Rafael Castrejon Bahena

Expediente 1262/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1262/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • Rafael Castrejon Bahena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Agréguese a los autos el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado de dicho incidente al cuaderno principal, así como del original en toda vez que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso c), de dicha normativa, ello en razón de que la medida cautelar fue negada en provisional y definitivamente. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Del anexo En mérito de lo ordenado en este auto, devuélvase al Juez Especializada en Control, del Único Distrito Judicial del Estado con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos el anexo que remitió como complemento de su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, Rafael Castrejón Bahena solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° Director de la Policía Ministerial del Grupo de Aprehensiones. ° Agente del Ministerio Público en Turno de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Morelos. ° Fiscal General del Estado de Morelos. ° Jueces de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Único, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos. ° Directora de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Morelos. ° Administrador de Salas de Juicios Orales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. ° Gobernador Constitucional del Estado de Morelos. ° Fiscal Especial en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".Se reclama de las autoridades señaladas como responsables, la orden de detención girada en mi contra por parte de las autoridades señaladas como responsables. .Se reclama de las autoridades señaladas como responsables, la orden de búsqueda, localización y presentación girada en mi contra por parte de las autoridades señaladas como responsables. .Se reclama de las autoridades señaladas como responsables, la carpeta de investigación y/o averiguación previa que existe en mi contra .". SEGUNDO. El treinta de abril de dos mil veintiuno, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, desechó la demanda respecto al acto reclamado consistente en la carpeta de investigación y/o averiguación previa y por otro lado admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 441/2021, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante acuerdo de trece de julio de dos mil veintiuno, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, declaró legal incompetencia para seguir conociendo del juicio de amparo 441/2021, y ordenó remitir lo autos a este Juzgado. CUARTO. El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se recibió oficio del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, por el cual remite los autos del juicio de amparo 441/2021, con motivo de la incompetencia planteada. QUINTO. El diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, esta autoridad recibió los autos del juicio descrito en el resultando que antecede, radicó el asunto con el número de expediente 1262/2021, aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del asunto, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama la orden de detención, búsqueda, localización y presentación. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No es cierto el acto reclamado, atribuido al Gobernador del Estado de Morelos, Fiscal General del Estado de Morelos, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión y Administrador de Salas de los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, pues al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto que se les atribuye. Lo anterior, sin que la parte quejosa desvirtuara la negativa de las responsables. Con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos calificados como inexistentes en el presente considerando. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Especializado en Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias fotostáticas certificadas y el disco compacto que contiene la copia autorizada del registro de audio y video de la audiencia de veinte de abril de dos mil quince, que dio origen al acto reclamado, que remitió la juez responsable; pruebas que se valoran en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicables supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, por tratarse de documentos públicos y videograbación de la audiencia celebrada en un procedimiento penal de corte acusatorio oral, almacenada en disco compacto, respectivamente. Es aplicable la tesis de jurisprudencia por contradicción 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, número de registro 2004362, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, consultable a página 703, cuyo rubro y texto dicen: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 201 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXII, quinta época, materia común, cuyo rubro y texto son los siguientes. "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías.". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia que se encuentra regulada en la fracción XI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que dice: "[.