Rafael Cardenas Gaona

Expediente 1348/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1348/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
23/05/2023

Partes del expediente

  • Rafael Cardenas Gaona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta este momento se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el diverso 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Por último, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL AVISO QUE SE DEJÓ EL 26 DE ABRIL DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON ENGROSE DE 24 DE ABRIL DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE:"VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1348/2022, promovido por ...., por propio derecho, contra actos del Juez Trigésimo Primero de lo Civil y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El quejoso solicitó el amparo contra actos considerados violatorios de sus derechos tutelados en el artículo 14 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El nueve de diciembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirió informe justificado, y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. La representación social Federal adscrita no formuló intervención, se tuvo por rendido el informe de ley, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los numerales 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la ley de la materia, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado del orden común residente dentro al ámbito territorial donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Acorde a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, como acto reclamado se tiene: El quejoso ostentándose tercero extraño auténtico, reclama todo lo actuado en el juicio ordinario civil ..../2019 del índice del Juzgado Trigésimo Primero Civil de la Ciudad de México, particularmente la sentencia definitiva de trece de noviembre de dos mil diecinueve, y su ejecución. La materialización de dicho fallo consiste en la reposición de la inscripción registral del contrato de compraventa de once de diciembre de mil novecientos noventa y dos, contenido en el título de propiedad ...., celebrado entre .... (vendedor) y .... (comprador), del inmueble ubicado en el ...., Ciudad de México, con una superficie de 494.00 M2 (cuatrocientos noventa y cuatro metros cuadrados), la cual se había anotado en el folio real ...., el veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco. Tercero. Existencia. La autoridad judicial responsable aceptó la existencia de los actos reclamados, y se corrobora de las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley aplicable. Se invoca la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, de registro ....182, visible en la página 153, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, la autoridad registral negó la existencia de los actos reclamados y en el propio informe efectuó manifestaciones para justificar la legalidad de su actuación, narró los hechos que el impetrante objetó y argumentó a favor de la regularidad de sus registros generados en el proceso al cual se quiere incorporar el quejoso, lo cual implica aceptar la existencia de los actos reclamados que a partir de tales elementos deben tenerse por ciertos. Sirve de apoyo la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV- Julio de 1994, página 391, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados. 1. El veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se admitió en la vía ordinaria civil la acción donde .... demandó: "A.- La reposición de inscripción sobre la COMPRA-VENTA que celebré el 11 de Diciembre del año 1992, Respecto al inmueble UBICADO EN LOTE .. CIUDAD DE MÉXICO. Y dicho inmueble fue registrado en el Folio Real número .... de fecha 28 de Marzo de 1995, por el DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL (HOY DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO). B.- La restitución del asiento registral que existe ante la C. DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, del Folio Real número .... de fecha 28 de Marzo de 1995, Respecto al Inmueble ubicado en .... CIUDAD DE MÉXICO. Y dicho inmueble fue registrado en el Folio Real número .... de fecha 28 de Marzo de 1995, por el DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL (HOY DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO). C. La cancelación de la INSCRIPCIÓN DEL JUICIO de PRESCRIPCIÓN POSITIVA, que indebidamente se efectuó, con fecha 12 de enero del año 2010 en el folio número . asiento número 2, respecto al inmueble UBICADO EN LOTE .. CIUDAD DE MÉXICO. Y dicho inmueble fue registrado en el Folio Real número .... de fecha 28 de Marzo de 1995, por el DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL (HOY DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO), y cuyo único propietario son yo ...., actor del presente juicio. D. El pago de gastos y costas que se originen por la tramitación del presente juicio. (.)" 2. Mediante sentencia emitida el trece de noviembre de dos mil diecinueve, la primera instancia del proceso culminó como se indica: "R E S U E L V E (.) SEGUNDO.- Se condena a la parte demandada C. DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a realizar la reposición de inscripción registral del CONTRATO DE COMPRAVENTA de fecha once de diciembre de mil novecientos noventa y dos, contenido en el Título de propiedad número ...., (sesenta y uno guion ciento quince guion veintidós), celebrado ente .... como parte vendedora y por otra ...., en su carácter de "COMPRADOR", con la intervención del Departamento del Distrito Federal, representada en ese acto por la Arquitecta .., Directora General de Regularización Territorial, respecto del inmueble ubicado en el LOTE .. ACTUAL CIUDAD DE MÉXICO, con una superficie de 494.00 m2 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS), inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Folio Real .... de fecha 28 (veintiocho) de Marzo de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), como se encontraba registrada y debiendo surtir sus efectos desde dicha fecha, para lo cual se deberá acompañar copia certificada de la escritura antes mencionada con sus anexos, a fin de establecer el tracto sucesivo correspondiente como lo establece el artículo 73 de la Ley Registral para el Distrito Federal actualmente Ciudad de México. TERCERO.