Rafael Castillejos Guízar
Expediente 187/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 187/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/09/2017
Partes del expediente
- Rafael Castillejos Guízar
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, con el que remite testimonio de la ejecutoria dictada dentro de la queja 42/2017, así como copia certificada del juicio de amparo 187/2017, del índice de este Juzgado. Acúsese recibo. Dicho tribunal declaró INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de nueve de febrero de dos mil diecisiete (fojas 51 a 52), en el que se desechó de plano por notoria improcedencia la demanda interpuesta; hágase del conocimiento de la parte quejosa lo anterior, para los efectos legales conducentes. Con base en lo previsto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes respectivo, toda vez que el mismo consta de las copias del expediente en que se actúa, por lo que se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de febrero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de ***, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa ***, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de nueve de febrero de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este órgano de control constitucional emitió el acuerdo de nueve de febrero de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de notificar a la totalidad de las partes la interposición de la queja, puesto que el recurso es contra el desechamiento de la demanda y por ende, no se dio intervención a las demás partes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de febrero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 2. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Director del Diario Oficial de la Federación. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 187/2017-3-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que afecte la demanda de amparo, debe ser evidente por sí mismo, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación haga inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto", significa, claro, evidente; mientras que "indudable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Novena Época, registrada bajo el número 186605, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XVI, Julio de 2002, página: 448. "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Bajo tal premisa, conviene mencionar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente pretende combatir de las autoridades que señala como responsables, en términos generales, la aprobación, emisión, expedición, promulgación y publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, en específico la partida asignada al Estado de Chiapas. Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional estima que en el caso se actualiza indudablemente la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción II, de la Constitución Federal, este último aplicado a contrario sensu, en virtud de que en la presente instancia sería imposible materializar una eventual protección constitucional. Al respecto los preceptos legales antes invocados, estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, e sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda." Por su parte, el artículo 107 constitucional, señala las bases a las que se sujetará el juicio de amparo, previsto en el diverso artículo 103 de la Constitución Federal, que permite concluir que la acción de amparo es un derecho público subjetivo que otorga la Ley Suprema a todo individuo que se vea lesionado en sus derechos fundamentales, y en su fracción II también contiene el principio de relatividad en las sentencias del juicio de amparo, pues señala que las sentencias que se pronuncien en esos juicios sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Cabe precisar que el juicio de amparo contiene principios rectores de entre los que se encuentra el de relatividad de las sentencias, contenido, como ya se precisó, en el artículo 107, fracción II constitucional. Es necesario señalar que jurídicamente la acción de amparo no es un derecho de acción procesal ordinaria civil, penal o administrativa (que fundamentalmente consiste en motivar la prestación por parte del Estado de su actividad jurisdiccional para la declaración del derecho incierto de los particulares o del Estado como sujeto de derecho privado, y para la realización forzosa de sus intereses cuando su tutela sea cierta); sino que es puramente constitucional, nace directamente de la Constitución; va dirigida a controlar el acto de la autoridad, no la ley común; no le interesa la violación de derechos efectuada entre sujetos que tienen una misma jerarquía, ni los obstáculos que se opongan a la realización de la norma jurídica. La acción de amparo no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los tribunales comunes; sino que va dirigida a hacer respetar la propia Constitución cuando la autoridad ha rebasado sus límites. De aquí que la sentencia de amparo no satisfaga de manera preferente intereses tutelados por la norma jurídica meramente legal o ley común; ya que, como culminación de la acción constitucional extraordinaria, se limita a amparar y proteger al agraviado sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare; y por ello el efecto jurídico de una sentencia de amparo es el de restituir al propio agraviado en el pleno goce del derecho humano violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación si el acto