Rafael Celestino Hernández Alavéz

Expediente 519/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
519/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Rafael Celestino Hernández Alavéz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    PRAL 519/2023 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se haya interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.1. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las diversas partes procesales pues, al haberse sobreseído en el juicio y negado el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. 3. Publicación de datos personales. Con independencia de que las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Archivo. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14 y 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino. Por haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General, este expediente es CONSERVABLE. 6. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    P 519/2023, mesa 5 Visto para resolver el juicio de amparo 519/2023; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito depositado el veintinueve de mayo del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Al respecto, el quejoso narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés se recibió la demanda de amparo y se radicó con el registro 519/2023; se admitió a trámite y se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se reservó proveer lo relativo al emplazamiento de la parte tercera interesada, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Aunado a lo anterior, se concedió al quejoso la suspensión de plano de los actos reclamados, en razón de versar en torno al derecho a la salud. Audiencia constitucional. Previos diferimientos y una vez integrado este expediente, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 45/2016 y 46/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero que reformó el diverso Acuerdo General 3/2013, del mismo Pleno, ya que los actos reclamados versan sobre la materia administrativa y sus consecuencias jurídicas y materiales se atribuyen al Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, territorio donde este Juzgado de Distrito en materia mixta ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, en relación con las constancias de autos, se advierte que el quejoso ***, por propio derecho, señala como autoridades responsables y actos reclamados lo siguiente: 1. Del director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con sede en la Ciudad de México. 2. Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca. 3. Titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas. 4. Titular de la Jefatura Delegacional de Prestaciones Económicas y Sociales. 5. Titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza. 6. Director del Hospital General de Zona número uno "Dr. Demetrio Mayoral Pardo". Las cinco del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. ACTOS RECLAMADOS ? La falta de atención médica en torno a su padecimiento renal y diabético; que incluye el traslado en ambulancia de su domicilio al Hospital General de Zona número uno "Dr. Demetrio Mayoral Pardo" del Instituto Mexicano del Seguro Social. ? La omisión de expedirle incapacidades médicas para evitar la pérdida de su fuente de empleo. ? La baja como derechohabiente del servicio médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin que pase desapercibido que la parte quejosa también menciona en el capítulo de actos reclamados "Obligarme a dializar, como única opción para el tratamiento de los padecimientos que tengo"; "el trato desigual y discriminatorio que se sustenta al echarme sin razón legal alguna del Hospital General de Zona número 01 "Dr. Demetrio Mayoral Pardo", del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de un "Alta Voluntaria", el cual fue una manifestación de voluntad inducida, cuyo valor no tiene eficacia alguna, en virtud de que, no me ofrecieron alternativas a los padecimientos que tengo, a pesar que, en la misma "alta voluntaria" se señala que me encuentro grave y con el riesgo de fallecer.; y "El reconocimiento de su Señoría a favor del suscrito del carácter de víctima de violaciones graves a derechos humanos, por la violación al derecho humano de protección a la salud, de la que soy objeto"; sin embargo, dichos señalamientos no pueden tenerse como actos reclamados destacados de manera independiente, pues son parte integrante de la omisión toral reclamada en este juicio, consistente en la falta de atención médica. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. A) Baja como derechohabiente del servicio médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En relación al acto consistente en la baja como derechohabiente del servicio médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social, todas las autoridades responsables con sede en Oaxaca de Juárez, al rendir informe justificado, negaron la existencia de dicho acto; unas, porque afirmaron que dentro de su ámbito de competencia no se encuentra la facultad de efectuar altas o bajas de derechohabientes; otras, porque sostienen que el quejoso es actualmente derechohabiente activo en esa institución de seguridad social. Por su parte, la autoridad responsable con sede en la Ciudad de México no rindió informe justificado dentro del plazo que se le concedió para tal efecto, pese haber quedado notificado de su petición el ocho de junio de este año; no obstante, en el caso, no ha lugar a presumir cierto el acto reclamado en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias de autos aparece demostrada la inexistencia del acto mencionado. En efecto, destaca la prueba documental exhibida con el informe rendido por el titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza en Oaxaca, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, consistente en la constancia de vigencia de derechos a nombre del quejoso, de fecha treinta de mayo de dos mil veintitrés, en donde se aprecia que desde el dos de enero de este año tiene derecho al servicio médico en esa Institución, pues hasta la fecha de expedición el estatus es vigente, y el nombre o razón social del patrón es "***." Documental a la que se otorga valor probatorio indiciario, de conformidad con lo establecido por los artículos 133, 197 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un documento impreso del que no se puso en duda su exactitud; pero no obstante que no se otorga valor probatorio pleno a esa documental, lo cierto es que se concatena con lo expresado por el quejoso en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, en donde reconoció que es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, que recibió atención médica en el mes de mayo de dos mil veintitrés en el Hospital General de Zona número uno de esa Institución y, al menos en la fecha de presentación de la demanda, tenía una fuente de empleo que le permitía gozar de ese servicio médico. Por tanto, se estima que lo anterior es suficiente para afirmar que no existe una baja del quejoso como derechohabiente del servicio médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social; pues en términos del numeral 5 A, fracción XIII, de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, es derechohabiente el asegurado, el pensionado y sus beneficiarios, que tengan vigente su derecho a recibir las prestaciones del Instituto; como acontece en el caso, pues se corrobora precisamente con la constancia de vigencia de derechos. Aunado a que el artículo 12 de la misma ley prevé que son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio del seguro social, las personas que presten a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado; como acontece en el caso, en que el quejoso es trabajador dado de alta por su empleador en esa institución de seguridad social. En esas condiciones, ante la inexistencia no desvirtuada del acto reclamado a las autoridades responsables, consistente en la baja como derechohabiente del servicio médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, únicamente por cuanto hace a todas las autoridades y por ese acto que les reprocha el quejoso. B) Falta de atención médica en torno a padecimiento renal y diabético; que incluye el traslado en ambulancia de su domicilio al Hospital General de Zona número uno "Dr. Demetrio Mayoral Pardo" del Instituto Mexicano del Seguro Social. C) Falta de expedición de incapacidades médicas para evitar la pérdida de su fuente de empleo. Ahora, por lo que hace a los dos actos reclamados restantes, negaron su existencia las autoridades responsables siguientes: 1. Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca. 2. Titular de la Jefatura Delegacional de Prestaciones Económicas y Sociales. 3. Titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza. Las tres del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Pues afirmaron que dentro de sus facultades legales no se encuentra la de proceder en los términos pedidos por el quejoso; de ahí que solicitaron el sobreseimiento en el juicio. En tanto que la diversa autoridad responsable, 4. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, no rindió informe justificado dentro del plazo que se le concedió para tal efecto, pese haber quedado notificado de su petición el ocho de junio de este año; no obstante, no ha lugar a presumir ciertos ambos actos reclamados en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, toda vez que su inexistencia deriva de las facultades legales de la autoridad responsable. Tratándose de actos omisivos, la carga de la prueba se constituye, por regla general, en contra de las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, la autoridad está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Lo anterior implica que, si bien al quejoso no le corresponde probar la conducta omisa de las responsables, sí le toca acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de éstas, o que se advierta la obligación legal de actuar en la forma requerida. Es decir, los actos