Rafael Bernardo Roa Ortiz

Expediente 510/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
510/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
21/10/2021

Partes del expediente

  • Rafael Bernardo Roa Ortiz
  • María Guadalupe Santillán Jacinto
  • Horacio Alfaro Galindez
  • Antonio Ernesto Tirado Díaz
  • Gloria Esther Ávila Cuevas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA DE AMPARO Vista la certificación que antecede y debido a que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso 81, ambos de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en el juicio en que se actúa, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo, sin que a la fecha se haya presentado medio de impugnación alguno al respecto; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su ordinal 2, se declara que dicha sentencia, ha causado ejecutoria. ARCHIVO DEL ASUNTO COMO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y dado que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo texto es: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN." DESTINO DEL JUICIO DE AMPARO Por otra parte, de conformidad con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), puesto que se trata de un expediente en el que se sobreseyó respecto de los actos reclamados por la parte quejosa y a juicio del suscrito carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 17 del Acuerdo General en cita; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el referido Acuerdo. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del aludido acuerdo, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 21, inciso c) del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que cumplido el pazo de conservación de tres años, es susceptible de destruible, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada. Asimismo, atento lo ordenado en el artículo 35 del referido Acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por medio de lista a la parte quejosa en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte.

  2. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese, por lista a la quejosa, en cumplimiento a lo ordenado en auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte.

  3. Principal

    Ciudad de México, tres de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atento a la certificación de cuenta, en la cual se hace constar que en este acto se tiene a la vista el amparo en revisión 3051/2019 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, deducido del juicio de amparo 1293/2019 del índice de este juzgado de Distrito, en el cual se advierte que el tribunal revisor emitió criterio en el sentido de que el plazo que se debe de otorgar a la parte quejosa para que regularice su pretensión una vez que ha sido admitida la demanda, es el de quince días previsto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, no así el de cinco días previsto en el numeral 114, en relación con el 108, ambos del citado ordenamiento; criterio que fue adoptado en sesión de tres de junio de dos mil veintiuno y comunicado a este órgano jurisdiccional vía interconexión el treinta de junio siguiente. Asimismo, se advierte que por auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se regularizó el procedimiento en el presente juicio de amparo, para los efectos ahí precisados, por lo que se dio el plazo de cinco días previsto en el artículo 114, en relación con el 108, ambos de la Ley de Amparo, mismo que resulta menor al que, con posterioridad, el propio tribunal revisor consideró aplicable en diversa ejecutoria que constituye un precedente vertical de carácter obligatorio para este juzgado de Distrito en el expediente en el que fue dictado, y un precedente -si no obligatorio- de carácter persuasivo en los demás asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. De manera que, la decisión adoptada en el amparo en revisión 3051/2019 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, misma que se ha reiterado sistemáticamente en otros precedentes posteriores, puede orientar el criterio de este juzgado, ello a fin de evitar futuras reposiciones del procedimiento de amparo; siendo que, en términos del Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sólo corresponde al Primer y al Cuarto Tribunal Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar, con residencia en la Ciudad de México, resolver la temática que se desprende de dicho acuerdo. Así, al ser solamente dos tribunales los que revisan las decisiones de este órgano jurisdiccional en vía de alzada, se estima adecuado seguir las directrices establecidas a fin de contribuir a la generación de certeza y seguridad jurídica en beneficio del justiciable; máxime que, en el caso, la ampliación del plazo, en sí misma, no se estima atentatoria contra las reglas del procedimiento sino que, por el contrario, posibilita la creación de un estado de cosas que favorece la debida defensa de la parte gobernada sin alterar la equidad en la contienda constitucional en desequilibrio de las demás partes, puesto que, como es de explorado derecho, la extensión de los plazos judiciales en el juicio de amparo en favor del justiciable no es un aspecto que incida indebidamente en la integración de los expedientes, pero sí que lo es su restricción o acortamiento. Es aplicable, por el criterio que la informa, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada con el número P./J. 22/2018 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 273, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO RINDA NO PUEDE REDUCIRSE." También, es aplicable, por similitud de razón, la tesis I.9o.P.19 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 3022, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dispone: "PLAZO DE OCHO DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SI AÚN NO TRANSCURRE EN SU INTEGRIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE SOBRESEER EN EL JUICIO, NI SIQUIERA CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE CELERIDAD Y DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA." Atento a la narración de hechos que antecede y con fundamento en los criterios invocados, así como en términos de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, que obliga a este órgano jurisdiccional a impartir justifica sin formalismos excesivos e injustificados, se regulariza el procedimiento en el presente juicio de amparo para el solo efecto de otorgar a la parte quejosa un nuevo plazo de quince días, en observancia y seguimiento de lo dispuesto por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el amparo en revisión 3051/2019, deducido del diverso juicio de amparo 1293/2019 del índice de este juzgado de Distrito, en el cual se advierte que el tribunal revisor emitió criterio en el sentido de que el plazo que se debe de otorgar a la parte quejosa para que aclare su pretensión una vez que ha sido admitida la demanda, es el de quince días previsto en el artículo 111 de la Ley de Amparo. Lo anterior, con fundamento en el numeral 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En consecuencia, visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en su escrito inicial de demanda de amparo la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: Lo señalado por la parte quejosa como "actos reclamados", crea incertidumbre a este órgano jurisdiccional, dado que no se tiene claro qué pretende controvertir. Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, fracciones III, IV y V, en relación con lo dispuesto en los diversos 114 y 110 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, realice lo siguiente: Deberá precisar si al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, le reclama la promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día ocho de noviembre del dos mil diecinueve. Cuestión que debe ser precisada por la parte promovente en su demanda y no dejarla a la interpretación de este órgano jurisdiccional, con la finalidad de crear certidumbre en este Juzgado Federal sobre la totalidad de los actos que se tildan de inconstitucionales y las autoridades responsables, como consecuencia de ello, se eviten violaciones procesales en el asunto que nos ocupa, habida cuenta que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se atribuyen el acto reclamado, estarán en aptitud de rendir con mayor certeza los informes que les sean solicitados y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para proveer lo que en derecho corresponda. Resulta necesario hacer del conocimiento de la parte quejosa, que la omisión de atribuir al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación del Decreto que reclama, ello daría lugar a la actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXlll, en relación con los artículos 5, fracción ll y 108 fracciones lll y IV de la Ley de Amparo, los últimos aplicados en sentido contrario. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 54, del tomo III segunda parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." Son aplicables también los criterios contenidos en las tesis con números de registro 206049 y 2020126, de rubros: "LEYES, AMPARO CONTRA. SU ESTUDIO NO PUEDE HACERSE SI NO SE EMPLAZA AL JUICIO DE GARANTIAS A LA AUTORIDAD QUE LAS EXPIDE." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL ÓRGANO DE ESTADO QUE PROMULGÓ EL DECRETO LEGISLATIVO RECLAMADO, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 108, FRACCIÓN III, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO." De igual forma cobra aplicación, la Jurisprudencia 2ª./J. 11/2020 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el 28 de febrero de 2020, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE IMPUGNE, DEBE SEÑALARSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA." APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar la prevención formulada dentro del plazo señalado, acompañando en su caso copias del escrito aclaratorio necesarias para correr traslado, no se tendrá como como acto reclamado el antes precisado, lo cual será valorado al momento de resolver el presente juicio de amparo, y por tanto, se actualizará la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXlll, en relación con los artículos 5, fracción ll y 108 fracciones lll y IV de la Ley de Amparo, los últimos aplicados en sentido contrario. De igual forma, es necesario aclarar que en caso de que la parte quejosa desahogue la prevención en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad de los requerimientos impuestos, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que señale las omisiones que subsisten -el que deberá notificarse personalmente-, a efecto de dar oportunidad a la quejosa de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, el término de quince días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretenda desahogar la prevención y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. En consecuencia se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese, por lista a la parte quejosa en cumplimiento a lo ordenado en auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Incidental

