Rafael Enrique Rodríguez Jiménez
Expediente 693/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 693/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rafael Enrique Rodríguez Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Rafael Enrique Rodríguez Jiménez, con el que solicita la devolución de los documentos que relaciona; por tanto, se acuerda: Dígasele que se acuerda procedente a su petición, previa copia certificada y recibo que de los mismos se deje en autos; sin embargo, dado el esquema de trabajo que actualmente se sigue en los órganos del Poder Judicial Federal, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 25/2020, deberá solicitar una cita para acudir al órgano jurisdiccional mediante la obtención del código "QR", el cual puede tramitar en el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, tal como lo señala el artículo 3° del citado Acuerdo General 21/2020 del propio Consejo, reformado por el similar 25/2020, en relación al periodo de vigencia; y no a este juzgador generar el mismo. De manera que será obligación del ocursante generar su cita a través del código QR, en donde se le indica, puesto que sólo cuando el propio órgano requiere la presencia de alguna persona en las instalaciones del Juzgado Federal es cuando éste es el que genera la cita mediante el código QR de referencia, situación que acontecerá en el supuesto de que se trata. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada el ocho de julio de dos mil veintiuno, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer y segundo puntos resolutivos se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 21, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada; lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver el juicio de amparo 693/2021-VII-B, promovido por Rafael Enrique Rodríguez Jiménez, contra los actos que reclama de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial de la Entidad, con sede en esta ciudad, así como de otras autoridades; y ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció el nombrado quejoso a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial, actuaria de su adscripción y Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado, con sede en esta ciudad . SEGUNDO. Por auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo con el número 693/2021-VII-B, se admitió a trámite y se ordenó: dar a la representación social Federal de la adscripción la intervención que le compete; solicitar a las autoridades responsables su informe justificado; emplazar a la parte tercero interesada; y, asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo lugar conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La falta de emplazamiento al procedimiento especial de divorcio sin causales 170/2021, promovido en su contra por Celia María Couoh Castro, y en consecuencia, la medida de protección consistente en la desocupación del predio trescientos noventa y nueve, de la calle veintiuno, entre cuarenta y cuarenta letra "A", del fraccionamiento Jardines de Lindavista de esta ciudad, con el auxilio de la fuerza pública, en su caso, decretada a favor de Celia María Couoh Castro, el cinco de abril de dos mil veintiuno, en el procedimiento especial de divorcio incausado 170/2021. TERCERA. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial de la Entidad, con sede en esta ciudad, y actuaria de su adscripción, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, al que anexó la primera copia certificada de las actuaciones del expediente natural 170/2021, que lo apoya. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Y en cuanto al Secretario de Seguridad Pública del Estado, no obstante lo negó en su informe justificado, debe considerarse de inminente realización, por derivar de manera directa y necesaria de otro preexistente. Aunado a que, tal como se aprecia del informe de la Juez natural, la medida de protección decretada conlleva la desocupación del inmueble, incluso con el auxilio de la fuerza pública, lo que denota su inminencia. CUARTA. No se analizan los conceptos de violación, habida cuenta que en el presente asunto se actualiza una causal de improcedencia que es de análisis oficioso para este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se cita como apoyo de lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 y 1995, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En principio, resulta pertinente dejar precisado que la circunstancia de que la Ley de Amparo establezca diversas hipótesis que motivan la improcedencia del juicio, no implica, per se, una violación del derecho humano al recurso efectivo. Ciertamente, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y así, decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia comprendidas en la legislación de amparo, tienen una existencia justificada, en la medida que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, surge la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Así, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, constituyen por regla general parámetros objetivos que cumplen a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. Antes bien, de permitir al gobernado acudir al juicio de amparo bajo ninguna condición racional, podría propiciar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo. Es aplicable la tesis CCLXXVI/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 