Rafael Chávez Tovar

Expediente 375/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
375/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • Rafael Chávez Tovar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, por medio del cual acusa recibo del diverso número 21049, mediante el cual se le notificó el proveído por el que se ordenó el archivo del presente asunto y se le devolvieron las constancias que allegó al sumario en que se actúa, en virtud de ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en dos tomos de prueba, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a la autoridad responsable y tercera interesada Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción i, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 375/2022, promovido por Rafael Chávez Tovar; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veintidós (foja 2), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Rafael Chávez Tovar, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zacapu, Michoacán. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite. Por razón de turno correspondió el conocimiento de este asunto a este juzgado, quien la admitió a trámite el siete de abril de este año (foja 11), ordenó que se registrara bajo el número 375/2022; en el mismo auto se solicitó su informe con justificación a la autoridad y se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Luego, en auto de trece de mayo de dos mil veintidós (foja 25), se reconoció el carácter de tercero interesado a José Ángel Ramírez Valencia, en su calidad de parte ofendida dentro del proceso penal del que deriva el acto reclamado. Posteriormente, el nueve de junio del año en curso (foja 65) se reconoció también el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zacapu, Michoacán, por ser el que tiene intervención en el proceso penal del que deriva el acto reclamado. Finalmente, seguido el juicio por sus cauces legales, el dos de septiembre del año en curso tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad judicial con residencia en Zacapu, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Rafael Chávez Tovar, señala como autoridad responsable y acto reclamado, lo siguiente: Acto reclamado: Resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós que declaró improcedente el incidente no especificado de sobreseimiento por prescripción que promovió el quejoso dentro de la causa penal 102/2015, que se sigue en su contra por el delito de daño en las cosas en agravio de José Ángel Ramírez Valencia. Autoridad responsable: Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zacapu, Michoacán. Tercera. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 19). Lo que se corrobora con las constancias que remitió como complemento de su informe justificado, consistentes en el duplicado del proceso penal 102/2015 (en dos tomos de pruebas). Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Luego, se tienen por ciertos los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Falta de interés. La Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, manifiesta que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (falta de interés), porque el quejoso no acredita encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y por lo tanto, no demuestra la afectación en sus intereses jurídicos o legítimos (foja 33). No procede atender el alegato relativo a que el peticionario de amparo no acredita el interés jurídico para reclamar la norma, atendiendo a que en el caso, el reclamo constitucional lo constituye toralmente, la resolución que declaró improcedente el incidente no especificado de sobreseimiento por prescripción que promovió el quejoso dentro de la causa penal 102/2015, que se sigue en su contra por el delito de daño en las cosas en agravio de José Ángel Ramírez Valencia. Definitividad. Al respecto, el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zacapu, Michoacán, al rendir su informe justificado (foja 19) señaló que la demanda de amparo es improcedente porque ni el quejoso ni su defensora promovieron en contra de la determinación reclamada el recurso de apelación. Causal que se impone desestimar, en atención a que respecto del tópico específico existe criterio jurisprudencial que dispone que contra la determinación que niega decretar la prescripción de la acción penal, no es necesario agotar previamente el principio de definitividad, porque la sujeción a un proceso penal necesariamente restringe el goce de la libertad absoluta del inculpado. Dicho criterio jurisprudencial es el identificado como 1a./J. 101/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 168074, Novena Época, Materias(s): Penal, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 378, que dice: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN JURISDICCIONAL QUE NIEGA DECLARARLA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, SIN QUE SEA NECESARIO AGOTAR PREVIAMENTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Los artículos 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 37 de la Ley de Amparo prevén una excepción al principio de definitividad al establecer que cuando en un juicio penal se violen las garantías contenidas en los artículos 16, 19 y 20 constitucionales, el agraviado podrá reclamar dicha violación ante el juez de distrito que corresponda o ante el superior del tribunal que la haya cometido. En ese sentido y en virtud de que la prescripción es una causa extintiva de la acción penal y, por tanto, se constituye en el derecho individual subjetivo a gozar de libertad absoluta, resulta evidente que contra la determinación jurisdiccional que niega declarar la prescripción de la acción penal procede el juicio de amparo indirecto, sin que sea necesario agotar previamente