Rafael Eric Anguiano Huazano

Expediente 535/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
535/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
17/12/2018

Partes del expediente

  • Rafael Eric Anguiano Huazano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    I.-De la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja, en contra del proveído de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, en que se desechó la demanda de garantías, promovida por Rafael Eric Anguiano Huazano, en su carácter de parte civil y asesor jurídico de Pablo García Ochoa. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    I. Con fundamento en el artículo 27, inciso c), de la Ley de Amparo y en cumplimiento al apercibimiento decretado en el citatorio de doce de noviembre de dos mil dieciocho, notifico a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído de nueve del citado mes y año, que en lo conducente dice: URUAPAN, MICHOACÁN, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista el acta de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, se advierte que Rafael Eric Anguiano Huazano, en su carácter de parte civil y asesor jurídico de Pablo García Ochoa, en cumplimiento a la prevención que se le formuló en auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho; asimismo, ratifica y reconoce como suya la firma que calza el escrito mediante el cual desahoga la prevención de veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Por tanto, el peticionario de la tutela federal en su escrito aclaratorio cumple con la prevención formulada en autos y al efecto narra los antecedentes del acto reclamado. Ahora, de la lectura integral de la demanda y escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: El auto de dos de octubre en el que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Apatzingán, Michoacán, desechó el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de veintiséis de septiembre de la presente anualidad, en donde se acordó respecto la admisión del recurso de apelación planteada dentro del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto dentro de la causa penal 139/2015, en el que no suspendió el procedimiento. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, así como su escrito aclaratorio, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción V, estos últimos interpretados en sentido contrario y 172, fracciones V y XII, todos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 ... Así, debe precisarse que los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, han definido como actos procesales dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, a aquellos que, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sustancialmente, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen en forma fáctica con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello acontezca al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al efecto se invoca la tesis: ... Además, en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al efectuar nueva reflexión sobre el tema (ejecución irreparable), amplió los alcances de la interpretación que merece la porción normativa en comento, incluso mediante jurisprudencia firme, para sostener que aun cuando en términos generales la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquéllos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, y en el segundo deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; empero, no puede ser el único ni absoluto, pues de manera excepcional debe admitirse la procedencia de la vía indirecta, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales. Esto era así, cuando se afectaba a las partes en grado predominante o superior, esto es, ante la existencia de un perjuicio exorbitante, el cual debería determinarse de modo objetivo, valorando la institución procesal que estaba en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia otorgan un grado notable de afectación, que obligaba a considerar que deberían ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dictara la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En ese tenor, a fin de establecer la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos suscitados dentro de juicio, debían valorarse dos criterios: ... De no surtirse alguno de esos supuestos, resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto y el quejoso debería esperar hasta que se dicte sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Sin embargo, la nueva Ley de Amparo ya no permite el segundo supuesto, solo el primero relativo a los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata determinado derecho sustantivo, cuyo perjuicio es irreparable a través del dictado de la sentencia en el juicio correspondiente. Sobre el particular, cobran aplicación las tesis del rubro y texto siguiente: ... En el caso la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en auto de dos de octubre en el que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Apatzingán, Michoacán, desechó el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de veintiséis de septiembre de la presente anualidad, en donde se acordó respecto la admisión del recurso de apelación planteada dentro del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto dentro de la causa penal 139/2015, en el que no suspendió el procedimiento a la misma. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del incidente deducido de la causa penal de origen 139/2015, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Para mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierte de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresó el promovente. En treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho dentro de la causa penal 139/2015, el promovente del amparo, se inconformó con diversas actuaciones dentro de dicha causa por lo que promovió incidente de nulidad de actuaciones. El veinticuatro de septiembre de la presente anualidad, la autoridad responsable resolvió la incidencia mencionada con anterioridad, contrario a los intereses de la parte quejosa, por lo que impugnó dicha resolución por medio del recurso de apelación, solicitando la suspensión del procedimiento. Posteriormente el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho le fue notificado al promovente del amparo el auto de veintiséis de septiembre del año en curso, relacionado con la admisión de la apelación planteada con anterioridad con la negativa de suspender el procedimiento. Seguido el cauce legal en data de uno de octubre el citado quejoso promovió recurso de revocación en contra del citado auto de veintiséis de septiembre del año en curso. Finalmente, en proveído de dos de octubre de la presente anualidad, la responsable desechó el citado recurso de revocación por considerarlo extemporáneo. Determinación que constituye el acto reclamado. Antecedentes que el promovente del amparo, los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: ... Conforme con lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del incidente de nulidad de actuaciones derivado de la causa penal 139/2015, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor del quejoso, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, tanto en el incidente de nulidad de actuaciones, como en el propio proceso penal Lo anterior, es así en virtud de que el auto de dos de octubre en el que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Apatzingán, Michoacán, desechó el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de veintiséis de septiembre de la presente anualidad, en donde se acordó respecto la admisión del recurso de apelación planteada dentro del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto dentro dela cusa penal 139/2015, en el que no suspendió el procedimiento, no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en el recurso de apelación en el incidente de nulidad de actuaciones que promovió el aquí quejoso; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el incidente sea adverso al aquí quejoso, de manera que mientras tales resoluciones no se pronuncien, se está en la posibilidad de que la misma le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría al promovente del amparo. Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia ... A más de que, la sentencia que en su momento se dicte resolviendo el incidente de nulidad de actuaciones, de ser contraria a los intereses del quejoso, podrá ser revocada, modificada o confirmada, mediante los medios de defensa que en su momento, éste haga valer. De esta forma, es manifiesto que es improcedente el juicio de amparo, toda vez que en el caso, el acto de autoridad que se combate no es de aquéllos que de manera inmediata cause un perjuicio irreparable que afecte a la parte quejosa en sus derechos sustantivos como son la vida, integridad personal, posesiones, etcétera. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 172, fracciones IX y XII, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretados éstos dos últimos, a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Rafael Eric Anguiano Huazano, en su carácter de parte civil y asesor jurídico de Pablo García Ochoa, respecto del acto reclamado materia del presente juicio; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente...

