Rafael Cruz Ulloa

Expediente 908/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
908/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
12/07/2023

Partes del expediente

  • Rafael Cruz Ulloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso mediante el cual, realiza diversas manifestaciones, y señala que en la resolución de la planilla de liquidación emitida en autos, no se cómputo la cantidad que corresponde por el concepto de remuneración diaria ordinaria, a partir del uno de mayo de dos mil dieciocho, a la fecha en que efectivamente se realice el pago; y por lo tanto solicita que se regularice la planilla de liquidación que debe de cubrir la autoridad responsable; de igual forma, precisa que no se le deberá realizar retención alguna por cuotas de pensiones como lo pretende hacer la autoridad responsable, ya que, sólo les obliga para los trabajadores activos y no para los que se dieron de baja; al respecto, se provee: agréguese a los autos el escrito de cuenta. Ahora bien, en relación a las manifestaciones que realiza en relación a que en la resolución de la planilla de liquidación emitida en autos, no se cómputo la cantidad que corresponde por el concepto de remuneración diaria ordinaria, a partir del uno de mayo de dos mil dieciocho, a la fecha en que efectivamente se realice el pago; y por lo tanto solicita que se regularice la planilla de liquidación que debe de cubrir la autoridad responsable; dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, en razón de que dicha determinación constituye cosa juzgada, pues se trata de una resolución interlocutoria que habiendo advertido las inconsistencias, oscuridades y ambigüedades que considera se contienen en la misma, estuvo en posibilidad de accionar los medios jurídicos a fin de impugnar su validez y obtener la depuración de dichas fallas en su dictado, lo que no hizo, con lo que aceptó el contenido de la misma así como todas sus consecuencias. Ahora bien, respecto a que no se le deberá realizar retención alguna por cuotas de pensiones como lo pretende hacer la autoridad responsable, dígasele que una vez que la autoridad responsable cumpla con la ejecutoria de amparo se proveerá lo que en derecho corresponda.