- Se absuelve a la parte demandada de las prestaciones marcadas con las letras B y C, atento a los razonamientos vertidos en la presente resolución. (.)" Esta secuela procesal integra la materia de los actos reclamados. Quinto. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio antes de las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. El juicio es improcedente, por falta de interés jurídico del promovente, acorde al artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Conforme al precepto transcrito, para la procedencia del juicio proveniente de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que el peticionario acredite el interés, perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del quejoso; además, el juicio constitucional procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del presente, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de garantías en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, es improcedente, puesto que la acción constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del numeral 6o. de la ley de la materia. Igualmente, debe subrayarse que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En el caso, la parte quejosa se ostenta tercera extraña al juicio ordinario civil de origen donde se condenó a reponer una anotación registral de un título de propiedad, en el folio real correspondiente al inmueble cuya propiedad defiende por haber sido adquirida, mediante un diverso proceso judicial donde se declaró la prescripción positiva a su favor. La acción así instada obliga al impetrante a demostrar y/o acreditar el interés jurídico, mediante dos elementos, por una parte debe probarse el justo título que ampare el derecho respectivo y por otra, que esté afectado con el acto de autoridad, de los cuales acorde al expediente únicamente se tiene por acreditado el primero, porque el segundo no se demuestra dado que la materia del proceso de origen y su sentencia, no afectan los derechos alegados al tratarse de un fallo con naturaleza jurídica de carácter declarativa. En efecto, con las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuyo valor probatorio ya ha quedado precisado, se corrobora que el doce de enero de dos mil diez fue inscrito en el folio real . auxiliar 70, el primer testimonio de la escritura pública .. de veintiuno de enero de dos mil dos, correspondiente a la protocolización de la sentencia definitiva de prescripción positiva de dieciséis de marzo de dos uno, emitida por el Juez Primero Civil de la Ciudad de México, que declaró propietario al quejoso del inmueble que se defiende. Los indicios enunciados tienen el alcance de acreditar que desde el doce de enero de dos mil diez, cuando se inscribió la sentencia que declaró la prescripción positiva ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, el quejoso consolidó el derecho real de propiedad, porque la sustenta en una figura jurídica prevista por la ley, causado por haber poseído el bien por el tiempo y con todos los requisitos exigidos para prescribir. De modo que la sentencia que declaró la prescripción positiva presupone el reconocimiento de la posesión invocada por la parte actora, ya que es ésta quien señala tenerla y no el demandado, y al acreditarse la consecuencia jurídica fue generar la propiedad, y al quedar demostrada la inscripción del testimonio que protocolizó la sentencia y/o acto jurídico constitutivo, a partir de este última acción, el título adquirió fecha cierta y obtuvo eficacia probatoria, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, dado que dicho registro es una institución pública que da certeza de que ese acto existe; con el cual quedó acreditado el primer elemento del interés jurídico, consistente en el justo título. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 46/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/97, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Empero, se considera que no se acredita el segundo de los elementos indicados porque el proceso de origen al cual se quiere incorporar la parte quejosa, cuyas consecuencias se reflejan en la sentencia, tienen una naturaleza declarativa y por ende no generan un acto de autoridad que afecte los derechos del impetrante. En efecto, en lo que fue materia de condena el juzgador responsable ordenó reponer el registro de inscripción de un título de propiedad, para surtir efectos a partir de una fecha determinada; bajo esa óptica y atendiendo a la naturaleza de las anotaciones registrales, el alcance la acción sentenciada consiste en precisar secuencialmente las operaciones relacionadas con el bien, otorgar a todos los extraños a la celebración del pacto, la posibilidad de facto de conocer las relaciones jurídicas con las cuales se vincula el inmueble. Esto es, hacía terceros ajenos a la relación jurídico-procesal suscitada entre actor y demandado, la reposición registral condenada solo es una precisión de la relación sucesiva de la inscripciones, para impedir que en su caso un mismo derecho real esté inscrito al mismo tiempo a nombre de dos o más personas, apelando al principio consistente en que toda inscripción tiene un antecedente y debe extinguirse para dar lugar a una nueva; lo cual hacia terceros tiene efectos publicitarios para que cualquier posible adquirente, tenga conocimiento pleno de la situación litigiosa del bien raíz. De ese modo se satisface la necesidad de que cualquier persona conozca la existencia de los derechos que se inscriben, a fin de evitar los fraudes, los abusos y la ocultación de gravámenes, pues pone de manifiesto la condición de los inmuebles y da seguridad jurídica a los actos traslativos de la propiedad o de cualquier otro derecho real del bien de que se trate, siendo esas entonces, las consecuencias jurídicas de la acción condenada en el proceso natural. Al respecto se cita la tesis de la entonces Tercera Sala del Alto Tribunal, que dice: "REGISTRO PÚBLICO, EFECTOS DE LAS INSCRIPCIONES HECHAS EN EL. Las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad tienen efectos declarativos y no constitutivos, de tal manera que los derechos provienen del acto jurídico declarado, pero no de la inscripción, cuya finalidad es dar publicidad al acto y no constituir el derecho." Acorde a los efectos