Rafael Domínguez Viveros
Expediente 247/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 247/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rafael Domínguez Viveros
- Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, Xalapa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el presente juicio, interpusiera el recurso de revisión en su contra, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha CAUSADO EJECUTORIA; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse únicamente sobreseído el presente juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que obran formados dos tomos por separado, con las constancias que la responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, anexó a su informe justificado; en consecuencia, devuélvanse a la autoridad antes citada para los efectos legales procedentes, sin que haya lugar a requerir el acuse respectivo, toda vez que se contará con la constancia de notificación.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa, Veracruz, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto número 247/2018, del índice de este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito depositado el veinte de marzo del año en curso, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, y recibido por razón de turno el veintiuno siguiente en este Juzgado de Distrito, Rafael Domínguez Viveros demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la autoridad que a continuación se indica: NO. AUTORIDAD RESPONSABLE FOJAS SENTIDO 1 Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad. 30 Admite De quien reclamó: "El acuerdo o resolución dictado en fecha veintisiete de febrero del año 2018, en el Juicio Ordinario Civil, expediente número 203/2017/III, por el C. Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de este Distrito Judicial, extrañamente, dentro de la audiencia de pruebas prevista por el artículo 219 del Código Procesal Civil del Estado, mediante el cual admite y resuelve el recurso de revocación interpuesto por el suscrito en contra del diverso acuerdo dictado en fecha veintiuno de febrero del año 2018, por el cual determina que no ha lugar a señalar fecha y hora para que tenga lugar la junta especial prevista por los artículos 157 en relación con el diverso 345, ambos del Código Civil para el Estado de Veracruz." En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violadas en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. Por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se radicó la demanda en cuestión bajo el número 247/2018, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó emplazar a la tercera interesada Diana Carolina Gómez Panigua en representación de sus menores hijos de identidad reservada S.D.G. y S.D.G., se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención que legalmente le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, en razón de que en el presente biinstancial la parte promovente del amparo impugna un acto que fue emitido por una autoridad que tiene residencia dentro de la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004 y en la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Del análisis integral de la demanda de amparo y del informe justificado, se aprecia que la parte quejosa reclama de la Jueza Sexto de Primera Instancia en Materia de Familia de este Distrito Judicial, lo siguiente: El acuerdo emitido en la audiencia de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, celebrada en los autos del juicio ordinario civil 2013/2017/III, de su índice, en la parte relativa en la que se determinó declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto por el demandado (aquí quejoso), en contra del auto de veintiuno de febrero del año en curso, en virtud de que los agravios que se vertían no atendían al auto impugnado, sino que pretendía incidir en el resultado de la audiencia que se celebró el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, determinación que se encontraba firme. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, por así haberlo manifestado dicha autoridad al rendir su informe justificado. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". La existencia del acto reclamado se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil número 2013/2017/III, las cuales obran en autos y en dos tomos por separado, a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2 de la ley de la materia, por tratarse de documentos provenientes de una autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. En este punto es preciso destacar los antecedentes del acto reclamado, con la finalidad de establecer un panorama que, de forma sencilla, permita a las partes conocer los acontecimientos que dieron motivo a la resolución reclamada. 1. Diana Carolina Gómez Panagua por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada S.D.G. y S.D.G., demandó en la vía ordinaria de Rafael Domínguez Viveros, diversas prestaciones entre ellas la pérdida de la patria potestad y el pago de una pensión alimenticia. 2. Por razón de turno correspondió conocer del juicio ordinario civil al Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, quien por auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, radicó el expediente 1718/2016/I, ordenó emplazar al demandado Rafael Domínguez Viveros; posteriormente, al resolverse la excusa planteada por la parte actora, por auto de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, se avocó al conocimiento del aludido juicio, registrándolo bajo el número 2013/2017. 