Rafael Cervantes López
Expediente 299/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 21 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 30/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Rafael Cervantes López
- Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala
- Director en Jefe del Registro Agrario Nacional
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a treinta de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que obra a foja 170 de autos, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido al quejoso y a los terceros interesados mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria que concedió la protección constitucional; desahogando tal vista sólo el tercero interesado Ricardo Cruz Rodríguez, Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo por el tercero interesado Director en Jefe de esa Institución, en consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, y acorde con las facultades conferidas en el Instrumento Normativo contenido en la circular 11/2017-AGP, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este Órgano Jurisdiccional procede analizar en definitiva el cumplimiento de la sentencia constitucional. En el caso, Rafael Cervantes López, por propio derecho, solicitó la protección constitucional contra la sentencia dictada el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, en el expediente 194/2016. Seguida la secuela procesal, en sesión ordinaria celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real, el veintiocho de mayo de dos mil veinte este Tribunal Colegiado dictó el fallo correspondiente, en el que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. En su lugar, dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, prescinda de considerar que el actor carece de legitimación en la causa para impugnar el acta de asamblea celebrada el trece de octubre de dos mil dos, en la que se dotó de dominio pleno a José Sergio Ignacio Galindo, respecto de las parcelas 819 Z-3 P-1/5 y 822 Z-3 P-1/5, del núcleo agrario de San Luis Huamantla, Tlaxcala. 3. En su lugar, emita otra en la que analice los argumentos expuestos por las partes y valore las pruebas que fueron aportadas al procedimiento, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resuelva de manera fundada y motivada si es procedente o no declarar la nulidad del acta de asamblea combatida por el aquí quejoso, respecto de las referidas parcelas." Mediante oficio 4943/2020, este Órgano Jurisdiccional remitió el testimonio de dicha ejecutoria, así como los autos que sirvieron para el conocimiento del asunto a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se procedería en términos del precepto citado en último término. El seis de octubre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio T.U.A.33/981/2020, por medio del cual la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de dos de octubre anterior, por el que dejó insubsistente la sentencia reclamada y ordenó emitir una nueva en cumplimiento a la ejecutoria constitucional. Previas gestiones, el nueve de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibida la sentencia dictada el nueve de octubre de dos mil veinte, la cual es materia de estudio en la presente resolución de cumplimiento. Ahora, del examen de las constancias que obran en autos y de la sentencia que se revisa, se aprecia que la autoridad responsable: I. Dejó insubsistente el fallo reclamado dictado el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, foja 103 vuelta (Cumplimiento del lineamiento "1."). II. En su lugar, dictó otra, en la que, tácitamente prescindió de considerar que el actor carece de legitimación en la causa para impugnar el acta de asamblea celebrada de trece de octubre de dos mil dos, en la que se dotó de dominio pleno a José Sergio Ignacio Galindo, respecto de las parcelas 819 Z-3 P-1/5 y 822 Z-3 P-1/5, del núcleo agrario de San Luis Huamantla, Tlaxcala, fojas 123 vuelta-124,138-139 de autos (Cumplimiento del lineamiento "2."). III. En su lugar, emitió otra, en la que analizó los argumentos expuestos por las partes y valoró las pruebas que fueron aportadas al procedimiento, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolvió que no era procedente declarar la nulidad del acta de asamblea combatida por el aquí quejoso, respecto de las referidas parcelas (Cumplimiento del lineamiento "3."). A fin de hacer patente lo anterior, se reproduce la parte concerniente: "Por cuanto hace a la excepción que la demandada Procuraduría Agraria en el Estado de Tlaxcala denominó: "falta de legitimación y derecho" haciéndola consistir en que el actor no justifica su interés y legitimación para promover el presente juicio. Por los argumentos en que la hizo consistir el excepcionante, no es otra cosa que la negación simple de la acción y el derecho de la parte actora para ejercitar sus pretensiones, negación que trae como efecto jurídico ineludible en el proceso el de arrojar la carga de la prueba al actor y obliga a esta Juzgadora a examinar todos los elementos constitutivos de la acción, por lo que dichos medios de defensa serán materia de análisis al entrar al fondo de la presente causa agraria. (.) VII. Antes de entrar al estudio de las pretensiones que reclama el promovente, se establecerán los antecedentes que refirió el mismo en sus hechos, así como se analizarán los expedientes números 220/2004 y 190/2012 del índice de este Tribunal, los cuales se tiene a la vista al momento de resolver en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por constituir hechos notorios, entendiéndose los mismos como cualquier acontecimiento de dominio público con todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la Ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. Lo anterior se obtiene de la jurisprudencia P./J. 74/2006 Semanario, del Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, Pág. 963, Materia Común, del rubro y texto siguiente: (Transcribe rubro y texto). Por tanto, se invocan dichos expedientes agrarios y que son valorados en términos del numeral antes señalado, por ser hechos notorios, sin necesidad que hayan sido alegados ni probados por las partes. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial que al caso se aplica por analogía: (Transcribe rubro y texto). De la revisión efectuada a los autos del juicio agrario número 220/2004, se conoce que RAFAEL CERVANTES LÓPEZ, por conducto de su apoderado legal VÍCTOR MANUEL CERVANTES JUÁREZ, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este tribunal unitario, el diecinueve de mayo de dos mil cuatro, demandó a la Asamblea de Ejidatarios del núcleo de población ejidal "SAN LUIS HUAMANTLA", Municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala, el reconocimiento y asignación de las parcelas números 819 y 822, las cuales en Asamblea de Delimitación; Destino y Asignación de Tierras Ejidales de veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, se etiquetaron sin interés en el programa (PROCEDE), así como por error en dicha acta se asienta el nombre de RAFAEL CERVANTES LÓPEZ, admitida que fue la demanda, se ordenó el emplazamiento a los demandados y agotado en todas sus etapas procedimentales, el dieciséis de agosto de dos mil cuatro, este tribunal dictó sentencia declarando procedente la acción intentada y por lo tanto se reconoce a RAFAEL CERVANTES LÓPEZ como legítimo titular en concepto de ejidatario de las parcelas números 819 y 822, condenándose a los demandados Asamblea General de Ejidatarios a respetar la titularidad y posesión de las referidas parcelas y ordeno al Registro Agrario Nacional la expedición de los certificados parcelarios respectivos. De los autos del juicio agrario número 190/2012 del índice de este tribunal, el cual se tiene a la vista, se conoce que se encuentra conexo con el 290/2012, en el que RAFAEL CERVANTES LÓPEZ, funge como actor, del Poblado de San Luis Huamantla, municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala, en el cual fuera demandado VÍCTOR MANUEL CERVANTES JUÁREZ y otros, siendo la acción ejercitada la de Nulidad de actos y contratos que contravienen las Leyes agrarias, autos de los cuales se obtiene lo siguiente: Por escrito de demanda de fecha catorce de junio de dos mil doce, RAFAEL CERVANTES LÓPEZ demandó la nulidad del contrato de enajenación de derechos parcelarios de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete suscrito por VÍCTOR MANUEL CERVANTES JUÁREZ y JOSÉ SERGIO HERNÁNDEZ GALINDO, por encontrarse afectado de vicios del consentimiento y como consecuencia la nulidad del traslado de dominio de cinco contratos además del anterior, asimismo la nulidad del dominio pleno por el que adquirió la propiedad objeto de la litis el primer comprador José Sergio Ignacio Hernández Galindo. Por sentencia definitiva de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se declaró la inexistencia jurídica del referido contrato de uno de marzo de dos mil diecisiete, así como los posteriores. Inconforme con la sentencia natural Víctor Manuel Cervantes interpuso recurso de revisión ante el Ad-quem, el cual se radicó con el número 384/2017-33 y por cuya sentencia de siete de junio dieciocho, se resolvió procedente el recurso y se ordenó dejar insubsistente la sentencia, así como reponer el procedimiento, para efecto de que por encontrarse este asunto conexo con el diverso sumario 290/2012 no se remitieron constancias en copia certificada de éste al primero, asimismo debió haberse integrado a la relación jurídico procesar al Comisario Ejidal del ejido que nos ocupa por lo que debió emplazarse a este; a la fecha los referidos expedientes se encuentran en trámite ante este tribunal, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución dictada en el recurso de revisión por el Tribunal Superior Agrario. Ahora bien, los hechos que narra en su demanda la parte actora RAFAEL CERVANTES LÓPEZ, se advierte que: En fecha trece de octubre del año dos mil dos, en el domicilio particular del señor José Sergio Ignacio Hernández Galindo, se celebró una reunión a la cual asistieron algunos ejidatarios del ejido de San Luis Huamantla, municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala, en donde propuso la adopción del dominio pleno de 61 ejidatarios que se encontraban en la lista. Que en fecha dieciséis de agosto de dos mil cuatro, mediante sentencia definitiva dictaba en el juicio agrario 220/2004, radicado en este órgano jurisdiccional adquirió el actor RAFAEL CERVANTES LÓPEZ, la titularidad de las parcelas 819 Z-3 P-1/5 y 822 Z-3 P-1/5, del ejido de San Luis Huamantla, municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala, habiéndose expedido a su favor los títulos (sic) parcelarios números 103155 y 103156. Que mediante diversas solicitudes de trámites, de fecha quince de mayo de dos mil siete, el señor José Sergio Ignacio Hernández Galindo, solicitó al Registro Agrario Nacional Delegación Tlaxcala, la adopción del dominio pleno respecto de diversas parcelas, entre las cuales se encontraron las del accionante, puesto que el núcleo ejidal lo autorizó para asumir el dominio pleno de sus derechos parcelarios, habiéndose ordenado la cancelación de los certificados parcelarios y en consecuencia el Registro Agrario racional expidió los títulos de propiedad de origen parcelario a nombre de José Sergio Ignacio Hernández Galindo los cuales quedaron debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Tlaxcala. Que el catorce de junio de dos mil doce, el actor RAFAEL CERVANTES LÓPEZ presentó controversia agraria ante éste Tribunal, habiéndose radicado el expediente número 190/2012 en donde solicitó la nulidad de diversos actos y documentos de origen agrario, por lo que en fecha quince de octubre de dos mil catorce se desahogó la audiencia de ley en dicho expediente, en donde el demandado José Sergio Ignacio Hernández Galindo