  3. Principal

    I. Con fundamento en el artículo 27, inciso c), de la Ley de Amparo y en cumplimiento al apercibimiento decretado en el aviso de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, notifico a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído de treinta del citado mes y año, que en lo conducente dice: URUAPAN, MICHOACÁN, TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el escrito presentado a nombre del quejoso Rafael Eric Anguiano Huazano, mediante el cual pretende desahogar la prevención de la demanda de garantías, contenida en proveído de veintidós de octubre del año en curso. Ahora, sin ser perito en la materia, toda vez que existe una diferencia notoria entre la firma que calza el escrito de cuenta, con la diversa estampada en la demanda de garantías; por tanto, a fin de que este juzgado se encuentre en condiciones de proveer lo que legalmente corresponda en relación con dicha promoción, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, prevéngase al quejoso para que en el momento de la diligencia de notificación, ratifique ante la presencia del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, el escrito de cuenta o bien dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación que se le realice del presente acuerdo, en horas y días hábiles de labores y con identificación fehaciente, comparezca ante éste órgano jurisdiccional a reconocer, y en su caso, a ratificar el contenido y firma que calza el escrito de referencia; en el entendido que de no hacerlo, se le tendrá por desinteresado de su presentación. Lo expuesto encuentra sustento, en la tesis de jurisprudencia 3ª./J. 24 (7/89), emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385, tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, establece: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas" Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