3. Después, por escrito de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, Rafael Domínguez Viveros solicitó entre otras cosas que se fijara fecha y hora para que se llevara a cabo la audiencia especial prevista por los artículos 157 en relación con los diversos 345 y 346 del Código Civil para el Estado de Veracruz; recayéndole el acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en que se proveyó que no había lugar a lo solicitado, ya que dicha audiencia se había celebrado el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. 4. Inconforme con dicho auto Rafael Domínguez Viveros interpuso recurso de revocación, el cual fue resulto dentro de la audiencia de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, declarándolo improcedente en virtud de que los agravios no atendían al auto impugnado, sino que pretendía incidir en el resultado de la audiencia que se celebró el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, la cual se encontraba firme. QUINTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, es necesario analizar las causas de improcedencia que pudieran actualizarse en el caso, pues ello es una cuestión de orden público y de previo análisis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Este órgano de control constitucional de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido, establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de garantías es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora, por actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.24/92 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De igual forma, tiene aplicación por sus consideraciones la jurisprudencial 3a.43, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Lo anterior, significa que para que el acto reclamado sea considerado de imposible reparación, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación que se deduce de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Expuesto lo anterior, en el caso, el acto reclamado consistente en la determinación emitida dentro de audiencia de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, celebrada en los autos del juicio ordinario civil 2013/2017/III, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia de Familia de este Distrito Judicial, en la parte relativa en que se determinó declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto por el demandado (aquí quejoso), en contra del auto de veintiuno de febrero del año en curso, en virtud de que los agravios que se vertían no atendían al auto impugnado, sino que pretendía incidir en el resultado de la audiencia que se celebró el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, determinación que se encontraba firme. De lo expuesto, se evidencia que la resolución combatida, por su naturaleza no tiene el carácter de irreparable, ya que constituye una actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ello tomando en consideración que el efecto que produce la resolución reclamada, únicamente podría traducirse en un acto procesal. Se afirma lo anterior, porque el acto reclamado no conlleva en sí una afectación material a derechos sustantivos, pues el hecho de que se haya declarado improcedente el recurso de revocación interpuesto por el demandado (aquí quejoso), en contra del auto de veintiuno de febrero del año en curso, se traduce en que no se fije la fecha y hora que pretendía el aquí quejoso para que se llevara a cabo la audiencia especial prevista por los artículos 157 en relación con los diversos 345 y 346 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en la que se escuchara a sus menores hijos de identidad reservada S.D.G. y S.D.G.; lo cual, no tiene el carácter de irreparable, puesto que trae consecuencias de naturaleza adjetiva o procesal, las que se caracterizan por surgir y generarse durante el trámite y, que de infringir algún derecho pueden ser analizados en la sentencia que se dicte, y en caso de ser a favor del agraviado podría tener como efecto la restitución de los derechos que considere trasgredidos; en caso contrario, de ser adversa, esas violaciones procesales podrán reclamarse a través del juicio de amparo directo que se llegara a promover contra la sentencia que se dicte, en términos de los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo, una vez agotados los recursos o medios ordinarios de defensa como una violación procesal. Apoya a lo antes expuesto, por sus consideraciones, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." (Lo subrayado es propio) En otras palabras, el no señalar una audiencia para escuchar a los menores por ya haberse llevado una diversa en la que se les escuchó, no viola sus derechos sustantivos; caso contrario sería que sean interrogados en más ocasiones de las necesarias, ya en ese supuesto podría estarse ante una violación de derechos sustantivos por un posible impacto traumático o revictimización de los menores en la audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio P. XXV/2015 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. OBLIGACIONES QUE, PARA SU PROTECCIÓN, DERIVAN PARA EL ESTADO MEXICANO, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en observancia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera que la obligación del Estado de proteger el interés superior de los menores durante cualquier procedimiento en el cual estén involucrados implica, entre otras cuestiones, los siguientes débitos: (I) suministrar la información e implementar los procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con asistencia letrada y de otra índole en todo momento, de acuerdo con sus necesidades; (II) asegurar, especialmente en los casos en que hayan sido víctimas de delitos como abusos sexuales u otras formas de maltrato, que