del proceso y sentencia emitida en el juicio de origen al cual se pretende incorporar el quejoso, se puede deducir que aunque se hubiere condenado a la reposición del registro de inscripción de un título de propiedad, incluso para surtir efectos previo al título del quejoso, esa circunstancia no afecta los derechos del impetrante porque no declaró la nulidad de una operación, ni que un derecho debía prevalecer sobre otro. Por el contrario, el proceso de origen y su sentencia señalaron la fecha a partir de la cual debía surtir efectos el título de propiedad, para dar congruencia a los actos sucesivos correspondientes al registro repuesto, dado que los efectos de nulidad deben declararse en un proceso judicial, de modo que el derecho alegado por el impetrante no puede dejar de surtir efectos a causa del proceso de origen mientras no se declare judicialmente la invalidez del derecho que ostenta. La apuntada circunstancia se corrobora del contenido de la propia sentencia emitida en el proceso de origen, en la parte donde declaró improcedente la acción de cancelación de la inscripción generada por el juicio de prescripción positiva, que constituyó al quejoso el derecho de propiedad que ostenta. Al respecto el juzgador responsable sostuvo que la viabilidad de un pronunciamiento extintivo sobre la prescripción positiva, exigiría la intervención del titular del derecho que ésta ampara para satisfacer la garantía de audiencia; además, el A Quo sostuvo que el artículo 303 del Código Civil de la Ciudad de México, prevé que la cancelación de una inscripción o anotación, deberá declararse así como la nulidad o falsedad del título en cuya virtud se haya realizado, y necesariamente debe resolverse en un juicio que tenga ese especifico objetivo. Sirve de apoyo, la tesis aislada I.7o.C.160 C, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital: 162513, de la Novena Época, que dice: "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. NO SE REQUIERE QUE EL ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO EN QUE SE FUNDE SEA DE FECHA CIERTA, SI QUIENES LO SUSCRIBIERON SON PARTE EN EL JUICIO RESPECTIVO. La jurisprudencia 1a./J. 9/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 315, de rubro: "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA QUE SE EXHIBE PARA ACREDITAR EL JUSTO TÍTULO O LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN, DEBE SER DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).", establece que en tratándose de la acción de prescripción positiva, para que un contrato traslativo de dominio pueda tener valor probatorio debe ser de fecha cierta; sin embargo, de la ejecutoria respectiva se desprende que las consideraciones de la Corte en el sentido de la exigencia del justo título de fecha cierta son para que: 1) Tenga plena eficacia probatoria; y, 2) Pueda surtir consecuencias contra terceros. Todo ello para proporcionar certidumbre respecto de la buena fe del acto ahí contenido y evitar actos fraudulentos o dolosos cometidos por las partes en ese acto jurídico y en perjuicio de terceros. En esas condiciones, el supuesto de la fecha cierta a que se refiere tal criterio no es aplicable cuando el contrato traslativo de dominio que se exhibe en el juicio de prescripción adquisitiva para acreditar la causa generadora de la posesión no proviene de un tercero extraño al juicio, sino de los propios contendientes pues, en esos casos, la fecha y demás elementos del contrato privado deben considerarse verdaderos, mientras no se demuestre su falsedad, ya que con el llamamiento a juicio del vendedor que haya suscrito el documento se permite cumplir la razón subyacente tras la jurisprudencia en cuestión, habida cuenta que el demandado tendrá la oportunidad de objetar o impugnar cualquier simulación o acto doloso, con lo que se evitará la comisión de fraudes a través de ese acto jurídico." Acorde a lo expuesto, dado que el propósito del proceso de origen no es invalidar el acto jurídico que constituyó el derecho alegado por el quejoso, y una vez precisado que lo resuelto en el juicio de origen tiene la propia naturaleza del acto que ordenó reponer, puede concluirse que se trata de una sentencia de carácter declarativo, porque resolvió únicamente sobre la declaración de un derecho relacionado con determinada situación jurídica. Frente a lo instruido y resuelto en el proceso, el quejoso cuenta con el derecho constituido por la acción de prescripción adquisitiva o positiva, amén del cual consolidó el derecho de propiedad del bien controvertido, por haberlo poseído por el tiempo y con todos los requisitos exigidos por la ley para prescribir. Al adminicular ambas circunstancias, esto es los efectos y consecuencias del proceso con los alcances y prerrogativas del impetrante, se respalda la conclusión en cuanto a que mantiene el reconocimiento de la consecuencia jurídica que generó en su beneficio la propiedad, que no es afectado por el proceso reclamado, puesto que no le impuso una condena u ordenó ejecutar actos en su detrimento, mandamiento desposesorio, la entrega de la posesión del inmueble por parte del demandado o que se ordene poner en posesión a la parte actora del bien en disputa. En suma, si el proceso de origen no declaró la nulidad del título con el cual el quejoso se ostenta propietario y funda la pretensión de ostentare como tercero extraño, es claro que no afecta sus derechos y, por ende, carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo en su contra, por no acreditar el requisito señalado. Sirve de apoyo la tesis aislada XXXI.1 A (10a.), del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, de registro digital: 2000591, de la Décima Época, que dice: "INSCRIPCIONES REGISTRALES QUE NO HAN SIDO DECLARADAS NULAS JUDICIALMENTE. ANTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE LA SENTENCIA RELATIVA PRODUZCA EFECTOS RESTITUTORIOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). En términos del artículo 2916 del Código Civil del Estado de Campeche, las inscripciones en el Registro Público sólo podrán cancelarse por decisión judicial o por consentimiento de las partes, de manera que fuera del segundo supuesto, para realizar válidamente ese acto, es necesario promover el juicio civil en el que podrá escucharse a los interesados, es decir, para impedir que surtan sus efectos