Rafael Covarrubias Romo
Expediente 342/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 342/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 10/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Rafael Covarrubias Romo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
El diez de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con número de folio 20623. Conste.20623 Zacatecas, Zacatecas, a diez de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por la actuaria judicial del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por Jehú Eduí Salas Dávila, coordinador general Jurídico, en representación de la autoridad responsable Gobernador del Estado de Zacatecas, contra la sentencia dictada en el expediente principal del que deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. SDelgado
- Principal
El dos de octubre de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la última de las partes del ********************. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dos de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo; en tales condiciones se advierte que mediante proveído de ********************, se reservó acordar respecto al recurso de revisión intentado por la autoridad responsable Gobernador del Estado de Zacatecas, hasta una vez que transcurriera el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto y toda vez que el mismo ha fenecido, se acuerda: Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 87, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión de mérito; distribúyanse entre las demás partes copia simple del escrito de expresión de agravios exhibido, recábese la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este juicio y dentro del término legal remítase el mismo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, debiendo acompañarse los originales y copia del escritos de expresión de agravios respectivos. Fórmese cuadernillo de antecedentes y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. SDelgado
- Principal
Juicio de amparo 342/2018 En veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 19324, con anexos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por la autoridad responsable Gobernador del Estado de Zacatecas, por el que interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio; en atención a su contenido, una vez que transcurra el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para todas las partes, se acordará lo que en derecho corresponda en cuanto al recurso de revisión intentado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. SDelgado
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con cuarenta minutos del once de septiembre de dos mil dieciocho, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 342/2018, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, inició su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura de la demanda de amparo, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: el Gobernador del Estado (fojas 27-55), Congreso (fojas 63-95) y Secretario de Finanzas (fojas 109-177) todos del Estado de Zacatecas. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, la secretaria da cuenta con la documental exhibida por el quejoso con su demanda de amparo (foja 17), con la remitida por el Congreso del Estado, consistente en un disco en formato DVD (foja 96), con las documentales allegadas por el Secretario de Finanzas del Estado (fojas 178 y 323), así como con la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano, que hizo valer este último en su informe justificado (foja 176). A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, la secretaria relaciona los vertidos por la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado mediante los pedimentos registrados con los folios 5265, 6932 y 18146 (fojas 57-62, 103-108 y 325-331); a lo que el juez acuerda: ténganse formulados los alegatos referidos y precluído el derecho de las demás partes para expresarlos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo, que firman quienes intervinieron. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 342/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Rafael Covarrubias Romo, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: LXII Legislatura del Estado de Zacatecas. Gobernador del Estado de Zacatecas. Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "A) DE LA LXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, RECLAMO LO SIGUIENTE: 1.- La aprobación y expedición del decreto legislativo número 109, publicado en el Periódico Oficial el 31 de diciembre de 2016, mediante el cual se expidió la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, específicamente por lo que se refieren los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 99, reformado mediante decreto 273 de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, así como la aplicación del numeral 15 del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales, y Reglas de Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal 2018. 2.- La aprobación y expedición del Decreto Legislativo número 109, publicado en el Periódico Oficial el 31 de diciembre de 2016, mediante el cual se expidieron las reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, específicamente la adición a los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 99, reformado mediante decreto 273 de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, así como la aplicación del numeral 15 del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales, y Reglas de Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal 2018. B) DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, RECLAMO LO SIGUIENTE: 1.- La expedición de las Reformas, Adiciones y Derogaciones de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada en el Periódico Oficial el 31 de diciembre de 2016, con relación a los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 99, reformado mediante decreto 273 de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, así como la aplicación del numeral 15 del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales, y Reglas de Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal 2018. 2.- La expedición de las reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2017. C) DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. De dicha autoridad reclamo lo siguiente: 1.- Del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, en especial, reclamo el pago del Impuesto Sobre Infraestructura, UAZ y control vehicular y su aplicación a la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, así como a sus correspondientes reformas y adiciones en los términos y fecha de publicación vertidas en los apartados anteriores, especialmente a los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 99, reformado mediante decreto 273 de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, así como la aplicación del numeral 15 del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales, y Reglas de Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal 2018." Actos que, a su parecer resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de seis de febrero de dos mil dieciocho se admitió a trámite por las autoridades y actos señalados en el escrito inicial, por lo que se solicitó los informes justificados; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró el veinticinco de abril de esta anualidad, y en diecisiete de mayo de dos mil dieciocho se dictó la sentencia correspondiente por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla. TERCERO. La anterior resolución fue recurrida por el Gobernador del Estado, y en sesión de ocho de agosto de este año, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, en el amparo en revisión administrativo 260/2018, resolvió revocar la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento, para el efecto de dejar insubsistente la audiencia constitucional de veinticinco