  2. Principal

    Visto el oficio que suscribe la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual, aduce que se encuentra realizando gestiones para dar cumplimiento a la sentencia; téngasele a la autoridad responsable en vías de cumplimiento. No obstante lo anterior, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, el que deberá de realizar las acciones tendentes a requerir a las autoridades competentes en la materia para que realicen la adecuación o integración del presupuesto de egresos del Ayuntamiento Constitucional de Valle de Juárez, Jalisco, a fin de que esté en posibilidad de pagar el laudo dictado en el procedimiento de origen y a su vez, dar cumplimiento a la sentencia dictada en el amparo en que se actúa. Por ende, requiérase al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días, realicen las gestiones solicitadas. Se apercibe a los integrantes del Tribunal responsable que de no hacerlo así sin causa justificada se le impondrá a cada uno, una multa equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido con el artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver el incidente innominado para determinar las cantidades que debe recibir el quejoso, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emitida en el juicio de amparo indirecto 3618/2018-VIII, promovido en contra de la Secretaría de Movilidad del Estado, hoy Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. **, el doce de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos de la Secretaría de Movilidad del Estado, hoy Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, Área de Asuntos Internos y Dirección de Recursos Humanos, ambas de dicha dependencia; así como del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; mediante proveído el trece de diciembre de dos mil dieciocho, se ordenó admitir la demanda de amparo, misma que fue registrada bajo expediente; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta de ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictándose la sentencia correspondiente el treinta de agosto siguiente, por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, en la que por un lado se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y por otro, se concedió la protección constitucional solicitada. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer y resolver al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, registrando el toca respectivo con el número Amparo en Revisión 536/2016, el cual fue resuelto mediante sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en la que se determinó modificar la sentencia sujeta a revisión, para por un lado, sobreseer en el presente juicio, por otro, negar el amparo solicitado y por otro conceder la protección constitucional. TERCERO. Mediante proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, se requirió a las autoridades señaladas como responsables, para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo. CUARTO. En auto de doce de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó la apertura de incidente innominado, al no haber cantidad líquida a pagar a favor del quejoso, motivo por el cual se dio vista a las partes por un término de tres días a fin de que alegaran lo que a su derecho corresponde y ofrecieran pruebas a fin de precisar la cantidad que en su caso procede entregar al quejoso. Mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, de oficio, se ordenó el desahogo de una prueba pericial en materia contable, con el objetivo de que se determinara con claridad, la cantidad que debe pagarse al quejoso, por concepto de Indemnización constitucional, Prima vacacional, Aguinaldo, Veinte días por año de servicio, Día del Policía (Día del Servidor Público), Ayuda de Útiles Escolares, Regalo Navideño, Remuneración Diaria Ordinaria y demás prestaciones a que tuviera derecho, nombrándose como diestra para realizar tal cuantificación a , por encontrarse en la lista vigente de peritos que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, a quien una vez que aceptó el cargo conferido, mediante proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, se le tuvo emitiendo su correspondiente dictamen pericial; por lo anterior, en esa misma fecha se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos, misma que tuvo verificativo al tenor del acta de diecisiete de mayo siguiente, dictándose la interlocutoria respectiva el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en la cual se determinó que la cantidad a pagar como monto de la indemnización que debería ser restituida al quejoso Jesús Pedro López Barrera, para dar cumplimiento al fallo protector, emitido en el juicio de amparo indirecto, correspondería a la suma de $1´331,979.60 (Un millón trescientos treinta y un mil novecientos setenta y nueve pesos 60/100 M.N.), brutos, sin perjuicio de que se actualizara a la fecha en que la responsable realizara el pago. Inconforme con dicha determinación el Director de Amparos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, en representación de tal dependencia interpuso recurso de queja en su contra, del cual correspondió conocer y resolver al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien lo registró con el número de toca, y mediante resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós, declaró fundado el medio de impugnación de mérito, motivo por el cual ordenó que se dejara insubsistente la resolución recurrida y se emitiera otra en la que se reiteraran todas las cuestiones que no fueron debatidas ni se consideraron ilegales en el aludido recurso y se prescindiera de cuantificar por separado el concepto que se identifica como "vacaciones", al ir inmerso en la remuneración diaria ordinaria que se ordenó a las autoridades responsables pagar, por la separación del cargo del promovente del amparo. Así, en acatamiento a lo ordenado por la superioridad, mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, entre otras cosas, se ordenó a la perito nombrada por este órgano jurisdiccional emitir una nueva opinión técnica, atendiendo a los lineamientos ordenados en la mencionada resolución emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; dictamen que se tuvo por rendido mediante acuerdo de siete de febrero de dos mil veintitrés y por ratificado el diez de marzo del año en curso. Asimismo, en autos se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo es legalmente competente para conocer del presente incidente innominado, en términos de lo dispuesto en los artículos 66, 67 y 193 cuarto párrafo de la Ley de Amparo, por haber tramitado el presente juicio de garantías. SEGUNDO. Ahora, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, la instauración del incidente tiene por objeto el precisar, definir o concretar la forma y términos del cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en autos; es decir, cuantificar en cantidad líquida la indemnización que debe pagarse a la parte quejosa. En ese tenor, para cuantificar los conceptos a que se condenó, conforme al material probatorio aportado, se estiman suficientes los documentos allegados por las partes, mismos que al no haber sido objetados, se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, debe decirse que por cuanto hace a las probanzas documentales aportadas en el presente incidente, únicamente son aptas para crear una referencia de las percepciones que recibía el quejoso, tomando como base el porcentaje determinado en el recibo de pago de nómina, al momento de su separación. Cabe precisar, que como se adelantó, a efecto de determinar la cantidad líquida que debe pagarse al quejoso en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, se nombró una perito oficial por ser ésta la especialista en la materia. Para ello, se debe atender lo que establece el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2 del último ordenamiento, que establece: "Artículo 211.- El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del Tribunal." Del precepto transcrito, se evidencia que la prueba pericial debe ser valorada por este órgano jurisdiccional conforme al libre arbitrio. En ese orden de ideas, debe destacarse que los dictámenes periciales deben ser valorados atendiendo a los criterios siguientes: 1. La idoneidad de la prueba; 2. La lógica de los razonamientos expuestos en sus dictámenes; 3. Que los razonamientos vertidos estén apoyados en documentos que corroboren sus asertos y tengan eficacia acreditativa; y, 4. Que las opiniones contenidas en los dictámenes, se refieran a cuestiones propias de su especialidad, en el entendido de que la falta de alguno de ellos, es suficiente para restarle valor probatorio, pues los dictámenes periciales no son verdades irrefutables, sino que su objetivo, es ilustrar al juzgador en aspectos del debate respecto de los cuales no se tienen los conocimientos técnicos o científicos suficientes para resolverlos. Cabe precisar, que el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada por persona o personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual, se suministran al Juez argumentos y razones para la formación de su convencimiento, respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o comprensión escapa a las aptitudes del común de la gente. Luego, el peritaje cumple con una doble función, que es por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar convicción en el Juez sobre tales hechos, e ilustrarlo, con el fin de que comprenda su complejidad y pueda apreciarlos objetivamente. Por ello, su valor probatorio radica en que el perito sea veraz y acertado, además que se advierta, que haya estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, haya realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso, con eficacia y haya emitido su conclusión sobre tales percepciones, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada y fundada. Esto es, el valor probatorio del dictamen profesional, depende de si está debidamente fundado y motivado así como la claridad en las conclusiones, su firmeza o la ausencia de vacilaciones, son imperantes para que sean convincentes. Asimismo, la lógica relación entre ellas y los fundamentos establecidos en la ley que las respaldan, deben existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Por ello, si unos buenos fundamentos van acompañados de unas malas conclusiones, o si no existe armonía entre aquéllos y éstos; o si el perito no parece seguro de sus resultados, el dictamen no puede tener eficacia probatoria. Además, no basta que las conclusiones de los peritos sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus fundamentos o motivaciones, porque puede exponer con claridad, firmeza y lógica tesis equivocadas, y si a pesar de esta apariencia el Juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, éste no será conveniente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo adopte como fundamento de su decisión. Por tanto, la prueba por peritos o peritación, es una actividad procesal desarrollada por personas calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministran al Juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción escapa a las aptitudes del común de la gente, y cuya función tiene indispensablemente un doble aspecto: Verificar hechos que requieren conocimientos específicos, ya sean técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos; y, Suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los comprenda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Asimismo, le corresponde a este órgano jurisdiccional apreciar la argumentación del o de los dictámenes periciales, esto es, si aparecen los fundamentos para llegar a sus conclusiones, y de esa forma generar la convicción al juzgador, valorando la prueba a su prudente apreciación, de conformidad con el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Pero, esa prudente apreciación que tiene el juzgador al calificar la prueba pericial, debe ser según su ecuánime estimación, acorde a las reglas de la lógica y con fundamento en la legislación aplicable, además de expresar los argumentos por los cuales no le otorgó valor probatorio, esto es, al través del respectivo razonamiento lógico jurídico. En ese contexto, se conoce que la prueba pericial resulta imperativa, cuando surgen cuestiones que por su carácter eminentemente especial, requieren de un diagnóstico respecto de un aspecto concreto o particular, que el órgano jurisdiccional está impedido para dar, por carecer de los conocimientos especiales en determinada ciencia o arte, de manera que, bajo el auxilio que le proporciona tal dictamen se encuentra en posibilidades de pronunciarse respecto de una cuestión debatida, dando, por cuanto a su particular apreciación, una decisión concreta; por