ofreció el testimonio de cuatro ejidatarios del ejido de mérito quienes refiere manifestaron bajo protesta de decir verdad que la licenciada Claudia Cervantes Rosales, abogada de la Procuraduría Agraria y el visitador Eduardo Zambrano, los asesoraron para la adopción del dominio pleno de sus parcelas en el ejido referido, y que en fecha trece de octubre de dos mil dos, no existió la Asamblea General de ejidatarios en el poblado de San Luis Huamantla, municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala, y que en su lugar solo existió una reunión en el domicilio particular del señor José Sergio Ignacio Hernández Galindo en donde se les refirió que debían entregar las parcelas al mismo para que este adoptara el dominio pleno y posteriormente se las devolviera, refiriendo son actos jurídicos simulados y nulos de pleno derecho. Continúa refiriendo que el catorce de enero de dos mil quince, se inició la Averiguación Previa número 4/2015 de la mesa cuatro de la Procuraduría General de República, Delegación Tlaxcala, por el delito de uso y documentos falsos y lo que resulta en contra de quien o quienes resulten responsables, habiéndose desahogado la testimonial en dicha averiguación por los señores Ángel Altamirano García, Enrique Altamirano Aquino, Sergio Altamirano Aquino, José Rubén Tabales y Guadalupe Flores Hernández, quienes manifestaron no haber acudido a la Asamblea General de Ejidatarios del ejido de San Luis Huamantla, municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala, de fecha trece de octubre de dos mil dos, y que la firma que aparecía en el especio frente a su nombre no fue puesta por ellos, lo cual confirmado por el perito Narciso Romero Escamilla en su dictamen pericial. Que con fecha veintiséis de julio de dos mil quince se celebró Asamblea General de Ejidatarios en el ejido de San Luis Huamantla, municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala, donde los asistentes votaron por solicitar la nulidad del acta de Asamblea del año dos mil dos, refiere que hasta el día dieciséis de julio de dos mil dieciséis, se desahogó la diligencia de medios preparatorios que promoviera el actor, la cual tenía por finalidad conseguir el acta referida, a efecto de estar en aptitud de iniciar el presente juicio, sin que la misma se le hubiera entregado íntegra en sus fojas ya que refiere que las fojas cinco y seis no se encuentran en las copias proporcionadas. Es de destacar que los hechos que narra el actor RAFAEL CERVANTES LÓPEZ en su demanda, en concomitancia con los juicios agrarios que refirió fue parte, confrontados a las prestaciones que en este juicio solicita, este Tribunal no encuentra una ilación entre los mismos, ya que son actos y hechos diversos que ha venido realizando en semejantes juicios antes prestaciones diversas. Por otro lado, no pasa desapercibido para este Unitario que el accionante como prestación principal del presente juicio agrario, se encuentra solicitando la nulidad absoluta del acta de Asamblea general de ejidatarios de fecha trece de octubre de dos mil dos, destacándose de los antecedentes antes relatados, precisamente en los del expediente 220/2004 del índice de éste Tribunal, que el dieciséis de agosto de dos mil cuatro, se dictó sentencia favorable a RAFAEL CERVANTES LÓPEZ, reconociendo al mismo como ejidatario de las parcelas 819 Z-3 P-1/5 y 822 Z-3 P-1/5, del núcleo agrario de San Luis Huamantla, municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala, condenándose a la Asamblea General de Ejidatarios a respetar su titularidad y posesión respecto a dichas parcelas, así como que se ordenó al Registro Agrario Nacional expidiera los Certificados Parcelarios que lo acreditaran como titular en concepto de ejidatario de las mismas. En relación al Acta de Asamblea de ejidatarios de fecha trece de octubre de dos mil dos, que obra en copia certificada a fojas 33 a 97 de autos y que constituye el objeto de la Litis en el presente juicio agrario, se advierte que efectivamente como lo sostiene el actor, se acordó autorizar la adopción del dominio pleno sobre la totalidad de las parcelas que en esa fecha poseían un total de sesenta y un ejidatarios, sin que en ningún apartado del acta se hayan enunciado esas parcelas. VIII. Ahora bien una vez expuestos los antecedentes de los hechos y asuntos que refirió el promovente se tuvieran a la vista, resulta procedente estudiar la primera prestación que solicita dentro del presente líbelo, la cual consiste en; "1. La nulidad absoluta del acta de Asamblea general de ejidatarios de fecha trece de octubre del año dos mil dos, así como la de los actos y documentos inherentes a la citada acta, celebrada en el ejido de San Luis Huamantla, Municipio de Huamantla, Tlaxcala". Los argumentos de nulidad que esgrime el actor en su escrito inicial de demanda, en el hecho PRIMERO, consistentes en que la Asamblea impugnada de trece de octubre de dos mil dos, realmente fue una reunión en el domicilio de JOSÉ SERGIO IGNACIO HERNÁNDEZ GALINDO, a la cual asistieron algunos ejidatarios, el visitador agrario y la abogada de la Procuraduría Agraria, en la que el antes mencionado propuso a los asistentes la adopción del dominio pleno de sesenta y un ejidatarios pero que como no se reunía el quorum, se sugirió a los asistentes celebrar en ese momento la Asamblea y recabar las firmas de los ejidatarios requeridos para que existiera quorum, en consecuencia en diversas fechas se recabaron las firmas y otras fueron estampadas por los mismos organizadores, situación que de modo alguno fue probada por el actor, aunado a que en esa fecha de la celebración de la Asamblea impugnada, carecía de calidad de ejidatario, misma que adquirió por resolución del tribunal agrario por sentencia dictada el dieciséis de agosto de dos mil cuatro, dictada en el juicio agrario número 220/2004, tal y como quedó reseñado en el considerando anterior y de las pruebas aportadas y que