Rafael Camerino Barona Jiménez
Expediente 66/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 66/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/01/2018
Partes del expediente
- Rafael Camerino Barona Jiménez
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal de autos se advierte que mediante escrito del autorizado de la parte quejosa registrado con el número de folio 103, informó lo siguiente: "(.) (.)" En ese contexto, la parte quejosa manifiesta que aplicó la mecánica del cálculo del impuesto predial, prevista en el rango "D" del punto 1, fracción II, del artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, vigente a partir del uno de enero del dos mil diecisiete, se observa que al desarrollar sus operaciones aritméticas solamente aplicó la cuota de descuento de *** correspondiente al rango "D" y aplicó los demás datos correspondientes al rango "O", por lo que el resultado que obtuvo por la cantidad de ***, no es el correcto. Por otra parte, de autos se advierte que la Administradora Tributaria en Parque Lira, no ha dado total y cabal cumplimiento al fallo constitucional, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 211 de la Ley de Amparo y que tal cumplimiento constituye una cuestión de orden público, respecto de la cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos en los términos perentorios de los que dispone, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, debido a que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna; con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo y a fin de dar celeridad al proceso de ejecución de la resolución concesoria, se requiere al citado Administrador, para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que sea notificado de este proveído, remita en copia certificada las constancias con las que acredite lo siguiente: Informe de manera ejemplificativa las operaciones aritméticas que utilizó al aplicar la mecánica del cálculo del impuesto predial la tarifa fija preferente, prevista en el rango "D" del punto 1, fracción II del artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, vigente a partir del uno de enero del dos mil diecisiete. Emita el pronunciamiento correspondiente en el sentido de que le será aplicado al inmueble del quejoso el rango "D" de la fracción II del artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, vigente a partir del uno de enero del dos mil diecisiete, hasta en tanto sea reformado. Apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, con fundamento en los ordinales 192, párrafo segundo, y 258 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete. Con independencia de lo anterior, requiérase al Subtesorero de Administración Tributaria, para que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad vinculada, le ordene acatar el fallo constitucional, apercibido que de no demostrar que dio tal mandato, se hará acreedor a las mismas medidas de apremio e incurrirá en igual responsabilidad que la autoridad directamente obligada. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta de la Apoderada general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México por medio del cual informa que continúa en espera de la suficiencia presupuestal para el pago del quejoso y que en la partida 1522 "Liquidaciones por haberes caídos" no se cuenta con recursos. En las relatadas circunstancias, dado que el cumplimiento de la ejecutoria constituye una cuestión de orden público, respecto de la cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos en los términos perentorios de los que dispone, sin que puedan discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, debido a que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna; con fundamento en los artículos 17 y 107, fracción XVI de la Constitución, 80, 104, 105, 111, 113 y 208 de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2009, de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de diciembre de dos mil nueve, y en lo establecido en su modificación contenida en el instrumento normativo emitido por el citado Pleno, publicado en dicho medio de difusión oficial el seis de octubre de dos mil once, y a fin de dar celeridad al proceso de ejecución de la resolución concesoria, SE REQUIERE POR ÚLTIMA OCASIÓN ANTES DE TRAMITAR EL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA al Director General de Recursos Financieros de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de TRES DÍAS acredite que otorgó la suficiencia presupuestal para el pago de la parte quejosa por: [...] Se le apercibe que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 105 de la ley de la materia, se ordenará abrir incidente de inejecución de sentencia para que los autos originales en que se actúa sean remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para la substanciación del incidente aludido, atendiendo a lo dispuesto en el citado Acuerdo General número 12/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en lo establecido en su modificación contenida en el instrumento normativo emitido por el citado Pleno, publicado en dicho medio de difusión oficial el seis de octubre de dos mil once, cuyo texto de este último, en la parte que interesa, señala: "SEGUNDO. Cuando un Juez de Distrito haya desarrollado el procedimiento de ejecución de una sentencia en debido cumplimiento a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Amparo y en las tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habiendo requerido a las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo y, en su caso, a su superior jerárquico, tomando en cuenta las atribuciones de éste para cumplir la sentencia concesoria por sí o para obligar a aquéllas a su acatamiento, indicándoles con toda precisión las obligaciones a cargo de cada una de aquéllas, en el caso de que no se haya logrado el cumplimiento de la respectiva sentencia concesoria, en un plazo razonable, deberá remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para iniciar el respectivo incidente de inejecución. Con independencia de lo anterior, requiérase al Secretario de Seguridad Pública al Jefe de Gobierno, ambos de la Ciudad de México y como superior jerárquico de éste al Presidente de la República, para que ordenen a sus subalternos acatar el fallo constitucional, apercibidos que de no demostrar que dieron tal mandato, se harán acreedores a las mismas medidas de apremio e incurrirán en igual responsabilidad que la autoridad directamente obligada. Cabe señalar que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a las autoridades a que cumplan. Por lo que, deberán considerar la conducta contumaz y evasiva con la que se conduce el Director General de Recursos Financieros de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y ejecutar las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, pues sólo de esa forma tendrán eficacia sus gestiones y acreditarán las órdenes dadas para tal efecto. [...] No es obstáculo a lo anterior que la Ley de Amparo aplicable establezca el término de veinticuatro horas para dar cumplimiento a la sentencia de amparo; sin embargo, atendiendo a los trámites que debe realizar la autoridad obligada, se considera factible otorgar el plazo referido, a efecto de que tenga oportunidad de actuar adecuadamente. Por lo que hace a la prórroga que solicita no se acuerda de conformidad, pues implicaría retrasar aún más el procedimiento de ejecución sin sanción alguna. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el informe de cuenta, y se tiene a la auxiliar de actuario Anabel Elsa Ramírez Rodríguez manifestando la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio 713/2018, por los motivos que expone. En consecuencia; en obvio de mayores dilaciones reexpídase el oficio de referencia con la denominación correcta de la autoridad a la que va dirigido, a fin de que sea notificada del acuerdo de ocho de enero del año en curso. Notifíquese.
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