jurídicos los actos que derivan de aquéllas, es menester que previamente se declare judicialmente su nulidad. En estas condiciones, la validez de las anotaciones, por ley, no puede decidirse en el amparo sin que antes haya sido resuelta por la autoridad del orden común en la litis contradictoria correspondiente. Por tanto, aun cuando en el juicio de garantías se concluyera que el mencionado acto es inconstitucional, sería imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, en la medida en que la realización de sus efectos importaría ordenar los alcances de la inscripción, lo cual está encomendado a los tribunales de instancia; de ahí que contra las inscripciones registrales que no han sido declaradas nulas judicialmente sea improcedente el juicio de garantías." A mayor abundamiento, debe subrayarse que las conclusiones del presente tampoco constituyen una lesión a los derechos del quejoso previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque previo a promover la demanda de amparo ya conocía que la anotación registral que se ordenó reponer en el proceso de origen, materialmente existía inscrita en el folio real correspondiente al bien que defiende, aunque no constara formalmente ante la autoridad registral. Es así porque entre las constancias presentadas por el impetrante obra la sentencia definitiva del juicio ordinario civil que promovió contra ...., donde demandó la nulidad absoluta del contrato de compraventa fechado el once de diciembre de mil novecientos noventa y dos, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, el veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco. Ese precedente judicial está determinado por el juicio de amparo directo ./2008 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde se concluyó la existencia del título de propiedad . de fecha once de diciembre de mil novecientos noventa y dos, que a su vez constituye la materia de la anotación repuesta en el juicio natural. Además, que aunque hubiera sido acreditada la procedencia de la acción de prescripción adquisitiva o positiva en beneficio del actor y ahora quejoso, ese evento no tiene el alcance de nulificar al título de propiedad otorgado a .... (que se ordenó reponer), y que acorde a las anotaciones del folio real respectivo, el derecho de propiedad de este último es preferente al título del actor y ahora quejoso (prescripción positiva). De modo que desde la emisión de la sentencia de treinta de abril de dos mil ocho, que culminó en definitiva el proceso instado por el quejoso para nulificar el título de propiedad repuesto en el juicio de origen, sabía que no gozaba de la preferencia registral que el juicio de origen, únicamente, declaró formalmente. De modo que lo resuelto en el precedente que el propio impetrante generó en su carácter de parte actora refuerza la premisa de la cual se parte, dado que al conocer el estatus y alcances del título de propiedad que ostenta frente al que se ordenó reponer, es evidente que lo resuelto por la autoridad responsable no le genera afectación si consideramos que ambos pronunciamientos son congruentes al declarar la preferencia de un mismo documento constitutivo, y en ese sentido, el quejoso no soporta una carga diversa a la del asunto que instó. Por ello es que lo resuelto tampoco restrinja el derecho de acceso a la jurisdicción, ni los derechos tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues desde la emisión de la sentencia relacionada, el quejoso contaba con los elementos suficientes para identificar las consideraciones y condiciones de hecho que habían de orientar la acción a la cual se quiere incorporar como tercero extraño auténtico. Apoya lo expuesto, la tesis aislada 2a. XXXVII/2017 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de la Décima Época, de registro 2013881, que dice: "CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD. El derecho a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela la prerrogativa del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión; su esencia versa sobre la premisa consistente en "saber a qué atenerse" respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad. Sin embargo, no debe entenderse en el sentido de que el orden jurídico ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el correlativo derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades. De lo anterior, puede considerarse la confianza legítima como una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso, en virtud de la cual, en el caso de que la actuación de los poderes públicos haya creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus actos, éstos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva, salvo el supuesto en que así lo exija el interés público. Al respecto, cabe precisar que, atendiendo a las características de todo Estado democrático, la confianza legítima adquiere diversos matices dependiendo de si se pretende invocar frente a actos administrativos o actos legislativos." Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia invocada, y con fundamento en el numeral 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XII, ambos de la ley de la materia, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Conforme a lo resuelto, es innecesario atender los conceptos de violación, porque la declaración de sobreseimiento lo impide, en términos de la jurisprudencia 1028, que indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." No es obstáculo la admisión de la demanda de garantías, pues ello no impide el análisis de las causales de improcedencia, como la que ahora se advierte, máxime que se acreditó plenamente una vez que se tuvieron a la vista las constancias del informe justificado remitidas. Asimismo, conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Sobreseimiento extensivo a los actos de ejecución reclamados, pues no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia; conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos de las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios" Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se Sobresee el juicio de amparo 1348/2022, promovido por ...., por propio derecho, contra actos del Juez Trigésimo Primero de lo Civil y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma .., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."