    Ciudad de México, treinta de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual remite el proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, el cual contiene sus firma electrónicas, así como las diversas promociones con números de folios 3952, 4114, 5092 y 5399, de su índice, las cuales corresponden al incidente de suspensión en que se actúa, en consecuencia provéase al respecto: Intégrese a los autos el proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, por medio del cual el juzgado de origen remite las promociones pendientes de acordar. De lo anterior este órgano jurisdiccional, toma conocimiento. Vistas las copias certificadas de los telegramas 3952, 4114 y 5399, remitidos por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el Subdirector de Amparo y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y por el Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, respectivamente, así como el oficio 5092 signado por el Director General de Amparos contra Actos Administrativos, en suplencia por ausencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en representación del Presidente de la República, por medio de los cuales pretenden rendir su informe previo, por lo que agréguense únicamente para que obren como correspondan, sin que resulte procedente tener por rendido su informe, dado que la audiencia incidental en la que se resolvió lo conducente respecto de la suspensión definitiva ya fue celebrada. De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que mencionan, quienes tendrán las facultades de rendir pruebas, alegar y hacer promociones únicamente en el acto de la audiencia, así como para interponer recursos y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan. Sin que sea necesario remitir el acuse de recibo al homólogo federal, dado que en el oficio que se provee no fue solicitado. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y a las autoridades responsables una vez que reanuden sus labores.

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