el principio aludido, pues independientemente de que la privación de la libertad personal del inculpado sea o no consecuencia directa del auto de formal prisión dictado en su contra en la causa penal que se le instruye o que esté en libertad bajo caución, la referida negativa afecta sus garantías, ya que si a pesar de actualizarse la extinción de la acción persecutoria se le somete a enfrentar un proceso de carácter penal, necesariamente se restringe el goce de su libertad absoluta; de ahí que sea innecesario agotar los recursos previstos en la ley ordinaria antes de acudir al juicio de garantías." Finalmente, al no existir más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y dado que este juzgado tampoco las advierte de manera oficiosa se advierte la existencia de alguna; por tanto, se procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En ellos aduce en esencia que: La resolución reclamada es ilegal porque aunque en ella la responsable reconoció que dejó de actuar más de dos años dentro del proceso penal al que está sujeto el quejoso, al mismo tiempo, señaló que tal circunstancia no actualizaba la prescripción de la acción penal, porque dijo, uno de los requisitos indispensables para que se actualice es que el inculpado esté sustraído de la acción de la justicia y que por ello, el proceso se encuentre suspendido, lo que en el caso no es así, porque el accionante del amparo está sujeto al beneficio de la libertad bajo caución. Lo que dice es ilegal, si se considera que la responsable de forma indebida dejó de actuar procesalmente en la causa por más de dos años, que es más de la mitad del término medio aritmético, ya que la última diligencia fue el nueve de julio de dos mil dieciocho y fue en ese momento cuando dice, comenzó a computarse el término prescriptivo de la acción penal; bajo esas consideraciones, señala, debió decretarse el sobreseimiento de la causa; y, Que la resolución reclamada también conculca en su perjuicio su derecho a ser juzgado en un plazo razonable, ya que en términos de los artículos 20 Constitucional y 217 del Código de Procedimientos Penales aplicable al asunto, el juez responsable contaba con un año para resolver el proceso penal al que está sujeto; sin embargo, al emitir la resolución reclamada, argumentó que por encima de su derecho a ser juzgado en el plazo razonable, estaba el de defensa adecuada, ponderación que dice le vulnera su derecho al debido proceso, porque si no se cumple la obligación de ser juzgado sin demora, debe ser puesto en libertad absoluta, sin restricción alguna. Conceptos de violación que son inoperantes en una parte e infundados en otra, como se anotará enseguida. Para dar sustento a esa calificación, conviene señalar en primer término, que los argumentos en los que el juez de la causa apoyó su decisión de declarar improcedente el incidente no especificado de sobreseimiento por prescripción que promovió el quejoso dentro de la causa penal 102/2015, fueron los siguientes: Que si bien es cierto dentro de la causa penal se dejó de actuar por dos años, tal circunstancia no configuraba la prescripción de la acción penal, ya que uno de los requisitos para que opere, radica de manera primordial en que el inculpado esté sustraído a la acción de la justicia y que por esa razón, el proceso esté suspendido y que en el caso concreto, tal circunstancia no aconteció; y, Que aunque también era cierto que en la actualidad ya había transcurrido el término para dictar sentencia en términos del artículo 217 del código de procedimientos aplicable, también lo era que debería atenderse a que estaba pendiente el desahogo de una prueba pericial, la cual de no verificarse podría actualizar una violación procesal en perjuicio de las partes y además, afectaría el derecho a la debida defensa del propio quejoso; que por ello, debería otorgarse primacía constitucional al derecho a la adecuada defensa, sobre el derecho al dictado de la sentencia en un corto plazo. Dicho lo anterior, debe considerarse inoperante el concepto de violación identificado con el número 1, en el que el quejoso aduce que sí operó la prescripción desde el momento en que el juez responsable dejó de actuar por más de dos años, ya que el tema primordial en ese aspecto, no es si se dejó de actuar o no por ese lapso temporal, lo cual incluso reconoció la autoridad responsable, sino que el término prescriptivo no corrió porque el quejoso no está sustraído a la acción de la justicia. Cuestión que el promovente del amparo no atacó, pues sobre ese aspecto, únicamente se limitó a señalar que si el juez dejó de actuar en el proceso por más de dos años, entonces, a partir del nueve de julio de dos mil dieciocho, en que se materializó la última actuación, comenzó a correr el término prescriptivo de la acción penal. Por ello, para que este juzgador estuviera en condiciones de emprender el estudio de ese concepto de violación, el accionante del amparo debió atacar el argumento relativo a que la prescripción no comenzó a correr, porque el quejoso no está sustraído a la acción de la justicia. De modo que, si el promovente no controvirtió o superó ese argumento, es evidente que este juzgador se encuentra imposibilitado para emprender el estudio respectivo, al no otorgarse las bases necesarias para calificar lo fundado o infundado de lo resuelto por el juez responsable. Fundamenta a lo precedente, las razones que informa la Jurisprudencia 1a. /J. 81/2002, publicada en la página 61, del Tomo XVI, Diciembre de 2002, relativa a la Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN "FUNDAMENTO.