  3. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1348/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: a) demanda de amparo; b) informes justificados; c) emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que el quejoso ofreció las documentales anexas a la demanda, y el Registro Público de la Propiedad y Comercio de esta ciudad, la documental. Pronunciamiento: se admiten y desahogan por su propia naturaleza, y al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la tercera interesada y el Registro Público de la Propiedad y Comercio invocaron la improcedencia del juicio; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1348/2022, promovido por ...., por propio derecho, contra actos del Juez Trigésimo Primero de lo Civil y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El quejoso solicitó el amparo contra actos considerados violatorios de sus derechos tutelados en el artículo 14 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El nueve de diciembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirió informe justificado, y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. La representación social Federal adscrita no formuló intervención, se tuvo por rendido el informe de ley, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los numerales 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la ley de la materia, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado del orden común residente dentro al ámbito territorial donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Acorde a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, como acto reclamado se tiene: El quejoso ostentándose tercero extraño auténtico, reclama todo lo actuado en el juicio ordinario civil ..../2019 del índice del Juzgado Trigésimo Primero Civil de la Ciudad de México, particularmente la sentencia definitiva de trece de noviembre de dos mil diecinueve, y su ejecución. La materialización de dicho fallo consiste en la reposición de la inscripción registral del contrato de compraventa de once de diciembre de mil novecientos noventa y dos, contenido en el título de propiedad ...., celebrado entre .... (vendedor) y .... (comprador), del inmueble ubicado en el ...., Ciudad de México, con una superficie de 494.00 M2 (cuatrocientos noventa y cuatro metros cuadrados), la cual se había anotado en el folio real ...., el veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco. Tercero. Existencia. La autoridad judicial responsable aceptó la existencia de los actos reclamados, y se corrobora de las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley aplicable. Se invoca la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, de registro ....182, visible en la página 153, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, la autoridad registral negó la existencia de los actos reclamados y en el propio informe efectuó manifestaciones para justificar la legalidad de su actuación, narró los hechos que el impetrante objetó y argumentó a favor de la regularidad de sus registros generados en el proceso al cual se quiere incorporar el quejoso, lo cual implica aceptar la existencia de los actos reclamados que a partir de tales elementos deben tenerse por ciertos. Sirve de apoyo la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV- Julio de 1994, página 391, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados. 1. El veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se admitió en la vía ordinaria civil la acción donde .... demandó: "A.- La reposición de inscripción sobre la COMPRA-VENTA que celebré el 11 de Diciembre del año 1992, Respecto al inmueble UBICADO EN LOTE .. CIUDAD DE MÉXICO. Y dicho inmueble fue registrado en el Folio Real número .... de fecha 28 de Marzo de 1995, por el DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL (HOY DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO). B.- La restitución del asiento registral que existe ante la C. DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, del Folio Real número .... de fecha 28 de Marzo de 1995, Respecto al Inmueble ubicado en .... CIUDAD DE MÉXICO. Y dicho inmueble fue registrado en el Folio Real número .... de fecha 28 de Marzo de 1995, por el DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL (HOY DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO). C. La cancelación de la INSCRIPCIÓN DEL JUICIO de PRESCRIPCIÓN POSITIVA, que indebidamente se efectuó, con fecha 12 de enero del año 2010 en el folio número . asiento número 2, respecto al inmueble UBICADO EN LOTE .. CIUDAD DE MÉXICO. Y dicho inmueble fue registrado en el Folio Real número .... de fecha 28 de Marzo de 1995, por el DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL (HOY DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO), y cuyo único propietario son yo ...., actor del presente juicio. D. El pago de gastos y costas que se originen por la tramitación del presente juicio. (.)" 2. Mediante sentencia emitida el trece de noviembre de dos mil diecinueve, la primera instancia del proceso culminó como se indica: "R E S U E L V E (.) SEGUNDO.- Se condena a la parte demandada C. DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a realizar la reposición de inscripción registral del CONTRATO DE COMPRAVENTA de fecha once de diciembre de mil novecientos noventa y dos, contenido en el Título de propiedad número ...., (sesenta y uno guion ciento quince guion veintidós), celebrado ente .... como parte vendedora y por otra ...., en su carácter de "COMPRADOR", con la intervención del Departamento del Distrito Federal, representada en ese acto por la Arquitecta .., Directora General de Regularización Territorial, respecto del inmueble ubicado en el LOTE .. ACTUAL CIUDAD DE MÉXICO, con una superficie de 494.00 m2 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS), inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Folio Real .... de fecha 28 (veintiocho) de Marzo de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), como se encontraba registrada y debiendo surtir sus efectos desde dicha fecha, para lo cual se deberá acompañar copia certificada de la escritura antes mencionada con sus anexos, a fin de establecer el tracto sucesivo correspondiente como lo establece el artículo 73 de la Ley Registral para el Distrito Federal actualmente Ciudad de México. TERCERO.