se valoran en el párrafo siguiente, se concluye que no se acredita lo aseverado por el actor quien se reitera que en la fecha de la celebración de la Asamblea que impugna no tenía la calidad de ejidatario y las parcelas de las que con posterioridad fue titular, en esa fecha se encontraban sin asignación como se hizo constar por el Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala en la constancia de veintiuno de junio de dos mil cuatro, que obra a foja 55 del cita juicio agrario. Por lo que se refiere a lo argumentado en el hecho SEXTO de su escrito de demanda en el que señala por lo que respecta al acta impugnada ".que se entregó al suscrito una copia certificada de la misma, constando de 7 fojas, pero de la foja cinco a la seis se pierde la coherencia.", de la revisión practicada a la copia certificada del acta de Asamblea de fecha trece de octubre de dos mil dos, que exhibió el actor y que obra a fojas de la 30 a la 97, se advierte que del punto de acuerdo CUARTO se continúa con el punto de acuerdo SEXTO (fojas 34 y 35), No obstante entre estos puntos se hace la relación con número progresivo de los 71 ejidatarios a quien la Asamblea autorizó la adopción de dominio pleno, es decir, que previo al acuerdo SEXTO termina la relación de los ejidatarios enlistados, por tanto existió una omisión al redactar el acta respecto a continuar en forma progresiva la numeración de los acuerdos tomados, lo cual de forma alguna invalida su contenido. No obstante lo anterior, supliendo las deficiencias en los planteamientos de derecho del actor, con fundamento en el último párrafo del artículo 164 de la Ley agraria, resulta necesario, analizar los requisitos que establece la citada Ley, para la celebración de las asambleas dentro de los ejidos, para poder determinar, sí la Asamblea General de ejidatarios celebrada el trece de octubre de dos mil dos, cumple o no con los requisitos que establece la legislación referida, y en consecuencia, estar en aptitud de determinar si procede o no su nulidad, tal y como lo solicita el accionante RAFAEL CERVANTES LÓPEZ. Como se conoce del Acta de Asamblea General de Ejidatarios de fecha trece de octubre de dos mil dos, la misma es de formalidades especiales, esto es, se encuentra comprendida dentro de las fracciones VII a XIV del numeral 23 de la Ley Agraria. Por lo que se procede a analizar los numerales 23, fracción IX, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 81, 82 y 83 de la Ley Agraria. Como lo refiere el numeral 23 de la Ley Agraria, en los ejidos, se deberán realizar asambleas, al menos cada 6 meses, o antes si así fuera necesario y, en la fracción IX establece exclusivamente que la Asamblea será para autorizar a los ejidatarios adoptar el dominio pleno de sus parcelas, tal y como se trata en la Asamblea que se estudia; se procede a transcribir el numeral de referencia: (Se transcribe). El artículo 24 de la Ley Agraria, refiere que la Asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal, el Consejo de vigilancia por iniciativa propia, o porque lo soliciten al menos el veinte por ciento de los ejidatarios del total que integren el núcleo de población ejidal; destacándose en el presente asunto, que por iniciativa propia, tanto los integrantes del comisariado ejidal como los integrantes del Consejo de vigilancia realizaron la convocatoria tal y como se conoce de la primera convocatoria visible a foja 30 de autos. Se transcribe el numeral referido, el cual a la letra dice: (Se reproduce dicho artículo). Los artículos 25 y 26 de la Ley Agraria, establecen que la Asamblea deberá celebrarse dentro del ejido o en el lugar habitual, salvo causa justificada; debiendo expedirse una convocatoria para los asuntos señalados en la fracción VII a XIV del artículo 23, con no menos de un mes de anticipación, en donde en la cédula se deberán expresar los asuntos a tratar y la fecha el lugar en donde tendrá verificativo dicha Asamblea. Asimismo, en el caso específico, por tratarse de los asuntos previstos en las fracciones VII a XIV del artículo 23, la convocatoria deberá ser señalada con al menos un mes de anticipación, circunstancia que sí se cumple, toda vez que como se observa a foja 30 de autos, la convocatoria fue expedida el veintiséis de agosto de dos mil dos, para que tuviera verificativo la Asamblea el veintisiete de septiembre de dos mil dos, constatándose con lo anterior, que sí se cumplió el requisito que establecen dichos numerales a estudio, así como se estableció la hora en que se celebraría la Asamblea y se establecieron los puntos del orden del día que se tratarían en la misma. Por lo que el día veintisiete de septiembre de dos mil dos, se levantó el acta de no verificativo de la Asamblea señalada, en virtud de que únicamente se encontraban presentes treinta ejidatarios de un total de setecientos ejidatarios que integran el núcleo agrario, por tanto al no haber quorum, no fue posible se llevará a cabo la misma, ya que para que se hubiera podido llevar, se necesitaba un total de las tres cuartas partes de los ejidatarios, siendo éstos mil doscientos setenta y cinco ejidatarios, los cuales a todas luces no se reunieron. Firmando en consecuencia dicha acta de no verificativo los integrantes del comisariado ejidal, los integrantes del Consejo de vigilancia, así como el Notario Público Número Uno de la demarcación de Juárez con residencia en la ciudad de Huamantla, Estado de Tlaxcala, y por parte de la Procuraduría Agraria el subdelegado operativo y la visitadora agraria. Habiendo en ese momento expedido la segunda convocatoria para la celebración de dicha Asamblea, estableciéndose como fecha el trece de octubre de dos mil dos a las diez horas en las instalaciones de las bodegas del ejido de San Luis Huamantla, municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala. Cumpliéndose así, con la temporalidad que se establece para la fijación de la segunda convocatoria, pues el numeral 26 de la Ley agraria, establece que el plazo para su expedición, no deberá ser menor a ocho días, ni mayor a treinta días, contados a partir de la expedición de la segunda convocatoria, y toda vez que se convocó el veintisiete de septiembre de dos mil dos y la fecha de la segunda convocatoria se señaló para el trece de octubre de dos mil dos, se cumple con la temporalidad que solicita dicho artículo referido, pues el término supera los ocho días de anticipación y no sobrepasa los treinta días para su celebración. Siendo así que al momento de celebrarse la Asamblea señalada para su celebración el trece de octubre de dos mil dos, se puede conocer a fojas 33 a 97 de autos, que en el pase de lista de la misma se encontraban presentes un total de novecientos cincuenta ejidatarios de un total de mil setecientos ejidatarios que conforman el total del padrón en dicho ejido. Dicho número de ejidatarios asistentes, conforman el 55.88% del total de los ejidatarios del poblado de San Luis Huamantla, municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala, y en donde el numeral 26 de la Ley agraria solicita para el caso de las fracciones VII y XIV del artículo 23, que tratándose de segunda convocatoria, deberán estar presentes al menos el cincuenta por ciento más uno del total de ejidatarios que conformen dicho núcleo agrario, esto es, la mitad son ochocientos cincuenta ejidatarios, pero cómo es más uno, entonces para que la Asamblea se encontrara conformada legalmente, debería haber al menos ochocientos cincuenta y un ejidatarios presentes, y toda vez que hubo novecientos cincuenta, se encuentra satisfecho el requisito establecido en la legislación para que la Asamblea pudiera llevarse a cabo legalmente. Se proceda a transcribir los numerales antes referidos, los cuales son del tenor literal siguiente: (Se reproducen dichos artículos). Una vez llevados a cabo, los puntos del orden del día establecidos para la celebración de la Asamblea, es de conocer que en el cuarto punto del orden del día se estableció precisamente lo referente a someter a consideración de la Asamblea la adopción del dominio pleno sobre el área parcelada, conociéndose de dicha Asamblea a foja 34 de autos, que en dicho punto se estableció que los asistentes a la Asamblea votaron en un 100% a favor de que sólo los setenta y un ejidatarios y procesionarios que se mencionan en el listado que se transcribió en dicha acta de Asamblea fueran los autorizados para adoptar el dominio pleno sobre la totalidad de las parcelas que cada uno de ellos posee, habiendo cero abstenciones y cero votaciones en contra. Con esto se demuestra, que no hubo discordancia en el sentido de dicha Asamblea en cuanto a que los setenta y un ejidatarios referidos fueran los únicos en adquirir el dominio pleno de sus parcelas, por ende, no hubo necesidad de emitir un voto de calidad por parte del Presidente del comisariado ejidal para definir la situación puesta a consideración a la Asamblea. Destacándose que al término de la Asamblea, firmaron los ejidatarios asistentes, así como los integrantes del Comisariado Ejidal, los integrantes del Consejo de Vigilancia del poblado de San Luis Huamantla, municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala, la mesa de debates, el subdelegado jurídico y la visitadora agraria, por parte de la Procuraduría Agraria; así como el Notario Público Número Uno de la demarcación de Juárez con residencia en la ciudad de Huamantla, Tlaxcala. Conociéndose a fojas 25 a 29 de autos, que el acta de Asamblea de fecha trece de octubre de dos mil dos, fue debidamente protocolizada por el fedatario público que asistió a la misma, mediante escritura número 29215 volumen 390, con fecha de escritura y testimonio de veinticuatro de marzo de dos mil trece. Y que la misma fue registrada por la Procuraduría Agraria, en razón a las copias certificadas que expidiera, habiendo tenido a la vista las originales que obran en los archivos de esa delegación (fojas 23 a 97 de autos). Ahora bien, de la audiencia celebrada el diez de enero de dos mil diecisiete (fojas 44 a 49 de autos), se conoce que fueron desahogadas las confesionales a cargo de los integrantes del comisariado ejidal y del notario público número uno de la demarcación de Juárez, con residencia en la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, de las cuales se obtuvo lo siguiente: Referente a la confesión desahogada por los integrantes del Comisariado Ejidal se tuvo que los mismos afirmaron ser integrantes del comisariado ejidal del poblado de San Luis Huamantla, municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala; que no es cierto que el veintiséis de julio de dos mil quince tuvo verificativo una Asamblea extraordinaria de ejidatarios del ejido de referencia; que no saben si en la Asamblea antes referida se solicitó la nulidad del acta de Asamblea General de ejidatarios de fecha trece de octubre de dos mil dos; que puede ser que sí existan más de veinte controversias agrarias relacionadas con el acta de Asamblea de ejidatarios del poblado de referencia de fecha trece de octubre de dos mil dos; el presidente y tesorero dicen que no y el secretario dice que sí, que más de ochenta ejidatarios del poblado de mérito se encuentran inconformes con el acta de Asamblea (sin establecer en la pregunta a cuál se refieren); y que no saben por no haber sido testigos en ese momento, que hubiera sido alterada en el número de asistentes del acta de Asamblea de fecha trece de octubre de dos mil dos. Teniéndose con lo anteriormente expuesto, que los integrantes del comisariado ejidal que acudieron a dicha audiencia, no les consta que el acta celebrada el trece de octubre de dos mil dos, hubiera sido alterada en el número de asistentes a la misma; sin embargo, referente a los asuntos agrarios que se encuentran en este Tribunal, con motivo de esa acta de Asamblea, sin precisar en este momento el número de expedientes