Rafael Briceño Alcaraz

Expediente 223/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 15 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
223/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • Rafael Briceño Alcaraz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que, a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interponga el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario el tomo de pruebas formado con motivo de las constancias que acompañó la autoridad responsable Juez Primero de lo Mercantil de Colima, a su informe justificado, devuélvanse dichas constancias para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el veinte de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida, del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, aplicado a contrario sensu. Asimismo, se ordena glosar el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el cual es susceptible de destrucción, al haberse negado tanto la suspensión provisional como la definitiva; lo anterior, acorde con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 21 del acuerdo general relativo y número 3 del punto 8.1.2. del Capítulo 8 Expedientes Destruibles, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de agosto de 2020. En consecuencia, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena que dentro de los treinta días siguientes la destrucción del juicio principal, así como del original del incidente de suspensión, mismo que se encuentra glosado, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses, a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo establece el párrafo tercero del citado artículo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 223/2021-II, promovido por * * contra actos del Juez Primero de lo Mercantil de Colima y otra autoridad, por estimarlos violatorios de derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E : PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, dirigido por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito, * * (en adelante, quejoso, agraviado o parte quejosa, o parte agraviada), por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto y por la autoridad que enseguida se precisan: ". III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- C. JUEZ DE LO MERCANTIL DE ESTA CIUDAD DE COLIMA, COL. IV.- ACTO O (SIC) OMISIÓN RECLAMADO DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. Se le reclama, LA ORDEN DADA POR EL JUEZ PRIMERO DE LO MERCANTIL DE ESTA CIUDAD DE COLIMA, COL. PARA SE ME MOLESTE EN MI PERSONA Y EN MIS BIENES, Y ORDENA QUE SE ME DESCUENTE DE MI SALARIO PERSONAL Y SE RETENGA EL 30% POR CIENTO DEL EXCEDENTE DE MI SALARIO MÍNIMO, que percibo esta persona, y enterarlo a este juzgado, al expediente anotado al rubro, dicha oren fue dada al ENCARGADO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COL, MEDIANTE OFICIO 54/2021 DE FECHA 18 DE ENERO DEL AÑO 2021, SIN TENER conocimiento cuando lo recibió el encargado de recursos humanos, ya QUE EL JUEZ PRIMERO MERCANTIL DE ESTA CIUDAD DE COLIMA, agrega, se hace del conocimiento, que el descuento deberá aplicarse a partir de que se reciba el presente oficio, y en casi e incumplimiento se aplicará una multa de $ 2,500 pesos de acuerdo al artículo 1067 del código de comercio...". SEGUNDO. Registro y prevención de la demanda. En proveído de once de marzo de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número 223/2021-II, y se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Encargado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Colima. TERCERO. Admisión y trámite de la demanda. Previo cumplimiento a la prevención, por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito, quien no formuló pedimento; se ordenó emplazar como tercero interesado a Miguel Ángel Ontiveros Montaño, en su carácter de endosatario en procuración de Francisco Medina Valadez; y, se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Seguidos los trámites legales, el catorce de mayo de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 904, párrafo primero, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionali-dad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como, del análisis integral del escrito de demanda y de las constancias de autos, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La parte conducente del proveído de siete de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 19-0148-111M, a través del cual el Juez Primero de lo Mercantil de Colima ordenó al Encargado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Colima, la retención del excedente del treinta por ciento del salario mínimo que percibe el quejoso como Regidor del Ayuntamiento Municipal de Colima. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Análisis respecto a la existencia o inexistencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, por los motivos siguientes: Del contenido de los informes justificados que presentaron las autoridades responsables en el juicio constitucional se desprende lo siguiente: El Juez Primero de lo Mercantil de Colima, así como la Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Colima, al rendir su informe justificado aceptaron la certeza del acto reclamado, pues refirieron, el primero, que por auto de siete de octubre de dos mil veinte, relativo al expediente 19-0148-111M, se señaló como garantía de pago el treinta por ciento del excedente del salario que percibe el demandado -quejoso- como Regidor del Ayuntamiento de Colima, por lo cual se ordenó girar oficio al Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Colima, con el objeto de que retuviera dicha cantidad. Lo cual fue corroborado por la segunda de las autoridades mencionadas. Es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la existencia del acto reclamado, está corroborada con las constancias que el Juez Primero de lo Mercantil de Colima, anexó a su informe con justificación, consistentes en copias certificadas del juicio mercantil ejecutivo 19-0148-111M, a las que este juzgador les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Es aplicable la jurisprudencia 226, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En vista de lo anterior, debe tenerse plenamente demostrado el acto reclamado, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 268, que dice: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En este sentido, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida con el taxativo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, determina lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." De la disposición legal aludida se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve fuera del plazo que la ley de la materia prevé para tal efecto, caso en el cual se reputarán consentidos tácitamente los actos y las normas generales reclamados. