Rafael Contreras Labra

Expediente 193/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
193/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
10/03/2022

Partes del expediente

  • Rafael Contreras Labra

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, diez de marzo de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de veintidós de febrero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ****************, por propio derecho; contra actos del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 193/2022 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por ***********************, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Acto reclamado. *****************, pretenden que a través del juicio de amparo, este Juzgado de Distrito ejerza control de constitucionalidad sobre el acto siguiente: "(.) La aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de diciembre de 2021, en particular el artículo Vigésimo Quinto Transitorio del Decreto en mención. (.) La emisión del AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA LISTA DE COLONIAS, CUYOS USUARIOS CON USO DOMESTICO QUE, DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER BIMESTRE DEL AÑO, REGISTREN UN CONSUMO SUPERIOR A LOS 60,000 LITROS, DEBERÁN PAGAR UN 35% ADICIONAL RESPETO A LA TARIFA QUE CORRESPONDA DEL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado en fecha 19 de enero de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. (.) La publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 30 de diciembre de 2021, en particular el artículo Vigésimo Quinto Transitorio del Decreto en mención. (.) Así como la publicación del AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA LISTA DE COLONIAS, CUYOS USUARIOS DE USO DOMESTICO QUE DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER BIMESTRE DEL AÑO, REGISTREN UN CONSUMO SUPERIOR A LOS 60,000 LITROS DEBERÁN PAGAR UN 35% ADICIONAL RESPECTO A LA TARIFA QUE CORRESPONDA DEL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, publicado en fecha 19 de enero de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. " Antecedentes relevantes. 1. ********************manifestaron, bajo protesta de decir verdad, que es propietaria del inmueble ubicado en *****************, y en consecuencia titular del número de cuenta **************** del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 2. Que en fecha treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, entre las que destaca el artículo 172 del referido ordenamiento, en el que se estableció las tarifas por el suministro de agua. 3. El diecinueve de enero de dos mil veintidós se publicó el aviso por el que se da a conocer la lista de colonias, cuyos usuarios con uso domestico que, durante el primer, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que lo reclamado no genera una afectación a la parte quejosa. Razones de la Improcedencia. Este órgano de control constitucional, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". De la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no generen una afectación a la parte quejosa, ya sea como titular de un derecho tutelado por una norma de derecho objetivo, o bien como titular de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, así como en contra de normas generales que no hayan generado un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Con el fin de dar respuesta a lo anterior, es necesario destacar que el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo encuentra su origen en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige a la institución del referido juicio y que en esencia consiste en que sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Del precepto constitucional referido, se advierte que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo), lo cual es reiterado por el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Conviene señalar que, de lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Ese principio de instancia de parte agraviada no es ajeno al amparo que se intente contra actos administrativos, ya que para que la instancia resulte procedente éstos deben provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado, que lo legitima para accionar el medio de control constitucional. De todo lo hasta aquí señalado, se desprenden los dos supuestos que generan el interés jurídico: ? La existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica. ? El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Así, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo. En ese sentido se pronunció el Máximo Tribunal del país, por conducto de su Primera Sala, en la jurisprudencia número 1a./J. 168/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS". Una vez que se precisó lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia número 1º.A.J/17, publicada en la página 35 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 60, Diciembre de 1992, Octava Época, de rubro "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO". Atento a lo anterior, se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. Por lo tanto, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Ahora bien, en cuanto a que la afectación al mencionado interés jurídico debe comprobarse para que prospere la acción de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 16/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, octubre de 1994, página 17, ha resuelto categóricamente que debe acreditarse en forma plena y no inferirse con base en presunciones, pues las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, por ende, es obvio que para que puedan examinarse en el juicio de amparo es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente. Al respecto, se tiene en cuenta que los artículos 107, fracción I, 17, fracción I, 61, fracciones XII y XIV, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general, de acuerdo con su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso (leyes autoaplicativas), es suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer y provoquen con ello la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Resulta oportuno destacar que en el caso de leyes autoaplicativas, el gobernado podrá impugnarlas con motivo del inicio de su vigencia; o bien, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, en términos del segundo párrafo, de la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el segundo supuesto (leyes heteroaplicativas), se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar al gobernado, los mandatos legales, para que se produzca la actualización en su perjuicio de la hipótesis normativa; esto es, se condiciona la individualización de la norma, a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con el que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo, será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17 de la ley de la materia. De tal forma que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. En este contexto, esta Juzgadora determina que, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues, en el caso, el acto reclamado consistente en la posible aplicación o no de un aviso por el que se da a conocer la lista de colonias, cuyos usuarios con uso doméstico que, durante el primer, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México, situación que no produce una afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que únicamente producen efectos formales o intraprocesales, por tratarse de un acto meramente administrativo. Por lo que, para acreditar su interés en relación a que le sean aplicadas las consecuencias que señala el aviso por el que se da a conocer la lista de colonias, cuyos usuarios con uso doméstico que, durante el primer, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México, era indispensable que la parte quejosa previamente demostrara que le han sido aplicadas las disposiciones legales antes señaladas. Sin embargo, de las constancias que obran en autos se advierte que, contrario a ello, la parte solicitante del amparo no exhibió prueba alguna con la que acredite el acto de aplicación en relación al aviso por el que se da a conocer la lista de colonias, cuyos usuarios con uso doméstico que, durante el primer, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México; por lo que, debe decirse que no es suficiente la sola presentación de la demanda para demostrar la existencia del acto reclamado ni el perjuicio que este le causa, y en consecuencia, la afectación que se le está causando en su esfera jurídica de derechos. En la especie, la parte quejosa no acreditó tal extremo, por lo que se concluye que las consecuencias que señala el aviso por el que se da a conocer la lista de colonias, cuyos usuarios con uso doméstico que, durante el primer, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México, no afecta su esfera jurídica de derechos y, por ende, carece de interés en el asunto para promover la instancia constitucional que ahora se resuelve respecto de tal acto. Encuentra sustento lo anterior por analogía, en la jurisprudencia número 1a./J.499, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Febrero de 1999, página 103, que establece: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". Asimismo, sustenta lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17 del la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 76, Abril de 1994, cuyo rubro y texto señalan: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica". Además, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número P. XCVII/95, visible en la página 92, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que literalmente establece: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACION, EL ACTO DE APLICACION DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERES JURIDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente". En consecuencia, al no quedar demostrado de manera fehaciente e indubitable el acto concreto de aplicación, queda de manifiesto que carece de interés para instar el presente juicio de amparo respecto de tales actos, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Conclusión. En mérito de lo hasta aquí expuesto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por *********************. Domicilio y Autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Asimismo, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello.1 Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito.2 Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 4,184 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano