Rafael Covarrubias Fletes y Otros.
Expediente 2461/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2461/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/02/2023
Partes del expediente
- Rafael Covarrubias Fletes y Otros.
- Blanca Ruth Covarrubias Fletes
- Juan Pablo Covarrubias Covarrubias
- José Rubén Covarrubias Ponce
- Tribunal Unitario Agrario del Distrito 13, con residencia en Guadalajara, Jalisco.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Destino expediente principal. Con fundamento en el artículo 21 inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior con motivo de que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído es susceptible de destrucción.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a once de enero de dos mil veintitrés. Agréguese oficio. Se tiene por recibido el telegrama del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, por medio del cual da contestación al oficio 48353/2022, del índice de este juzgado de Distrito, sin embargo mediante auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, se proveyó al respecto, por lo que se ordena agregar únicamente para efectos de control la comunicación de cuenta. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA CONSIDERANDO PRIMERO Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de actos en materia administrativa y reclamarse actos cuya ejecución se verificó en la jurisdicción territorial de este juzgado de distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: Del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 13: La omisión de proveer el ocurso presentado el uno de agosto de dos mil veintidós, dentro del juicio agrario 700/2019. TERCERO. Existencia de la materia de reclamo. Es cierto el acto reclamado, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 13, pues fue omiso en rendir el informe justificado en este juicio, pese a que le fue requerido plena y legalmente para tal efecto, por lo cual se surte la presunción de certeza de tal acto, conforme con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, con mayor razón por no existir constancia que contradiga o desvirtúe la presunción de que se trata. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia setecientos cincuenta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta y uno del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." Lo anterior es así, si tomamos en consideración que el plazo de quince días concedido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, corrió para la responsable del dos al veintidós de diciembre, del año en curso; sin que se soslaye que la responsable salió de vacaciones el dieciséis de los corrientes; sin embargo, ello no suspende el plazo concedido. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 1/2022 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si deben descontarse o no del cómputo de los plazos para que las autoridades responsables jurisdiccionales actúen en el juicio de amparo, los días que conforme a la normativa que las rige hayan sido declarados inhábiles. Criterio jurídico: Dentro del cómputo de los plazos para que las autoridades responsables jurisdiccionales actúen en el juicio de amparo, no deben descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable. Justificación: Dada la naturaleza del juicio de amparo y su calidad de recurso judicial efectivo, no es posible dilatar la sustanciación de sus procedimientos con base en los plazos para las autoridades responsables jurisdiccionales -conforme a su propia legislación y su normativa interna-. Lo anterior es así, pues la suspensión de labores de las autoridades responsables jurisdiccionales y la imposibilidad de actuar de acuerdo con su normativa no es una cuestión atribuible a los particulares, y si bien puede ser previsible, como en el caso de los periodos vacacionales que se encuentran de antemano establecidos en la ley, también lo es que dichas autoridades cuentan con los recursos físicos y materiales para hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo en los que funjan como responsables, ya sea a través del establecimiento de guardias, o bien mediante el desahogo de sus actuaciones procesales de forma previa a la conclusión de los respectivos plazos. Derivado de lo anterior, es que no puede justificarse en el plano constitucional que deban descontarse dentro del cómputo de los plazos en el juicio de amparo, días que no se encuentren previstos expresamente en las normas que lo rigen, pues el legislador, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, los estableció orgánicamente para darle funcionalidad al juicio de amparo como un medio de control constitucional idóneo, eficaz, accesible y breve para analizar violaciones a derechos humanos, y así salvaguardar otros derechos, entre ellos el de seguridad jurídica; por lo que no sería justificable -desde el punto de vista constitucional-, dejar al arbitrio de las legislaciones locales o de lo que determinen los propios órganos jurisdiccionales, la continuación del trámite de los juicios de amparo en los que fungen como responsables." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio de garantías que hagan valer las partes o que de oficio advierta este Juzgado de distrito. En el presente caso, quien ahora resuelve, concluye oficiosamente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no justificó su interés jurídico, es decir, que el acto esencialmente reclamado le ocasione una afectación a sus derechos sustantivos o bien, que le causen un agravio personal y directo para poder controvertirlo mediante el juicio de amparo y, por ende, que se encuentre legitimada en dicho juicio laboral. Al respecto, el artículo 107 Constitucional establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Por su parte, conforme a lo establecido en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". A su vez, el diverso artículo 5º de la misma Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La victima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que se refieren al juicio de amparo promovido contra actos de autoridades administrativas o judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento, además establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien le perjudique, por sí o por su representante. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica del impetrante, como en el caso, al no haberse acreditado el interés jurídico. En efecto, la acción constitucional se reserva única y exclusivamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, perjuicio entendido como toda afectación producto de la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y precisamente, esto es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio constitucional. En el caso, Joel Lepe Villaseñor, Rafael Covarrubias Fletes, Juan Pablo Covarrubias Covarrubias, Juan Manuel Michel Uribe, Martha Graciela Fletes Lomelí, Francisco Javier Flores Villafana, Elías Michel Uribe, Blanca Ruth Covarrubias Fletes, José Rubén Covarrubias Ponce y Sergio Alejandro Covarrubias Covarrubias reclama del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 13, la omisión de proveer el ocurso presentado el uno de agosto de dos mil veintidós, dentro del juicio agrario 700/2019. Sin embargo, la parte quejosa no acredita su interés jurídico, pues no exhibió documento alguno del que se pueda advertir fehacientemente que es parte en el juicio de origen. Ciertamente, cuando se reclamen violaciones procesales, la parte quejosa en el juicio de amparo debe demostrar haber sido parte en el juicio de origen, a fin de acreditar su interés jurídico, aunque la autoridad responsable no haya rendido su informe justificado. Lo anterior, con fundamento en la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible a páginas 206, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 05, Tomo I, correspondiente al mes de abril de dos mil catorce, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo". Finalmente, conviene señalar que el interés jurídico en el juicio de amparo, debe estar plenamente acreditado y no inferirse en base a presunciones, según lo establece la jurisprudencia 2ª./J.16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 17, tomo 82, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de octubre de 1994, octava época, bajo el rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En suma y, en mérito de lo anterior, al no demostrar la parte quejosa su interés jurídico para incoar el presente juicio constitucional, es por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada, imponiéndose sobreseer en el juicio conforme a lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 77, 78, 80 y demás aplicables de la Ley de -Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por ------ respecto al acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último de los considerandos de la presente sentencia
- Principal
Zapopan, Jalisco, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Se remite recurso. Vista la cuenta y toda vez que del estado de autos queda de manifiesto que, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, ya obran la totalidad de las constancias de notificación 21/0 realizadas a las partes respecto de la sentencia interlocutoria de diez de junio del dos mil veintiuno; así como del auto de trece de julio de dos mil veintiuno, en el que se tuvo al apoderado general para pleitos y cobranzas de la moral quejosa, interponiendo recurso de revisión en contra de la citada interlocutoria, remítanse los autos del incidente en que se actúa, a fin de que el Tribunal de alzada se resuelva lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
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