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; y, c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto eclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber:  Se reclame una norma general autoaplicativa, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días, contados a partir del día de su entrada en vigor. El acto reclamado sea un procedimiento de extradición, a que el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días.  Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años.  Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. La hipótesis señalada en el inciso a), se refiere a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no acredite su ilegalidad o inconstitucionalidad, o bien, pruebe que se ha dictado su nulidad. La segunda regla, inciso b), establece que para computar el plazo de quince días es necesario un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento en forma directa, plena y completa del acto reclamado. La última hipótesis, contenida en el inciso c), establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada; esa conducta puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio, se acredita que el quejoso reclama la parte conducente de la actuación de siete de octubre de dos mil veinte, emitida en el juicio mercantil ejecutivo 19-0148-111M, a través de la cual el Juez Primero de lo Mercantil de Colima ordenó al Encargado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Colima, la retención del excedente del treinta por ciento del salario mínimo que percibe el quejoso como Regidor del Ayuntamiento Municipal de Colima; el cual le fue notificado al quejoso, mediante cédula de notificación, el quince de octubre de dos mil veinte, pues así se advierte de las constancias que el juez responsable remitió en apoyo a su informe justificado. Lo que pone en evidencia que a la fecha de presentación de la demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima -nueve de marzo de dos mil veintiuno-, había fenecido el plazo de quince días que tenía para hacerlo. Así, la causa de improcedencia que se estudia, opera en la medida que el quejoso no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días contado a partir del día siguiente al en que se le notificó de la existencia del acto aquí reclamado; esto es así, puesto que si el ahora quejoso fue notificado de la determinación reclamada, el quince de octubre de dos mil veinte, entonces el plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo transcurrió del diecinueve de octubre al once de noviembre de dos mil veinte, sin contar el diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de octubre, uno, dos, tres, siete y ocho de noviembre de dos mil veinte, por haber sido inhábiles, con fundamento en los artículos 19 de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tales condiciones, es dable afirmar que el plazo de quince días había fenecido al nueve de marzo de dos mil veintiuno, en que se presentó la demanda que dio origen a este juicio ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, según se advierte del sello de recepción que consta impreso en el escrito de demanda; de ahí que debe considerarse que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso al haber instado el juicio constitucional de modo extemporáneo, toda vez que de acuerdo al artículo 128 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, que rige el acto reclamado, los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente al en que haya surtido efectos el emplazamiento, notificación, citación o la última publicación de edictos. Son aplicables las jurisprudencias 13 y 14, consultables en la página 11, del Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, las que por su orden establecen "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo." "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En ese contexto, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado, en virtud de que no presentó su demanda dentro de los quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ni se trata de alguno de los supuestos de excepción que contempla dicho numeral. Al margen de lo anterior, este órgano de control constitucional considera que también se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que no se observó el principio de definitividad previamente a la interposición de este juicio de amparo, precepto que establece: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicado, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto transcrito, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de garantías, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa así previsto dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Por su parte, los numerales 1334, 1335, 1339 y 1347 del Código de Comercio -aplicable al inicio del juicio de origen- establecen: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." "Artículo 1339.- Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 por concepto de suerte principal, sin que sea de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente." "Artículo 1341.- Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone." De los preceptos transcritos, se advierte la procedencia del recurso de revocación contra los autos que no fueren apelables y contra los decretos. En el caso, es evidente que el recurso idóneo para combatir la parte conducente de la actuación de siete de octubre de dos mil veinte, emitida en el juicio mercantil ejecutivo 19-0148-111M, a través de la cual el Juez Primero de lo Mercantil de Colima ordenó al Encargado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Colima, la retención del excedente del treinta por ciento del salario mínimo que percibe el quejoso como Regidor del Ayuntamiento Municipal de Colima: es el de revocación, dado que de la suerte principal que se le demandó al aquí quejoso, asciende a $80,500.00 (ochenta mil quinientos pesos), como se advierte de la demanda de origen, suma que no rebasa la cantidad prevista en el artículo 1339 del Código de Comercio. En esas condiciones, si