- El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.". Sobre todo, porque con relación a ese tema jurídico, existe criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sustenta la decisión adoptada por el juez responsable en ese sentido; dicho criterio se localiza con el registro digital 164446 y se identifica como 1a./J. 47/2010, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Junio de 2010, página 131, Novena Época, Materias(s): Penal, que dice: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. NO OPERA CUANDO EL INCULPADO ESTÁ GOZANDO DEL BENEFICIO DE LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la prescripción de la acción penal no opera cuando el procesado se encuentra subjúdice, es decir, a disposición de la autoridad instructora, como es el caso en el que el acusado está disfrutando de la libertad caucional, pues la condición indispensable para que aquélla opere, es la imposibilidad que para el ejercicio de la acción penal opone la sustracción del acusado a la justicia que, unida al olvido del acto antijurídico consecutivo al transcurso del tiempo, se traduce en la exigencia social de confirmar la situación jurídica de los individuos en la remisión de sus infracciones; sin embargo, al estar disfrutando de tal beneficio, el inculpado no deja de estar sometido a la acción de las autoridades. Por tanto, la prescripción de la acción penal no opera en un proceso en el que se concedió la libertad provisional bajo caución al inculpado, porque en su situación se encuentra restringida su libertad, restricción que continúa viva y produciendo efectos mientras se pronuncia la sentencia definitiva, ya que el beneficio de dicha libertad caucional tiene el efecto de que los acusados no sean recluidos en los centros de readaptación, quedando sujetos a la potestad judicial por lo que al no practicarse diligencias en el proceso, no significa que corra el plazo de la prescripción de la acción penal porque ésta opera, como se dijo, cuando el acusado se sustrae de la justicia. Máxime que este Alto Tribunal ha sostenido que la consignación interrumpe la prescripción de la acción penal, pues si el ejercicio de ésta inicia con la consignación, resulta incongruente estimar que ésta no interrumpe la prescripción de la acción penal, toda vez que sería tanto como considerar que el derecho prescribe mientras se ejerce." Por otra parte, es infundado el concepto en el que dice que la resolución reclamada también conculca en su perjuicio su derecho a ser juzgado en un plazo razonable, ya que en términos de los artículos 20 Constitucional y 217 del Código de Procedimientos Penales aplicable al asunto, el juez responsable contaba con un año para resolver el proceso penal al que está sujeto; por lo que si no se cumplió con la obligación de ser juzgado sin demora, debe ser puesto en libertad absoluta, sin restricción alguna. Dicha calificación obedece a que no es cierto como lo afirma el quejoso, que la falta de dictado de la sentencia en el proceso penal en el término previsto legalmente, traiga como consecuencia que en términos de los artículos 217 y 218 del código de procedimientos aplicable, deba decretársele la libertad absoluta, tal y como se observa del contenido de esos dispositivos, que señalan: "ARTICULO 217.- Plazos para terminar los procesos.- Los procesos deberán ser fallados a la brevedad posible. En todo caso la sentencia deberá pronunciarse antes de cuatro meses, si el delito tiene señalada una pena máxima que no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si excede de ese tiempo. Los plazos a que se refiere este artículo se contarán a partir de la fecha del auto de formal prisión o de sujeción a proceso. ARTICULO 218.- Responsabilidad de los jueces.- Es causa de responsabilidad no juzgar al procesado dentro de los plazos que fija el artículo 217, si no existe razón justificada. No servirá de excusa el recargo de labores en el juzgado. El titular del órgano jurisdiccional será sancionado con arreglo a lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial. " Como se ve, los dispositivos legales insertos revelan que la única consecuencia jurídica de no fallar en el término previsto en el artículo 217, es constituir presuntivamente una responsabilidad administrativa para el juez, en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial; sin embargo, tal dilación no tiene impacto dentro del proceso penal para considerar que por ello, se debe decretar la libertad absoluta a favor del inculpado o incluso, declarar el sobreseimiento de la causa. Conclusión que se robustece del contenido del artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aunque ciertamente establece como prerrogativa del inculpado, el ser juzgado antes de un año, también se tiene que el constituyente permanente no dispuso como consecuencia jurídica que ante la falta del dictado de la sentencia, se deba decretar la libertad del inculpado: "ARTÍCULO 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado: (.) VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; (.)" Bajo ese orden de ideas, dado que este juzgador no advierte que conforme al parámetro legal aplicable, ante la falta de cumplimiento a la obligación de dictar la sentencia en el plazo legal, deba decretarse la libertad inmediata del quejoso o bien, que deba actualizarse alguna otra consecuencia jurídica que tenga impacto en el proceso penal al que está sujeto, se impone calificar de infundado el segundo concepto de violación. En tales condiciones, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados por el quejoso. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución, la justicia de la unión no ampara ni protege a Rafael Chávez Tovar, contra el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zacapu, Michoacán, materia de estudio en dicho apartado. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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