- Se absuelve a la parte demandada de las prestaciones marcadas con las letras B y C, atento a los razonamientos vertidos en la presente resolución. (.)" Esta secuela procesal integra la materia de los actos reclamados. Quinto. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio antes de las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. El juicio es improcedente, por falta de interés jurídico del promovente, acorde al artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Conforme al precepto transcrito, para la procedencia del juicio proveniente de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que el peticionario acredite el interés, perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del quejoso; además, el juicio constitucional procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del presente, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de garantías en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, es improcedente, puesto que la acción constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del numeral 6o. de la ley de la materia. Igualmente, debe subrayarse que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En el caso, la parte quejosa se ostenta tercera extraña al juicio ordinario civil de origen donde se condenó a reponer una anotación registral de un título de propiedad, en el folio real correspondiente al inmueble cuya propiedad defiende por haber sido adquirida, mediante un diverso proceso judicial donde se declaró la prescripción positiva a su favor. La acción así instada obliga al impetrante a demostrar y/o acreditar el interés jurídico, mediante dos elementos, por una parte debe probarse el justo título que ampare el derecho respectivo y por otra, que esté afectado con el acto de autoridad, de los cuales acorde al expediente únicamente se tiene por acreditado el primero, porque el segundo no se demuestra dado que la materia del proceso de origen y su sentencia, no afectan los derechos alegados al tratarse de un fallo con naturaleza jurídica de carácter declarativa. En efecto, con las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuyo valor probatorio ya ha quedado precisado, se corrobora que el doce de enero de dos mil diez fue inscrito en el folio real . auxiliar 70, el primer testimonio de la escritura pública .. de veintiuno de enero de dos mil dos, correspondiente a la protocolización de la sentencia definitiva de prescripción positiva de dieciséis de marzo de dos uno, emitida por el Juez Primero Civil de la Ciudad de México, que declaró propietario al quejoso del inmueble que se defiende. Los indicios enunciados tienen el alcance de acreditar que desde el doce de enero de dos mil diez, cuando se inscribió la sentencia que declaró la prescripción positiva ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, el quejoso consolidó el derecho real de propiedad, porque la sustenta en una figura jurídica prevista por la ley, causado por haber poseído el bien por el tiempo y con todos los requisitos exigidos para prescribir. De modo que la sentencia que declaró la prescripción positiva presupone el reconocimiento de la posesión invocada por la parte actora, ya que es ésta quien señala tenerla y no el demandado, y al acreditarse la consecuencia jurídica fue generar la propiedad, y al quedar demostrada la inscripción del testimonio que protocolizó la sentencia y/o acto jurídico constitutivo, a partir de este última acción, el título adquirió fecha cierta y obtuvo eficacia probatoria, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, dado que dicho registro es una institución pública que da certeza de que ese acto existe; con el cual quedó acreditado el primer elemento del interés jurídico, consistente en el justo título. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 46/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/97, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Empero, se considera que no se acredita el segundo de los elementos indicados porque el proceso de origen al cual se quiere incorporar la parte quejosa, cuyas consecuencias se reflejan en la sentencia, tienen una naturaleza declarativa y por ende no generan un acto de autoridad que afecte los derechos del impetrante. En efecto, en lo que fue materia de condena el juzgador responsable ordenó reponer el registro de inscripción de un título de propiedad, para surtir efectos a partir de una fecha determinada; bajo esa óptica y atendiendo a la naturaleza de las anotaciones registrales, el alcance la acción sentenciada consiste en precisar secuencialmente las operaciones relacionadas con el bien, otorgar a todos los extraños a la celebración del pacto, la posibilidad de facto de conocer las relaciones jurídicas con las cuales se vincula el inmueble. Esto es, hacía terceros ajenos a la relación jurídico-procesal suscitada entre actor y demandado, la reposición registral condenada solo es una precisión de la relación sucesiva de la inscripciones, para impedir que en su caso un mismo derecho real esté inscrito al mismo tiempo a nombre de dos o más personas, apelando al principio consistente en que toda inscripción tiene un antecedente y debe extinguirse para dar lugar a una nueva; lo cual hacia terceros tiene efectos publicitarios para que cualquier posible adquirente, tenga conocimiento pleno de la situación litigiosa del bien raíz. De ese modo se satisface la necesidad de que cualquier persona conozca la existencia de los derechos que se inscriben, a fin de evitar los fraudes, los abusos y la ocultación de gravámenes, pues pone de manifiesto la condición de los inmuebles y da seguridad jurídica a los actos traslativos de la propiedad o de cualquier otro derecho real del bien de que se trate, siendo esas entonces, las consecuencias jurídicas de la acción condenada en el proceso natural. Al respecto se cita la tesis de la entonces Tercera Sala del Alto Tribunal, que dice: "REGISTRO PÚBLICO, EFECTOS DE LAS INSCRIPCIONES HECHAS EN EL. Las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad tienen efectos declarativos y no constitutivos, de tal manera que los derechos provienen del acto jurídico declarado, pero no de la inscripción, cuya finalidad es dar publicidad al acto y no constituir el derecho." Acorde a los efectos del proceso y sentencia emitida en el juicio