reclamado es de carácter positivo, u obligando a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir por su parte lo que el mismo derecho fundamental exija, si aquél es negativo. De lo anterior se concluye que el principio de relatividad de las sentencias consiste en que la resolución que se emita en el juicio de amparo sólo debe limitarse a amparar y proteger a la parte quejosa en el caso especial sobre el que verse la demanda sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que se hubiera reclamado y en ningún caso puede tener efectos contra las demás personas que no son parte en dicho juicio. Resulta aplicable la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trece del Semanario Judicial de la Federación, volumen cincuenta y dos, Segunda Parte, cuyo rubro y texto se transcriben: "AMPARO, RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DEL. En el juicio de garantías sólo se resuelve lo concerniente a las personas que promueven el amparo, acordemente con el principio de relatividad de este medio de control de legalidad de los actos de las autoridades; y por ello, un motivo que beneficie a un inculpado, no puede favorecer a otro, si este otro no lo expresa formalmente en el juicio constitucional correspondiente." Así, se tiene que el principal reclamo de la parte promovente, radica en que la estrategia que adoptó el Estado para la determinación de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y que dice deriva en una transgresión a sus derechos fundamentales, básicamente a raíz de que los entes del Estado determinaron disminuir la asignación del erario en una cantidad anual de $4,896,453,246.00 (cuatro mil ochocientos noventa y seis millones, cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y seis pesos). De la misma manera, es posible inferir que la pretensión de la parte justiciable claramente es que a través de la sentencia que se dicte en esta instancia constitucional, respecto del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2017, se decrete la "invalidez del erario asignado al Estado de Chiapas para el año 2017 para proyectos de infraestructura, y la probable reminiscencia de las partidas del año anterior, posibilitando una mayor asignación en programas médicos, escolares, policiales, de saneamiento y protección ambiental y, por tanto, una mayor protección de nuestros derechos fundamentales" Ahora bien, en el caso particular se estima que de considerar que se pudiera conceder el amparo y protección de la justicia de la unión, contra tales actos, se contravendría el principio de relatividad de las sentencias ya que esa concesión abarcaría a sujetos que no fueron quejosos en el mismo juicio. En efecto, para analizar la cuestión planteada se debe tener presente que la técnica rectora del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe cuál será el efecto de una eventual sentencia que conceda el amparo solicitado, ya que carecería de lógica y sentido práctico emprender el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, si de antemano se prevé que la restitución en el goce del derecho humano violado resultaría inalcanzable. La previsión de los posibles efectos de la sentencia protectora tiene el propósito de evitar que con la reparación de la violación de derechos humanos se produzca la infracción de otros principios o normas constitucionales y/o legales, pues el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha violación, tampoco debe propiciar que la sentencia tenga efectos más allá del caso concreto que fue enjuiciado. Por tanto, la sentencia protectora además de proporcionar un estudio de los motivos por los cuales se incurrió en la lesión de derechos alegados, debe tener efectos vinculantes y restitutorios para volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha infracción, pero sin beneficiar a nadie más que al propio quejoso. Si no se realiza ese análisis anticipado, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso se hiciera carecería de ejecutividad y de efecto práctico para el quejoso, colocándolo en la misma situación en que se encontraba antes de iniciar el juicio, pues la restauración del orden constitucional tampoco debe llegar al extremo de restituirlo en el goce del derecho fundamental violado aun a costa de incurrir en la violación de los principios y las normas que regulan este medio de control constitucional y, concretamente el de relatividad de las sentencias. Este ejercicio de previsibilidad tratándose de la impugnación de normas generales, y más aún de las que se reclaman por su sola expedición, se realiza a partir de los efectos que tendría o la desincorporación de la esfera jurídica de los agraviados de la obligatoriedad de la disposición declarada inconstitucional o la posibilidad de que el precepto legal incluya el supuesto que se omitió en el mismo, y en consecuencia, que los promoventes del amparo lo puedan aplicar, pues, en este tipo de asuntos, basta con hipotéticamente sustraer a la parte quejosa de los destinatarios del presupuesto cuestionado, para saber con precisión cuáles serían esas consecuencias. Por tanto, la protección constitucional que llegara a otorgársele a la parte quejosa, implicaría ordenar aumentar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, lo cual vincularía no sólo al peticionario del amparo, sino a todos los gobernados, lo que conlleva que, en el caso concreto, el efecto natural de una hipotética concesión del amparo estaría caracterizado por proporcionar un beneficio