exactos, es de establecer que los mismos fueron interpuestos por los integrantes del comisariado ejidal en contra de José Sergio Ignacio Hernández Galindo, precisamente porque él mismo al haber sido beneficiado en dicha acta de Asamblea general de ejidatarios, para poder obtener el dominio pleno, precisamente en el consecutivo veintiocho del listado anexo a la misma, es que diversos ejidatarios que no fueron beneficiados en esa Asamblea, celebraron contratos de enajenación con el mismo, y una vez que las parcelas se encontraban a su nombre, José Sergio Ignacio Hernández Galindo, realizaba el cambio de destino de dichos bienes agrarios y, una vez obtenido los títulos de propiedad, celebraba otro contrato de compra venta con los titulares originarios de dichos bienes agrarios, a efecto de que éstos obtuvieran de nueva cuenta sus, antes parcelas, ahora propiedades. Por lo que al comenzar a desmembrarse el ejido por estos actos, es que demandó el ejido la nulidad de dichos actos y, en los expedientes que se han resuelto, como sucedió incluso con el número 190/2012 que señaló el propio actor, se retrotrajeron dichos actos jurídicos hasta que los titulares originarios, tuvieron de nueva cuenta sus parcelas acreditadas con los certificados parcelarios correspondientes, en lugar de los títulos de propiedad con que contaban a razón de la simulación jurídica que se demostró dentro de los diversos juicios agrarios aquí resueltos. Sin embargo, dicha circunstancia, es de destacar que no forma parte de la litis del presente asunto, pues como ya se observó, formó parte de un diverso expediente que ya fuera resuelto con antelación, y en donde se ordenó, que al accionante RAFAEL CERVANTES LÓPEZ, se le expidiera de nueva cuenta sus certificados parcelarios que lo acreditaran con ejidatario titular de las parcelas números 819 Z-3 P-1/5 y 822 Z-3 P-1/5, las cuales ya se encuentran de nueva cuenta a su nombre, como el propio actor lo refiere en los hechos que narrara en su demanda. Por tanto, lo expuesto en la confesional por los integrantes del comisariado ejidal, no tienen sentido para demostrar las pretensiones del actor RAFAEL CERVANTES LÓPEZ respecto a la litis que dentro del presente sumario se está resolviendo, que es precisamente, ver si la Asamblea General de ejidatarios, cuenta o no con los requisitos de Ley, para saber si de la misma se ordena o no su nulidad. Por otro lado, referente a la confesional a cargo del Notario Público Número Uno de la demarcación Juárez con residencia en la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, se tiene que si bien se tuvo al mismo por confeso al no haberse presentado a este Tribunal a absolver posiciones, de las interrogantes que se le formularan, visibles a foja 321 de autos, consistentes en seis preguntas encaminadas a que el mismo no se encontró presente al momento de haberse celebrado la Asamblea de ejidatarios el trece de octubre de dos mil dos; que él supo que asistieron 400 ejidatarios a dicha Asamblea; que firmó con posterioridad dicha acta de Asamblea sin haber estado presente en su celebración; no menos cierto que si bien se le tuvo confesó de dichas posiciones, el promovente RAFAEL CERVANTES LÓPEZ no acredita con medio probatorio alguno, que el notario no hubiere estado presente en la celebración de dicho acto asambleístico, pues como es de observarse, no sólo firmó dicha acta de fedatario público, sino que también la firmaron los integrantes del comisariado ejidal, los integrantes del Consejo de vigilancia, los integrantes de la mesa de debates, los comisionados de la Procuraduría agraria, y los ejidatarios y posesionarios asistentes a dicha reunión. Teniéndose que de la propia acta de Asamblea de fecha trece de octubre de dos mil dos, no se observa, que alguno de los antes mencionados, hubiera firmado de inconformidad a no ajustarse dicho acto asambleístico a la normatividad que establece la Ley Agraria, máxime, que dicha Asamblea fue de formalidades especiales y la misma no se hubiera llevado a cabo, si el fedatario público o el personal de la Procuraduría agraria no hubieran estado presentes en la misma, lo anterior, en virtud de que también para eso se forma la mesa de debates, la cual dentro de sus funciones, es verificar se cumplan los requisitos necesarios que establece la legislación, en conjunto con los integrantes del comisariado ejidal y los integrantes del Consejo de vigilancia, por tanto, dicha confesional se toma en cuenta, sin que exista fundamento alguno al no estar vinculado con otro tipo de probanzas, con las que se demuestre que el Notario Público Número Uno de la demarcación de Juárez con residencia en Huamantla, Tlaxcala, no hubiera estado presente en el momento en que se celebrara dicha Asamblea General de Ejidatarios el trece de octubre de dos mil dos. Confesional que es valorada de conformidad a lo dispuesto por los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles del supletorio a la materia. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia consultable en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1995, Séptima Época, Tercera Sala, Tomo IV, Parte SCJN, página 222, que dice: (Transcribe rubro y texto). Referente a la prueba testimonial desahogada en la misma audiencia, la cual estaría a cargo de Sebastián Felipe Campos Nieto, Emilio Ernesto Guevara González, Reyes Barrientos Martínez, Alberto Cayetano Montiel Briceño, Estanislao Martínez Moreno, Antonio Mario Altamirano Aquino, Juan Tomás Romero Saldaña y José Sergio Hernández Galindo, se le tuvo por perdido su derecho para presentarlos con posterioridad, en virtud de no acreditar el impedimento de presentar a los mismos a dicho acto de audiencia; tomándose la declaración únicamente de la testigo Claudia Cervantes Rosales, quién manifestó: Que no dio recomendaciones a los ejidatarios del poblado de San Luis Huamantla, municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala, para