530, libro XV, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, inherente al mes de diciembre de dos mil doce, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Siguiendo estas connotaciones, en la especie, respecto del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al procedimiento de origen, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción VI, de la citada legislación, interpretados en sentido contrario. Preceptos legales que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;". De una interpretación sistemática y en sentido contrario de los preceptos en estudio, es factible concluir que la causal de improcedencia ahí prevista se surte cuando los actos ejecutados dentro o fuera de juicio afecten a personas que no son extrañas a él. En tanto, doctrinal y jurisprudencialmente se ha distinguido entre el tercero extraño en estricto sentido y el tercero extraño por equiparación. La persona extraña a juicio propiamente dicha es aquella moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila; en este caso, la persona extraña es opuesta a la de parte procesal, pues es ajena por completo a la secuela del procedimiento. En cambio, la persona extraña a juicio por equiparación es la persona física o moral que, formando parte de la controversia, no fue llamada al procedimiento por no haber sido legalmente vinculada desde el inicio o que dejó de estarlo por alguna eventualidad procesal posterior, o bien, fue llamada de forma distinta a la legalmente establecida. Sobre el tema, se invoca la jurisprudencia 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Enero de 1998, página 56 y Registro 196932, que señala: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En efecto, como antes se precisó, el quejoso reclama la falta de emplazamiento al procedimiento especial de divorcio sin causales 170/2021, promovido por Celia María Couoh Castro en su contra. Controvertido en donde aún no se dicta sentencia definitiva, tal como se advierte de las constancias que remitió la juez responsable a estos autos. Se afirma que aún no se dicta la resolución definitiva en el controvertido natural, pues se trata de un procedimiento único, de tipo contencioso, en donde si bien se emitió una medida de protección, aún no se resuelven todas las cuestiones que quedaron a salvo, en concreto, lo relativo a la liquidación de bienes, la cual constituye una de las prestaciones reclamadas por la actora. Con relación a este tema, conviene tener presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 180/2011, entre las sustentadas por el Cuarto y Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, analizó diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal que regulan los juicios de divorcio incausados, y concluyó que el procedimiento es uno solo, y por tanto no debe disociarse en etapas, y que con la emisión del auto que disuelve el vínculo matrimonial no siempre se resuelven todas las controversias que se presenten en relación con las obligaciones inherentes al matrimonio, de ahí que la sentencia definitiva del juicio de divorcio será aquella que resuelva en definitiva tales cuestiones. A mayor abundamiento se reproduce una parte de la resolución citada: ". Ahora bien, si como se anticipó, las partes no se pusieron de acuerdo respecto de las cuestiones inherentes al matrimonio en la audiencia de conciliación y, por lo tanto, el auto que dicta el Juez que decreta la disolución del vínculo matrimonial no resuelve aquello que fue materia de los convenios, como es lo relativo a los bienes, la guarda y custodia de los hijos, las visitas y convivencias con los hijos, los alimentos, el pago indemnizatorio, el daño moral, etcétera, las cuales son obligaciones que derivan del matrimonio, no debe pasarse por alto que dichas cuestiones constituyen prestaciones principales de la demanda, y que, por lo tanto, la sentencia definitiva del juicio de divorcio es aquella que resuelve en forma definitiva dichas cuestiones. Que la resolución que disuelve el vínculo matrimonial sólo constituye una sentencia definitiva cuando resuelve todas las cuestiones inherentes al matrimonio, de manera que el Juez decreta el divorcio y sanciona el convenio en su totalidad -en el entendido de que su contenido no contraviene la ley-, por lo que se tiene por terminado el juicio en la audiencia conciliatoria, habiendo resuelto todas las prestaciones principales. Sin embargo, si las partes no se ponen de acuerdo, la ley obliga a la continuación del procedimiento para resolver las prestaciones principales que han quedado pendientes, atendiendo a los plazos establecidos en el código adjetivo para los incidentes, en cuyo caso, el auto que disuelve el vínculo matrimonial constituye sólo una resolución intermedia que no le pone fin al juicio, dando lugar a la continuación del juicio, el cual culmina con el dictado de la sentencia definitiva, la cual necesariamente debe resolver respecto de todas las prestaciones principales objeto de la demanda y contestación". Las consideraciones que sustentan esta resolución, dieron origen a la jurisprudencia que se reproduce: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LOS AUTOS Y LA SENTENCIA EMITIDOS DESPUÉS DE DECRETADA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL SON RECURRIBLES. De la interpretación del artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe entenderse que el término "resoluciones" engloba