reclamados en este juicio de amparo serán ciertos o inexistentes en función de las obligaciones constitucionales o legales que ineludiblemente las autoridades estaban constreñidas a realizar, ya sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada sin que tenga como presupuesto una condición. Al respecto, sirve de apoyo la tesis 1a. XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, junio de 1998, página 53, Novena Época, registro 196080, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." Con base en lo anterior, en el caso concreto es posible afirmar que no existen los dos actos reclamados por el quejoso, por lo que respecta a las cuatro autoridades previamente mencionadas, debido a que la legislación aplicable no prevé a cargo de esas autoridades -sino de diversas- la facultad y obligación de brindar atención médica a los derechohabientes, y de expedir los certificados médicos de incapacidad en razón de la atención médica recibida. En efecto, el artículo 268 de la Ley del Seguro Social, en relación con el artículo 66 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, contemplan las atribuciones legales que le asisten al director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, que sustancialmente tienen que ver con la representación legal y dirección de dicho Instituto, mas no así de la directa prestación del servicio médico. Por su parte, del artículo 2, fracción IV, en relación con el 138, ambos del citado Reglamento, se conoce que los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social son a) las Delegaciones estatales y regionales, y las b) Unidades Médicas de Alta Especialidad; y que están jerárquicamente subordinados al Director General, tendrán autonomía de gestión en los aspectos técnicos, administrativos y presupuestarios y se sujetarán a las disposiciones que expidan el Consejo Técnico y los demás Órganos Superiores del Instituto, así como a las disposiciones jurídicas aplicables en materia presupuestaria. Sin embargo, no existe en la legislación invocada, la previsión directa de obligación alguna a cargo del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca para otorgar servicio médico a los derechohabientes que lo soliciten, ni a expedir incapacidades médicas. Por su parte, el numeral 81 del mismo Reglamento, prevé las facultades legales de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, que tampoco tiene injerencia en torno al reclamo de atención médica del quejoso, pues sustancialmente dicho precepto se ocupa de la planeación, dirección y normativa general de acciones y procedimientos relacionados con el otorgamiento de las prestaciones en dinero, servicio de guarderías, prestaciones sociales institucionales y otros servicios y prestaciones a su cargo que comprenden los ingresos de dichas prestaciones y servicios. Mientras que, por lo que respecta a la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza, de la interpretación de la fracción XXXIV del artículo 144 del multicitado Reglamento, se conoce que es un órgano operativo que se ocupa precisamente en cuestiones de incorporación voluntaria de las personas a que se refiere el artículo 13 de la Ley del IMSS, en el ámbito territorial que corresponda, y como su nombre lo indica, de la afiliación y cobranza. Pero la legislación no prevé que a dicha autoridad corresponda prestar atención médica a los derechohabientes ni expedirles incapacidades médicas. Bajo las condiciones apuntadas, se concluye que no existen los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en la falta de atención médica en torno a su padecimiento renal y diabético; que incluye el traslado en ambulancia de su domicilio al Hospital General de Zona número uno "Dr. Demetrio Mayoral Pardo" del Instituto Mexicano del Seguro Social; ni tampoco la falta de expedición de incapacidades médicas para evitar la pérdida de su fuente de empleo; en consecuencia, ante la inexistencia no desvirtuada por el quejoso, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, únicamente por cuanto hace a las cuatro autoridades mencionadas y por ambos actos. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Ahora, por lo que hace a las dos autoridades responsables restantes, denominadas 1) titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas y 2) director del Hospital General de Zona número uno "Dr. Demetrio Mayoral Pardo", ambas del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, negaron los actos reclamados consistentes en a) la falta de atención médica en torno al padecimiento renal y diabético del quejoso, que incluye el traslado en ambulancia de su domicilio al Hospital General de Zona número uno "Dr. Demetrio Mayoral Pardo", así como b) la falta de expedición de incapacidades médicas para evitar la pérdida de su fuente de empleo. Sin embargo, por lo que hace a la primera autoridad, se desvirtúa su negativa, tomando en consideración que de la lectura del numeral 82 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social se conoce que sí tiene