la adopción del dominio pleno, pues no estuvo presente en la Asamblea de fecha trece de octubre de dos mil dos; que ignora si las parcelas números 819 Z-3 P-1 y 822 Z-3 P-1/5 fueron motivo de materia de la Asamblea de fecha trece de octubre de dos mil dos; que ignora el nombre del titular de las parcelas antes referidas en la fecha de la celebración de la Asamblea de trece de octubre de dos mil dos; que sí conoce a José Sergio Ignacio Hernández Galindo, porque él mismo fue demandado en diversos juicios agrarios en los que actuó como asesor legal del comisariado ejidal del poblado de referencia, relativo a nulidades de adopción de dominio pleno; que ignora cuál fue la participación de José Sergio Ignacio Hernández Galindo en dicha Asamblea pues éste no estuvo presente; que ignora de cuántas y de cuáles parcelas era titular José Sergio Ignacio Hernández Galindo; en cuanto a la razón de su dicho, refirió saber lo que manifestó al haber sido asesora legal del hoy actor RAFAEL CERVANTES LÓPEZ dentro del expediente agrario número 190/2012, del que obtuvo sentencia favorable a sus intereses por el asesoramiento de dicha abogado y testigo. Como es de rescatarse de lo expuesto por la ateste antes referida, únicamente importa el hecho de que la misma fuera asesora del hoy actor, y que con su orientación salió favorable a los intereses de RAFAEL CERVANTES LÓPEZ el expediente número 190/2012, pues refiere obtuvo sentencia favorable, lo cual se corrobora con lo expuesto en su demanda por el propio actor, no obteniendo de dicha testimonial algún otro dato que favorezca al accionante a acreditar que el acta de Asamblea de fecha trece de octubre de dos mil dos, contará con algún vicio o ilegalidad en su celebración para que este Tribunal se pronuncie a favor de su pretensión consistente en que se declare la nulidad absoluta de la misma. Por lo que a este medio de prueba se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 93, fracción VI, 165, 177, 197 y 215 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles y 189 de la Ley Agraria. Tiene aplicación al tema la tesis sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, abril de 1999, Página 591, cuyo rubro y texto dice: (Transcribe rubro y texto). Teniéndose así que, de conformidad a lo expuesto, se encuentran acreditados los requisitos de legalidad que establecen los siguientes artículos de la Ley Agraria, los cuales se transcriben a continuación y que son del tenor literal siguiente: (Se transcriben artículos 27, 28, 30 y 31). Finalmente, respecto a los requisitos que establecen los numerales 81, 82 y 83 de la Ley Agraria, respecto a la adopción del dominio pleno, se tiene que tal y como se ha venido estudiando, se han cumplido las formalidades que se encuentran previstas en los artículos 24 a 28 y 31 de la Ley Agraria, para el efecto de que los ejidatarios puedan adoptar el dominio pleno de sus parcelas, tal y como se conoce de la propia acta de Asamblea General de ejidatarios con formalidades especiales que se ha venido estudiando y que fuera celebrada el trece de octubre de dos mil dos, dentro del poblado de San Luis Huamantla, municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala, en la cual fueran únicamente aceptados sesenta y un ejidatarios para adoptar el dominio pleno de las parcelas que poseían y de la cual eran titulares; debiendo precisar que de conformidad con los preceptos indicados, la autorización del dominio pleno por parte de dicha Asamblea es para el efecto de que los ejidatarios interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno, sin que ello implique cambio alguno en la naturaleza jurídica de las demás tierras ejidales, ni tampoco significaría que sea alterara el régimen legal, estatutario o de organización del ejido, como bien se conoce de dicha acta de Asamblea, pues en ninguna de sus partes, se ve haya sido cambiado el régimen ejidal del poblado de referencia, cumpliéndose así a cabalidad, los requisitos que marcan los numerales que se han venido transcribiendo. Así como los que a continuación se reproducen y a la letra dicen: (Se transcriben artículos 81, 82 y 83). Sin que no pase por inadvertido por quien resuelve, que al momento de celebrarse la asamblea impugnada de fecha trece de octubre de dos mil dos, las parcelas 819 Z-3 P1/5 y 822 Z-3 P1/5, se encontraban sin asignar por falta de interés en el programa como se asentó en el Acta de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales de fecha veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y cinco y se constató con la constancia expedida por el Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala, el veintiuno de junio de dos mil cuatro que obra a foja 55 del expediente relativo al juicio agrario número 220/2004, que se tiene a la vista y reseñado en el considerando precedente, en la que se hace constar que respecto a las mencionadas parcelas "se encuentra hasta la fecha pendiente la expedición de los correspondientes certificados parcelarios, en virtud de haber sido determinado por la asamblea general de ejidatarios sin interés en el programa", documento que sirvió de base para que se dictara sentencia el dieciséis de agosto de dos mil cuatro, en la que se reconoce a RAFAEL CERVANTES LÓPEZ como legitimo titular en concepto de ejidatario de las referidas parcelas y se ordenó la expedición de los respectivos certificados parcelarios, de donde se desprende que al llevarse a cabo la asamblea impugnada de trece de octubre de dos mil dos, el actor no era ejidatario y las parcelas a que refiere no se encontraban asignadas, por lo que en esa fecha lo acordado por la asamblea no le causaba ningún perjuicio en su interés jurídico y si en cambio los actos posteriores a la fecha en que fue reconocido como ejidatario titular de las parcelas, actos jurídicos que son materia de Litis en el diverso juicio agrario número 190/2012. Por todo lo que se lleva analizado, se determina