su derecho a ser escuchados se ejerza garantizando su plena protección, vigilando que el personal esté capacitado para atenderlos y que las salas de entrevistas representen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado; y, (III) procurar que no sean interrogados en más ocasiones que las necesarias para evitar, en la medida de lo posible, su revictimización o un impacto traumático." (Lo subrayado es propio) En ese contexto, la resolución por sí sola no afecta materialmente derechos sustantivos, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que estableció es que en casos como éste, se debe analizar si por ejemplo, la orden de celebrar una audiencia para escuchar a los menores afecta o no sus derechos fundamentales; y en el caso, con el acto reclamado lo que se pretende es protegerlos, dado que está involucrado su derecho a convivir con el padre no custodio. En otras palabras, en este momento procesal, de las constancias que integran el presente juicio de amparo no se advierte que puede existir la vulneración de algún derecho sustantivo a los menores de edad aquí involucrados con la emisión de la resolución que en esta vía se combate, es decir, no constituye un acto de imposible reparación, ya que únicamente implica la infracción de derechos adjetivos que solo producen efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene una sentencia favorable; en consecuencia, resulta inconcuso que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, en términos del precitado 107, fracción V, de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario. Cabe citar de forma ilustrativa, la jurisprudencia VI.2o.C.J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." En este contexto, resulta patente que se actualiza la hipótesis normativa que establece los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, procede sobreseer el presente juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto por el 63, fracción V, de la Ley de la Materia. De ahí, que resulte innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el impetrante de amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número 1028, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." De igual forma, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Cabe destacar, que en la presente sentencia se citaron diversos criterios, los cuales, aunque fueron integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, siguen siendo aplicables de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, ya que en lo que en ellos se interpreta, no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Finalmente, suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SÉPTIMO. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que lo solicite y acredite estar legitimada para ello, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio promovido por Rafael Domínguez Viveros, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, que se precisan en los considerandos segundo y tercero, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa, Veracruz, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto número 247/2018, del índice de este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito depositado el veinte de marzo del año en curso, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, y recibido por razón de turno el veintiuno siguiente en este Juzgado de Distrito, Rafael Domínguez Viveros demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la autoridad que a continuación se indica: NO. AUTORIDAD RESPONSABLE FOJAS SENTIDO 1 Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad. 30 Admite De quien reclamó: "El acuerdo o resolución dictado en fecha veintisiete de febrero del año 2018, en el Juicio Ordinario Civil, expediente número 203/2017/III, por el C. Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de este Distrito Judicial, extrañamente, dentro de la audiencia de pruebas prevista por el artículo 219 del Código Procesal Civil del Estado, mediante el cual admite y resuelve el recurso de revocación interpuesto por el suscrito en contra del diverso acuerdo dictado en fecha veintiuno de febrero del año 2018, por el cual determina que no ha lugar a señalar fecha y hora para que tenga lugar la junta especial prevista por los artículos 157 en relación con el diverso 345, ambos del Código Civil para el Estado de Veracruz." En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violadas en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. Por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se radicó la demanda en cuestión bajo el número 247/2018, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó emplazar a la tercera interesada Diana Carolina Gómez Panigua en representación de sus menores hijos de identidad reservada S.D.G. y S.D.G., se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención que legalmente le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, en razón de que en el presente biinstancial la parte promovente del amparo impugna un acto que fue emitido por una autoridad que tiene residencia dentro de la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004 y en la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Del análisis integral de la demanda de amparo y del informe justificado, se aprecia que la parte quejosa reclama de la Jueza Sexto de Primera Instancia en Materia de Familia de este Distrito Judicial, lo siguiente: El acuerdo emitido en la audiencia de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, celebrada en los autos del juicio ordinario civil 2013/2017/III, de su índice, en la parte relativa en la que se determinó declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto por el demandado (aquí quejoso), en contra del auto de veintiuno de febrero del año en curso, en virtud de que los agravios que se vertían no atendían al auto impugnado, sino que pretendía incidir en el resultado de la audiencia que se celebró el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, determinación que se encontraba firme. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, por así haberlo manifestado dicha autoridad al rendir su informe justificado. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". La existencia del acto reclamado se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil número 2013/2017/III, las cuales obran en autos y en dos tomos por separado, a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2 de la ley de la materia, por tratarse de documentos provenientes de una autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. En este punto es preciso destacar los antecedentes del acto reclamado, con la finalidad de establecer un panorama que, de forma sencilla, permita a las partes conocer los acontecimientos que dieron motivo a la resolución reclamada. 1. Diana Carolina Gómez Panagua por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada S.D.G. y S.D.G., demandó en la vía ordinaria de Rafael Domínguez Viveros, diversas prestaciones entre ellas la pérdida de la patria potestad y el pago de una pensión alimenticia. 2. Por razón de turno correspondió conocer del juicio ordinario civil al Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, quien por auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, radicó el expediente 1718/2016/I, ordenó emplazar al demandado Rafael Domínguez Viveros; posteriormente, al resolverse la excusa planteada por la parte actora, por auto de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, se avocó al conocimiento del aludido juicio, registrándolo bajo el número 2013/2017. 3. Después, por escrito de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, Rafael Domínguez Viveros solicitó entre otras cosas que se fijara fecha y hora para que se llevara a cabo la audiencia especial prevista por los artículos 157 en relación con los diversos 345 y 346 del Código Civil para el Estado de Veracruz; recayéndole el acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en que se proveyó que no había lugar a lo solicitado, ya que dicha audiencia se había celebrado el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. 4. Inconforme con dicho auto Rafael Domínguez Viveros interpuso recurso de revocación, el cual fue resulto dentro de la audiencia de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, declarándolo improcedente en virtud de que los agravios no atendían al auto impugnado, sino que pretendía incidir en el resultado de la audiencia que se celebró el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, la cual se encontraba firme. QUINTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, es necesario analizar las causas de improcedencia que pudieran actualizarse en el caso, pues ello es una cuestión de orden público y de previo análisis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Este órgano de control constitucional de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido, establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de garantías es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora, por actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.24/92 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De igual forma, tiene aplicación por sus consideraciones la jurisprudencial 3a.43, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Lo anterior, significa que para que el acto reclamado sea considerado de imposible reparación, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación que se deduce de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Expuesto lo anterior, en el caso, el acto reclamado consistente en la determinación emitida dentro de audiencia de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, celebrada en los autos del juicio ordinario civil 2013/2017/III, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia de Familia de este Distrito Judicial, en la parte relativa en que se determinó declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto por el demandado (aquí quejoso), en contra del auto de veintiuno de febrero del año en curso, en virtud de que los agravios que se vertían no atendían al auto impugnado, sino que pretendía incidir en el resultado de la audiencia que se celebró el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, determinación que se encontraba firme. De lo expuesto, se evidencia que la resolución combatida, por su naturaleza no tiene el carácter de irreparable, ya que constituye una actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ello tomando en consideración que el efecto que produce la resolución reclamada, únicamente podría traducirse en un acto procesal. Se afirma lo anterior, porque el acto reclamado no conlleva en sí una afectación material a derechos sustantivos, pues el hecho de que se haya declarado improcedente el recurso de revocación interpuesto por el demandado (aquí quejoso), en contra del auto de veintiuno de febrero del año en curso, se traduce en que no se fije la fecha y hora que pretendía el aquí quejoso para que se llevara a cabo la audiencia especial prevista por los artículos 157 en relación con los diversos 345 y 346 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en la que se escuchara a sus menores hijos de identidad reservada S.D.G. y S.D.G.; lo cual, no tiene el carácter de irreparable, puesto que