competencia en la atención médica a los derechohabientes, aun cuando no sea directa, pues ese numeral dispone que la Dirección de Prestaciones Médicas tendrá entre sus facultades la de dirigir y normar acciones relacionadas con la prestación de los servicios médicos, de rehabilitación y de salud pública, atención de los riesgos de trabajo, educación e investigación en salud, así como analizar sus resultados; además que el último párrafo de ese arábigo, señala que para el cumplimiento de sus atribuciones la Dirección de Prestaciones Médicas cuenta con las unidades de Salud Pública, de Atención Médica, y de IMSS-Oportunidades, que tendrán a su cargo el desempeño de las funciones que les señalen los manuales de organización y operación respectivos. Mientras que por lo que respecta a la segunda autoridad, se desvirtúa su negativa y procede tener por cierto el acto reclamado, en razón de que alegó cuestiones relacionadas con la constitucionalidad de su actuación, pues afirmó que se ha brindado atención médica al quejoso por encontrarse dado de alta como trabajador, además que realizó manifestaciones en torno a la imposibilidad jurídica para la expedición de la incapacidad médica reclamada. Por tanto, no es procedente analizar esas manifestaciones en este considerando, sino como un aspecto de fondo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.VII.P. J/3 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 41, abril de 2017, tomo II, página 1096, registro 2014072, de rubro: "ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL INTERNO RECLAMA LA FALTA U OMISIÓN DE PROPORCIONARLE ATENCIÓN MÉDICA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO Y EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA HA PROPORCIONADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO". Así también, la tesis XVI.1o.A.3 K (11a.) sostenida por el Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Décimo Sexto Circuito, consultada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 23, marzo de 2023, tomo IV, página 3880, registro 2026163, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL RELATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA SE INICIA EL TRATAMIENTO MÉDICO CUYA NEGATIVA SE RECLAMÓ". QUINTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme lo previene el artículo 62 de la Ley de Amparo, se precisa que este órgano jurisdiccional no advierte motivos de improcedencia que deban examinarse de manera oficiosa, ni las partes los alegaron, por lo que procede el análisis de la litis planteada en esta vía constitucional. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa expresó como concepto de violación el que se contiene en su escrito de demanda, sin que sea necesario transcribirlo, pues no hay precepto legal que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción; además, dicha omisión no la deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma, máxime que en el apartado correspondiente se dará respuesta, ya sea para justificar la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Se invoca al respecto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Visible en la foja 830, del tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Estudio de fondo. Esencialmente, la parte quejosa alude en su único concepto de violación que las autoridades responsables no le han brindado atención médica especializada, urgente ni eficiente a pesar de encontrarse grave de salud; además, afirma que fue discriminado mediante un alta inducida o voluntaria y que tampoco le otorgaron las incapacidades médicas que le corresponden; por ello, afirma que vulneran su derecho a la salud, previsto en el artículo 4 constitucional. Al respecto, para efectos de dictar la resolución correspondiente, es menester referir que, de las constancias remitidas en copia certificada por las autoridades responsables como justificación a su informe, mismas que alcanzan valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º , se conoce la información destacada siguiente:  El veinte de mayo de dos mil veintitrés el quejoso fue valorado en el consultorio 6 de la Unidad de Medicina Familiar número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Oaxaca (en lo subsecuente, para fines prácticos, se referirá solamente como IMSS), y en el resumen médico se asentó que padece ***; sin tratamiento médico porque opta por atender con remedios caseros. Además, se le otorgaron dos días de incapacidad y fue referido a la especialidad de urgencias en el Hospital General de Zona número Uno del IMSS.  No obstante, obran las constancias de alta voluntaria de veintiuno de mayo de dos mil veintitrés, firmadas tanto por el quejoso como por su hija. Ello, a pesar de que también existe la nota de trabajo social de la misma fecha, en la que se deja constancia de los trabajos de sensibilización por parte del IMSS para que el quejoso desistiera del alta voluntaria, sin lograrlo.  