Rafael Castellanos Chávez
Expediente 561/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 561/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Rafael Castellanos Chávez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obran los informes previos de las diversas autoridades responsables que se relacionan en el siguiente recuadro, ni las tarjetas postales acuses de recibo relativas a los oficios que se precisan: Oficio Exp. Autoridad responsable: 16943/2017-PF SE ANEXA DEMANDA Y ESCRITO ACLARATORIO Inc de susp. 568/2017 Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, C.P. 25000 16944/2017-PF SE ANEXA DEMANDA Y ESCRITO ACLARATORIO Inc de susp. 568/2017 Delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza. Sabinas, Coahuila de Zaragoza, C.P. 26700 16945/2017-PF SE ANEXA DEMANDA Y ESCRITO ACLARATORIO Inc de susp. 568/2017 Coordinadora de Unidades de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza. Sabinas, Coahuila de Zaragoza, C.P. 26700 16946/2017-PF SE ANEXA DEMANDA Y ESCRITO ACLARATORIO Inc de susp. 568/2017 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con sede en Palaú, Coahuila de Zaragoza. C.P. 26350 16947/2017-PF SE ANEXA DEMANDA Y ESCRITO ACLARATORIO Inc de susp. 568/2017 Primer Comandante, Inspector y/o Encargado de la Policía Investigadora del Estado. Sabinas, Coahuila de Zaragoza, C.P. 26700 16948/2017-PF SE ANEXA DEMANDA Y ESCRITO ACLARATORIO Inc de susp. 568/2017 Titular y/o Encargado de la Policía Investigadora del Estado. Palaú, Coahuila de Zaragoza. C.P. 26350 16949/2017-PF SE ANEXA DEMANDA Y ESCRITO ACLARATORIO Inc de susp. 568/2017 Comandante Regional del Agrupamiento Proximidad Social del Cuerpo Policiaco Fuerza Coahuila. Palaú, Coahuila de Zaragoza. C.P. 26350 16950/2017-PF SE ANEXA DEMANDA Y ESCRITO ACLARATORIO Inc de susp. 568/2017 Titular y/o Encargado del Agrupamiento Proximidad Social del Cuerpo Policiaco Fuerza Coahuila. Palaú, Coahuila de Zaragoza. C.P. 26350 16951/2017-PF SE ANEXA DEMANDA Y ESCRITO ACLARATORIO Inc de susp. 568/2017 Comandante Regional del Agrupamiento Fuerza Reacción del Cuerpo Policiaco. Sabinas, Coahuila de Zaragoza, C.P. 26700 16952/2017-PF SE ANEXA DEMANDA Y ESCRITO ACLARATORIO Inc de susp. 568/2017 Comandante Regional del Agrupamiento Preventivo del Cuerpo Policiaco Fuerza Coahuila. Sabinas, Coahuila de Zaragoza, C.P. 26700 16953/2017-PF SE ANEXA DEMANDA Y ESCRITO ACLARATORIO Inc de susp. 568/2017 Titular y/o Encargado del Agrupamiento Preventivo del Cuerpo Policiaco Fuerza Coahuila. Palaú, Coahuila de Zaragoza. C.P. 26350 Para dar margen a lo anterior, toda vez que dichas autoridades son foráneas, se difiere la audiencia incidental prevista para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas del veinticinco de julio de dos mil diecisiete, para su verificativo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 52/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos diecisiete, Libro VIII, Mayo de dos mil doce, Tomo 1, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2000812, de rubro y texto, siguientes: "INFORME PREVIO. EL PLAZO PARA RENDIRLO INICIA A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE LA NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUEDA LEGALMENTE HECHA Y CONCLUYE A LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 24, 34 y 131 de la Ley de Amparo, se advierte que los términos en el incidente de suspensión corren de momento a momento, y que las notificaciones surten efectos para las responsables desde que quedan legalmente hechas. En ese tenor, el plazo de veinticuatro horas de que disponen dichas autoridades para rendir el informe previo se computa a partir del momento en que la notificación en que se les requiere para que lo rindan queda legalmente hecha y concluye a las veinticuatro horas siguientes, pues entender que dicho plazo inicia al día siguiente al en que se realiza la notificación y concluye a las veinticuatro horas de ese mismo día, contradice esa interpretación, en la que se privilegia la disposición de que los plazos para tramitar el incidente de suspensión se computan de momento a momento y no por día de veinticuatro horas".
