verificación de flagrancia del Ministerio Público En los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición. Si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este Código, dispondrá la libertad inmediata de la persona y, en su caso, velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que correspondan. Así también, durante el plazo de retención el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida y realizará los actos de investigación que considere necesarios para, en su caso, ejercer la acción penal". Artículo 150. Supuesto de caso urgente Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos: I.- Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Se califican como graves, para los efectos de la detención por caso urgente, los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa en este Código o en la legislación aplicable así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión; II.- Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, y III.- Por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el imputado pueda evadirse. Los delitos previstos en la fracción I de este artículo, se considerarán graves, aún tratándose de tentativa punible. Los oficiales de la Policía que ejecuten una orden de detención por caso urgente, deberán hacer el registro de la detención y presentar inmediatamente al imputado ante el Ministerio Público que haya emitido dicha orden, quien procurará que el imputado sea presentado sin demora ante el Juez de control. El Juez de control determinará la legalidad del mandato del Ministerio Público y su cumplimiento al realizar el control de la detención. La violación de esta disposición será sancionada conforme a las disposiciones aplicables y la persona detenida será puesta en inmediata libertad. Para los efectos de este artículo, el término medio aritmético es el cociente que se obtiene de sumar la pena de prisión mínima y la máxima del delito consumado que se trate y dividirlo entre dos. "Artículo 151. Asistencia consular En el caso de que el detenido sea extranjero, el Ministerio Público le hará saber sin demora y le garantizará su derecho a recibir asistencia consular, por lo que se le permitirá comunicarse a las Embajadas o Consulados del país respecto de los que sea nacional; y deberá notificar a las propias Embajadas o Consulados la detención de dicha persona, registrando constancia de ello, salvo que el imputado acompañado de su Defensor expresamente solicite que no se realice esta notificación. El Ministerio Público y la Policía deberán informar a quien lo solicite, previa identificación, si un extranjero está detenido y, en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre y el motivo". "Artículo 152. Derechos que asisten al detenido Las autoridades que ejecuten una detención por flagrancia o caso urgente deberán asegurarse de que la persona tenga pleno y claro conocimiento del ejercicio de los derechos citados a continuación, en cualquier etapa del período de custodia: I.- El derecho a informar a alguien de su detención; II.- El derecho a consultar en privado con su Defensor; III.- El derecho a recibir una notificación escrita que establezca los derechos establecidos en las fracciones anteriores y las medidas que debe tomar para la obtención de asesoría legal; IV.- El derecho a ser colocado en una celda en condiciones dignas y con acceso a aseo personal; V.- El derecho a no estar detenido desnudo o en prendas íntimas; VI.- Cuando, para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le proveerán prendas de vestir, y VII.- El derecho a recibir atención clínica si padece una enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo de un trastorno mental. "Artículo 174. Incumplimiento del imputado de las medidas cautelares Cuando el supervisor de la medida cautelar detecte un incumplimiento de una medida cautelar distinta a la garantía económica o de prisión preventiva, deberá informar a las partes de forma inmediata a efecto de que en su caso puedan solicitar la revisión de la medida cautelar. El Ministerio Público que reciba el reporte de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, deberá solicitar audiencia para revisión de la medida cautelar impuesta en el plazo más breve posible y en su caso, solicite la comparecencia del imputado o una orden de aprehensión. En caso que el imputado notificado por cualquier medio no comparezca injustificadamente a la audiencia a la que fue citado, el Ministerio Público deberá solicitar la orden de aprehensión o comparecencia. La justificación de la inasistencia por parte del imputado deberá presentarse a más tardar al momento de la audiencia. En el caso de que al imputado se le haya impuesto como medida cautelar una garantía económica y, exhibida ésta sea citado para comparecer ante el juez e incumpla la cita, se requerirá al garante para que presente al imputado en un plazo no mayor a ocho días, advertidos, el garante y el imputado, de que si no lo hicieren o no justificaren la incomparecencia, se hará efectiva la garantía a favor del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral o sus equivalentes en las entidades federativas, previstos en la Ley General de Víctimas. Si el imputado es sorprendido infringiendo una medida cautelar de las establecidas en las fracciones V, VII, VIII, IX, XII y XIII del artículo 155 de este Código, el supervisor de la medida cautelar deberá dar aviso inmediatamente y por cualquier medio, al Juez de control quien con la misma inmediatez ordenará su arresto con fundamento en el inciso d), fracción II del artículo 104 de este Código, para que dentro de la duración de este sea llevado ante él en audiencia con las partes, con el fin de que se revise la medida cautelar; siempre y cuando se le haya apercibido que de incumplir con la medida cautelar se le impondría dicha medida de apremio." De la interpretación de los artículos en cita se desprende que los Jueces cuentan con la facultad de librar citación para la audiencia inicial, orden de comparecencia, o en su caso orden de aprehensión cuando el ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela, o bien, cuando el imputado encontrándose notificado por cualquier medio no comparezca injustificadamente a la audiencia a la que fue citado, es entonces cuando el Ministerio Público deberá solicitar la orden de aprehensión o su comparecencia; de igual forma se establecen os requisitos, formalidades y garantías constitucionales que se deben observar cuando se proceda a la detención por cualquiera de los supuestos delimitados por la legislación; asimismo, los elementos de la Policía pueden entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación; en consecuencia, los referidos actos reclamados no pueden estimarse violatorios de derechos fundamentales en sí mismos, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas que tiene la responsable para actuar de ese modo, pues en su caso el análisis de su constitucionalidad versaría respecto de si es legal o no la orden de aprehensión o detención, en cuanto que cumple o no con los requisitos previstos en la ley; para lo cual desde luego, es necesaria la aportación de pruebas; de ahí que dichos actos no son inconstitucionales en sí mismos, pues a simple vista no se puede determinar que son violatorios de derechos fundamentales. En esas consideraciones, como los actos reclamados no son inconstitucionales en sí mismos, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso. Así pues, si los actos reclamados, no pueden ser considerados inconstitucionales en sí mismos; ya que el peticionario de amparo no demostró los hechos afirmados en la demanda de amparo, como lo es la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión o detención, de la que se duele; de ahí que es evidente que no se acredita su inconstitucionalidad. En tales circunstancias, como quedó establecido, el acto reclamado se presumió cierto; sin embargo, el quejoso no allegó elementos de convicción tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de sus afirmaciones en la demanda de amparo; por tanto, procede NEGAR el amparo y protección de la Justicia de la Unión, pues no existen datos que lleven a considerar que el acto reclamado, es violatorio de derechos fundamentales; máxime que al quejoso le correspondía demostrar ese hecho conforme lo que señala el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, sin que así lo hubiese hecho. Dicha negativa se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, dado que no se impugnan por vicios propios. Es aplicable la jurisprudencia II.1o. J/12, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 82, Octubre de 1994, visible a página 41, que dispone. "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, por las razones expuestas en los considerandos segundo y cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *************************, por las razones precisadas en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE.
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Querétaro, Querétaro, a diez de febrero de dos mil veintiuno. Prueba documental y disco compacto Visto el oficio y anexos de cuenta, se tiene a la autoridad signante dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos... NOTIFÍQUESE.
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