El veintidós de mayo de dos mil veintitrés se elaboró nota médica correspondiente a la valoración efectuada al quejoso en el consultorio 6 de la Unidad de Medicina Familiar número Uno del IMSS; y del resumen clínico destaca que el paciente cuenta con hoja de alta voluntaria del Hospital General de Zona número Uno del IMSS de veintiuno de mayo de este año; que tiene *** y que no acepta su padecimiento y no lleva tratamiento médico.  De igual manera, existe en autos la nota de trabajo social médico de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés en la que la trabajadora social del IMSS contactó al quejoso, por conducto de su concubina, para informarle lo concerniente a su traslado en ambulancia de su domicilio particular al servicio de urgencias de ese nosocomio.  Obra nota médica de valoración de nefrología de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés en donde se destaca que estuvo ingresado en el área de urgencias pero que no aceptó el tratamiento y solicitó su alta voluntaria; además, destaca que en presencia de su hermana se le explicó ampliamente su patología, riesgos y beneficios del tratamiento necesario para su padecimiento, pero que decidieron consultar con un abogado antes de firmar la aceptación del tratamiento.  En la misma fecha, obra nota médica inicial de urgencias en la que se aprecia que el quejoso acepta la hospitalización y se le otorga incapacidad por tres días con folio ***; no obstante, se mantiene en rechazo a ***.  De la misma manera, obra una nota de egreso del servicio de urgencias de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés en la que destaca que el paciente se niega a recibir tratamiento de sustitución renal.  En la nota médica de evolución de uno de junio de dos mil veintitrés se precisa que al paciente (quejoso) se le explicó ampliamente lo delicado de su patología, los riesgos y beneficios de la ***, pero el paciente no aceptó el procedimiento y tampoco quiso ser dado de alta del servicio de urgencias; de ahí que se continuó con el internamiento e ingreso al servicio de medicina interna para manejo paliativo.  Aunado a lo anterior, obra una nota de trabajo social de la misma fecha, en la que se hace constar que la trabajadora social del programa de diálisis peritoneal del IMSS proporcionó información al paciente para que reconsidere su decisión de no aceptar el tratamiento dialítico. Bajo ese contexto, es posible afirmar que es infundado el concepto de violación esgrimido por el quejoso, toda vez que está demostrado en autos que las autoridades responsables sí le otorgaron servicios con el fin de promover, proteger y restaurar su salud; sin que él lo aceptara. Además, que sí se le expidieron certificados de incapacidad temporal para el trabajo. En efecto, se aprecia que las responsables condujeron su actuar en términos del numeral 43 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues existen las notas médicas en las que se hizo constar que el personal de salud proporcionó al paciente y a sus familiares, la información clara, oportuna y veraz sobre su diagnóstico, pronóstico y tratamiento, de tal forma que participaran activamente en las decisiones que intervienen en su salud, sin lograr que reconsideraran su negativa de someterse al tratamiento dialítico necesario para tratar su patología. Así, si las constancias de autos demuestran que las autoridades del IMSS informaron al quejoso su diagnóstico y repercusiones de no aceptar el tratamiento ofrecido, sin que el propio quejoso o sus familiares aceptaran, es evidente que no existe omisión ni actuación inconstitucional alguna que pueda reprocharse a las autoridades responsables, pues ajustaron su actuar a los lineamientos establecidos en el artículo 88 del invocado Reglamento de Prestaciones Médicas, que dispone: "Artículo 88. Cuando fuera necesario el tratamiento quirúrgico del paciente se requerirá el consentimiento informado del mismo, por escrito en el formulario establecido, o de su familiar o representante legal cuando el enfermo no pueda hacerlo, salvo que se trate de casos de urgencia, a los que se aplicará la normatividad establecida en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. En caso de negativa del paciente para otorgar la autorización para asistencia médica y, en su caso, quirúrgica, se anotará invariablemente en el expediente clínico, y se recabará la firma del mismo o del familiar o de su representante legal, de que se les comunicó las repercusiones desfavorables que dicha decisión tiene en su condición de salud y la evolución de su padecimiento y, de así proceder, se otorgará el alta hospitalaria, liberando de cualquier responsabilidad al Instituto sobre los eventuales daños que deriven de dicha negativa". Además, por lo que hace a la expedición de los certificados de incapacidad temporal para el trabajo, obra en autos la información necesaria para afirmar que sí le fueron expedidos al menos dos certificados, a pesar de su renuencia de aceptar el tratamiento quirúrgico necesario para su patología. En esas condiciones, si el quejoso se niega a seguir el