de abril de dos mil dieciocho y requerir al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, para que informara si obraba en sus archivos, recibo en el que constara de manera fehaciente, el pago realizado por el quejoso del impuesto adicional para la infraestructura en fechas anteriores a enero de dos mil dieciocho, y en su caso, remitiera copia certificada de las constancias que lo acreditaran. CUARTO. En cumplimiento a esa resolución, el quince de agosto de esta anualidad, este órgano jurisdiccional ordenó reponer el procedimiento, y requirió al Secretario de Finanzas en los términos señalados por el referido Tribunal Colegiado (foja 309). En atención a lo anterior, por oficio PF/3505/18 dicha autoridad comunicó que la prueba fehaciente y necesaria para acreditar la causal de improcedencia invocada por dicha responsable obraba en el informe justificado rendido con anterioridad, sin embargo anexó el Comprobante Fiscal Digital con número de folio X 463103 a nombre del quejoso (foja 323). Seguido el juicio por sus trámites legales, se fijó fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se verifica en términos de la presente acta; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: - De la Legislatura y del Gobernador del Estado de Zacatecas, respectivamente, la expedición y promulgación de: a) El artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, que establece el derecho de control vehicular. b) Los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicados el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que establecen el impuesto adicional para la infraestructura. c) Los arábigos 83 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicados el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que regulan el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas. d) El artículo 15 del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales y Reglas de Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. e) La aportación que se realiza a la Cruz Roja. Del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas: a) La recaudación del impuesto adicional para la infraestructura, del derecho por servicio de control vehicular, el adicional para la Universidad Autónoma de Zacatecas y Cruz Roja; así como la aplicación del aludido Decreto Gubernativo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La LXII Legislatura del Estado de Zacatecas al emitir su informe justificado (foja 64) negó haber intervenido en la aplicación o expedición del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales y Reglas de Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial el treinta de diciembre de dos mil diecisiete, bajo el argumento de que se trata de un ordenamiento de carácter administrativo, emitido por el titular del Ejecutivo del Estado. Lo anterior se corrobora con el informe justificado del Gobernador del Estado de Zacatecas, en tanto que por una parte negó la aplicación del aludido Decreto, y por otra, adujo tener facultades para su promulgación, de conformidad con el artículo 82, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de la expedición y aplicación de referido decreto gubernativo por parte de la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, en la medida en que incorrectamente se le atribuye a la referida autoridad. Sustenta lo aquí discernido la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. En el ámbito de sus atribuciones, son ciertos los actos reclamados a la LXII Legislatura (foja 65) y Gobernador (foja 31), ambos del Estado de Zacatecas, consistentes en los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada en el Periódico Oficial el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, así como las reformas a dicho ordenamiento, vigentes a partir del uno de enero de dos mil dieciocho. De igual forma, es cierto el acto reclamado consistente en el artículo 15 del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales y Reglas de Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, toda vez que así lo reconoció el Gobernador del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado. Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". En el mismo sentido, es cierto el acto consistente en la recaudación del derecho de control vehicular, del impuesto adicional para la infraestructura, el adicional para la Universidad Autónoma de Zacatecas, y la aplicación de los beneficios derivados del Decreto Gubernativo reclamado, pues así lo reconoció el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, al rendir su informe de ley (foja 110); afirmación que se encuentra robustecida con el comprobante de pago con número de folio V 123722 (8 Y) de fecha quince de enero de dos mil dieciocho, de los que se advierte que la Secretaría de Finanzas responsable recaudó los impuestos y el derecho que se le atribuye (foja 17). Debe puntualizarse que aun cuando las autoridades responsables no realizaron alguna manifestación en relación al acto reclamado que se hizo consistir en la aportación a la Cruz Roja, sin embargo, ese acto debe tenerse por cierto en tanto que la parte quejosa cubrió el pago por ese concepto, como se advierte del recibo de pago antes precisado. QUINTO. Causal de improcedencia [Hipótesis actualizada]. Fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo. En una parte del informe justificado rendido por la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas (foja 90) refiere: "C) En relación con el derecho de control vehicular, previsto en el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado, resulta pertinente señalar que la quejosa no expresa, en el apartado de conceptos de violación, ningún argumento relativo al contenido de la citada disposición legal, pues solo se inconforma por el tratamiento diverso, que se otorga en el Decreto Gubernativo de Estímulos 2018, emitido por el titular del Ejecutivo del Estado, en el cual se establecen distintos beneficios en atención al modelo de vehículo." Previo a dar respuesta a dicho argumento, cabe precisar que procede su análisis, pues sin desconocer que la legislatura responsable no refiere la causal de improcedencia que se actualiza en términos de las fracciones del 61 de la Ley de Amparo, lo cierto es que para su estudio sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, toda vez que basta con que se revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Sustenta lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 137/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto se leen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." Establecido lo anterior, se tiene que en relación al artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, que establece el derecho de control vehicular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no expuso conceptos de violación. En efecto, los artículos citados, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.- (.) .-- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:.-- (.) .-- VIII.- Los conceptos de violación". De los preceptos legales, se desprende que es requisito que la demanda de amparo se formule por escrito expresando los preceptos constitucionales que contengan los derechos fundamentales que la quejosa estime violadas y los conceptos de violación. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo no se advierte que la parte quejosa haya formulado argumentos encaminados a controvertir la constitucionalidad del precepto impugnado, pues sus planteamientos se encuentran dirigidos a cuestionar los artículos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que regulan el impuesto adicional para la infraestructura y el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, respectivamente [primer concepto de violación]; el artículo 15 del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales y Reglas de Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal 2018 [segundo concepto de violación]; y la aportación que se realiza a la Cruz Roja [tercer concepto de violación]; además, en el caso no opera a favor de la parte quejosa la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo, para abordar el estudio de la constitucionalidad planteada aun ante la ausencia de conceptos de violación. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto del artículo artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo. Virtud de lo anterior, por cuanto hace a la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, hecha valer por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional en relación con el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, resulta innecesario pronunciarse, al haberse actualizado la diversa causal citada en líneas precedentes. b. Fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. La Legislatura, el Gobernador y el Secretario de Finanzas, todos del Estado de Zacatecas, y la agente del Ministerio Público de la Federación, al rendir sus respectivos informes justificados, y su pedimento a foja 325 manifestaron que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues, aducen sustancialmente que los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que regulan el impuesto adicional para la infraestructura, iniciaron su vigencia el uno de enero de dos mil diecisiete, sin que fueran modificados con motivo de la expedición del artículo 99 del citado ordenamiento legal; aducen las responsables que de los comprobantes de pago exhibidos por la parte quejosa, se advierte que esta última únicamente pagó el impuesto adicional relativo al ejercicio dos mil dieciocho, por lo que puede colegirse válidamente que el solicitante del amparo pagó el impuesto adicional en el ejercicio dos mil diecisiete, es decir, que no impugna el primer acto de aplicación de los citados artículos, toda vez que la demanda se presentó fuera del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, de ahí que, dicen las responsables, debe entenderse que consintió tácitamente los actos que hoy reclama extemporáneamente. En esa lógica, dice la Secretaría responsable, la parte quejosa ha erogado y realizado el pago de las contribuciones en ejercicios fiscales anteriores al año dos mil dieciocho, como el relativo al impuesto adicional para la infraestructura, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho de control vehicular, lo que se desprende del ticket con número de folio X 8260648 que adjuntó a su informe, así como del Comprobante Fiscal Digital con número de folio X 463103 que remitió con posterioridad junto con su oficio con número PF/3505/18, correspondientes al pago de contribuciones del ejercicio fiscal dos mil diecisiete que efectuó en aquél momento el peticionario del amparo. Para ello, señala que el ticket correspondiente al año dos mil diecisiete fue obtenido del Sistema Integral de Información Financiera, el cual funciona como respaldo de todos aquellos recibos que son emitidos por la propia Secretaria una vez que son pagados por los contribuyentes; por tanto, aduce que el mismo debe tener eficacia probatoria plena a efecto de tener por comprobada la causal de improcedencia denunciada. Aunado a lo anterior, afirma que el Comprobante Fiscal Digital cumple con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, el cual es generado como comprobante de que el Estado obtuvo dicho ingreso durante un ejercicio fiscal determinado; del cual concluye, que al ser un documento eficaz y pleno se deba tener que la parte quejosa erogó en el ejercicio fiscal dos mil diecisiete la contribución correspondiente al impuesto adicional para la infraestructura, constituyéndose así el primer acto de aplicación de dichas normas. Lo anterior resulta fundado por las siguientes consideraciones: Con el ánimo de exponer la conclusión alcanzada, es menester tener presente que los artículos 61, fracción XIV y 17 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Asimismo, cabe puntualizar que, de conformidad con la técnica del juicio de amparo contra leyes de carácter heteroaplicativo, como la que ahora nos ocupa, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne al acto de su aplicación, ya que, en principio el juzgador está compelido a examinar si el juicio constitucional resulta procedente contra el acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que se concreta en perjuicio de la parte quejosa, y si en relación con él no se justifica una diversa causa de improcedencia; de no ser así procederá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada; empero, de resultar procedente el juicio de amparo contra el acto de aplicación, debe analizarse, en primer término, la constitucionalidad de la disposición impugnada y resolverse lo conducente y, sólo en el caso de que se determine negar la protección de la Justicia de la Unión, procede abordar el estudio de los conceptos de violación dirigidos a combatir el acto de aplicación; por ende, por regla general, no es factible analizar cuestiones de legalidad antes de la constitucionalidad de la norma reclamada. Al caso, se estima aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, de registro 191311, cuyo contenido es: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En relación al denominado Comprobante Fiscal Digital adjuntado como prueba por la autoridad responsable mencionada, debe otorgársele valor probatorio en términos del artículo 210-A del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al cual debe atenderse preponderadamente a la fiabilidad del método en que haya sido generado y si el contenido de la información es atribuible a las personas obligadas. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de 2ª./J. 24/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página 530, Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DECLARACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL. LA CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA SIMPLE SON APTAS PARA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES EN QUE AQUÉLLA SE SUSTENTÓ. De acuerdo con el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes deben realizar pagos y presentar las declaraciones respectivas en documentos digitales a través de los medios electrónicos señalados por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas generales y este último, conforme al artículo 17-E del propio ordenamiento, por la misma vía remitirá el acuse de recibo que contenga el sello digital, consistente en la cadena de caracteres generada por la autoridad, la cual permita autenticar su contenido. De esa forma, si para cumplir con las indicadas obligaciones fiscales, por disposición legal, debe hacerse uso de una interconexión de redes informáticas, a través de la cual el contribuyente y las autoridades fiscales se transmiten información directamente desde computadoras, prescindiendo de constancias impresas, para valorar la información obtenida de dicha red, o sus copias simples, no debe acudirse a las reglas aplicables en cuanto al valor probatorio de documentos impresos, sino a la regulación específica prevista en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al cual debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la información relativa es atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su ulterior consulta. Así, tratándose del cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de medios electrónicos, el método por el cual se generan los documentos digitales está previsto en la ley y, además, el propio legislador y la autoridad administrativa, a través de reglas generales, han desarrollado la regulación que permite autenticar su autoría, de manera que su impresión o su copia simple son aptos para demostrar la aplicación de los preceptos legales que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en la declaración, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en ella." Así, de dicho comprobante digital se advierten diversas características