Rafael de Jesús Martínez Beristain

Expediente 699/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
699/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Rafael de Jesús Martínez Beristain
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el escrito signado por el promovente de amparo Rafael de Jesús Martínez Beristaín, a través del cual solicita se le devuelvan los documentos que adjuntó al escrito de demanda. En tales condiciones, hágasele del conocimiento que mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, se dejaron a su disposición dichos documentos y se le requirió para que acudiera ante este juzgado a recogerlos previa cita que realice en los términos apuntados en dicho auto. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y archívense las actuaciones como asunto concluido. Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el treinta y uno de agosto de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por otra parte, en atención a que obran en autos documentos exhibidos por la parte promovente del amparo, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil comparezca ante este Juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. En este orden de ideas, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19 hágase del conocimiento de la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tiene actualmente asignado el horario matutino de siete horas con cuarenta y cinco minutos a catorce horas con cuarenta y cinco minutos, y que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Por tanto, para la devolución de los documentos citados en párrafos precedentes, deberá generar la cita correspondiente a través del proceso automatizado que le otorgará, un código "QR", para el ingreso al órgano jurisdiccional, cumpliéndose previamente los requisitos para pasar los filtros sanitarios y dentro del horario de labores interno fijado para la atención al público en general en días hábiles. Notifíquese, y personalmente al peticionario del amparo.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por Rafael de Jesús Martínez Beristain, por propio derecho, nueve copias y seis anexos; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el juicio 699/2022-II y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. Sentando lo anterior, en la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por lo que se debe desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Dichos preceptos establecen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.]" En ese contexto, podemos señalar que el juicio de amparo es improcedente cuando se cumplen en su cabalidad los siguientes requisitos: 1. Que exista un medio de defensa o juicio en virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. 2. Que la ley que establece ese medio de defensa o juicio brinde la posibilidad de suspender la ejecución del acto reclamado. 3. Que esa ley no exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión definitiva. Cabe señalar, que si una sola de las anteriores condiciones no se cumple, el juicio de derechos humanos es procedente; por lo tanto, es conveniente analizar si en el caso, se materializan estos tres requisitos. Entonces, la parte quejosa acude a esta vía constitucional reclamando la resolución dictada el catorce de julio de dos mil veintidós, en los autos del recurso administrativo de inconformidad 3/2022, por la Directora General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, con sede en Xalapa, Veracruz, que confirmó la negativa de expedir certificado de no inscripción respecto del bien inmueble ubicado en calle Pedro García, esquina Miguel Hidalgo, colonia Hoja del Maíz, en Tierra Blanca, Veracruz, emitida a su vez por el Encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y del Crédito Agrícola de la Segunda Zona Registral de Boca del Río, Veracruz; esto, por existir escritura respecto del inmueble citado. Asimismo, de los antecedentes que constituyen el acto reclamado que, bajo protesta de decir verdad, refirió el quejoso, se advierte: En este contexto, es de destacar que el artículo 280, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, establece: "Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: (.) II. Actos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos particulares. (.)" Conforme a lo anterior, el acto que aquí se reclama se ubica en dicha hipótesis legal; medio de defensa a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, por lo que el quejoso debió impugnarlo a través del juicio contencioso a fin de satisfacer el principio de definitividad que rige al amparo. Sin que de los antecedentes narrados se advierta que Rafael de Jesús Martínez Beristain agotara el juicio contencioso a fin de combatir la resolución emitida por la Directora General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías del Estado de Veracruz, de declarar infundado el recurso de inconformidad instaurado; lo anterior, previamente a la promoción de la demanda de amparo que se estudia. Además, de conformidad con los arábigos 305, 305 bis y 306 del citado código, se advierte la posibilidad de obtener la suspensión del acto combatido: "Artículo 305. Iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias o la suspensión del acto impugnado, para el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se dicte sentencia. No se otorgarán las medidas cautelares ni la suspensión, si se sigue perjuicio al interés público, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La Sala Unitaria podrá decretar medidas cautelares positivas cuando, tratándose de situaciones jurídicas duraderas, se produzcan daños substanciales al actor o una lesión importante del derecho que pretende, por el simple transcurso del tiempo. La suspensión del acto impugnado se decretará dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda y las medidas cautelares se decretarán de plano, ambos casos a cargo de la Sala Unitaria, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda y podrá solicitarlas el actor en el escrito de demanda, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el juicio ante la Sala Unitaria que conozca el asunto. Cuando se otorguen las medidas cautelares o la suspensión del acto, se comunicarán sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 305 Bis. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte en cualquier momento del juicio, mientras no se haya celebrado la audiencia. Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes y actos que de llegar a consumarse hagan imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Artículo 306. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, o bien, cuando a criterio de la sala sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó." De lo antes transcrito, se aprecia que para la suspensión de la ejecución del acto administrativo, no se exigen mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; por ende, no se actualiza la excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. Como apoyo a lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 126/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, Materias Común y Administrativa, página 326, Décima Época, registro 2020596, siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada." Tampoco se está en las hipótesis de excepción que contempla el aludido numeral 61, fracción XX, de la ley de la materia, dado que: a) El acto reclamado no carezca de fundamentación, ya que de la simple lectura de la copia certificada del acto reclamado, se aprecia que la autoridad responsable invocó como fundamento de su postura, los artículos 66 y 109 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. b) No sólo se alegaron violaciones directas a la Constitución Federal, ya que la parte quejosa planteó cuestiones de legalidad, pues adujo que las consideraciones plasmadas en la resolución reclamada, eran indebidas y no realizó un análisis minucioso de las pruebas ofrecidas, porque -desde su óptica- le otorgó mayor credibilidad a las pruebas de la autoridad. En efecto, los planteamientos relativos a una indebida fundamentación o motivación del acto reclamado, como lo inherente a una insuficiente valoración de las pruebas, no puede considerarse como una violación directa a la constitución, sino como aspectos de legalidad reclamables a través del medio ordinario que corresponda. Máxime que considerar que el argumento relativo a una ausencia de fundamentación, deba ser interpretado como una violación directa a la constitución, sería como aplicar a la misma razón dos disposiciones distintas, es decir, que una misma circunstancia diera cabida a dos supuestos de excepción, lo que no es acorde con el principio del legislador racional, pues conforme a este, si el legislador hubiera considerado que cuestiones sobre fundamentación debieran ser consideradas como violaciones directas a la constitución, no hubiera contemplado como una causa de excepción adicional la ausencia de esta, ya que la finalidad de este último supuesto de excepción es verificar que el justiciable hubiese tenido conocimiento de la ley que rige el acto y, por ende, de los medios de defensa que tenía a su alcance, pues de no ser así, no podía exigírsele que los hiciera valer previo a instar el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la parte conducente de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesos 212/2021, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (de la que emanó la jurisprudencia 15/2022), la cual en la parte conducente, dispone: "78. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION."(22) 79. Es decir, la ausencia de fundamentación, para efectos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, atiende única y exclusivamente a aquellos casos en que, lejos de existir algunas deficiencias o incoherencias en la fundamentación del acto, la autoridad es omisa en señalar los preceptos conforme a los cuales actúa, pues en estos supuestos excepcionales y, particularmente gravosos, el gobernado, al desconocer las normas aplicables, ignora a su vez, si existe algún medio ordinario de defensa que pueda hacer valer contra el mismo -es tal circunstancia la que, precisamente, justifica la procedencia del juicio de amparo-. 80. En otras palabras, esta excepción al principio de definitividad no atañe meramente a una indebida fundamentación o a que los preceptos citados ya no se encuentren vigentes o no resulten aplicables -esa es una cuestión que, desde luego, debe ser reprochada ante la instancia correspondiente-, sino que implica una verdadera ausencia o carencia de fundamentación, pues al desconocer el gobernado los fundamentos del acto de autoridad, no resulta dable exigirle que agote algún medio ordinario de defensa. 81. Por ello, esta Segunda Sala colige que la pretendida "invalidez" de alguna norma o preceptos en que se sustenta el acto reclamado, no se equipara ni debe equipararse al supuesto de "carencia de fundamentación" a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues en este supuesto específico es evidente que el gobernado no desconoce los fundamentos del actuar de la autoridad, ni por ende, se encuentra imposibilitado para accionar el medio de defensa ordinario conducente. 82. En otras palabras, el hecho de que la autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, fundamente su actuar en normas generales que, jurisprudencialmente han sido declaradas inconstitucionales, aunque resulte reprochable, en forma alguna actualiza la excepción al principio de definitividad consistente en la "ausencia de fundamentación", pues en este caso el gobernado, al conocer los preceptos jurídicos conforme a los cuales se emite el acto, no se encuentra imposibilitado para determinar el medio ordinario de defensa procedente. 83. En suma, antes de promover el juicio de amparo en estos casos, el quejoso debe agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que la autoridad funde su actuar en determinados preceptos que han sido declarados inconstitucionales mediante jurisprudencia, no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca; cuestión que resulta contraria al principio de definitividad y a la naturaleza del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa. 84. Atento a lo hasta aquí expuesto se concluye que la excepción de ausencia de fundamentación tiene una connotación específica de indeterminación o situación de indefensión para la persona, cuestión que en forma alguna acontece cuando el acto sí está fundamentado, pero alguna de las normas citadas ha sido considerada inconstitucional jurisprudencialmente -pues en esta hipótesis el gobernado sí se encuentra en aptitud de determinar si existe algún medio de defensa ordinario que pueda promoverse en su contra, al conocer la norma en que se sustenta el acto de autoridad-. 