Rafael Ceron Ibarra
Expediente 336/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 336/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rafael Ceron Ibarra
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que dentro del término legal no se interpuso el recurso de queja, en contra del auto que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME para todos los efectos legales conducentes, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno del Juzgado. En consecuencia, tomando en consideración que ya obran agregadas todas las constancias necesarias en el presente juicio de amparo, archívese el presente expediente como concluido. Asimismo, por tratarse de un juicio de amparo que no tiene valor jurídico alguno ya que se desechó la demanda de amparo es susceptible de destrucción.
- Principal
Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en los artículos 8° y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Rafael Ceron Ibarra; contra actos del JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con fundamento en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 60, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, el cual, deberá de conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso; asimismo, regístrese en el libro de gobierno, así como en el SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, bajo el número de expediente 336/2017. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe examinar la demanda de amparo sometida a su potestad, y en caso de que advierta alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al efecto, conviene citar la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, visible en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de Abril de 2000, Materia Común, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura íntegra de la demanda de amparo de que se trata, se advierte que el promovente de ésta, reclama la resolución de siete de febrero de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de trece de enero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ejecutivo mercantil promovido por*****, en contra del hoy quejoso y otro, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, bajo el expediente 1081/2011, a través del cual se declaró improcedente el recurso de revocación hecho valer en contra del proveído que negó decretar la caducidad de la instancia. Cabe señalar que en los antecedentes de la demanda que se provee se evidencia que en el juicio ejecutivo mercantil 1081/2011, aún no se ha dictado sentencia definitiva. Ahora bien, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. El artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el diverso artículo 107 del mismo ordenamiento legal dispone: "El amparo indirecto procede: . . . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De lo anteriormente transcrito, se desprende que cuando el amparo se pida ante el Juez de Distrito y se reclamen actos intraprocesales, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo procederá en dos supuestos, a saber: La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; En la demanda de que se trata, el promovente de ésta, no tiene el carácter de persona extraña al expediente de origen de donde deriva el acto que reclama, a saber, juicio ejecutivo mercantil expediente 1081/2011 del índice del JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, puesto que éste reconoce ser parte demanda en aquél, de ahí que en la única hipótesis en que podría quedar comprendido el acto que reclaman, para que el peticionario solicitara el amparo y protección de la Justicia Federal, por la vía biinstancial, sería la contenida en la fracción V, del citado artículo 107, de la Ley de Amparo. Sin embargo, en el caso concreto, no es procedente el juicio sobre la base de tal disposición. Lo anterior, ya que los actos con ejecución de imposible reparación a que se refiere la disposición legal invocada, son solamente aquéllos que afectan en forma directa e inmediata los derechos fundamentales del gobernado, asegurados en la Constitución, tales como la vida, la libertad, la integridad personal, la propiedad, entre otras, en la medida de que la afectación que producen los actos de que se trata o sus efectos, no pueden destruirse fácticamente, aun cuando quien los sufra se vea favorecido con el sentido de la sentencia definitiva que se llegare a dictar en el procedimiento correspondiente, por tanto, se concluye que tal determinación, no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta ningún derecho sustantivo tutelado por la constitución o los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que, la interlocutoria de siete de febrero de dos mil diecisiete, que declara improcedente el recurso de revocación, promovido en contra del auto mediante el cual el Juez niega la caducidad de la instancia, no debe reclamarse en amparo indirecto, al no constituir un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, pues el acto reclamado únicamente produce efectos intraprocesales y puede ser reparado si el garantista obtiene sentencia favorable. De tal manera que la sentencia impugnada constituye una violación procesal reclamable hasta que se dicte la sentencia de fondo si fuere desfavorable para el quejoso, a través del juicio de amparo directo. Lo anterior tiene sustento en la Tesis: III.5o.C.7 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Página 1352, Décima Época, Materia Común, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD POR INACTIVIDAD PROCESAL EN EL INCIDENTE DE IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA DECRETARLA ES INVIABLE EL AMPARO INDIRECTO. Asimismo resulta aplicable la tesis II.1o.C.T.118 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, Tomo IV, Diciembre de 1996, Página 363, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVOCACION INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LA CADUCIDAD. La interlocutoria que declara infundado el recurso de revocación, promovido en contra del auto mediante el cual el Juez niega la caducidad, no debe reclamarse en amparo indirecto, al no constituir un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, pues el acto reclamado únicamente produce efectos intraprocesales y puede ser reparado si el garantista obtiene sentencia favorable, máxime que la negación de declarar la caducidad en el juicio no implica, necesariamente, que el fallo deba ser contrario a los intereses del impetrante. De tal manera, la sentencia impugnada constituye una violación procesal reclamable hasta que se dicte la sentencia de fondo si fuere desfavorable para el quejoso, a través del juicio de amparo directo." De igual forma resulta aplicable la tesis XVII. 1o. 31 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Tomo XIV, Octubre de 1994, Página 286, Materia Común, Octava Época, del semanario judicial de la Federación y su Gaceta del tenor siguiente: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NEGATIVA A DECLARARLA. VIOLACION DE PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Por último, resulta aplicable la Jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A mayor abundamiento cabe precisar que no se desconoce que por la naturaleza del juicio de origen pudiera existir el embargo de bienes, y que tal circunstancia si afectaría el derecho de libre disposición que tiene el quejoso respecto de los mismos, empero en sus antecedentes se limita a exponer que únicamente fue emplazado a juicio y no existe concepto de violación en el que alegue tal circunstancia, por ende se estima que sin duda el acto reclamado no transgrede derecho sustancial alguno. En esas condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Se tiene por señalado como domicilio por parte del promovente, para oír y recibir notificaciones, el mencionado en su escrito de demanda y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica, personalidad que se les reconoce por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; no así, a *****, toda vez que no cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el referido sistema, por lo que únicamente se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones, e imponerse de los autos; del mismo modo se tienen por autorizadas para los mismos términos, así como, para recibir documentos y valores, a las demás personas que señala para tal efecto en el escrito de mérito. Asimismo, se les autoriza para utilizar cualquier medio electrónico para tomar fotografías de las constancias que integran el presente expediente principal, con fundamento en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a las personas que indica en el escrito de cuenta. En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de garantías, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. Lo anterior, en términos de la tesis número I.6o.C.365 C, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 887, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: PERSONAL EN EL AMPARO. SI EL ACTUARIO JUDICIAL, NO OBSTANTE HABERSE PRESENTADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN DISTINTOS HORARIOS Y DÍAS HÁBILES, NO LOGRA LOCALIZAR AL INTERESADO PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO EL AUTO DE REQUERIMIENTO, PREVENCIÓN O ACTUACIONES QUE EL TRIBUNAL ESTIME CONVENIENTE, DEBEN HABILITARSE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR AQUELLA DILIGENCIA COMO LO PREVÉ EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SUPLETORIO DE LA LEY DE LA MATERIA. En ese tenor, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Además, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de la Materia. Por otro lado, para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido de que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorio, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normativa respectiva. Finalmente, se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo, que los artículos 261 y 262 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis: "I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Y una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo: "I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL PROMOVENTE DEL AMPARO.
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