que tornan el mismo en un medio de eficaz de convicción, tales como la cadena de caracteres denominados sello digital y cadena original de certificación digital, ambos validados por el Sistema de Administración Tributaria, así como el registro federal de contribuyentes de la parte quejosa, la fecha y hora de pago, la forma de pago, el periodo, el impuesto y la cantidad que se pagó, llegando a la conclusión de que el mismo es idóneo para determinar que la parte quejosa en el ejercicio dos mil diecisiete erogó diversas cantidades a efecto de pagar los impuestos adicionales para la infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas. Lo cual se adminicula estrechamente con el ticket obtenido del Sistema Integral de Información Financiera de la Secretaria de Finanzas del Estado, pues el mismo refiere idénticos datos relativos a la fecha, número de recibo y cantidades erogadas por el contribuyente, ahora parte quejosa, respecto del impuesto adicional a la infraestructura en el mencionado ejercicio fiscal; generando así, identidad y relación entre ambos documentos. Al respecto, de los datos relativos a la hora, fecha, folio y tipo de operación que se desprenden, tanto del Comprobante Fiscal Digital con número de folio X 463103 como del ticket con número de folio X 8260648, se tiene que el cinco de enero de dos mil diecisiete la parte quejosa erogó lo relativo a los impuestos adicional para la Infraestructura y Universidad Autónoma de Zacatecas, por tanto, si desde el citado momento se aplicó a su esfera jurídica lo atinente a los artículos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, es indudable que este juicio constitucional no se promovió con motivo del primer acto de aplicación, sino uno ulterior. Esto es así, pues los numerales 78 a 88 de la ley hacendaria referida no sufrieron modificación alguna a través de Decreto 273, por virtud del cual únicamente fue reformado el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, quedando dichos numerales intocados desde su expedición a través del diverso Decreto 109, publicado en el Periódico Oficial el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada I.7o.A.183 A emitida por el séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página 1351, Tomo XVI, septiembre de 2002, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DECLARACIONES FISCALES PRESENTADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (VÍA INTERNET). EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SE ACREDITA CON ACUSE DE RECEPCIÓN QUE CONTENGA LOS DATOS REFERENTES A LA HORA, FECHA, FOLIO Y TIPO DE OPERACIÓN, TRANSMITIDO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE. Para acreditar el primer acto de aplicación y, por ende, el interés jurídico del gobernado para acudir al juicio de amparo a reclamar una ley, basta con la exhibición de la constancia de recepción de la declaración y pago correspondiente, presentada a través de los medios electrónicos, específicamente en la página del Servicio de Administración Tributaria de la red respectiva que contenga los datos relativos a la hora, fecha, folio y tipo de operación, para considerarse acreditado el acto de aplicación de las normas reclamadas en el juicio de garantías, toda vez que las constancias de referencia son el único documento que se puede obtener para demostrar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación y la regla número 2.10.7. de la miscelánea fiscal vigente para el año dos mil uno." En ese contexto, en relación a los actos de aplicación relativos al pago de los impuestos adicionales para la Infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al materializarse la causa de improcedencia en estudio respecto de los actos de aplicación del pago del impuesto en estudio, procede sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa, en relación de los dispositivos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, pues no se puede desvincular el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, ya que éste acto es el que causa perjuicio a la parte quejosa y no por sí sola la ley considerada en abstracto. Por último, éste órgano jurisdiccional debe precisar que para que opere la suplencia de la queja deficiente a favor de la parte quejosa, tratándose de que cuando un ulterior acto de aplicación se sustente en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia, es menester que la norma legal aplicada en perjuicio del gobernado sea precisamente la declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea, a través de jurisprudencia específica o temática. En ese sentido, de la contradicción de tesis 25/2006-PL resuelta por el Pleno del más alto tribunal de nuestro país, estipuló que la jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes es aquella que determina que el supuesto normativo previsto en una disposición general impugnada, no puede tener cabida en ninguna ley, por ser contraria a la Constitución, y cuya construcción argumentativa revele un nivel de abstracción de tal índole, que evidencie el desprendimiento de una regla constitucional reconocida de manera general, frente a todo tipo de leyes que prevean las mismas figuras estimadas inconstitucionales. Ahora bien, si bien es cierto que éste órgano de amparo tiene conocimiento de la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 126/2013 (10a) emitida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA", la misma no puede considerarse como un criterio genérico aplicable a cualquier texto legal del sistema jurídico mexicano, esto es, una tesis de jurisprudencia denominada "temática", pues la misma no establece que todo aquel impuesto que grave en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza previamente sujeta a imposición, a través de un impuesto primario, cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica viole el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal; sino más bien, se trata de una jurisprudencia especifica que versa sobre un texto legal determinado que precisa su sentido en relación con la propia Constitución Federal, con el objeto de puntualizar la conducta jurídica prohibida. Además, en la contradicción de tesis aludida, se establece la necesidad de que sea la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación quien declare que el vicio legislativo alcanza a todas las leyes que prevean las mismas figuras estimadas inconstitucionales, pues es a la propia Corte a quien le corresponde definir criterios de tal naturaleza, los cuales implican un análisis genérico de los supuestos normativos que por ningún motivo o razón podrían encontrar cobijo en un sistema constitucional que a todas luces los repele. Por tanto, no es procedente suplir la queja deficiente tratándose del ulterior acto de aplicación, en términos de lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 104/2007 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia resulta innecesario el estudio de diversas causales de improcedencia relacionadas con los artículos precisados. SEXTO. Reproducción innecesaria de los conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación vertidos, ya que para mayor claridad de la sentencia éstos se sintetizarán al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del artículo 15 del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales y Reglas de Facilidades Administrativas para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Principio de igualdad contenido en el artículo 1, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En una parte de su segundo concepto de violación, aduce la parte quejosa: Que la excepción al beneficio fiscal prevista en la tabla del artículo citado, vulnera en perjuicio del quejoso, el principio general de igualdad, contenido en el artículo 1, fracción IV, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, toda vez que tal excepción, tiene una incidencia central sobre el ejercicio de derechos fundamentales