Rafael de Jesús Maldonado Sánchez

Expediente 738/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
738/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
06/09/2017

Partes del expediente

  • Rafael de Jesús Maldonado Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo, promovido por ***********. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta suscrito por el Juez Segundo Penal de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual remite las constancias de emplazamiento del tercero interesado ********; ahora toda vez que en proveído de veinticuatro de agosto pasado, se declinó competencia al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en Irapuato, Guanajuato, por tanto, remítanse las presentes constancias al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, quien por razón de turno conoció del presente asunto bajo su progresivo 705/2017, previa copia certificada obre en autos.

  3. Principal

    Visto el oficio remitido por el Subdirector Jurídico del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social en Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado el veintidós de los corrientes, informa que el quejoso ********, se encuentra recluido en ese centro carcelario; agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia, toda vez que en proveído de veinticuatro de los de los corrientes, se tuvo por recibido vía electrónica y se acordó al respecto.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio remitido por el Subdirector Jurídico del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social en Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado el veintidós de los corrientes, informa que el quejoso ************, se encuentra recluido en ese centro carcelario desde el veinticinco de octubre de dos mil quince, siendo procesado en la causa penal 5/2016 y 24/2013, ambas del índice del Juzgado Segundo Penal de Partido en esa localidad, por los delitos de secuestro y homicidio respectivamente. En razón de lo anterior y visto el estado de autos, esta potestad considera que no es competente legalmente para continuar con la substanciación del presente controversial, y por ende, resolverlo por cuestión de territorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y por ende, se declina la misma a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Irapuato, Guanajuato, con base en las siguientes consideraciones: El quejoso Rafael de Jesús Maldonado Sánchez, (quien se encuentra recluido en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato), demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la posible orden de aprehensión, retención y comparecencia dictada en su contra, registrándose con el número 555/2017 y su acumulado 556/2017. El veinticinco de mayo pasado, en el citado juicio de amparo, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las responsables su informe justificado correspondiente, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional [F. 33-36], luego, el once de julio pasado, se ordenó la separación de los autos, pues del informe justificado del Juez Único Penal de Partido en Cortazar, Guanajuato, se advirtió que en la causa penal 34/2012 de su índice, se libró una orden de aprehensión contra el citado quejoso, por su probable participación en el delito de homicidio calificado; asimismo, que declinó la competencia de su diverso proceso penal 37/2012, al Juez Penal de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, instruido contra el impetrante de que se trata, por el delito de secuestro, en donde también se emitió un mandato de captura; órdenes que se encuentran desvinculadas, en virtud de que derivan de causas penales distintas, hechos diversos y tramitados ante órganos jurisdiccionales diferentes. Así, una vez remitidos los autos a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en esta localidad, fue turnada al Sexto de Distrito, quien mediante proveído de catorce de julio pasado, declinó su competencia a favor de este órgano jurisdiccional, por lo que esta potestad la admitió bajo el progresivo 738/2017. Del informe justificado rendido por el Juez Segundo Penal de Partido en Valle de Santiago, Guanajuato, se desprende que el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, su homólogo en Cortazar, Guanajuato, declinó (respecto la causa penal 37/2012) competencia al Juez Primero Penal de Partido en Valle de Santiago, Guanajuato, quien aceptó la competencia planteada, quedando registrada dicha causa con el número 7/2016 (en la que se emitió el mandato de captura aquí reclamado), la que se acumuló a la diversa causa 5/2016 del índice del Juzgado Segundo Penal de Partido en esa localidad. Por su parte, el Subdirector Jurídico del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social en Valle de Santiago, Guanajuato, en esta fecha, informó que el quejoso Rafael de Jesús Maldonado Sánchez, se encuentra recluido en ese centro carcelario desde el pasado veinticinco de octubre de dos mil quince, siendo procesado en la causa penal 5/2016 y 24/2013, ambas del índice del Juzgado Segundo Penal de Partido en esa localidad, por los delitos de secuestro y homicidio respectivamente. De lo que se desprende que el Juez del proceso (Segundo Penal de Partido) en el que se emitió la orden de aprehensión aquí reclamado (proceso penal ****, por el delito de secuestro en agravio de **********), tiene su sede en la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, en tanto que el impetrante se encuentra recluido en dicha localidad; la que se destaca se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. En razón de lo anterior, resulta obligado analizar la competencia, por tratarse de un presupuesto procesal de orden público. Es aplicable a lo anterior, el criterio jurisprudencial contenido en la tesis 679, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto a continuación se citan: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. Es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante en grado sumo destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro siguiente: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Además de lo expuesto, para establecer su competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen a la misma, incluso los escritos que la aclaren, para deducir los datos que razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior se apoya en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU.". Así, para fijar la competencia de un juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo se debe determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material y, en caso de que sí la requiera, analizar si ya se ejecutó, se va a ejecutar o se está ejecutando y en qué sitio tuvo, tiene o tendrá lugar dicha ejecución; lo que en el caso se concluye que al ser el acto reclamado una orden privativa de libertad, necesariamente requiere ejecución en la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, pues el quejoso se encuentra recluido en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social en esa localidad. Así, al hecho de que el quejoso ***********, se encuentra recluido en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, debe sumársele que la autoridad que conoce de la causa penal en la que se emitió el acto reclamado tiene su sede en la misma localidad, en donde, acorde con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, quien ejerce jurisdicción son los Juzgados de Distrito con residencia en Irapuato, Guanajuato. Esto, virtud a que la orden de aprehensión reclamada, habrá de ejecutarse en Valle de Santiago, Guanajuato (donde se encuentra recluido actualmente el impetrante), máxime que como se asentó, el Juez instructor tiene su residencia en la misma localidad. Cobra aplicación por los motivos que la conforman, el criterio II.3o.P.8 P, sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, identificado con el registro 163867, visible en la página 1199, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL UNITARIO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL CENTRO DE RECLUSIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LA RESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN QUE LA DICTÓ SEA DIFERENTE AL DEL LUGAR DE DICHO CENTRO." Así como el diverso por contradicción de tesis 1a./J. 147/2005, sustentado por la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal, identificado con el registro 176365, visible a foja 174, del Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN." En tal virtud, de conformidad con el último párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo y toda vez que del diverso juicio de amparo de donde emana el presente, ya se resolvió la suspensión definitiva, se ordena remitir el presente expediente al Juez de Distrito en turno en Irapuato, Guanajuato, a efecto de que, por razón de competencia territorial se avoque al conocimiento de este asunto. Asimismo, remítanse los tres tomos de pruebas que adjuntara la respónsale, así como copia certificada de la incidencia originariamente tramitada. Solicítese el acuse de recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y sistema correspondiente. Finalmente, en razón de la incompetencia planteada, deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con tres minutos del dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete.

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