Rafael de la Luz Alvarado Durán

Expediente 347/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
347/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
12/07/2023

Partes del expediente

  • Rafael de la Luz Alvarado Durán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuenta. En doce de julio de dos mil veintitrés, la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en cumplimiento a lo ordenado en el auto admisorio, hago constar que la presente promoción, con número de registro 9301, se ubica en la hipótesis del inciso c) acuses de recibo, por lo que resulta inútil el dictado de acuerdo. Conste.

  2. Principal

    Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo presentada por Rafael de la Luz Alvarado Duran, en la que reclamó de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, la omisión por parte de las autoridades responsables en designar perito para el desahogo de la prueba pericial caligráfica y dactiloscópica, dentro del expediente laboral 350/2020/E1/CD/IND. Por su parte, de las constancias que anexó la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a su informe justificado y a los diversos oficios 2380/2023, 3165/2023 y 3187/2023 (fojas 18-23; 30-31; 35-36 y 37-38, respectivamente), se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Se explica. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que se sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que solamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación se repone al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no solo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho individual violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 59/99, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Causal que se actualiza en este caso, debido a que el acto reclamado consistente en la omisión por parte de las autoridades responsables en designar perito para el desahogo de la prueba pericial caligráfica y dactiloscópica, dentro del expediente laboral 350/2020/E1/CD/IND, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, ha cesado, al haberse acreditado que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable realizó lo siguiente: a) El diez de abril de dos mil veintitrés, ordenó enviar oficio a la Dirección General del Trabajo, a efecto de que designara perito caligráfico al actor (foja 22 v). b) El once de abril de dos mil veintitrés, se levanta comparecencia en la que se advierte, en lo que interesa, que la perito de la parte actora Jaqueline Martínez Cortes (foja20), aceptó y protestó el cargo conferido, señalando las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de abril del año en curso (foja 20), para que la parte actora (aquí quejoso) compareciera ante la Junta responsable, al llenado del formulario proporcionado por la mencionada perito. c) El veintisiete de abril de dos mil veintitrés, una vez verificado lo descrito en el párrafo que antecede, señaló las doce horas del dieciséis de mayo del año que transcurre (foja 31); para el verificativo del desahogo de la prueba pericial ofrecida por las partes. d) En audiencia pericial de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, tuvo por rendido el dictamen pericial de la parte actora-quejoso-foja 36; y, e) El diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, tuvo por desierta dicha pericial por lo que ve a la parte demandada (foja 38). Ahora, conforme a lo antes expuesto, es dable afirmar que si bien a la fecha de presentación de la demanda y durante su tramitación -conforme a la causa de pedir- existía la omisión reclamada, cierto es también que la misma dejó de existir el dieciséis de mayo de la presente anualidad, fecha en que se tuvo por rendido el dictamen de la experta de la parte actora (ahora quejoso) que no había sido designada, aunado a que el diecisiete posterior se tuvo por desierta dicha experticia por lo que hace a la parte demandada. En esas condiciones, si se tiene en cuenta que el peticionario del amparo acude a reclamar ante la presente instancia constitucional la omisión por parte de las autoridades responsables en designar perito para el desahogo de la prueba pericial caligráfica y dactiloscópica, dentro del expediente laboral 350/2020/E1/CD/IND, lo que de suyo impide la continuación del juicio laboral de origen, se determina que la audiencia de dieciséis de mayo pasado, que remitió la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, patentiza que el acto aquí reclamado dejó de tener vida jurídica; y, entonces deviene inconcuso que han cesado los efectos de los actos reclamados en el presente juicio. Lo anterior tiene apoyo, por su contenido jurídico, en la jurisprudencia 59/99, cuyo rubro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. No es óbice para lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, por haber cesado en sus efectos el acto reclamado, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. En razón de la determinación asumida, se ordena dejar sin efectos los requerimientos y apercibimientos realizados a la Junta responsable con relación a proporcionar el nombre y domicilio de los terceros interesados, con la finalidad de emplazarlos al presente juicio; lo anterior, debido a que atendiendo al principio de concentración y economía procesal su llamamiento se estima innecesario debido al sobreseimiento fuera de audiencia decretado en este auto. Finalmente, hágase saber a las partes la presente determinación para los efectos legales correspondientes, asimismo, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional; háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE ACORDÓ: Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo presentada por Rafael de la Luz Alvarado Duran, en la que reclamó de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, la omisión por parte de las autoridades responsables en designar perito para el desahogo de la prueba pericial caligráfica y dactiloscópica, dentro del expediente laboral 350/2020/E1/CD/IND. Por su parte, de las constancias que anexó la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a su informe justificado y a los diversos oficios 2380/2023, 3165/2023 y 3187/2023 (fojas 18-23; 30-31; 35-36 y 37-38, respectivamente), se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Se explica. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que se sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que solamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación se repone al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no solo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho individual violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 59/99, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Causal que se actualiza en este caso, debido a que el acto reclamado consistente en la omisión por parte de las autoridades responsables en designar perito para el desahogo de la prueba pericial caligráfica y dactiloscópica, dentro del expediente laboral 350/2020/E1/CD/IND, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, ha cesado, al haberse acreditado que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable realizó lo siguiente: a) El diez de abril de dos mil veintitrés, ordenó enviar oficio a la Dirección General del Trabajo, a efecto de que designara perito caligráfico al actor (foja 22 v). b) El once de abril de dos mil veintitrés, se levanta comparecencia en la que se advierte, en lo que interesa, que la perito de la parte actora Jaqueline Martínez Cortes (foja20), aceptó y protestó el cargo conferido, señalando las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de abril del año en curso (foja 20), para que la parte actora (aquí quejoso) compareciera ante la Junta responsable, al llenado del formulario proporcionado por la mencionada perito. c) El veintisiete de abril de dos mil veintitrés, una vez verificado lo descrito en el párrafo que antecede, señaló las doce horas del dieciséis de mayo del año que transcurre (foja 31); para el verificativo del desahogo de la prueba pericial ofrecida por las partes. d) En audiencia pericial de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, tuvo por rendido el dictamen pericial de la parte actora-quejoso-foja 36; y, e) El diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, tuvo por desierta dicha pericial por lo que ve a la parte demandada (foja 38). Ahora, conforme a lo antes expuesto, es dable afirmar que si bien a la fecha de presentación de la demanda y durante su tramitación -conforme a la causa de pedir- existía la omisión reclamada, cierto es también que la misma dejó de existir el dieciséis de mayo de la presente anualidad, fecha en que se tuvo por rendido el dictamen de la experta de la parte actora (ahora quejoso) que no había sido designada, aunado a que el diecisiete posterior se tuvo por desierta dicha experticia por lo que hace a la parte demandada. En esas condiciones, si se tiene en cuenta que el peticionario del amparo acude a reclamar ante la presente instancia constitucional la omisión por parte de las autoridades responsables en designar perito para el desahogo de la prueba pericial caligráfica y dactiloscópica, dentro del expediente laboral 350/2020/E1/CD/IND, lo que de suyo impide la continuación del juicio laboral de origen, se determina que la audiencia de dieciséis de mayo pasado, que remitió la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, patentiza que el acto aquí reclamado dejó de tener vida jurídica; y, entonces deviene inconcuso que han cesado los efectos de los actos reclamados en el presente juicio. Lo anterior tiene apoyo, por su contenido jurídico, en la jurisprudencia 59/99, cuyo rubro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. No es óbice para lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, por haber cesado en sus efectos el acto reclamado, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. En razón de la determinación asumida, se ordena dejar sin efectos los requerimientos y apercibimientos realizados a la Junta responsable con relación a proporcionar el nombre y domicilio de los terceros interesados, con la finalidad de emplazarlos al presente juicio; lo anterior, debido a que atendiendo al principio de concentración y economía procesal su llamamiento se estima innecesario debido al sobreseimiento fuera de audiencia decretado en este auto. Finalmente, hágase saber a las partes la presente determinación para los efectos legales correspondientes, asimismo, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional; háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado.

  4. Principal

    Autoridad responsable informa y remite constancia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguense a los autos los oficios y anexo que remite la presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, mediante los cuales remite la audiencia pericial de dieciséis de mayo pasado, así como el auto regulatorio de diecisiete del presente mes y año; de lo cual este Juzgado Federal toma debido conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene admitida y desahogada, dada su especial naturaleza, la prueba documental que remite, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional; con su contenido dese vista a las partes, por un término de ocho días previos a la fecha señalada para la celebración de la citada audiencia, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga.

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