constitucionalmente protegidos (derecho de defensa y derecho de acceso a la justicia, previsto en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) verbigracia, el juicio de amparo; por tanto, refiere que a pesar de que se encuentra en la misma situación jurídica de otros causantes (ser propietario o poseedor de un vehículo) se le aplica una especie de sanción por tener un vehículo o motocicleta o un remolque. En ese orden de ideas, refiere la parte solicitante del amparo, es válido concluir que la excepción del beneficio fiscal no aporta una justificación para la negativa excepcional del beneficio o estímulo fiscal (tener un vehículo de determinadas características). Que en la exposición de motivos del Decreto reclamado no se advierte la justificación del trato diferenciado, pues un contribuyente con un vehículo modelo 2018 obtiene un estímulo menor frente a un contribuyente que posee una motocicleta, pues obtiene un estímulo mayor hasta del 80% del pago, lo cual contraviene el principio de igualdad contenido en el artículo 1, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues a pesar de que el contribuyente se encuentra en la misma situación jurídica de otros causantes [ser propietario o poseedor de un vehículo], se le aplica una especie de sanción por tener un vehículo, una motocicleta o un remolque. Que el artículo 15 impugnado, señala que en el importe del impuesto para el control vehicular se realiza un descuento por el porcentaje y otorga al contribuyente un beneficio fiscal, sin embargo, tal beneficio es menor al que se otorga a los contribuyentes que tienen una motocicleta, lo cual tiene una incidencia discriminatoria. Dichos argumentos se analizan de manera conjunta, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo, los cuales son fundados. A fin de exponer la conclusión adoptada, es preciso señalar que los principios de igualdad y no discriminación se encuentran plasmados en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. (ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (ADICIONADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 2001) Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. (REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." La primera parte del artículo constitucional establece el principio de igualdad, al señalar que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la Ley; asimismo, refiere que "todas las personas" gozarán de las garantías en la Ley Fundamental, significa que a ninguna persona -ni los extranjeros- que se encuentren en México se le negará el goce de las garantías individuales. La expresión "todas las personas" se refiere no sólo a las personas físicas -incluidas las que se hallan sujetas a un proceso o privadas de la libertad-, sino también a las morales, tanto privadas como oficiales y de derecho social, como los organismos descentralizados. El principio de igualdad previsto en este artículo cobró relevancia desde la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. El quinto párrafo se refiere a la prohibición de la discriminación, fundada en motivos étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular los derechos y libertades de las personas. Este principio de no discriminación obliga a no tratar desigualmente a las personas en razón de circunstancias accidentales o que ameriten tolerancia por parte de los demás. Es una reafirmación del principio de igualdad contenido en el párrafo primero. La palabra discriminación deriva del latín discriminatio -onis significa acción y efecto de discriminar-. A su vez discriminar -discriminare- implica seleccionar excluyendo, así como dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etcétera. La discriminación existe cuando por cuestiones raciales, espirituales o de convicción el trato dado a las personas se diversifica, normalmente para ser más benévolo respecto de unas que de otras. Este principio muestra la voluntad de extender la garantía de igualdad a ámbitos exorbitantes al campo delimitado por el respeto a los derechos fundamentales otorgados por la Constitución, pues prohíbe que el legislador incurra en prácticas discriminatorias por motivos accidentales o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y propenda a menoscabar los derechos de las personas. Así, la Constitución pretende extender las garantías implícitas en el principio de igualdad al ámbito de las acciones legislativas que impactan la libertad y la dignidad humana, de modo que, el control de las leyes exige que el juzgador someta la labor legislativa a un escrutinio especialmente cuidadoso desde la perspectiva del respeto a la garantía de igualdad. Lo señalado encuentra sustento en el criterio que se cita a continuación: "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA. La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino que es imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que sea exigible que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo obligado que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia." Como se ve, el precepto constitucional prohíbe la discriminación fundada en motivos étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular los derechos y libertades de las personas. El principio de no discriminación obliga a no tratar desigualmente a las personas en razón de circunstancias accidentales o que ameriten tolerancia por parte de los demás. Ahora, la génesis del Decreto aquí controvertido se encuentra en la interpretación sistemática de los artículos 60, fracción II de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y 29 del Código Fiscal de Zacatecas, en los que se advierte que el ejecutivo Estatal tiene la facultad de crear decretos y normas, así como organizar y conducir el desarrollo estatal y, por tanto, una de sus tareas centrales en la regulación económica que ejerce deberá encontrarse encaminada a designar a los sujetos que recibirán los estímulos fiscales, la forma que tomarán, los fines y los efectos de los mismos sobre la economía, determinando las áreas de interés público y beneficio colectivo que requieren de manera concreta su intervención exclusiva en esos beneficios tributarios. De ahí que la adopción de los estímulos fiscales debe atender a esos aspectos, los cuales corresponde ponderar exclusivamente a ese poder, dado que la propia Constitución y la ley tributaria citada establecen a su favor en los numerales referidos, una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada en esa materia, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder, entre otras, a finalidades económicas o sociales, como en la especie aconteció. En lo conducente, se estiman aplicables las tesis aisladas números 1a./J. 105/2011 y 1a./J. 18/2018 (10a.), ambas sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos son. "ESTÍMULOS FISCALES. FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA DETERMINARLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 25, 26 Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el Congreso de la Unión en materia tributaria goza de un amplio margen de libertad que deriva de su posición constitucional y, en última instancia, de su específica legitimidad democrática, dentro de los límites establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamentalmente los derivados de su artículo 31, fracción IV. Esa libertad de configuración para legislar en materia fiscal, reconocida por el texto constitucional, debe entenderse en el sentido de que da espacio para diversas políticas tributarias. Ello es así porque no se encuentran previamente establecidas en el texto fundamental las distintas opciones de los modelos impositivos ni, por ende, de los estímulos fiscales. Por el contrario, de la interpretación de los artículos 25, 26 y 28 constitucionales, se advierte que el Congreso de la Unión está facultado para organizar y conducir el desarrollo nacional y, por tanto, una de las tareas centrales en la regulación económica