  4. Principal

    I. Uruapan, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a Rafael Eric Anguiano Huazano, en su carácter de parte civil y asesor jurídico de Pablo García Ochoa, carácter que acredita con el poder general para pleitos y cobranzas otorgado en su favor, ante la fe del Notario Público Número 180, con ejercicio y residencia en Puruandiro, Michoacán, promoviendo demanda de amparo contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 535/2018-I. Ahora, a fin de acordar lo procedente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 108, fracción V, en relación con los numerales 110 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE a la accionante de garantías, para que dentro del término de CINCO DÍAS, computados legalmente y tomando en consideración el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II.." Por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a las partes, realice, bajo protesta de decir verdad, la aclaración de su demanda respecto de lo siguiente: Redacte de forma clara, congruente y cronológica los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, pues precisamente éstos son la base para analizar la acción constitucional que intenta; entendiéndose como tal, la relación sucinta de las actuaciones previas al acto reclamado, como lo es, si ya se dictó sentencia, los términos de las resoluciones que en su caso se hubieren emitido; así como las condiciones de hecho que generaron la actividad judicial y el estado procesal que guarda el proceso penal 139/2015; ello porque los antecedentes a que se refiere el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, son sustento de los conceptos de violación. Lo anterior, toda vez que en el apartado correspondiente a los antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa únicamente manifiesta: "PRIMERO.- Que el día viernes veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho como consta de la notificación que en original anexo a la presente demanda me fue notificado el auto de data miércoles veintiséis de septiembre del año en curso relacionado con la admisión de la apelación planteada por el suscrito y la negativa a continuar con la suspensión que solicito. Con motivo de lo anterior y al encontrarme inconforme con aquella resolución únicamente y exclusivamente con lo tocante a negarme se mantenga la suspensión del procedimiento; razón está por la que el suscrito el día lunes uno de octubre de dos mil dieciocho como ya lo he dicho promoví el recurso de revocación en contra de dicho auto. Con data dos de los corrientes el juez de origen me niega el derecho a acceder a dicho recurso argumentando que no me promoví en tiempo y forma el mencionado recurso de revocación, toda vez que como el auto es de data veintiséis de septiembre del año en curso, debiendo entonces el suscrito haber promovido el recurso respectivo el día siguiente -veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho-, sin embargo y como lo he mencionado y acredito con el original de la notificación del auto que pretendo se revoque en parte fue hecha hasta el día VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, por perfectamente claro que el día uno de octubre del año en curso me encontraba en tiempo para solicitar el acceso a dicho recurso, y razón por la que se violentan las garantías de mi representada negándole el acceso al mismo. Ahora bien, suponiendo que el suscrito hubiera manifestado por supuesto ERRONEAMENTE que se me notifico en la misma data, por simple lógica y por demás sapiencia basta con revisar las constancias del expediente para darse cuenta de que existe la notificación de la actuaria de aquel tribunal, la Licenciada María Guadalupe Aguilar Hernández, de la que se advierte que dicha notificación fue realizada el día viernes veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho." Sin que haga referencia a los hechos que dieron origen al acto reclamado, lo que dificulta su análisis y entendimiento; de ahí que, dichas manifestaciones no pueden equipararse al requisito de forma previsto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990 del Tomo XXIII, Abril de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Así como la tesis VI.1o.19 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 301, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, la omisión en el escrito de demanda del requisito señalado en el diverso artículo 116, fracción IV, de la propia ley, esto es, en cuanto a la narración de los hechos y abstenciones que consten al quejoso y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, es motivo para que se prevenga al promovente que le dé cumplimiento, con el apercibimiento de tener por no interpuesta dicha demanda en caso de no hacerlo; por lo cual es evidente que esta irregularidad no constituye una causa de improcedencia o sobreseimiento del juicio." Con el apercibimiento que de no cumplir con la prevención formulada, se procederá en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Roma número 362, del Fraccionamiento Jardines del Cupatitzio de esta ciudad, y como autorizados con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ángeles Tejeda Villela y José Raúl Martínez Pérez, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontraron registradas sus cédulas profesionales que los acredita como licenciados en derecho, como se advierte de la respectiva constancia que se anexa y únicamente de conformidad con el párrafo segundo, última parte del citado artículo a María del Pilar Alcaraz Placencia y Moisés Martenez Mares, por no cumplir con dicho requisito. Resulta aplicable la tesis: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa...

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