que de ningún modo se acredita que resulte lesionado el interés jurídico del actor RAFAEL CERVANTES LÓPEZ, en términos de lo preceptuado en el numeral 1° del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone que sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga intereses en que la autoridad declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. Lo anterior es así, porque el interés jurídico implica una condición de procedencia de la acción, toda vez que se traduce en la disposición de ánimo hacia determinada cosa por el provecho, por la utilidad, por el beneficio o por la satisfacción que esa cosa puede reportar al accionante o excepcionante, o simplemente por el perjuicio o daño que se trata de evitar o reparar; de manera que faltará el interés siempre que no se obtenga un beneficio o no se evite un perjuicio; porque la acción nace a resueltas del incumplimiento de una obligación o la violación de un derecho, esto es, como específicamente ha sido considerado por algunas legislaciones, que el ejercicio de las acciones civiles requiere: a) La existencia de un derecho o el desconocimiento de una obligación; b) La necesidad de declarar o preservar un derecho y c) El interés del actor para deducirla, y que falta el requisito de interés cuando no puede alcanzarse el objeto de la acción aun suponiendo favorable la sentencia; como así se adepta en el supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, dado el contenido de su artículo 1°. Se invoca como sustento, en lo que al tema interesa la tesis aislada (Plasma datos de localización, rubro y texto). En consecuencia de lo anteriormente expuesto, es que resulta improcedente la primera pretensión solicitada por el promovente RAFAEL CERVANTES LÓPEZ, al no demostrar a través de las probanzas que ofreciera dentro del sumario, causa alguna de ilegalidad en la celebración de la Asamblea General de ejidatarios celebrada el trece de octubre de dos mil dos, para que este Tribunal declare la nulidad absoluta de la misma, toda vez que los requisitos contemplados en los numerales antes señalados de la Ley Agraria, fueron cumplidos de forma satisfactoria cada uno de ellos, sin que exista probanza alguna con la que se acredita la ilegalidad de la instauración o celebración de la Asamblea referida. IX. Respecto a la segunda y tercera pretensión que solicita el actor RAFAEL CERVANTES LÓPEZ, consistentes en: "2. Que el Registro Agrario Nacional cancele la inscripción del acta de Asamblea General de ejidatarios de fecha tres de octubre de dos mil dos, así como de todos los actos y documentos celebrados con posteriores a la misma, en cumplimiento a la sentencia que emita este Tribunal" y "3. Que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado cancele las inscripciones realizadas con motivo de la celebración del acta de Asamblea General de ejidatarios de fecha tres de octubre de dos mil dos, celebrada en el ejido de San Luis Huamantla, municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala". Las mismas resultan improcedentes al no haberse acreditado la primera de las pretensiones del actor, ya que estas dos, resultan o son consecuencia de la primera, y al haberse declarado improcedente declarar la nulidad del acta de Asamblea de fecha trece de octubre de dos mil dos y toda vez, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es que éstas dos pretensiones son improcedentes por ser legal la Asamblea de fecha trece de octubre de dos mil dos y no encontrarse elementos para declarar su nulidad. Finalmente, respecto a la cuarta pretensión del promovente, la cual consiste en: "4. Se ordene el pago de gastos y costas, daños y perjuicios ocasionados por la tramitación del presente juicio" (.)." Consecuentemente, debe concluirse que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución del mismo, pues circunscribió su actuación a los efectos ahí precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Vista desahogada por la autoridad tercera interesada. El diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el telegrama 872307, a través del cual Ricardo Cruz Rodríguez, Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo por el tercero interesado Director en Jefe de esa Institución, realizó la siguiente manifestación: "EN ESE SENTIDO, ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS MANIFIESTA QUE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 33, NO ORDENA A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO (OFICINAS CENTRALES) REALICE ACTO ALGUNO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA; SIN EMBARGO, SI SU SEÑORÍA ESTIMA QUE ESTA DEPENDENCIA DEBE REALIZAR ACTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA DICHO CUMPLIMIENTO, ATENTAMENTE SOLICITO LOS HAGA DEL CONOCIMIENTO PARA LLEVARLA A CABO EN EL ÁMBITO DE NUESTRAS ATRIBUCIONES." De la transcripción que antecede se desprende, que dichas manifestaciones no son tendientes a reclamar el exceso o el defecto dado por la autoridad responsable a los lineamientos 1, 2 y 3 del fallo protector, por consiguiente, lo aducido por la tercera interesada no es materia de estudio en la presente resolución. Por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196 de la ley invocada. Notifíquese como legalmente corresponda a las partes. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigesimoctavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. "...Por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196 de la ley invocada..."
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. "...Por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196 de la ley invocada..."
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, haciéndolo Ricardo Cruz Rodríguez, Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo por el tercero interesado Director en Jefe de esa Institución; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/agum
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