RAFAEL CHAVEZ DE LA CRUZ y Otros.
Expediente 1104/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1104/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Rafael Chavez de la Cruz
- RAFAEL CHAVEZ DE LA CRUZ y Otros.
- FRANKLIN VALENCIA CRUZ y Otros.
- Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Tabasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio PI 64/2021-I, signado por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 30/2021, de su índice, misma que en su único punto resolutivo se advierte lo siguiente: "ÚNICO: Se declara SIN MATERIA el recurso de queja interpuesto por ********** contra el auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio de amparo indirecto 1104/2020-VIII-2, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad." En consecuencia, acúsese recibo de estilo y hágase del conocimiento a las partes la recepción de dicho testimonio y realícense las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. Finalmente, visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veinte de abril del año en curso, se ordenó el archivo definitivo del presente asunto al encontrarse totalmente concluido; por tanto, dese cumplimiento a lo ahí ordenado.
- Principal
JUICIO 1104/2020-VIII-2 veinte de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no se interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito, el recurso de revisión previsto por el artículo 81 de la Ley de Amparo, en el término establecido en el diverso numeral 86 del citado ordenamiento, contra el proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; por lo que se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos correspondientes. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. -TRANSPARENCIA Finalmente, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
JUICIO 1104/2020-VIII-2 veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Visto, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual rinde su informe justificado la siguiente autoridad responsable: N. AUTORIDAD SENTIDO 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. NIEGA Por otra parte, conforme al numeral 119 de la citada ley, se tiene como prueba la constancia que anexa la citada autoridad consistente en: No. PRUEBA 1 Copia certificada del acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral 313/2017, de su índice. Constancia a la que por ser documento público se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza una causa de improcedencia, respecto al acto reclamado consistente en: La omisión de acordar el escrito recepcionado el doce de marzo de dos mil veinte, en autos del juicio laboral 313/2017, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. En ese sentido, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ello es así, en virtud que de la constancia que anexó la responsable al oficio de cuenta, se advierte que el diecisiete de marzo del año en curso, proveyó lo conducente respecto al escrito que recepcionò el doce de marzo de dos mil veinte, en autos del juicio laboral 313/2017, de su índice. Sentado lo anterior, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (diez de diciembre de dos mil veinte), el referido acto reclamado existía, pero durante el transcurso del presente juicio éste dejó de surtir sus efectos; esto es, se emitió un acto (proveído de diecisiete de marzo del año en curso), que dejó insubsistente la violación reclamada, como si no se hubiera invadido la esfera jurídica del particular y sin haber dejado huella alguna en el que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior, la Tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En razón de lo expuesto, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, y al haberse actualizado para ésta última de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXI, de la citada Ley; sin que sea obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, ya que al haberse actualizado la causal de improcedencia antes precisada, no tiene objeto alguno el desahogo de pruebas, porque no podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". No pasa desapercibido que en el procedimiento laboral de origen pudieran existir otras violaciones procesales; sin embargo, atendiendo al acto reclamado y a los conceptos de violación que formuló la parte quejosa, no se advierte que existan motivos para suplir la deficiencia de la queja, tomando en consideración que la figura de la suplencia de la queja, tiene como objetivo suplir la deficiencia de los conceptos de violación en sede constitucional, es decir, en determinadas materias de acuerdo a lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se pueden corregir e incluso suplir los agravios encaminados a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado; no obstante, dicha institución no da pauta a que el órgano jurisdiccional varié el acto reclamado, y se pronuncie respecto de cuestiones no controvertidas por el peticionario de garantías, aun cuando estas representen violaciones manifiestas en el proceso de origen, puesto que dichos tópicos, no forman parte de la contienda constitucional. Finalmente, hágase del conocimiento la presente determinación al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, en atención al recurso de queja 30/2021, de su índice. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
EN ESTA FECHA NOTIFICO POR LISTA EL PROVEÍDO DE FECHA VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO DICTADO POR EL JUZGADO DE MI ADSCRIPCIÓN. LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
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