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el informe rendido por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa III, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Norte I, con residencia en esta ciudad, y anexo; por medio del cual desahoga el requerimiento que se le hizo mediante proveído de veintitrés de junio del año en curso (fojas 14 a 16), y al respecto informa sobre la suspensión de plano de los actos que se reclaman en el presente juicio de amparo; sin necesidad de proveer al respecto, toda vez que por acuerdo de veintiséis de junio del año en curso (fojas 42 a 47), se desechó de plano el presente asunto.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el informe rendido por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa III, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Norte I, con residencia en esta ciudad, y anexo; por medio del cual desahoga el requerimiento que se le hizo mediante proveído de veintitrés de junio del año en curso (fojas 14 a 16), y al respecto informa sobre la suspensión de plano de los actos que se reclaman en el presente juicio de amparo; sin necesidad de proveer al respecto, toda vez que por acuerdo de veintiséis de junio del año en curso (fojas 42 a 47), se desechó de plano el presente asunto.
- Principal
I. Informes suspensión de plano. Agréguense a los autos para los efectos legales conducentes, los informes rendidos por las autoridades relacionadas en el siguiente recuadro: Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa II, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Norte I, con residencia en esta ciudad. Inspector de la Policía Investigadora del Estado, Región Norte I, con residencia en esta ciudad. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Detenidos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Norte I, con residencia en esta ciudad, y anexo. Por medio de los cuales desahogan los requerimientos que se les hizo mediante proveído de veintitrés de junio del año en curso (fojas 3 a 8 y 14 a 16), y al respecto informan sobre la suspensión de plano de los actos que se reclaman en el presente juicio de amparo. II. Ratificación de demanda. Vistas las constancias de notificación de veintitrés de junio del año en curso (fojas 20 y 22), se advierte que el quejoso directo ***, ratificó la demanda de amparo y su ampliación interpuesta en su nombre por ***. De igual forma hizo constar que el quejoso físicamente se encontraba bien, que no estuvo incomunicado y no fue golpeado, como se aprecia en la siguiente razón actuarial: III. Acto reclamado. Al respecto, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente reclama de las autoridades responsables, el acto consistente en: ".De la autoridad señaladas como responsables, reclamo la privación ilegal de la libertad, todo acto de incomunicación, malos tratos, tortura, intimidación o vejación de cualquier especie o presentación de que pudiera ser objeto mis representados: RAFAEL CASTELLANOS CHÁVEZ.". IV. Se desecha demanda de amparo indirecto. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia I.13o.A.J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: *** Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los Órganos Jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso concreto, del análisis del presente juicio de amparo este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: *** Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: *** La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: *** Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J. 59/99, del rubro y texto siguientes: *** Ahora bien, del oficio número 7424/2017, signado por el la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Detenidos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Norte I, con residencia en esta ciudad (foja 29), se ***, fue puesto en libertad el veinticuatro de junio de este año (foja 40); remitiendo al efecto, copia auténtica de la constancia conducente, como se aprecia en el siguiente documento: Documental a la que por tener el carácter de pública se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En efecto, la parte quejosa primigeniamente reclamó la privación de la libertad; sin embargo, se encuentra probado en autos que el quejoso obtuvo su libertad el veinticuatro de junio de dos mil diecisiete (foja 40). Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues la autoridad de que se trata, es decir, la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Detenidos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Norte I, con residencia en esta ciudad, restituyó al quejoso en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose así la causal que se invoca. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: *** Consecuentemente, en el presente asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aún en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. VI. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. VII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. VIII. Depuración. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. IX. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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