de origen al cual se pretende incorporar el quejoso, se puede deducir que aunque se hubiere condenado a la reposición del registro de inscripción de un título de propiedad, incluso para surtir efectos previo al título del quejoso, esa circunstancia no afecta los derechos del impetrante porque no declaró la nulidad de una operación, ni que un derecho debía prevalecer sobre otro. Por el contrario, el proceso de origen y su sentencia señalaron la fecha a partir de la cual debía surtir efectos el título de propiedad, para dar congruencia a los actos sucesivos correspondientes al registro repuesto, dado que los efectos de nulidad deben declararse en un proceso judicial, de modo que el derecho alegado por el impetrante no puede dejar de surtir efectos a causa del proceso de origen mientras no se declare judicialmente la invalidez del derecho que ostenta. La apuntada circunstancia se corrobora del contenido de la propia sentencia emitida en el proceso de origen, en la parte donde declaró improcedente la acción de cancelación de la inscripción generada por el juicio de prescripción positiva, que constituyó al quejoso el derecho de propiedad que ostenta. Al respecto el juzgador responsable sostuvo que la viabilidad de un pronunciamiento extintivo sobre la prescripción positiva, exigiría la intervención del titular del derecho que ésta ampara para satisfacer la garantía de audiencia; además, el A Quo sostuvo que el artículo 303 del Código Civil de la Ciudad de México, prevé que la cancelación de una inscripción o anotación, deberá declararse así como la nulidad o falsedad del título en cuya virtud se haya realizado, y necesariamente debe resolverse en un juicio que tenga ese especifico objetivo. Sirve de apoyo, la tesis aislada I.7o.C.160 C, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital: 162513, de la Novena Época, que dice: "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. NO SE REQUIERE QUE EL ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO EN QUE SE FUNDE SEA DE FECHA CIERTA, SI QUIENES LO SUSCRIBIERON SON PARTE EN EL JUICIO RESPECTIVO. La jurisprudencia 1a./J. 9/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 315, de rubro: "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA QUE SE EXHIBE PARA ACREDITAR EL JUSTO TÍTULO O LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN, DEBE SER DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).", establece que en tratándose de la acción de prescripción positiva, para que un contrato traslativo de dominio pueda tener valor probatorio debe ser de fecha cierta; sin embargo, de la ejecutoria respectiva se desprende que las consideraciones de la Corte en el sentido de la exigencia del justo título de fecha cierta son para que: 1) Tenga plena eficacia probatoria; y, 2) Pueda surtir consecuencias contra terceros. Todo ello para proporcionar certidumbre respecto de la buena fe del acto ahí contenido y evitar actos fraudulentos o dolosos cometidos por las partes en ese acto jurídico y en perjuicio de terceros. En esas condiciones, el supuesto de la fecha cierta a que se refiere tal criterio no es aplicable cuando el contrato traslativo de dominio que se exhibe en el juicio de prescripción adquisitiva para acreditar la causa generadora de la posesión no proviene de un tercero extraño al juicio, sino de los propios contendientes pues, en esos casos, la fecha y demás elementos del contrato privado deben considerarse verdaderos, mientras no se demuestre su falsedad, ya que con el llamamiento a juicio del vendedor que haya suscrito el documento se permite cumplir la razón subyacente tras la jurisprudencia en cuestión, habida cuenta que el demandado tendrá la oportunidad de objetar o impugnar cualquier simulación o acto doloso, con lo que se evitará la comisión de fraudes a través de ese acto jurídico." Acorde a lo expuesto, dado que el propósito del proceso de origen no es invalidar el acto jurídico que constituyó el derecho alegado por el quejoso, y una vez precisado que lo resuelto en el juicio de origen tiene la propia naturaleza del acto que ordenó reponer, puede concluirse que se trata de una sentencia de carácter declarativo, porque resolvió únicamente sobre la declaración de un derecho relacionado con determinada situación jurídica. Frente a lo instruido y resuelto en el proceso, el quejoso cuenta con el derecho constituido por la acción de prescripción adquisitiva o positiva, amén del cual consolidó el derecho de propiedad del bien controvertido, por haberlo poseído por el tiempo y con todos los requisitos exigidos por la ley para prescribir. Al adminicular ambas circunstancias, esto es los efectos y consecuencias del proceso con los alcances y prerrogativas del impetrante, se respalda la conclusión en cuanto a que mantiene el reconocimiento de la consecuencia jurídica que generó en su beneficio la propiedad, que no es afectado por el proceso reclamado, puesto que no le impuso una condena u ordenó ejecutar actos en su detrimento, mandamiento desposesorio, la entrega de la posesión del inmueble por parte del demandado o que se ordene poner en posesión a la parte actora del bien en disputa. En suma, si el proceso de origen no declaró la nulidad del título con el cual el quejoso se ostenta propietario y funda la pretensión de ostentare como tercero extraño, es claro que no afecta sus derechos y, por ende, carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo en su contra, por no acreditar el requisito señalado. Sirve de apoyo la tesis aislada XXXI.1 A (10a.), del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, de registro digital: 2000591, de la Décima Época, que dice: "INSCRIPCIONES REGISTRALES QUE NO HAN SIDO DECLARADAS NULAS JUDICIALMENTE. ANTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE LA SENTENCIA RELATIVA PRODUZCA EFECTOS RESTITUTORIOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). En términos del artículo 2916 del Código Civil del Estado de Campeche, las inscripciones en el Registro Público sólo podrán cancelarse por decisión judicial o por consentimiento de las partes, de manera que fuera del segundo supuesto, para realizar válidamente ese acto, es necesario promover el juicio civil en el que podrá escucharse a los interesados, es decir, para impedir que surtan sus efectos jurídicos los actos que derivan de aquéllas, es