no solamente a quien hubiera obtenido la protección constitucional, sino también a otras personas, lo cual contravendría el principio de relatividad. Resulta aplicable, la jurisprudencia 36/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el libro VII, abril de dos mil doce, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido se transcribe: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD. La técnica del juicio de amparo permite desarrollar un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, con el propósito de visualizar si la restitución del quejoso en el goce del derecho violado se podría alcanzar, pues carecería de lógica y sentido práctico el análisis del acto reclamado, si anticipadamente se logra prever que la declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, como ocurre cuando se advierte que si se concede la protección federal, sus efectos vulnerarían normas o principios rectores del juicio de amparo, casos en los cuales la acción intentada resulta improcedente. En tales términos, si el juzgador observa que la sentencia estimatoria que llegara a dictar tendría efectos más allá del caso concreto enjuiciado y, por tanto, generales, ello provoca la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 76 y 80 (este último interpretado en sentido contrario), de ese mismo ordenamiento y con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, y de acuerdo con el artículo tercero transitorio del propio decreto de reformas), en tanto que la decisión de inconstitucionalidad beneficiaría también a sujetos distintos del quejoso, situación que provocaría transgresión al principio de relatividad que rige el dictado de las sentencias de amparo, lo que a su vez implicaría que la restitución en el goce del derecho violado llegara al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar." Asimismo sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 35/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil cincuenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro VII, abril de dos mil doce, tomo 2, cuyo epígrafe señala: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar." A mayor abundamiento, debe decirse que efectivamente, el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, se publicó en el medio de difusión oficial, el presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. Ahora bien, el proceso de creación del citado Presupuesto de Egresos fue establecido por el constituyente permanente en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido es: "Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: [.] IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven;" Esto es, para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de la Ley de Ingresos y del Presupuesto a más tardar el día ocho de septiembre de cada año. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión deberá aprobarlo anualmente, a más tardar el día quince del mes de noviembre, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto inicialmente enviado por el Ejecutivo Federal; esto, una vez aprobadas las contribuciones que deban decretarse para cubrirlo. Sobre las bases expuestas no es posible concluir que la iniciativa de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación presentado por el Ejecutivo Federal vincule a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a aprobarlo en el sentido propuesto en él. Esto se corrobora con el significado gramatical de las palabras "aprobar" y "modificar", que en la acepción utilizada en el artículo 74 constitucional es el siguiente: Aprobar: Calificar o dar por bueno o suficiente algo o a alguien. Modificar: Transformar o cambiar algo mudando alguna de sus características. En consecuencia, del examen de las facultades concedidas en el artículo 74 constitucional se concluye que la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades exclusivas, puede variar el contenido del proyecto de presupuesto que le es presentado, sin que con ello se provoque un perjuicio o se contravenga lo dispuesto en el texto constitucional. Máxime que la facultad de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y modificación del presentado por el Ejecutivo Federal, se otorgó de manera exclusiva a la Cámara de Diputados. Esto es, si bien la Cámara de Diputados en conjunto con la de Senadores conforma el Poder Legislativo Federal, cada una tiene atribuciones diferentes, aun cuando algunas de sus facultades se pueden ejercer de manera conjunta finalizando en decisiones que adoptan como un solo ente, ambas cuentan con facultades exclusivas. De igual forma, no es posible considerar que el Poder Judicial de la Federación, a través de la eventual concesión del amparo y la protección de la Justicia Federal, pueda tener injerencia en los términos en que debe ser aprobado el presupuesto de egresos. Considerar lo contrario equivaldría a hacer nugatoria la función legislativa que constitucionalmente tiene asignada, tomando en consideración que el Poder Constituyente estableció en el artículo 49 de la Constitución Federal, el principio de división de poderes y el de autonomía de los mismos, imprescindible para lograr el necesario equilibrio entre ellos; por tanto, las facultades asignadas de manera exclusiva en el numeral 74 Constitucional, facultan a dicha autoridad para discutir, aprobar y, en su caso, modificar los proyectos de presupuesto de egresos. En ese orden de ideas, esta potestad concluye que los efectos de una posible sentencia concesoria