tratamiento indicado por los médicos tratantes o, incluso, se niega a ser hospitalizado, es indiscutible que ninguna responsabilidad puede generar en el IMSS su oposición pues, al respecto, el numeral 149 del multicitado Reglamento es claro en precisar como condición esencial para la expedición de los certificados de incapacidad temporal para el trabajo, el aceptar la hospitalización requerida para el tratamiento y seguir el mismo: "Artículo 149. Si el asegurado se niega a ser hospitalizado o abandona sin la autorización debida el tratamiento prescrito por el médico tratante o estomatólogo del Instituto, no se le expedirá certificado de incapacidad temporal para el trabajo por este periodo". Bajo ese tenor, existe en autos información suficiente para afirmar que las autoridades responsables no violan el precepto 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque respetaron el derecho fundamental del quejoso a la salud, como derechohabiente del IMSS; sin que sean responsables de las decisiones del quejoso sobre el seguimiento del tratamiento quirúrgico necesario para la atención de su patología, de modo que por parte de las responsables no existen omisiones ni actuaciones deficientes en torno a la atención médica de su padecimiento renal y diabético; incluyendo el traslado en ambulancia de su domicilio al Hospital General de Zona número uno "Dr. Demetrio Mayoral Pardo" del Instituto Mexicano del Seguro Social; ni tampoco de expedirle incapacidades médicas para evitar la pérdida de su fuente de empleo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. IV/2021 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 85, abril de 2021, tomo I, página 696, registro 2022939, de rubro y texto: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). EL ARTÍCULO 87 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES MÉDICAS DE DICHO ORGANISMO, QUE LO LIBERA DE RESPONSABILIDAD CUANDO EL DERECHOHABIENTE, POR PROPIA DECISIÓN, ABANDONA EL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA QUE LE OTORGA, NO RESTRINGE EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. Hechos: El quejoso presentó una queja administrativa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por considerar deficiente la atención médica recibida por parte del personal de dicho instituto, y solicitó el pago por los gastos que erogó al haber recibido la atención médica que requirió en un hospital privado; la queja se resolvió como improcedente desde el punto de vista médico y se determinó que no había lugar al reintegro de la cantidad reclamada en términos del artículo 87 del Reglamento de Prestaciones Médicas del propio organismo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 87 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social no restringe el derecho a la protección de la salud, por no establecer excepciones al supuesto que libera al Instituto Mexicano del Seguro Social de responsabilidad, derivado de la decisión propia del derechohabiente de internarse en una unidad que no pertenezca a dicho organismo, siempre y cuando haya sido suficientemente informado de las condiciones de su estado de salud y de las implicaciones del tratamiento o procedimiento médico. Justificación: Lo anterior es así, ya que de una interpretación sistemática del artículo 87 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con relación a las disposiciones contenidas en la Ley General de Salud, en la Ley del Seguro Social y en el propio Reglamento, se concluye que dicho precepto no restringe el derecho a la protección de la salud, al establecer la liberación de responsabilidad del Instituto cuando el derechohabiente, por decisión propia, opta por abandonar la atención que se le otorga y se interna en un hospital que no pertenezca a dicho organismo, debiendo entenderse que esa decisión propia se da cuando el paciente o las personas responsables de éste hayan sido informadas, por parte del personal médico, sobre su estado de salud, las implicaciones de su tratamiento o los procedimientos médicos, a fin de que su determinación haya sido suficientemente informada y voluntaria. De esta manera, no podrá considerarse válidamente que existe decisión propia del paciente si el Instituto no prestó el servicio, no entregó información oportuna y veraz al paciente, negó injustificadamente proporcionar un tratamiento o lo retrasó indebidamente, pues entonces no se configura la propia decisión, sino más bien un estado de necesidad, en el que la determinación no se tomó por propia voluntad sino que las circunstancias la impusieron, lo que en todo caso deberá acreditarse fehacientemente, a efecto de que se configure la responsabilidad para el Instituto". Entonces, al no advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por ***. OCTAVO. Publicación de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, pero al encontrarse obligado este órgano jurisdiccional a su protección, se ordena realizar la versión pública de la sentencia, instruyendo a la secretaria de Juzgado que verifique que sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** contra los actos y autoridades siguientes: 1) La baja como derechohabiente del servicio médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social:  Reclamado a todas las autoridades responsables. 