Rafael Chávez Hernández

Expediente 326/2023 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
326/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Rafael Chávez Hernández
  • Abigail Ramírez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Amparo en revisión

    POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, ESTE TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, RESUELVE: PRIMERO. SE DEJA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DECRETADO EN LOS RESOLUTIVOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA SENTENCIA RECURRIDA, AL TENOR DEL CONSIDERANDO QUINTO DE ESTA EJECUTORIA. SEGUNDO. EN LA MATERIA DE LA REVISIÓN, SE REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA. TERCERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ***, CONTRA LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 60, APARTADO A, FRACCIÓN I, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 13, 14, 15, 16, 17 Y 18, TODOS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE DURANGO.

  2. Amparo en revisión

    VISTA LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE REVELA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA OFICIOSAMENTE, A EFECTO DE DAR VISTA A LA QUEJOSA, PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y UNA VEZ TRANSCURRIDO ESE PLAZO, CON O SIN MANIFESTACIÓN ALGUNA, PROVÉASE LO QUE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. FINALMENTE, EN SU OPORTUNIDAD VUELVA EL EXPEDIENTE FÍSICO RELATIVO AL PRESENTE ASUNTO A LA PONENCIA CORRESPONDIENTE. AL RESPECTO DICHA CAUSAL REFIERE: SEXTO. Causal de improcedencia advertida de oficio. No será materia de estudio la sentencia recurrida ni los agravios expuestos por la parte recurrente -en donde argumenta que, contrario a lo sostenido por la Jueza de Distrito, el último párrafo del numeral 60, apartado A, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango no transgrede el principio de irretroactividad de la ley-, ya que, en el caso particular y en torno a tal porción normativa, este órgano de control constitucional advierte una causal de improcedencia, en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior, con independencia de que el recurso haya sido interpuesto por la autoridad responsable y la determinación adoptada pueda resultar adversa a los intereses de la parte quejosa. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el perjuicio que debe sufrir la persona física o moral es aquel que en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. La Primera Sala decantó que la tutela del derecho solo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. Además, precisó que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, de manera que no puede hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios no afectan real y efectivamente los bienes jurídicamente tutelados. En la que la Segunda Sala del Alto Tribunal Mexicano destacó que atento a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar de manera fehaciente el interés jurídico que le asiste y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos fácticos del caso particular permiten recordar que la parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto, entre otros, contra la aplicación retroactiva del último párrafo del artículo 60, apartado A, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, al señalar que establece el cobro que las responsables hicieron de diversas contribuciones derivado del pago que realizó el *** por "concepto de replaqueo". Sin embargo, aun cuando la quejosa indicó que el reclamo estaba relacionado con el concepto de "replaqueo" -incluso manifestó que dicho dispendio debía realizarse hasta el año dos mil veinticinco-, lo cierto es que adjuntó el original del recibo de pago expedido por la Dirección de Recaudación de Rentas de la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado de Durango, del que es factible advertir que el movimiento realizado fue por "cambio de propietario" y no "replaqueo". En ese tenor, si los actos reclamados así como los argumentos hechos valer en su contra, están encaminados a combatir el pago por un concepto -replaqueo- sobre el cual la parte quejosa no demostró haber realizado, queda patente que no acreditó estar en la hipótesis que refirió en la demanda constitucional, de ahí que no demostró la afectación a su esfera jurídica. Por tanto, al ser dos supuestos con características y consecuencias diferentes el pago efectuado por el movimiento consistente en "cambio de propietario" al que se hace por concepto de "replaqueo", es factible concluir que la parte promovente no acreditó su interés jurídico y, por consiguiente, queda actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, con fundamento en los artículos 61, fracción XII y 63, fracción V, procede revocar la sentencia sujeta a revisión y sobreseer en el juicio de amparo indirecto respecto al acto reclamado consistente en la aplicación retroactiva del último párrafo del artículo 60, apartado A, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango. Además, el sobreseimiento debe hacerse extensivo a la concesión otorgada por la Jueza Federal en torno a los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, que contemplan el Impuesto para el Fomento de la Educación Pública en el Estado. Esto, porque el cobro de ese impuesto está vinculado al concepto "cambio de propietario" -según recibo de pago antes mencionado-. Tan es así, que la parte quejosa en la demanda de amparo sostuvo que por cuanto a tales numerales ".se debe resaltar que la inconstitucionalidad de dichos preceptos se hace depender de los motivos legales respecto a la inconstitucionalidad del artículo 60, fracción I, último párrafo [.] pues la base sobre la cual se calcula el Impuesto del Fomento para la Educación, lo constituye el propio artículo.".

  3. Amparo en revisión

    ACORDE A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 92, ÚLTIMA PARTE, DE LA LEY DE AMPARO, CON APOYO EN EL DIVERSO NUMERAL 41, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, TÚRNESE ESTE ASUNTO AL MAGISTRADO JOSÉ DEKAR DE JESÚS ARREOLA, PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN, Y LA CERTIFICACIÓN DE LA FECHA EN QUE SEA LISTADO PARA SER RESUELTO.

  4. Amparo en revisión

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA; 81, FRACCIÓN I, INCISO E), 84, 86, 88 Y 91 DE LA LEY DE AMPARO; 28, FRACCIÓN III Y 38, FRACCIÓN II, DE LA VIGENTE LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE ADMITE EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR ***, CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE DURANGO. NOTIFÍQUESE EL PRESENTE PROVEÍDO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS, A EFECTO QUE, LA PARTE QUE OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE ORIGEN, TENGA CONOCIMIENTO DEL DERECHO QUE TIENE A ADHERIRSE AL PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS

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