que ejerce debe encaminarse a diseñar los estímulos fiscales, los sujetos que los reciben, sus fines y efectos sobre la economía, determinando las áreas de interés general, estratégicas y/o prioritarias que requieren concretamente su intervención exclusiva en esos beneficios tributarios, a fin de atender el interés social o económico nacional; aspectos que corresponde ponderar exclusivamente a ese Poder, dado que la propia Constitución prevé a su favor la facultad para elegir los medios encaminados a la consecución de esos fines. Lo anterior no es obstáculo para verificar si el ejercicio de esa atribución se revela en concreto como expresión de un uso distorsionado de la discrecionalidad, resultando arbitraria y, por tanto, de desviación y exceso de poder en el ejercicio de sus facultades constitucionales." "ESTÍMULOS FISCALES. EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015, NO VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD. El referido artículo al prever la posibilidad de devolución del impuesto especial sobre producción y servicios que se cause por la adquisición de diésel para la realización de actividades agropecuarias o silvícolas por parte de los consumidores finales, a las personas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general, vigente en el área geográfica del contribuyente elevado al año, por un monto máximo de $747.69 (setecientos cuarenta y siete pesos 69/100 m.n.) mensuales por cada persona física; en tanto que quienes cumplan con sus obligaciones fiscales en términos de las del régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales o en el régimen de incorporación fiscal, podrán solicitar la devolución de hasta $1,495.39 (mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 39/100 m.n.) mensuales; no viola el derecho a la igualdad contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida, adecuada para el logro de tal fin y, además, guarda una relación razonable con el objeto que se procura alcanzar. Lo anterior es así, pues las personas físicas que tributan en el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, gozan de una serie de facilidades administrativas y beneficios fiscales, como la exención otorgada para efectos del impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto de cuarenta veces el salario mínimo general elevado al año, en el ejercicio. Luego, al hacer un análisis conjunto de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley de Ingresos de la Federación, ambas vigentes en 2015, se concluye que la devolución otorgada a las personas que tributan en el sector primario sólo será en caso de que los ingresos del ejercicio inmediato anterior no excedan de veinte veces el salario mínimo general, por lo que es claro que estas personas no pagaron el impuesto relativo, al no rebasar el límite establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, por el beneficio de la exención que ésta les otorga. Por tanto, la exención mencionada sí es un elemento a considerar para efectos de otorgar un estímulo fiscal en menor medida que aquel que reciben las personas físicas que tributan en el régimen de actividades empresariales o de incorporación fiscal, pues las del régimen primario, no obstante que en el ejercicio inmediato anterior no contribuyeron al sostenimiento de las gastos públicos, al encontrarse exentas del pago de impuesto sobre la renta, podrán acceder a la devolución prevista en el artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015; cuestión que no resulta aplicable para las segundas. Por lo que es razonable que se otorgue el estímulo diferenciado dependiendo si son sujetos obligados al pago del impuesto sobre la renta o no." El artículo 15 del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales y Reglas de Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, dispone lo siguiente: "Artículo 15. A las personas físicas, morales o unidades económicas, propietarios, poseedores o usuarios de unidades automotrices obligados a cubrir los Derechos de Control Vehicular, según lo establecido en el Artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, se le otorgará un estímulo fiscal del importe por el que deba pagar el Derecho referido durante el ejercicio fiscal 2018, de conformidad al año modelo de los vehículos y el mes en que se pague, según la tabla siguiente: AÑO MODELO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL- DICIEMBRE 2018 5% [cinco por ciento] 5% [cinco por ciento] 5% [cinco por ciento] 0% [cero por ciento] 2017 10% [diez por ciento] 10% [diez por ciento] 5% [cinco por ciento] 5% [cinco por ciento] 2016 20% [veinte por ciento] 15% [quince por ciento] 10% [diez por ciento] 5% [cinco por ciento] 2015 30% [treinta por ciento] 20% [veinte por ciento] 15% [quince por ciento] 15% [quince por ciento] 2014 35% [treinta y cinco por ciento] 30% [treinta por ciento] 20% [veinte por ciento] 20% [veinte por ciento] 2013 a 2009 50% [cincuenta por ciento] 45% [cuarenta y cinco por ciento] 40% [cuarenta por ciento] 30% [treinta por ciento] 2008 y anteriores 65% [sesenta y cinco por ciento] 55% [cincuenta y cinco por ciento] 50% [cincuenta por ciento] 30% [treinta por ciento] Motocicletas 80% [ochenta por ciento] 75% [setenta y cinco por ciento] 70% [setenta por ciento] 65% [sesenta y cinco por ciento] Remolques 80% [ochenta por ciento] 75% [setenta y cinco por ciento] 70% [setenta por ciento] 65% [sesenta y cinco por ciento] De lo anterior se advierte, que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes obligados al pago de Derechos de Control Vehicular, atento al año-modelo de los vehículos y el mes en que se pague el tributo; sin embargo, en relación a las motocicletas y remolques se establece un estímulo fiscal mayor (80%) al proporcionado a los propietarios y poseedores de vehículos que ronda entre el 5% (modelo 2018) hasta el 65% (modelos 2008 y anteriores). En atención a ello, la parte quejosa aduce que esa distinción o trato diferenciado contraviene el principio de igualdad general, pues a pesar de que se encuentra en la misma situación jurídica de otros causantes (ser propietario o poseedor de un vehículo) se le aplica una especie de sanción por tener un vehículo de determinado modelo, y no así una motocicleta o un remolque. Dicho planteamiento, como se anticipó, es fundado, porque la finalidad de los estímulos fiscales se encuentra vinculada a las siguientes cuestiones: Se encuentra dirigido a las personas físicas, morales o unidad económicas, propietarios, poseedores o usuarios de unidades automotrices obligados a cubrir los Derechos de Control Vehicular, según lo establecido en el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. A dichas personas se les otorgará un estímulo fiscal del importe por el que deban pagar el Derecho de Control Vehicular durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. El aludido es de conformidad al año modelo de los vehículos y el mes en que se pague el Derecho de Control Vehicular. Aquí, cobra especial importancia lo señalado en el último párrafo, toda vez que el estímulo en comento tiene como principal objetivo que los sujetos pasivos del derecho de control vehicular efectúen la contribución en los primeros tres meses del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, por ende, se les otorga un descuento en el pago de ese derecho atendiendo -sin mayor justificación- al año del modelo del vehículo. Así, los sujetos pasivos que tienen un vehículo modelo dos mil dieciocho, al efectuar el pago del derecho de control vehicular por el ejercicio fiscal del aludido año dentro de los tres primeros meses, tienen 5% descuento. Los sujetos pasivos del derecho de control vehicular que tienen un automotor modelo dos mil diecisiete al efectuar su contribución, recibieron 10% descuento al realizarlo en los primeros dos meses y 5% en el tercer mes. Para aquellos que tienen un vehículo modelo dos mil dieciséis, recibieron un descuento del 20%, 15% y 