trae consecuencias de naturaleza adjetiva o procesal, las que se caracterizan por surgir y generarse durante el trámite y, que de infringir algún derecho pueden ser analizados en la sentencia que se dicte, y en caso de ser a favor del agraviado podría tener como efecto la restitución de los derechos que considere trasgredidos; en caso contrario, de ser adversa, esas violaciones procesales podrán reclamarse a través del juicio de amparo directo que se llegara a promover contra la sentencia que se dicte, en términos de los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo, una vez agotados los recursos o medios ordinarios de defensa como una violación procesal. Apoya a lo antes expuesto, por sus consideraciones, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." (Lo subrayado es propio) En otras palabras, el no señalar una audiencia para escuchar a los menores por ya haberse llevado una diversa en la que se les escuchó, no viola sus derechos sustantivos; caso contrario sería que sean interrogados en más ocasiones de las necesarias, ya en ese supuesto podría estarse ante una violación de derechos sustantivos por un posible impacto traumático o revictimización de los menores en la audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio P. XXV/2015 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. OBLIGACIONES QUE, PARA SU PROTECCIÓN, DERIVAN PARA EL ESTADO MEXICANO, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en observancia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera que la obligación del Estado de proteger el interés superior de los menores durante cualquier procedimiento en el cual estén involucrados implica, entre otras cuestiones, los siguientes débitos: (I) suministrar la información e implementar los procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con asistencia letrada y de otra índole en todo momento, de acuerdo con sus necesidades; (II) asegurar, especialmente en los casos en que hayan sido víctimas de delitos como abusos sexuales u otras formas de maltrato, que su derecho a ser escuchados se ejerza garantizando su plena protección, vigilando que el personal esté capacitado para atenderlos y que las salas de entrevistas representen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado; y, (III) procurar que no sean interrogados en más ocasiones que las necesarias para evitar, en la medida de lo posible, su revictimización o un impacto traumático." (Lo subrayado es propio) En ese contexto, la resolución por sí sola no afecta materialmente derechos sustantivos, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que estableció es que en casos como éste, se debe analizar si por ejemplo, la orden de celebrar una audiencia para escuchar a los menores afecta o no sus derechos fundamentales; y en el caso, con el acto reclamado lo que se pretende es protegerlos, dado que está involucrado su derecho a convivir con el padre no custodio. En otras palabras, en este momento procesal, de las constancias que integran el presente juicio de amparo no se advierte que puede existir la vulneración de algún derecho sustantivo a los menores de edad aquí involucrados con la emisión de la resolución que en esta vía se combate, es decir, no constituye un acto de imposible reparación, ya que únicamente implica la infracción de derechos adjetivos que solo producen efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene una sentencia favorable; en consecuencia, resulta inconcuso que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, en términos del precitado 107, fracción V, de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario. Cabe citar de forma ilustrativa, la jurisprudencia VI.2o.C.J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." En este contexto, resulta patente que se actualiza la hipótesis normativa que establece los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, procede sobreseer el presente juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto por el 63, fracción V, de la Ley de la Materia. De ahí, que resulte innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el impetrante de amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número 1028, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." De igual forma, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Cabe destacar, que en la presente sentencia se citaron diversos criterios, los cuales, aunque fueron integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, siguen siendo aplicables de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, ya que en lo que en ellos se interpreta, no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Finalmente, suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SÉPTIMO. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que lo solicite y acredite estar legitimada para ello, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio promovido por Rafael Domínguez Viveros, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, que se precisan en los considerandos segundo y tercero, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el término de ocho días que se le dio a las partes por acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, para que estén en oportunidad de conocer e imponerse del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, transcurrirá del veintitrés de abril al dos de mayo del año en curso; en consecuencia, se procede a diferir de oficio la audiencia constitucional fijada para esta fecha y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Asimismo, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes."
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