a los decretos, autos y sentencias previstos por el artículo 79 del mismo código, por lo que si dichas determinaciones constituyen resoluciones, y el artículo citado en primer término no distingue entre el tipo de resoluciones que pueden impugnarse, y tampoco prohíbe la impugnación de los actos emitidos después de decretada la disolución del vínculo matrimonial, sino más bien lo permite expresamente al establecer que "las resoluciones que recaigan en la vía incidental respecto de los convenios presentados" son recurribles, debe concluirse que el artículo citado en primer término permite expresamente la impugnación de las diversas resoluciones que se emitan después de decretada la disolución del vínculo matrimonial en el juicio de divorcio sin expresión de causa. Lo anterior es compatible con lo señalado en la exposición de motivos correspondiente, en cuanto el legislador da un tratamiento distinto a la disolución del vínculo matrimonial y a la determinación de las obligaciones que subsisten a la terminación de dicho vínculo, dado que sostuvo que simplificar el proceso de divorcio "permitiría poner más énfasis en los demás puntos controvertidos"; se pronunció expresamente en cuanto a la procedencia del recurso de apelación para impugnar las cuestiones materia de los convenios y manifestó que uno de los objetivos de la reforma era que "los justiciables encuentren en la autoridad un instrumento idóneo para dirimir sus conflictos". No debe pasarse por alto que las cuestiones inherentes al matrimonio objeto de los convenios constituyen prestaciones principales de la demanda, y que por lo tanto, la sentencia definitiva del juicio de divorcio es aquella que resuelve en forma definitiva todas esas cuestiones y, por lo tanto, las resoluciones que se dicten después de decretada la disolución del vínculo matrimonial deben ser recurribles; de otra manera el procedimiento previsto para dirimir dichas controversias no podría ser un instrumento idóneo, pues se privaría a las partes de la posibilidad de inconformarse con las resoluciones. Además, de no permitirse la impugnación de cualquier auto o resolución que ponga fin a una controversia sin decidir el fondo de la misma, podrían quedar sin resolverse ciertas determinaciones que por su materia resultan de suma importancia, ya que atañen a cuestiones relacionadas con menores y alimentos. En conclusión, si la sentencia que resuelve todas las prestaciones contenidas en la demanda y contestación constituye la sentencia definitiva, porque resuelve en su totalidad lo relativo a las obligaciones que subsisten a la disolución del vínculo matrimonial, en términos del primer párrafo del artículo 685, y del segundo párrafo del artículo 691, son apelables los autos y sentencias interlocutorias que se dicten después de decretada la disolución del vínculo matrimonial, y son revocables las determinaciones de trámite emitidas durante el procedimiento". Siguiendo tal postura, debe decirse que en el juicio de origen 170/2021, en donde el quejoso es la parte demandada, aún no se dicta sentencia definitiva, ya que aún no se resuelve la totalidad de las prestaciones principales reclamadas por la parte actora, pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo únicamente se había dictado el auto de inicio y la fijación de medidas de protección. Es ilustrativa la jurisprudencia que se invoca: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA SIN APROBAR EN SU TOTALIDAD EL CONVENIO QUE REFIERE EL ARTÍCULO 289 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, NO ES DEFINITIVA, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 170 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos que decidan el juicio en lo principal y resoluciones que, sin decidirlo, lo den por concluido. Ahora bien, de los artículos 232, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Civiles y 295 del Código Civil, ambos del Estado de Aguascalientes, se advierten dos momentos para concluir el juicio de divorcio sin expresión de causa, lo que depende de la actitud que asuman las partes; así, cuando exista acuerdo en cuanto al convenio que refiere el artículo 289 del código sustantivo de la materia, y lo apruebe el juzgador, se dictará una sentencia donde se decrete el divorcio y se apruebe en su totalidad aquél, resolución que constituye el fallo definitivo para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo; en cambio, si los cónyuges no arriban a un consenso en cuanto a las cuestiones inherentes al matrimonio, el Juez debe emitir una resolución en la que disolverá el vínculo y, en su caso, aprobará los puntos en los que estuvieron de acuerdo las partes, dejando a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía incidental, exclusivamente por lo que concierne a la materia del convenio; sin embargo, dicha determinación no tiene el carácter de definitiva, ya que no soluciona la totalidad de las pretensiones de la acción, por lo que en su contra es improcedente el juicio de amparo directo pues, en todo caso, éste procederá en contra de la sentencia que posteriormente se emita, en la que se resuelva el resto de los puntos del convenio inherentes al matrimonio que estuvieron en conflicto". En el presente asunto, el peticionario de derechos reclama la falta de emplazamiento al procedimiento especial de divorcio incausado 170/2021 de la estadística del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ostentándose como tercero extraño a dicho proceso por equiparación. Ahora, de las copias certificadas de dicho expediente, se advierte, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado, y turnado a la autoridad responsable, Celia María Couoh Castro, presentó formal demanda en contra de Rafael Enrique Rodríguez Jiménez, a fin de disolver su vínculo matrimonial; asimismo, solicitó como medida precautoria la desocupación de aquél del domicilio conyugal. 