10% al efectuar el pago del derecho de control vehicular en enero, febrero y marzo, respectivamente. Por cuanto hace a los propietarios de vehículos modelo dos mil quince, el descuento fue del 30%, 20% y 15% al realizar la aportación del aludido derecho en enero, febrero y marzo, respectivamente. Atinente a los sujetos pasivos de derecho en cita, propietarios de vehículos modelo dos mil catorce el descuento en el pago fue del 35%, 30% y 20% al efectuarlo en enero, febrero y marzo, respectivamente. En cuanto a los propietarios de vehículos modelos dos mil trece a dos mil nueve el descuento en la contribución en comento fue del 50%, 45% y 40% al realizarla en enero, febrero y marzo, respectivamente. De los sujetos pasivos del tributo relativos a vehículos modelos 2008 y anteriores el descuento fue del 65%, 55% y 50% al efectuarlo en enero, febrero y marzo, respectivamente. Finalmente, los sujetos pasivos del derecho de control vehicular propietarios de motocicletas y/o remolques tuvieron un descuento del 80%, 75% y 70% en enero, febrero y marzo, respectivamente. Sin que merezca mayor señalamiento el descuento que se realiza en todos y cada uno de los vehículos cuando el pago del derecho es posterior a los tres primeros meses del ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Con base en lo anterior, se concluye que no existe una razón objetiva que justifique el descuento en el pago del derecho de control vehicular en los primeros tres meses del año por el modelo de los vehículos, como el 65% que se realizó al quejoso en el recibo exhibido con la demanda de garantías, y no así el 80%, 75% o 70% que recibieron los propietarios de motocicletas o remolques en el mismo periodo. En efecto, no existe adecuación entre el medio elegido por el Gobernador del Estado de Zacatecas (emisor del Decreto tildado de inconstitucional) y los fines u objetivos constitucionalmente perseguidos (pago del derecho de control vehicular en los primeros tres meses del ejercicio fiscal dos mil dieciocho), por tanto, no se justifica la diferencia de trato. Es así, porque de un juicio de proporcionalidad llevado a cabo en relación a la contribución del derecho de control vehicular en los primeros tres meses del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, se comprueba que el trato es desigual, por la restricción a obtener el mayor porcentaje de descuento en su pago atendiendo al modelo del vehículo, así como si es motocicleta o remolque; lo cual no resulta justificable, teniendo en cuenta que el fin perseguido en el Decreto que aquí se impugna es propiamente que los sujetos pasivos del derecho de control vehicular efectúen esa contribución en los primeros tres meses del ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Lo anterior se corrobora con la exposición del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales y Reglas de Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, cuyo texto es: "CONSIDERANDO La economía del país estará expuesta a diversos escenarios que pudiesen afectarla de manera positiva o negativa, motivado esencialmente de los resultados de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), la política fiscal implementadas por nuestro vecino país del norte con repercusiones en las empresas establecidas en México, así como los acontecimientos político sociales que se presentarán en el 2018, que en su conjunto repercuten en los indicadores macroeconómicos tales como el tipo de cambio, inflación, tasas de interés, entre otros, y de manera particular afectarían en consecuencia, la inversión y empleo. Bajo este contexto, nuestro estado no estará ajeno a esos acontecimientos que pudiesen afectar la economía de los zacatecanos, de allí la importancia de otorgar diversos estímulos que les facilite el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que nos permitirá sustentar en el 2018 la consolidación de la política fiscal que se implementó a partir del ejercicio fiscal 2017. Los estímulos que se otorgan a través del presente Decreto, se establecen para todo el ejercicio fiscal 2018; sin embargo, se considera un mayor beneficio para aquellos que cumplan con sus obligaciones fiscales en los primeros meses del año, como reconocimiento a su esfuerzo y solidaridad con nuestro estado. En razón de lo anterior, a continuación se detallan los rubros de Impuestos, Derechos y Aprovechamientos a los que habrá de orientarse este paquete de estímulos fiscales, que se encuentra dirigido a diversos sectores económicos del estado. . Contribuciones relativas a la tenencia y control vehicular. Una de las escasas potestades tributarias con las que cuentan las Entidades Federativas, es la relativa al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, que hasta hace unos años representaba una de las principales contribuciones, si bien algunas Entidades Federativas han asumido la decisión de eliminarla, nuestro estado ha asumido de manera responsable la recaudación no sólo de este impuesto sino de las contribuciones relativas al control vehicular, cuya recaudación es importante para que el estado cumpla las obligaciones de gasto establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018. Bajo este contexto, es indudable las adversidades financieras que la población enfrenta al inicio de cada año y que en ocasiones dificulta la debida observancia de pago de sus obligaciones fiscales respecto de las contribuciones citadas, motivo por el cual se estima oportuno coadyuvar con el esfuerzo que realizan por cumplir oportunamente, por lo que se considera otorgar estímulos fiscales durante todo el ejercicio fiscal, haciendo énfasis de apoyar aquellos contribuyentes que paguen en los primeros meses del año.". En efecto, de esa transcripción se puede apreciar que no se destaca ningún razonamiento que permita válidamente concluir y afirmar la intención del creador del decreto, al otorgar un trato diferenciado a quienes poseen vehículos más nuevos en comparación con los más antiguos, o con una motocicleta o un remolque. De ahí que, la condicionante del modelo o tipo de vehículo para dejar de un obtener un beneficio es un aspecto que resulta ajeno al bien jurídico que se pretende tutelar con la disposición normativa que es incentivar al pago oportuno y contribuir a la economía de los zacatecanos, puesto que no guarda relación ni existe un nexo causal entre el modelo o tipo del vehículo y el servicio prestado por el estado, amén de que tratándose de derechos debe atenderse al costo que representa para el Estado la prestación del servicio, y no así a la capacidad contributiva del gobernado. Lo anterior se corrobora con el hecho de que aún y cuando se pudiera tener como conclusión que el creador del decreto considerara que quienes tuvieran un vehículo nuevo tendrían menos adversidades financieras y por ende otorgar un estímulo menor a éstos, dicha afirmación no es válida, toda vez que el modelo del vehículo no necesariamente refleja una menor posibilidad de tener adversidades financieras, es decir, el modelo del vehículo, por sí, no es suficiente para determinar la cuestión antes asentada, máxime que dicho estímulo incide directamente en un servicio ejecutado por la administración pública, que es análogo para todos los vehículos, con independencia de su tipo y modelo. Aunado a ello, en el hipotético caso de que se hubiera precisado en el Decreto controvertido que el estímulo fiscal aquí destacado atiende al modelo del vehículo, bajo el argumento de que quién tiene un vehículo de reciente modelo tiene menos adversidades financieras y, por el contrario, el que tiene un automotor de modelo más antiguo presenta más dificultades en sus finanzas, tampoco sería una justificación razonable, pues, se insiste, el modelo de un vehículo, o bien, tener una motocicleta o un remolque, en absoluto son un indicador de la capacidad financiera del contribuyente, ya que no obedecen a criterios fundamentados en elementos objetivos, dado que la