la procedencia del recurso de apelación está condicionada a que se reclame como suerte principal una cantidad igual o mayor a $682,646.89 (seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos) y en el juicio de origen se le reclama al demandado como deudor principal, aquí quejoso, el pago de la cantidad de $80,500.00 (ochenta mil quinientos pesos), es inconcuso que en contra de la actuación de siete de octubre de dos mil veinte, procedía el recurso de revocación por razón de la cuantía. De modo que, si el solicitante de la protección constitucional pretende combatir la actuación de siete de octubre de dos mil veinte, emitida en el juicio mercantil ejecutivo de origen, es incuestionable que debió interponer, previamente a instar el juicio constitucional, el recurso de revocación, el cual, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de las Ley de Amparo, constituye el medio ordinario de defensa idóneo para modificar o revocar el acto de que se duele. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J 70/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I; Materia(s): Civil, página 401, del tenor literal: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." Asimismo, la jurisprudencia 1a./J 59/2010, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXII; Septiembre de 2010; Materia(s): Civil, página 157, publicada con el rubro y contenido: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación." Además, la jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, tomo I, Décima Época, junio de dos mil dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Cabe señalar que en el presente caso, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que prevén los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado, no importa peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Aunado a lo anterior, el quejoso no es tercero extraño a juicio en estricto sentido, ya que es parte en juicio ejecutivo mercantil 19-0148-111M, seguido ante el Juez Primero de lo Mercantil de Colima. En efecto, estimar lo contrario equivaldría a considerar que en contra de cualquier acto dictado en un procedimiento civil, procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, toda vez que el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de los actos de las autoridades. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J 44/2012(10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, del mes de julio de dos mil doce, Tomo 1, página 729, cuyo epígrafe y sinopsis textuales son las siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Por otra parte, aun si se tratara de esa clase de actos de -imposible reparación-, el juicio de amparo indirecto sólo procede, previo a que se agote el principio de definitividad. En mérito de lo anterior expuesto, debe decirse que el acto reclamado ?proveído de siete de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 19-0148-111M, del índice del Juzgado Primero de lo Mercantil de Colima- en modo alguno puede ser nulificado en esta vía constitucional intentada, ya que en tratándose de actos como el que en la especie se analiza, debe cumplirse con el principio de definitividad que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que, tal ilegalidad puede impugnarse dentro del procedimiento judicial de donde se hace derivar el acto, a través del recurso de revocación. En consecuencia, resulta inconcuso que se actualizan la causas de improcedencias previstas en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, así como en la XVIII, de la Ley de Amparo, y lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos atribuidos a la autoridad denominada Encargado o Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Colima, al tener el carácter de ejecutora, pues jurídicamente no es posible analizar la constitucionalidad de sus actos, máxime que los mismos no se reclamaron por vicios propios. Se apoya lo anterior, en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 156, del Tomo VI, Parte "SCJN", del Apéndice de 1995, Séptima Época, cuyo texto y tenor literal son los siguientes: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." En esa tesitura, es que no se estudien los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, pues al actualizarse la causa de improcedencia es que se impide entrar al estudio del fondo del asunto. Ilustra lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. Si se sobresee en el juicio, es claro que no debe entrarse al estudio de los conceptos de violación relativos a cuestiones de fondo, pues el sobreseimiento no juzga sobre la existencia o inexistencia de esos conceptos de violación, sino sólo sobre la improcedencia del amparo, por lo que en el caso, al omitir, su examen el inferior, no infringió el artículo 79 de la Ley de Amparo." QUINTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el quejoso * * contra los actos que reclamó del Juez Primero de lo Mercantil de Colima y del Encargado o Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Colima; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución.

  3. Principal

    Colima, Colima, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede y del estado de autos, se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la parte conducente del auto que tuvo por no presentada la ampliación de la demanda ha causado estado. Notifíquese por lista. .

  4. Principal

    De la certificación que antecede y del estado de autos, se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, toda vez que se encuentra trascurriendo el termino de ocho días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Colima, a fin de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo; por ello, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las once horas con doce minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno. Lo anterior es acorde con la tesis jurisprudencial número 54/2000, aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el veintiocho de marzo del año dos mil, bajo la voz: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Finalmente, del estado de autos se desprende que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para dar cumplimiento a la prevención hecha en el auto de veinticinco de marzo del año en curso, esto es, ha fenecido, atento a lo anterior se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la ampliación de la demanda.

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