esto, es entonces evidente, que para que un dictamen pericial pueda ser estimado por la autoridad, debe ser auténticamente ilustrativo, pues lo que en él se indique ha de ser accesible o entendible para la autoridad del conocimiento, de manera que eficazmente constituya un auxilio para dicho órgano resolutor. A la luz de las anteriores consideraciones, se examinará el dictamen de la diestra oficial, que se ordenó desahogar a efecto de cuantificar las cantidades a restituir por parte de la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia, para lo cual se designó como perito oficial a Berenice Lizeth Esquivel Gutiérrez. De un análisis íntegro al dictamen pericial emitido por la mencionada diestra, se no se advierten inconsistencias, pues la fecha a partir de la cual realizó las operaciones aritméticas para calcular el monto que debería entregarse a la parte quejosa, fue el siete de marzo de dos mil dieciocho, data en que el solicitante del amparo fue notificado de la separación de su cargo, y hasta el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, fecha en que se realizó el dictamen en cuestión; asimismo, que de las constancias que fueron allegadas al sumario en que se actúa, mediante oficio, por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, se obtuvo que el salario que percibía el quejoso asciende a la cantidad de $ mensuales, mismos que al ser divididos entre treinta días, resulta un sueldo diario de $ De igual forma, en el dictamen pericial emitido por la diestra nombrada por este órgano jurisdiccional, no se cuantificó el concepto de vacaciones, pues éste se encuentra comprendido en la remuneración diaria ordinaria vía sueldo devengado por el quejoso, como lo ordenó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el toca de queja, de su índice; ello, en el entendido de que, se insiste, la cuantificación de mérito se realizó del siete de marzo de dos mil dieciocho, hasta el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; periodo que se estima correcto, en razón de que partió de la fecha en que el quejoso fue notificado de la separación de su cargo, hasta la data en que se realizó el mencionado dictamen; conclusión que coincide con lo determinado por la superioridad al fallar el recuso de mérito. En ese orden de ideas, del aludido dictamen, mismo que fue presentado de manera electrónica el dos de febrero de dos mil veintitrés, puede advertirse que la perito oficial determinó que la cantidad que debían pagarse al quejoso, asciende a la cantidad de $, brutos, según se advierte del cuadro que a continuación se inserta: Lo anterior, en el entendido de que las operaciones aritméticas por las cuales la diestro oficial determinó dichas cantidades se encuentran en el propio dictamen emitido, mismas que, como se adelantó, se realizaron del siete de marzo de dos mil dieciocho hasta el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Lo expuesto permite concluir, que la cantidad que corresponde pagar al quejoso, es la suma de $, brutos, como se ha quedado establecido en líneas que anteceden; es decir, todas las percepciones del puesto que venía desempeñando el quejoso para la Secretaría de Movilidad del Estado, hoy Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, desde la fecha a partir de la cual cesaron las funciones de su cargo hasta al día en que se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho. Lo anterior, con independencia de que dicha cantidad se actualizada hasta el momento de que se realice el pago de la misma. Cabe precisar que, es bruto el total de la cantidad a pagar a la parte quejosa en cumplimiento al fallo protector, y que en caso de ser ésta sujeta de algún ajuste, en virtud de haber pagado ya algún concepto de los condenados (lo que deberá acreditar al momento del cumplimiento) o de algún gravamen por parte de la responsable, por lo que ésta deberá exhibir el recibo de liquidación en el que aparezca con claridad el desglose del impuesto retenido a dichos conceptos, sin que resulte necesario que la autoridad examine el exacto cálculo de la cantidad a enterar, pues tal determinación corresponde a la autoridad fiscal. En esas condiciones, una vez que tenga firmeza la presente resolución con fundamento en los artículos 192, 194, 195 y Tercero Transitorio, de la Ley de Amparo Vigente, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, cumpla con la ejecutoria de amparo, esto es, para que ordene a quien corresponda a cubrir el pago por concepto de indemnización al quejoso respecto a las percepciones del quejoso como elemento de seguridad pública adscrito a la Secretaría de Movilidad del Estado, hoy Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. Finalmente, debido a que la presente determinación fue autorizada de manera electrónica, la misma no se integrará al expediente físico, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 77, 192 y 193 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Es procedente y fundado el presente incidente de liquidación. SEGUNDO. Se determina que la cantidad a pagar como monto de la indemnización que deberá ser restituida al quejoso **, para dar cumplimiento al fallo protector, emitido en el juicio de amparo indirecto, comprende a la suma de $**, brutos, cantidad que corresponde al periodo comprendido del siete de marzo de dos mil dieciocho hasta el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; ello, sin perjuicio de que la misma se actualice a la fecha en que la responsable realice el pago. TERCERO. Una vez que quede firme la presente resolución, requiérase a las autoridades responsables para que cumplan en términos de lo dispuesto en el último considerando del presente fallo.

  4. Principal

    Se tiene por recibida la constancia de justificación de no notificación emitida por la Unidad de Notificadores Común de los Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en Zapopan, Jalisco, en el que se remite el oficio, pues manifiesta que se rechazó la recepción de la notificación por medio de oficio a la autoridad, ya que, la Comisión General de Seguridad Pública en el Estado de Jalisco actualmente no existe en el organigrama, al respecto; agréguese a los autos el libelo de cuenta, para los efectos legales conducentes. En esa tesitura, reexpídase el oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco.

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