2. En auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, la juez responsable lo registró con el número 170/2021, lo admitió a trámite, ordenó emplazarlo a dicho controvertido con entrega de las copias de traslado, a fin de que dentro del término legal compareciera por escrito ante la citada Juez, a manifestar su conformidad, realizar las observaciones pertinentes a la solicitud y propuesta de convenio instados por su cónyuge, o bien, presentar su contrapropuesta de convenio, y fijó como medidas de protección las siguientes: a) La prohibición a Rafael Enrique Rodríguez Jiménez, de molestar ya sea de forma personal, por vía telefónica, correo electrónico, cualquier medio electrónico o redes sociales como el whatsapp, facebook, etcétera, amenazar o cometer personalmente o a través de otra persona, cualquier tipo de violencia llámese físico, psicológica, sexual o cualquier otra forma que lesione o sean susceptibles de dañar la dignidad integridad o libertad de Celia María Couoh Castro, ya sea en su entorno social, llámese domicilio, centro de trabajo, colegio o en cualquier otro lugar en donde se encuentre, hasta en tanto se resuelva en definitiva ese procedimiento. b) El auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de Celia María Couoh Castro con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre en el momento de solicitarlo. c) Se prohibió a Rafael Enrique Rodríguez Jiménez, amenazar o cometer personalmente o a través de otra persona, cualquier tipo de violencia llámese físico, psicológica, sexual o cualquier otra forma que lesione o sean susceptibles de dañar la dignidad integridad o libertad de Celia María Couoh Castro. Y en atención a lo anterior, dado que Rafael Enrique Rodríguez Jiménez, se encontraba habitando en el domicilio conyugal, sito en la calle veintiuno, número trescientos noventa y nueve por cuarenta (Avenida Mérida 2000) y cuarenta letra "A" del Fraccionamiento Jardines de Lindavista de esta ciudad, se ordenó su salida inmediata, comisionándose al actuario de su adscripción, para que en compañía de la promovente, se constituyera al domicilio conyugal antes mencionado, con el fin de que procediera a realizar la notificación, traslado y emplazamiento respectivo, así como también, para que le enterara de las restricciones y órdenes decretadas, y lo requiriera para que en el acto de la diligencia desocupara el domicilio conyugal, dándose fe de su salida del inmueble en cuestión, quien únicamente podría llevar consigo sus ropas y utensilios de uso personal, documentos de su identidad e implementos de su trabajo, en su caso. Apercibido que de negarse a desocupar dicho domicilio de manera voluntaria, se haría uso del apoyo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. 3. Acuerdo de treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que la Juez responsable, al haber resultado infructuosa la diligencia antes ordenada, de nueva cuenta comisionó al actuario de su adscripción a fin de que diera debido cumplimiento al citado auto de cinco de abril del citado año. De lo anterior, se advierte que dicho procedimiento especial de divorcio incausado de origen al momento de la presentación de la demanda constitucional no ha concluido, máxime que aún no se ha emplazado a dicho demandado, y por ende, no obra constancia de que se haya dictado la sentencia definitiva en el citado procedimiento. Ahora bien, en el presente asunto, el peticionario de amparo acude con el carácter de tercero extraño por equiparación, alegando que se violentaron sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y audiencia contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, toda vez que aduce no haber sido emplazado a juicio. En ese contexto, aunado a lo expuesto en los antecedentes del acto reclamado, se tiene que, contrario a lo que asevera el peticionario del amparo, no le asiste el carácter de tercero extraño al procedimiento natural 170/2021 del índice del órgano jurisdiccional responsable, toda vez que dicho procedimiento aún no concluye pues aún y cuando no se ha llevado a cabo su emplazamiento, ello obedece a que no se le había localizado y no así por la falta de orden del juez de realizar el emplazamiento, así como tampoco se debe a que hubiera un ilegal emplazamiento que al haber concluido el juicio le cause perjuicio, y que no le haya dado oportunidad de acudir al mismo, a hacer valer sus derechos, trayendo como consecuencia, entonces sí la actualización de la figura del tercero extraño por equiparación; pues en el caso, se insiste no se ha dictado sentencia definitiva. Aunado a que en auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se le dio vista a las partes con las constancias del procedimiento de origen, por lo que el quejoso tuvo conocimiento del tal sumario. Por ende no tiene el carácter de extraño al juicio pues está en condiciones de integrarse a la relación jurídico procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho de audiencia. Por tanto, si el solicitante del amparo, tuvo conocimiento del juicio al que pretende ser llamado y del que se advierte que a la fecha de la tramitación del presente juicio constitucional aún no ha sido emplazado a juicio, y por ende, no se ha dictado sentencia en el procedimiento respectivo, tal situación es razón suficiente para desvirtuar su carácter como tercero extraño al juicio por equiparación, en términos del artículo 107, fracción VI en relación con el numeral 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario. Toda vez que, como se puntualizó, en el supuesto mencionado quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron la oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento. Lo que no acontece en la especie, pues al enterarse el inconforme del juicio natural del cual deriva el acto reclamado y en el cual no se ha dictado el fallo definitivo, tiene expeditos sus derechos para hacer valer los recursos ordinarios o medios de defensa legales establecidos en la legislación correspondiente para hacer valer su derecho de audiencia. Esto es, al tener conocimiento del asunto de origen, el aquí quejoso puede apersonarse al mismo con el carácter de demandado y contestar la demanda entablada en su contra haciendo valer las defensas que estime conducentes. Sobre el particular es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), Décima Época, Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 729 y Registro: 2004274, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". En ese contexto, es clara la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; motivo por el cual, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO del presente juicio respecto al acto reclamado que se analiza, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. QUINTA. Por otra parte, en el presente asunto también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en: La orden de desocupar el predio trescientos noventa y nueve, de la calle veintiuno, entre cuarenta y cuarenta letra "A", del fraccionamiento Jardines de Lindavista de esta ciudad, incluso con el auxilio de la fuerza pública, a consecuencia de la medida de protección decretada a favor de Celia María Couoh Castro, el cinco de abril de dos mil veintiuno, en el procedimiento especial de divorcio incausado 170/2021. El artículo 61, fracción XVIII, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". De acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, únicamente puede acudirse a este medio extraordinario de defensa, cuando previamente se hayan agotado los recursos ordinarios o medios de defensa procedentes, que tiendan a modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, aun cuando se trata de aquellos que por su naturaleza son de imposible reparación, esto es, que el juicio de amparo únicamente procede respecto de actos definitivos que son los no susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno. En efecto, el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario, cuya procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre autoridades y personas. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Por tanto, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, significa que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos o medios de defensa, dentro del procedimiento que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Así, para que se actualice la causa de improcedencia establecida, es necesario: a) Que el acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la actuación respectiva pueda ser revocada o modificada. En el caso concreto, como se dijo, la parte quejosa reclama la orden para desocupar el predio trescientos noventa y nueve, de la calle veintiuno, entre cuarenta y cuarenta letra "A", del fraccionamiento Jardines de Lindavista, de esta ciudad, incluso con el auxilio de la fuerza pública, a consecuencia de la medida de protección decretada a favor de Celia María Couoh Castro, el cinco de abril de dos mil veintiuno, en el procedimiento especial de divorcio incausado 170/2021. Al respecto, se actualizan las condiciones para que opere dicha causal de improcedencia, pues el procedimiento de origen, es un juicio familiar, la resolución reclamada, es proveniente de un Tribunal judicial (del índice de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad) y existe un medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto, para que pueda ser nulificada. En efecto, dicho juicio dada su naturaleza, se rige por el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, el cual establece un sistema legal que rige a los recursos, en el que se encuentra, como regla general, que contra toda resolución, determinación y auto dictado en el procedimiento que produzca un perjuicio a las partes o alguna otra persona, son procedentes los recursos, ya sea el de apelación o revocación. En ese orden de ideas, es necesario señalar que los artículos 420, 421, 423, 424, 425 y 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, a la letra establecen: "Artículo 420. Las resoluciones emitidas por los jueces son impugnables a través de los recursos, en las formas que establece este Código." "Artículo 421. Este Código reconoce como recursos los siguientes: Revocación, y Apelación." "Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado." "Artículo 424. Durante la audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra del auto que: I. Resuelva excepciones; II. No admita pruebas; III. Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes, y IV. Resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. En estos casos, la revocación sólo puede plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta la revocación, el juez debe dar vista a la parte contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y posteriormente dicte la resolución. Los demás decretos y autos dictados en audiencia son irrecurribles." "Artículo 425. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y trascurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda." "Artículo 428. La apelación procede en contra de: I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas." Luego, resulta lógico que el auto del que se duele la parte quejosa, al no ubicarse en la hipótesis prevista en el indicado artículo 428, como de las resoluciones apelables, bien pudo recurrirla en términos de los numerales 423, 424 y 425 en cita, a través del recurso de revocación al tratarse de un auto dictado fuera de audiencia por el que la Juez responsable ordenó su salida del domicilio conyugal. Por tanto, es evidente que el quejoso, como parte del procedimiento familiar está en posibilidad de hacer valer sus derechos, que en el caso en concreto lo es impugnar a través del recurso de revocación la citada determinación, pudiendo hacerlo sin mayor obstáculo, pues, se reitera, es parte dentro del mismo, y por ello no tiene impedimento legal alguno que lo inhiba a accionar el mecanismo de defensa puesto a su disposición por la ley procesal local, antes de acudir a la vía constitucional. La cual, se vuelve improcedente en razón a la inobservancia de uno de los principios rectores del juicio de amparo, tal y como lo es el principio de definitividad. Ciertamente, dicho recurso es el medio de impugnación idóneo contra el acto reclamado, pues está previsto por la ley ordinaria, procede contra los autos respecto de los cuales no proceda la apelación y con el mismo puede obtenerse la revocación o modificación del acto reclamado. Sin que obste a lo anterior, las excepciones que establece el mencionado numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Toda vez que estas condiciones no se actualizan en la especie, pues no se advierte que el acto reclamado afecte la vida o libertad de la parte quejosa. Por otro lado, es de indicarse, si bien en el principio de definitividad se encuentra contemplada la excepción a la regla, en el sentido de que no es obligación agotar los recursos ordinarios establecidos en la Ley, empero esta excepción es únicamente cuando se trate de personas extrañas al procedimiento, lo que no sucede en el presente caso, pues como antes ya quedó anotado, el quejoso es sujeto de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal. Es decir, ajena al procedimiento natural, o también el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio o no fue legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Siendo que en el presente caso, el quejoso es la persona en contra de quien se promovió el procedimiento familiar de disolución del vínculo matrimonial del que deriva el acto reclamado. Además de que el acto reclamado no se trata de un auto de vinculación a proceso y la propia ley establece el conocimiento de los medios de impugnación que tiene a su alcance para impugnar el acuerdo reclamado. De ahí que, por las razones expuestas con antelación, no se ubica en los supuestos de excepción, ya que no se advierte que la procedencia del recurso de los medios de impugnación estén sujetos a interpretación adicional ni su fundamento legal se considera insuficiente para determinarla. También, resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2017117, que indica: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la citada legislación, procede sobreseer en el juicio en contra del acto reclamado a la autoridad responsable. Todo lo anterior, impide examinar las cuestiones de fondo respecto de los actos reclamados, en términos de la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Sobreseimiento que se hace extensivo por lo que hace a los actos de las autoridades ejecutoras al no reclamarse por vicios propios, de conformidad con la jurisprudencia 647, visible a fojas 434 del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". SEXTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión firmada electrónicamente de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rafael Enrique Rodríguez Jiménez, contra los actos que reclamó de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial, actuario de su adscripción y Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado, residentes en esta ciudad; por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rafael Enrique Rodríguez Jiménez, contra los actos que reclamó de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial, actuario de su adscripción y Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado, residentes en esta ciudad; por las razones plasmadas en la consideración quinta de la presente resolución. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la séptima consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; por tal motivo, SE ACUERDA: Se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese y cúmplase.
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