del amparo, no podrían retrotraerse al punto en que se dejara insubsistente el esquema de fijación de asignación del presupuesto de egresos para el Estado de Chiapas, correspondiente al año de dos mil diecisiete, para que se consolidara uno nuevo en el que se tomen en cuenta todas las particularidades que engloban a la entidad federativa de Chiapas, con la finalidad de reasignar dicho prepuesto (que es básicamente lo que se pretende obtener de la sentencia que se dictara en la instancia constitucional), al resultar jurídicamente imposible debido a dos situaciones: la primera, porque sería tanto como ordenar a las autoridades responsables legislar en materia de política pública, a efecto de que se "rediseñara" un nuevo presupuesto de egresos federal, dado que esto conllevaría a modificar todo un esquema asignado, no solo a las demás Entidades Federativas, sino a las Secretarías y Organismos Descentralizados del Estado Mexicano, lo que sin duda ocasionaría que se le diera al fallo protector efectos generales, contrarios al principio de relatividad que rige al juicio de amparo; y la segunda, porque la Constitución no contempla garantía alguna que permita al gobernado encauzar la política económica del Estado hacia una medida específica. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis P./J. 78/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1540, del Tomo XXX, correspondiente a julio de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA." Corolario de lo anterior, se concluye que dada la naturaleza de lo reclamado, en el presente asunto no se podría cumplir con la finalidad práctica del juicio de amparo, pues en una eventual sentencia concesoria del amparo, no se podría lograr una restitución a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que estima violados. En efecto, si bien es verdad que el promovente de una demanda de esta naturaleza, acuden al amparo en busca de soluciones legales a lo que legítimamente creen que lastima su economía y sus derechos, lo cierto es que esta clase de reclamos no pueden ser dirimidos por el Poder Judicial Federal, porque el juicio de amparo, como ya se vio, no es la vía idónea para decidir si es correcta la política pública de uno de los Poderes de la Unión. Al caso resulta aplicable, en lo conducente, la tesis 1a./J. 84/2006, de la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 29, Tomo XXIV, correspondiente a noviembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES. Acorde con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXXIII/2004, de rubro: "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", siempre que la acción clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación. De igual manera, en aquellos asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Congreso o del Ejecutivo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. Para este Alto Tribunal es claro que la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta evidente que la Constitución Federal exige una modulación del juicio de igualdad, sin que eso implique ninguna renuncia de la Corte al estricto ejercicio de sus competencias de control. Por el contrario, en el caso de normatividad con efectos económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. En tales esferas, un control muy estricto llevaría al Juez constitucional a sustituir la competencia legislativa del Congreso -o la extraordinaria que puede corresponder al Ejecutivo-, pues no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias." Por tanto, en términos del artículo 113, así como de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción de la Constitución Federal, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Rafael Castillejos Guízar, determinación que se toma en cumplimiento del derecho humano de pronta y expedita impartición de justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse ni aún con el material probatorio que se aportara al juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Como lo solicita expresamente el quejoso y de conformidad con el artículo 29, de la Ley de Amparo, se ordena la notificación del presente auto y los subsecuentes, aún los de carácter personal, por medio de las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado. Así mismo, se tienen como autorizados con facultades amplias, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, **********, ********** y ********** y como autorizados con facultades restringidas, en términos de los artículos 12, último párrafo y 24, segundo párrafo, a Erika **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, toda vez que no cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, en relación a su solicitud de que se le autorice la consulta del expediente electrónico a nombre de los usuarios "**********", "**********", "**********" e "**********"; en tales condiciones, se le autoriza consultar las actuaciones judiciales que integran este expediente, en la vía y forma descrita en el aviso emitido por la Dirección General de Estadística Judicial dependiente del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación titulado "Consulta de Expediente Electrónico"; de conformidad con el artículo tercero de la ley de la materia, no así a "dramirez", toda vez que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no se advierte registrado el nombre del citado usuario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese Personalmente.
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