naturaleza misma del servicio de trato, es bien sabida por todos los usuarios, esto es, la obligación de realizar el control vehicular. En tal virtud, los estímulos fiscales establecidos en el precepto reclamado, contravienen el principio de igualdad, pues de acuerdo a lo anterior, se insiste, el objetivo del estímulo consiste en incentivar a los zacatecanos que hacen el esfuerzo de pagar el derecho de control vehicular en los primeros tres meses del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, por lo que el trato diferenciado señalado en el artículo 15 del aludido Decreto responde a una elección arbitraria, caprichosa o de exceso de poder del Ejecutivo Estatal, pues es carente de una justificación razonable que sea de utilidad para establecer el trato desigual aquí advertido. Sin que sea óbice a lo anterior, que en la exposición de motivos, concretamente en el apartado de "Aprovechamientos" se haya señalado que por cuanto hace a los contribuyentes sujetos de los impuestos establecidos en el Título Segundo de La Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, así como los obligados al pago de Derechos de Control Vehicular establecido en el artículo 99 de la citada Ley, se les otorgaría un estímulo fiscal sobre los recargos y multas derivados de adeudos de ejercicios fiscales anteriores a dos mil dieciocho, durante el periodo del uno al treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, con la finalidad de fomentar la regularización de esos contribuyentes que observan adeudos de periodos anteriores; porque, ese estímulo va dirigido a los sujetos pasivos del derecho de control vehicular que presentan adeudos en periodos anteriores, lo cual no es materia de la Litis constitucional aquí analizada. Consecuentemente, si bien se pretende incentivar al pago oportuno de las contribuciones, lo cierto es que la diferenciación que se realiza atendiendo al año y tipo de vehículo, no descansa en una justificación objetiva y razonable, toda vez que el servicio prestado por el Estado (control vehicular) requiere un despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos de vehículos automotores, sin que influya el modelo del vehículo, amén de que este último o el tipo del vehículo, no son un indicador que determine los sujetos que presenten mayores dificultades económicas y requieran de un mayor beneficio. En este orden de ideas, se concluye que el numeral analizado del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales y Reglas de Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, al limitar el mayor porcentaje de descuento a los sujetos pasivos del derecho de control vehicular, en razón del modelo del automotor, así como si es motocicleta o remolque, violenta el derecho fundamental de igualdad instituido en el artículo 1 constitucional, en razón de que si el objetivo del estímulo radica en el pago pronto (dentro de los primeros tres meses del año) no se demuestra la diferencia en el descuento de la contribución por corresponder a una motocicleta o remolque en relación con uno diverso a éstos, o bien, al modelo del automotor. En consecuencia, la parte relativa del concepto de violación en análisis es fundada, por lo que se impone conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Dada la anterior conclusión, en el caso se estima innecesario analizar los demás argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del referido numeral 15 del Decreto en estudio, pues sin prejuzgar sobre su calificativa, la parte quejosa ya no obtendría un mayor beneficio que el aquí determinado. OCTAVO. Vicios de legalidad en relación a la aportación a la Cruz Roja. En su tercer concepto de violación la parte quejosa combate el cobro por concepto de Cruz Roja, al sostener que no está autorizado por la ley, ya que se trata de una aportación la cual debe ser espontánea y voluntaria. Dicho planteamiento es sustancialmente fundado. Lo anterior, porque del análisis integral de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y de la Ley de Ingresos de dicha entidad federativa, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, no se advierte una disposición que dé sustento al cobro reclamado, lo que implica que, en todo caso, se trata de una aportación voluntaria, respecto de la que no se encuentra acreditado en esta instancia constitucional que se haya realizado de esa manera. Máxime que, en términos del artículo 1 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, deben estar previstos en la Ley de Ingresos respectiva y regulados en aquélla. Por tanto, tal como refiere la parte quejosa, el cobro por ese concepto resulta injustificado, y por ende, debe ser devuelto al impetrante del amparo. NOVENO. Concesión de amparo. En suma de lo hasta aquí expuesto y en acatamiento a las disposiciones contenidas en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determinan con precisión los efectos de la concesión de amparo, especificando las medidas que la responsable debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la restricción plasmada en el artículo 15 del Decreto Gubernativo Mediante el Cual se Otorgan Estímulos Fiscales, y Reglas de Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado el treinta de diciembre de dos mil diecisiete, y en su lugar, se le realice el 80% de descuento en el pago del derecho de control vehicular, esto es, similar al que recibieron los propietarios de motocicletas y remolques en el mes de enero de dos mil dieciocho. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa por el derecho de control vehicular (previa aplicación del porcentaje aquí determinado), con fundamento en las disposiciones anteriores en los recibos fiscales exhibidos por el solicitante del amparo, lo que debe incluir la actualización fiscal e intereses correspondientes a ese primer acto de aplicación; y, de existir subsecuentes actos de aplicación que en su caso hubieren realizado, demostrados ante este órgano jurisdiccional, la devolución de tales pagos, así como de las actualizaciones de estos últimos. c) Devolver de igual manera debidamente actualizado y con los intereses correspondientes, lo erogado en el recibo en comento por concepto de aportación a la Cruz Roja Mexicana. Sirve de apoyo para los efectos anteriores, la jurisprudencia P./J. 112/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página: 19, que establece: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". Y la jurisprudencia 2a./J. 13/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página: 592, que establece: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los actos precisados en el considerando tercero de este fallo, respecto de la expedición y aplicación del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales y Reglas de Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, por parte de la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas; así como por la Legislatura, el Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Finanzas, todos en el Estado de Zacatecas, por cuanto hace a los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rafael Covarrubias Romo, contra los actos reclamados a la LXII Legislatura, Gobernador Constitucional y Secretario de Finanzas, todos del Estado de Zacatecas, relativo al artículo 15 del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales y Reglas de Facilidades Administrativas para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, con motivo de su aplicación en el recibo fiscal V 123722 (8 Y) y del cobro por concepto de Cruz Roja, respectivamente, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos séptimo y octavo, para los efectos señalados en la última parte de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria que autoriza y da fe. Razón. Esta foja corresponde a la última de la sentencia dictada el once de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio de amparo 342/2018. Conste.
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