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" De la fracción y artículo transcrito se advierte que el juicio de control constitucional es improcedente si se promueve contra actos que sean materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo en términos de la fracción X, que dice: "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." Esto es, la improcedencia a que se refiere la fracción XI, establece que el juicio de amparo anterior que causó ejecutoria, debió ser promovido por el mismo quejoso, contras las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Ahora bien, es menester precisar que para que se configure la causa de improcedencia sometida a estudio, se requiere que haya identidad: a) en la parte quejosa, b) en los actos reclamados, c) en las autoridades responsables en los juicios de que se trata, y d) que exista un juicio de amparo que causó ejecutoria. Del libelo de cuenta que da inicio a este juicio de amparo 1262/2021, se advierte que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra los Jueces de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Único, con sede en Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos, Director de la Policía Ministerial del Grupo de Aprehensiones, Agente del Ministerio Público en Turno de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Fiscal General del Estado de Morelos, Directora de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Administrador de Salas de Juicios Orales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Fiscal Especial en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Morelos, contra los actos que hizo consistir en: ° La orden de detención, búsqueda, localización y presentación. De las documentales que acompañó el Juez responsable, las cuales han sido valoradas con anterioridad, lo cual fue corroborado con la información que existe en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el treinta de noviembre de dos mil quince, el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, resolvió el juicio de amparo 860/2015, promovido por Rafael Castrejón Bahena, en el que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la orden de aprehensión librada en la causa penal JC/354/2015, del Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, (licenciado Arturo Ampudia Amaro), y su ejecución por parte del Fiscal General; y Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal; ambos en el Estado de Morelos. Ahora bien, de lo antes expuesto se advierte que los actos reclamados en ambas demandas se hacen consistir en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso Rafael Castrejón Bahena, en la causa penal JC/354/2015, por el Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y su ejecución; sin embargo, dicha orden de aprehensión ya fue materia de la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 860/2015, que se tramitó ante este propio Juzgado Federal. Es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por ende, el presente juicio debe sobreseerse, en relación con la fracción V, del numeral 63 de dicha ley, en virtud de que se reclama por el mismo quejoso, los mismos actos reclamados y contra las propias autoridades responsables, lo cual ya fue materia de otro juicio de amparo que causó ejecutoria. Sin que sea óbice que en la demanda de amparo que ahora se decide 1262/2021, se hayan señalado como ejecutoras algunas otras autoridades más, esto en relación con el diverso 860/2015, que se tramitó ante este propio Juzgado de Distrito, pues esa diferencia en las ejecutoras no impide que se actualice la causal de improcedencia aludida, pues lo que importa es que ya se decidió sobre la constitucionalidad de la orden de aprehensión que se reclamó del Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XI de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63 fracción V del ordenamiento en cita. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy nueve de mayo de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa Rafael Castrejón Bahena, así como a sus autorizados, el contenido de la determinación de fecha nueve de mayo de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, Rafael Castrejón Bahena solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° Director de la Policía Ministerial del Grupo de Aprehensiones. ° Agente del Ministerio Público en Turno de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Morelos. ° Fiscal General del Estado de Morelos. ° Jueces de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Único, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos. ° Directora de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Morelos. ° Administrador de Salas de Juicios Orales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. ° Gobernador Constitucional del Estado de Morelos. ° Fiscal Especial en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".Se reclama de las autoridades señaladas como responsables, la orden de detención girada en mi contra por parte de las autoridades señaladas como responsables. .Se reclama de las autoridades señaladas como responsables, la orden de búsqueda, localización y presentación girada en mi contra por parte de las autoridades señaladas como responsables. .Se reclama de las autoridades señaladas como responsables, la carpeta de investigación y/o averiguación previa que existe en mi contra .". SEGUNDO. El treinta de abril de dos mil veintiuno, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, desechó la demanda respecto al acto reclamado consistente en la carpeta de investigación y/o averiguación previa y por otro lado admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 441/2021, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante acuerdo de trece de julio de dos mil veintiuno, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, declaró legal incompetencia para seguir conociendo del juicio de amparo 441/2021, y ordenó remitir lo autos a este Juzgado. CUARTO. El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se recibió oficio del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, por el cual remite los autos del juicio de amparo 441/2021, con motivo de la incompetencia planteada. QUINTO. El diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, esta autoridad recibió los autos del juicio descrito en el resultando que antecede, radicó el asunto con el número de expediente 1262/2021, aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del asunto, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama la orden de detención, búsqueda, localización y presentación. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No es cierto el acto reclamado, atribuido al Gobernador del Estado de Morelos, Fiscal General del Estado de Morelos, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión y Administrador de Salas de los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, pues al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto que se les atribuye. Lo anterior, sin que la parte quejosa desvirtuara la negativa de las responsables. Con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos calificados como inexistentes en el presente considerando. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Especializado en Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias fotostáticas certificadas y el disco compacto que contiene la copia autorizada del registro de audio y video de la audiencia de veinte de abril de dos mil quince, que dio origen al acto reclamado, que remitió la juez responsable; pruebas que se valoran en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicables supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, por tratarse de documentos públicos y videograbación de la audiencia celebrada en un procedimiento penal de corte acusatorio oral, almacenada en disco compacto, respectivamente. Es aplicable la tesis de jurisprudencia por contradicción 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, número de registro 2004362, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, consultable a página 703, cuyo rubro y texto dicen: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 201 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXII, quinta época, materia común, cuyo rubro y texto son los siguientes. "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías.". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia que se encuentra regulada en la fracción XI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que dice: "[.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" De la fracción y artículo transcrito se advierte que el juicio de control constitucional es improcedente si se promueve contra actos que sean materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo en términos de la fracción X, que dice: "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." Esto es, la improcedencia a que se refiere la fracción XI, establece que el juicio de amparo anterior que causó ejecutoria, debió ser promovido por el mismo quejoso, contras las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Ahora bien, es menester precisar que para que se configure la causa de improcedencia sometida a estudio, se requiere que haya identidad: a) en la parte quejosa, b) en los actos reclamados, c) en las autoridades responsables en los juicios de que se trata, y d) que exista un juicio de amparo que causó ejecutoria. Del libelo de cuenta que da inicio a este juicio de amparo 1262/2021, se advierte que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra los Jueces de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Único, con sede en Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos, Director de la Policía Ministerial del Grupo de Aprehensiones, Agente del Ministerio Público en Turno de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Fiscal General del Estado de Morelos, Directora de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Administrador de Salas de Juicios Orales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Fiscal Especial en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Morelos, contra los actos que hizo consistir en: ° La orden de detención, búsqueda, localización y presentación. De las documentales que acompañó el Juez responsable, las cuales han sido valoradas con anterioridad, lo cual fue corroborado con la información que existe en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el treinta de noviembre de dos mil quince, el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, resolvió el juicio de amparo 860/2015, promovido por Rafael Castrejón Bahena, en el que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la orden de aprehensión librada en la causa penal JC/354/2015, del Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, (licenciado Arturo Ampudia Amaro), y su ejecución por parte del Fiscal General; y Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal; ambos en el Estado de Morelos. Ahora bien, de lo antes expuesto se advierte que los actos reclamados en ambas demandas se hacen consistir en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso Rafael Castrejón Bahena, en la causa penal JC/354/2015, por el Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y su ejecución; sin embargo, dicha orden de aprehensión ya fue materia de la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 860/2015, que se tramitó ante este propio Juzgado Federal. Es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por ende, el presente juicio debe sobreseerse, en relación con la fracción V, del numeral 63 de dicha ley, en virtud de que se reclama por el mismo quejoso, los mismos actos reclamados y contra las propias autoridades responsables, lo cual ya fue materia de otro juicio de amparo que causó ejecutoria. Sin que sea óbice que en la demanda de amparo que ahora se decide 1262/2021, se hayan señalado como ejecutoras algunas otras autoridades más, esto en relación con el diverso 860/2015, que se tramitó ante este propio Juzgado de Distrito, pues esa diferencia en las ejecutoras no impide que se actualice la causal de improcedencia aludida, pues lo que importa es que ya se decidió sobre la constitucionalidad de la orden de aprehensión que se reclamó del Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XI de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63 fracción V del ordenamiento en cita. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy nueve de mayo de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional, toda vez que mediante proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar al tercero interesado Ezequiel Hernández Mendoza, sin que a la fecha se advierta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la vinculación de la constancia de emplazamiento de la parte antes referida; en esa virtud, instrúyase al Actuario y/o Actuaria de la adscripción, para que a la brevedad realicen la vinculación de la constancia de emplazamiento correspondiente en el sistema de mérito. En consecuencia, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre del año pasado, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/4431/2021, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano