Rafael Bojorges Barragán
Expediente 306/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 306/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rafael Bojorges Barragán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1. relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 306/2022 promovido por Rafael Bojorges Barragán, en contra del acto de la autoridad que más adelante se precisará. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar si la responsable es omisa en expedir la copia certificada del registro ciento quince, de fecha de inscripción veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y seis, sección primera (Títulos Traslativos de Dominio); así como el certificado de gravamen de cinco años, a partir de mil novecientos noventa y ocho, al dos mil dos, ambos solicitados mediante escritos de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno; y si con ello se trasgrede el derecho tutelado por los artículos 8º y 17 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. ANTECEDENTES Según señala la parte quejosa bajo formal protesta de decir verdad en su demanda de amparo, que mediante escritos de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno y recibidos en la misma fecha, solicitó a la Registradora de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, Juana Irene Agudo Ramírez, le expidiera copia certificada del registro ciento quince, de fecha de inscripción veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y seis; así también del gravamen de cinco años, a partir de mil novecientos noventa y ocho, al dos mil dos; sin embargo a la fecha de la presentación de la demanda (veintiocho de febrero de dos mil veintidós) dicha autoridad aún no le había dado contestación a su solicitud. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Por escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, Rafael Bojorges Barragán, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que atribuyó a la Registradora de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, Juana Irene Agudo Ramírez. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 8º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien la radicó con el número 250/2022 de su índice, admitiéndola a trámite el uno de marzo de dos mil veintidós, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional. En diverso proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, el titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, se declaró incompetente para seguir conociendo del juicio de amparo 250/2022 y declinó la competencia a favor de este órgano jurisdiccional, por conocimiento previo del mismo acto, autoridad y quejoso y ordenó remitirlo a este Juzgado. En auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional tuvo por recibidos los autos originales del juicio de amparo citado, lo registró con el número 306/2022 y se avocó al conocimiento de dicho juicio, validando las actuaciones realizadas por el homologo declinante; tampoco se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, toda vez que el declinante ya lo había solicitado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Posteriormente, previo trámite del juicio, el veintidós de abril del año en curso, este órgano jurisdiccional regularizó el procedimiento para el único efecto de solicitar informe justificado a la autoridad correcta señalada en el escrito inicial de demanda, esto es a la "Registradora de la Villa de Sola de vega, Oaxaca, Juana Irene Agudo Ramírez", toda vez que quien había rendido el informe ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, había sido el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, en su carácter de superior jerárquico de la encargada del Módulo de Atención al Contribuyente de Sola de Vega, Oaxaca, autoridad quien el juzgado declinante tuvo por rendido el informe solicitado, no obstante que se trataba de una autoridad no señalada como responsable. Previo los trámites del juicio, la audiencia constitucional se llevó a cabo en términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto; este juzgado conoce de todas las materias por carecer de jurisdicción especial, y porque el acto reclamado se trata de la omisión de la responsable de dar respuesta a la solicitud de la parte quejosa. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, por tratarse de actuaciones que crean una situación permanente en la esfera jurídica de la parte quejosa que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable por analogía el siguiente criterio: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la parte inconforme combate el acto siguiente: A la Registradora de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, Juana Irene Agudo Ramírez: La omisión de expedirle copia certificada del registro ciento quince, de fecha de inscripción veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y seis, de la sección primera (Títulos Traslativos de Dominio); así como la falta de expedición del certificado de gravamen de cinco años, a partir de mil novecientos noventa y ocho, al dos mil dos, ambos solicitados mediante escritos de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. CERTEZA DEL ACTO Al rendir su informe justificado la encargada del Módulo de Atención al Contribuyente de Sola de Vega, Oaxaca, de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, quien rindió informe justificado en representación de la autoridad señalada como responsable, negó el acto reclamado, agregando que la autoridad competente para realizar lo solicitado por la parte aquí quejosa es el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, por ser a dicho instituto al que pertenece la autoridad a quien se le reclama dicha omisión, pero por única ocasión se le dio el trámite a la solicitud del quejoso, proporcionándole las copias certificadas y certificado de libertad de gravamen. Sin embargo, debe tenerse por cierto en su totalidad el acto reclamado a la autoridad responsable, no obstante que lo haya negado, pues enseguida realizó manifestaciones tendentes a justificar la constitucionalidad de tal motivo de disenso. En respaldo de la determinación adoptada se cita la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que expone: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, la certeza de esas actuaciones se patentiza con las constancias que en copia certificada remitió y se ordenaron agregar el diez de mayo de dos mil veintidós, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2º. PROCEDENCIA A consideración de este juzgador, el juicio de amparo es improcedente, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable. El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, como se especificó, la parte quejosa reclama de la Registradora de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, la falta de expedición de la copia certificada del registro ciento quince, de fecha de inscripción veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y seis, de la sección primera (Títulos Traslativos de Dominio); así como la falta de expedición de certificado de gravamen de cinco años, a partir de mil novecientos noventa y ocho, al dos mil dos, ambos solicitados mediante escritos de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Bajo esa tesitura, de autos se aprecia que la responsable dio trámite a las solicitudes del quejoso, como se corrobora con lo informado por la autoridad responsable el pasado diez de mayo de dos mil veintidós. Por lo anterior, si en esta instancia se reclama la omisión a dar contestación a dos escritos, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que al habérsele dado trámite a las solicitudes del quejoso proporcionándoles las copias requeridas, se destruyeron los efectos de la omisión reclamada en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si tal omisión no hubiera invadido la esfera jurídica del particular. Por tanto, lo pretendido por la parte promovente de la acción constitucional, en el sentido que se cesara la omisión que reclamó, se satisfizo, al haberle dado trámite a la solicitud de sus escritos, proporcionándole las copias requeridas el tres de mayo de dos mil veintidós. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente" DECISIÓN En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, este juzgador determina que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el diverso 63 fracción V de la Ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo contra la omisión que reclamó Rafael Bojorges Barragán, en los términos del apartado VII de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado descrito en la cuenta y téngase como pruebas de la encargada del Módulo de Atención al Contribuyente de Sola de Vega, Oaxaca, de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, quien rinde informe justificado en representación de la autoridad señalada como responsable, y remite como prueba de su parte las documentales que anexa. Con el informe y las documentales referidas con antelación, dése vista a las partes. En términos del artículo 9°, primer párrafo, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable de cuenta designando como delegados a las personas que indica y por señalado el domicilio que refiere para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintidós. Agréguese para que surta los efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, por medio del cual, la encargada del Módulo de Atención al Contribuyente de Sola de Vega, Oaxaca, remite diversas constancias, mismas que se ordena agregarlas para que surtan sus efectos legales correspondientes, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Por otra parte, vistos los autos, se advierte que en la demanda de amparo, la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Registradora de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, Juana Irene Agudo Ramírez, a quien el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, solicitó su respectivo informe justificado. Posteriormente el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, contestó la solicitud del informe requerido, en su carácter de superior jerárquico de la encargada del Módulo de Atención al Contribuyente de Sola de Vega, Oaxaca, con el cual, el Juzgado declinante tuvo por rendido el informe justificado y ordenó dar vista a las partes, no obstante que se trataba de una autoridad que no fue señalada como responsable en este juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, en este expediente de amparo para el único efecto de solicitar informe justificado a la autoridad correcta, esto es a la "Registradora de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, Juana Irene Agudo Ramírez", pues así es como el quejoso dirigió los escritos de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, donde le solicitó: Expedición de la copia certificada del registro ciento quince, de fecha de inscripción veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y seis, de sección primera (Títulos Traslativos de Dominio). Expedición de certificado de gravamen de cinco años, a partir de mil novecientos noventa y ocho, al dos mil dos. Cuya omisión de expedirle lo solicitado constituye el acto reclamado en esta instancia. En mérito de lo anterior, mediante oficio que se gire por la vía más acelerada, con transcripción de este auto y copia autorizada del diverso de uno y dieciocho de marzo de dos mil veintidós, requiérase a la mencionada responsable su informe con justificación, el que deberá rendir en los términos solicitado en el acuerdo de uno de marzo del año en curso, dictado por el homólogo Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, en autos del juicio de amparo 250/2022 de su índice, que dio origen a este juicio. Con motivo de lo anterior, no es posible llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se reprograman las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE.
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