2) La falta de atención médica en torno a su padecimiento renal y diabético; que incluye el traslado en ambulancia de su domicilio al Hospital General de Zona número uno "Dr. Demetrio Mayoral Pardo" del Instituto Mexicano del Seguro Social. 3) La falta de expedición de incapacidades médicas para evitar la pérdida de su fuente de empleo. Actos reclamados a las cuatro autoridades siguientes:  Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México.  Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca.  Titular de la Jefatura Delegacional de Prestaciones Económicas y Sociales.  Titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza. Las tres del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Lo anterior, por las razones y fundamentos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ***, contra los actos y autoridades siguientes: 1) La falta de atención médica en torno a su padecimiento renal y diabético; que incluye el traslado en ambulancia de su domicilio al Hospital General de Zona número uno "Dr. Demetrio Mayoral Pardo" del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2) La falta de expedición de incapacidades médicas para evitar la pérdida de su fuente de empleo. Reclamados a las dos autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, denominadas:  Titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas.  Director del Hospital General de Zona número uno "Dr. Demetrio Mayoral Pardo". Por las razones y fundamentos expresados en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hoy, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

  3. Principal

    P 519/2023, mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio firmado por la jefa de División de Amparos Fiscales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en suplencia del director General de ese Instituto, con residencia en la Ciudad de México, recibido el catorce de este mes en la oficialía de partes de este Juzgado; y dado que a las diez horas con treinta y cinco minutos del trece de julio del año en curso se celebró la audiencia constitucional, de ser procedente, considérese la comunicación de cuenta al dictarse la sentencia relativa. Domicilio y delegados. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante señalando domicilio para recibir notificaciones; y delegados, en términos del numeral 9° del ordenamiento citado. Medios de comunicación no procesal. Además, la citada autoridad proporcionado una dirección de correo electrónico como medio para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que adicionó el diverso Acuerdo General, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. Precisión de uso de medios electrónicos. Por lo que hace a la solicitud del uso de medios electrónicos para imponerse de los autos en este juicio de amparo; hágase del conocimiento de la autoridad responsable que, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integran únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, de modo que ya no obran los acuerdos emitidos en autos, en razón de que los mismos se firman electrónicamente. No obstante, se autoriza el uso de aparatos electrónicos para obtener la toma de acuerdos y captura de constancias que obren en el expediente físico, sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte ocursante, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace de su conocimiento que este Juzgado podrá restringir el uso de dichos medios cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial, por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 26/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Por ello, se indica al (a la) actuario (a) que cuando se lleve a cabo el uso de aparatos por alguno de los delegados de la autoridad responsable, deberá solicitar la identificación de la persona respectiva y asentar razón del nombre y de las constancias que se capturen. Notifíquese. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    º PRAL 519/2023 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintitrés. Diferimiento de la audiencia constitucional De la certificación de cuenta se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días hábiles previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa se imponga de los informes justificados de cinco autoridades responsables, pues quedó notificada de los mismos el veintitrés del mes en curso. Por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan, para tal efecto, las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 54/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril del año dos mil, página 5, registro 191995 del rubro siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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