85. Finalmente, debe señalarse que la obligación de agotar el medio ordinario de defensa, contra los actos de las autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo -por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados-, en estos supuestos, no sólo resulta congruente con el carácter excepcional del juicio de amparo, sino que además no genera una carga procesal indebida u ociosa para el justiciable, en perjuicio del derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva y pronta. (.)" c) El medio de defensa no se encuentre previsto en un reglamento, sino en el citado código de procedimientos. No pasa inadvertido que la determinación que aquí se reclama sea la emitida en el recurso de inconformidad interpuesto en sede administrativa; pues ello no releva al quejoso de la obligación de agotar el juicio contencioso, al ser ese el medio ordinario de defensa en sede jurisdiccional que debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo. En consecuencia, se concluye que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, al tener la parte quejosa la oportunidad de hacer valer distinto medio de defensa previo al juicio de amparo, en el que se establece la posibilidad de suspender el acto reclamado sin la necesidad de cumplir con mayores requisitos que los indicados para el mismo efecto por la Ley de Amparo. En ese contexto, la determinación combatida no puede ser materia de estudio en el presente juicio de derechos humanos, al tener el promovente la oportunidad de hacer valer distinto medio de defensa previo al mismo, por lo que debe promover el juicio contencioso administrativo en términos de los artículos citados. De ahí, si en la especie no se agotó el principio de definitividad antes de acudir a este controvertido de derechos fundamentales, por no haber interpuesto el medio de impugnación citado que se prevé en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, contra el acto combatido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en análisis. Determinación que se adopta, además, con el fin de cumplir con la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido no podrá desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio, pero sí se llega a la convicción a la que se arribó, con lo aportado por el propio quejoso. Aunado a lo anterior, conviene señalar que las consideraciones plasmadas en este proveído, permiten al solicitante de la protección federal tener pleno conocimiento de la vía que debió agotar previo a instar el presente juicio de amparo; máxime que el cuerpo legal que rige el acto reclamado y contempla el medio ordinario de defensa que debió agotar el quejoso, fue invocado por la autoridad responsable en el propio acto como fundamento de su determinación. Tiene aplicación a las consideraciones anteriores la jurisprudencia P./J. 3/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ocho, Tomo: XIII, Enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 190367, que la letra dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo." En mérito de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos fundamentales, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. Sustenta la presente determinación, la jurisprudencia XXIV.2o. J/5 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, febrero de 2020, Tomo III, página 2067, registro 2021644, de rubro y texto: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio." Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el señalado en su escrito de demanda de amparo, y por autorizados en términos amplios como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Baltazar Iván Rodríguez Espinosa, Andrea Medina de Jesús, Hilario Silvan Arias y Domingo Silvan Arias, ya que los tres primeros acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y el último por estar dado de alta ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, como se advierte de la consulta realizada el día de hoy en la página electrónica respectiva, con dirección: http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, sin que obste para el que suscribe que el aludido profesionista no esté registrado en el referido sistema computarizado, pues se considera suficiente que esté registrada su cédula profesional ante la Secretaría de Educación Pública, y únicamente para imponerse de autos a la restante persona por así solicitarlo expresamente el quejoso. Asimismo, téngase la parte quejosa, solicitando acceder y consultar de manera electrónica el juicio de amparo en que se actúa, con el usuario "NOAZYEN82"; en tales condiciones, se le autoriza con el nombre de usuario indicado, para la consulta al expediente electrónico vía internet, mediante el portal de Servicios en línea implementado por el Consejo de la Judicatura Federal como parte del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación en la página: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/; el cual le permite el acceso en línea a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en toda la República Mexicana, así como a las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación, por lo que se instruye a la oficial Administrativa "A" adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitarlo para que pueda acceder y consultar el expediente electrónico del juicio en que se actúa. PARTE QUEJOSA PROPORCIONA CORREO ELECTRÓNICO Y NUMEROS TELEFÓNICOS: De igual forma, téngase a la parte quejosa proporcionando los números telefónicos y correo electrónico que indica en su escrito de la demanda, mismos que se utilizarán únicamente como medio de contacto en caso de ser necesario, para comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables, en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN PARA LIBRAR OFICIOS Se autoriza a los Secretarios adscritos a este del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar oficios derivados de este asunto. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo...

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