Rafael Ernesto Sanchez Rodriguez y Otros.

Expediente 245/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 40 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
245/2019
Año
2019
Actuaciones
40
Última actuación
29/10/2019

Partes del expediente

  • Rafael Ernesto Sanchez Rodriguez y Otros.
  • Rafael Ernesto Sanchez Rodriguez
  • Alina Olano Ajatova
  • Alina Olano Ajatova y Otros.
  • Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. Tuxtla Gutiérrez, Chapas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Incidental

    MESA 3-A Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 3. Destruir el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, de conformidad a la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo vigésimo primero, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 3-A Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la resolución en la cual se sobreseyó en este juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 3. Destruir el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, de conformidad a la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo vigésimo primero, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 3-A Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE EN ESTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO RAFAEL ERNESTO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y ALINA OLANO AJATOVA por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales E.E.S.O.; por las razones vertidas en el considerando tercero de este fallo constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de esta resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Con apoyo en lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, glósese a los autos el sobre del oficio 58983/2019, devuelto por el Servicio de Paquetería Estafeta, en esta ciudad, dirigido a la autoridad responsable que la parte quejosa denominó Policía Estatal de la Ciudad de México, con residencia en la Ciudad de México, por las razones que en él se exponen. En esas circunstancias, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, se tiene como autoridad inexistente a la responsable citada en el párrafo que antecede, y se suspende toda comunicación con ella. Sustenta lo anterior la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noveno época, tomo XXIII, enero de 2016, página 2329, cuyo texto es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados".

Quedan 36 actuaciones en este expediente

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