Rafael Calixto Padilla
Expediente 1481/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1481/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- Rafael Calixto Padilla
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta y anexos, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1481/2023-III. Prevención. En atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Ahora, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con fundamento en los artículos 108, fracción III, IV y V, y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: a) Señale de manera clara y precisa los actos que reclama de cada una de las autoridades responsables, que refiere en su demanda. Justificación. Lo anterior, dado que si bien es cierto, en el capítulo 4, de su escrito de demanda, el promovente señaló como acto reclamado, el siguiente: "3. AUTORIDADES RESPONSABLES. - 3.1. COMO ORDENADORAS. - 3.1.1. SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, con domicilio en Avenida Independencia número 1350, Zona Urbana Río, Tijuana, Baja California, CP 22010. Asimismo, se señala también como EJECUTORA. 3.1.2. LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN MATERIA DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. - con domicilio ubicado Calle 1 Norte No. 1125, Cd Industrial en Tijuana, Baja California. Asimismo, se señala también como EJECUTORA. 3.2. COMO EJECUTORAS. - 3.2.1. OFICIAL MAYOR DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, con domicilio en Avenida Independencia número 1350, Zona Urbana Rio, Tijuana, Baja California, CP 22010. 3.2.2. SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN MATERIA DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD V PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, con domicilio ubicado Calle 1 Norte No. 1125, Cd Industrial en Tijuana, Baja California. 3.2.3. EL C. NOTIFICADOR DE NOMBRE ******************** DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN MATERIA DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA con domicilio ubicado Calle 1 Norte No. 1125, Cd Industrial en Tijuana, Baja California. 4. ACTO RECLAMADO.- 4.1. A LAS AUTORIDADES EN CARÁCTER DE EJECUTORAS Y ORDENADORAS.- La falta de fundamentación y motivación del acuerdo de Inicio de Procedimiento Administrativo de fecha 05 de octubre de 2023, dentro del expediente E-036/CSPC/2022, al no establecer las razones particulares que encuadran en el caso hipotético especifico por las cuales considero necesario solicitar se emitiera un acuerdo de inicio en contra de los hoy quejosos, lo cual puede obtener como resultado en contra de los mismos la inminente remisión y/o separación del cargo que ejercen los suscritos como agentes de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana." De lo anteriormente transcrito, se advierte que la parte quejosa, refiere que les reclama a las autoridades responsables que describe, la falta de fundamentación y motivación del acuerdo de Inicio de Procedimiento Administrativo de fecha 05 de octubre de 2023, dentro del expediente E-036/CSPC/2022; sin embargo, es omiso en indicar la autoridad que emitió dicho acto, así como cuáles son los actos de ejecución que reclama. Ello, aunado que en el antecedente 8.3, el quejoso indica que ". dicho procedimiento se desprende de una investigación administrativa identificada con el numero INV-P-227/2021, llevada ante la contraloría interna del municipio de Tijuana, esto es, la Sindicatura Procuradora."; lo que genera incertidumbre, en relación a cuál es el acto que reclama y a qué autoridad se los atribuye. Circunstancias, que resulta indispensable se aclaren, con el objeto de que las autoridades que señalen como responsables cuenten con mayores elementos para rendir su informe con justificación, acorde a los actos que reclamados y poder así fijar la Litis en el presente asunto; además de contar información suficiente para de ser procedente, proveer sobre la suspensión de los actos que pide. En el entendido, que en caso de señalar como acto reclamado lo relativo a la investigación administrativa identificada con el numero INV-P-227/2021 que refiere, debe indicar a qué autoridad le atribuye dicho acto, y además bajo protesta de decir verdad, manifestar de manera clara, precisa y bajo los antecedentes del mismo. Resulta aplicable por analogía, la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página cincuenta y cuatro, del Tomo III, Segunda Parte -1, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo título y texto son: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." Igualmente, la tesis aislada número XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito del Tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Así como la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna". En el entendido que la prevención de referencia, deberá ser subsanada directamente por la parte quejosa, por tratarse de actos personalísimos y que solo a ella le corresponde manifestar. Se aplica por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 88/20061, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." En los mismos términos se invoca la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional". Apercibimiento. De no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Copias. Las aclaraciones requeridas habrán de hacerse por escrito y con copias suficientes del ocurso aclaratorio, para su distribución entre las partes del juicio constitucional, ya que es un requisito que debe cumplirse en términos de lo dispuesto por los artículos 110 y 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a ********************, ******************** y ********************, dado que de la certificación secretarial que antecede, se advierte que cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Datos de contacto. Ahora, en relación a los correos electrónicos que señala el quejoso en su escrito inicial de demanda, se toma nota de los mismos, a través de los cuales única y exclusivamente se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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