menester que previamente se declare judicialmente su nulidad. En estas condiciones, la validez de las anotaciones, por ley, no puede decidirse en el amparo sin que antes haya sido resuelta por la autoridad del orden común en la litis contradictoria correspondiente. Por tanto, aun cuando en el juicio de garantías se concluyera que el mencionado acto es inconstitucional, sería imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, en la medida en que la realización de sus efectos importaría ordenar los alcances de la inscripción, lo cual está encomendado a los tribunales de instancia; de ahí que contra las inscripciones registrales que no han sido declaradas nulas judicialmente sea improcedente el juicio de garantías." A mayor abundamiento, debe subrayarse que las conclusiones del presente tampoco constituyen una lesión a los derechos del quejoso previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque previo a promover la demanda de amparo ya conocía que la anotación registral que se ordenó reponer en el proceso de origen, materialmente existía inscrita en el folio real correspondiente al bien que defiende, aunque no constara formalmente ante la autoridad registral. Es así porque entre las constancias presentadas por el impetrante obra la sentencia definitiva del juicio ordinario civil que promovió contra ...., donde demandó la nulidad absoluta del contrato de compraventa fechado el once de diciembre de mil novecientos noventa y dos, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, el veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco. Ese precedente judicial está determinado por el juicio de amparo directo ./2008 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde se concluyó la existencia del título de propiedad . de fecha once de diciembre de mil novecientos noventa y dos, que a su vez constituye la materia de la anotación repuesta en el juicio natural. Además, que aunque hubiera sido acreditada la procedencia de la acción de prescripción adquisitiva o positiva en beneficio del actor y ahora quejoso, ese evento no tiene el alcance de nulificar al título de propiedad otorgado a .... (que se ordenó reponer), y que acorde a las anotaciones del folio real respectivo, el derecho de propiedad de este último es preferente al título del actor y ahora quejoso (prescripción positiva). De modo que desde la emisión de la sentencia de treinta de abril de dos mil ocho, que culminó en definitiva el proceso instado por el quejoso para nulificar el título de propiedad repuesto en el juicio de origen, sabía que no gozaba de la preferencia registral que el juicio de origen, únicamente, declaró formalmente. De modo que lo resuelto en el precedente que el propio impetrante generó en su carácter de parte actora refuerza la premisa de la cual se parte, dado que al conocer el estatus y alcances del título de propiedad que ostenta frente al que se ordenó reponer, es evidente que lo resuelto por la autoridad responsable no le genera afectación si consideramos que ambos pronunciamientos son congruentes al declarar la preferencia de un mismo documento constitutivo, y en ese sentido, el quejoso no soporta una carga diversa a la del asunto que instó. Por ello es que lo resuelto tampoco restrinja el derecho de acceso a la jurisdicción, ni los derechos tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues desde la emisión de la sentencia relacionada, el quejoso contaba con los elementos suficientes para identificar las consideraciones y condiciones de hecho que habían de orientar la acción a la cual se quiere incorporar como tercero extraño auténtico. Apoya lo expuesto, la tesis aislada 2a. XXXVII/2017 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de la Décima Época, de registro 2013881, que dice: "CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD. El derecho a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela la prerrogativa del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión; su esencia versa sobre la premisa consistente en "saber a qué atenerse" respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad. Sin embargo, no debe entenderse en el sentido de que el orden jurídico ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el correlativo derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades. De lo anterior, puede considerarse la confianza legítima como una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso, en virtud de la cual, en el caso de que la actuación de los poderes públicos haya creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus actos, éstos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva, salvo el supuesto en que así lo exija el interés público. Al respecto, cabe precisar que, atendiendo a las características de todo Estado democrático, la confianza legítima adquiere diversos matices dependiendo de si se pretende invocar frente a actos administrativos o actos legislativos." Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia invocada, y con fundamento en el numeral 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XII, ambos de la ley de la materia, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Conforme a lo resuelto, es innecesario atender los conceptos de violación, porque la declaración de sobreseimiento lo impide, en términos de la jurisprudencia 1028, que indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." No es obstáculo la admisión de la demanda de garantías, pues ello no impide el análisis de las causales de improcedencia, como la que ahora se advierte, máxime que se acreditó plenamente una vez que se tuvieron a la vista las constancias del informe justificado remitidas. Asimismo, conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Sobreseimiento extensivo a los actos de ejecución reclamados, pues no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia; conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos de las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios" Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se Sobresee el juicio de amparo 1348/2022, promovido por ...., por propio derecho, contra actos del Juez Trigésimo Primero de lo Civil y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma .., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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