Rafael Barrientos García

Expediente 305/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
305/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
30/09/2019

Partes del expediente

  • Rafael Barrientos García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Del estado que guardan los presentes autos se advierte que transcurrió la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de ocho de junio del año en curso y toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. De las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia emitida el doce de junio de año en curso, este Juzgado concedió la protección de la justicia federal solicitado por la parte quejosa y por auto de primero de julio pasado, se ordenó requerir su cumplimiento a la autoridad responsable para el efecto de que: Dejará insubsistente la resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, emitida en el juicio ordinario civil 423/2017/IV de su índice, donde aprobó la planilla de liquidación presentada por la actora -aquí tercera interesada- Guadalupe Beatriz Burgos Gómez, por la cantidad de $73,667.22 (setenta y tres mil seiscientos sesenta y siete pesos 22/100 Moneda Nacional) y ordenó requerir el pago de la misma al demandado -aquí quejoso- Rafael Barrientos García; y Con libertad de jurisdicción, emitiera otra, en la que se pronunciara en relación a los planteamientos expuestos por la parte demandada en el escrito de quince de enero de dos mil diecinueve, con el que desahogó la vista concedida con la planilla de liquidación de su contraria; esto es, específicamente a lo relacionado por qué consideró procedente aprobar la planilla sometida a su potestad pese a la improcedencia alegada por la parte demandada y realice los cálculos aritméticos necesarios desglosando cada uno de los depósitos realizados por el demandado y que aduce hacen una suma total de $14,250.00 (catorce mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M. N.), es decir, precise cuáles de esos depósitos corresponden a la pensión alimenticia provisional y cuáles a la fijada en el convenio sancionado, ello a efecto de dar certeza jurídica al quejoso. Por auto de ocho de agosto siguiente, se tuvo a la Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, informado el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el presente asunto, motivo por el cual se ordenó dar vista a las partes. Ahora, el seis de agosto pasado la responsable emitió una nueva resolución en la cual advierte que: Dejó insubsistente la determinación de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve; y En atención a su libertad de jurisdicción, emitió una nueva resolución en los autos del juicio ordinario civil 423/2017/V de su índice, en donde se advierte que la autoridad al momento de reso lver lo relativo a la planilla de liquidación presentada por la actora -aquí tercera interesada- Guadalupe Beatriz Burgos Gómez, se pronunció en relación con los planteamientos expuestos por la parte demandada -aquí quejosa- Rafael Barrientos García, en el ocurso de quince de enero de dos mil diecinueve, con el que desahogó la concedida con la planilla de mérito. Asimismo, indicó que fue procedente la planilla y realizó el ajuste correspondiente de la misma respecto de los alimentos reclamados, ello atendiendo el interés superior de los infantes con el objeto de preservar el derecho alimentario de los acreedores menores de edad, en términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención que los alimentos son de orden público e interés social. En esas circunstancias, determinó que los cálculos aritméticos realizados en la citada planilla, no se encontraban ajustados; lo anterior, en razón de que al haberse celebrado el convenio el veintitrés de noviembre de dos dieciocho mismo que se elevó a categoría de cosa juzgada, actualizó lo dispuesto por el artículo 1725 del Código Civil del Estado de Veracruz, lo que tuvo por extinta la obligación del deudor de otorgar una pensión alimenticia provisional; por lo que de manera errónea fueron considerados los montos desde el momento en que se decretó la pensión alimenticia provisional hasta su presentación. De ahí, procedió hacer el cálculo aritmético a partir de la celebración del acuerdo que se elevó a categoría de cosa juzgada, por lo que al realizar la suma de las cantidades de alimentos no cubiertos dio como un adeudo total de $5,250.00 (cinco mil doscientos cincuenta pesos cero centavos moneda nacional), monto que debe ser cubierto por la parte demandada -aquí quejosa-. En relatadas circunstancias, se procede a declarar que la sentencia se encuentra cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos al haberse restituido al impetrante del amparo en el goce de los derechos fundamentales vulnerados, esto es, al haberse pronunciado la autoridad responsable respecto al escrito de desahogo de vista de quince de enero del año en curso; asimismo, fundado y motivado su determinación, cumplió con los principios de exhaustividad y congruencia. Lo anterior, sin que pase inadvertido las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su escrito recibido el catorce de agosto de la presente anualidad, con el cual desahogó la vista otorgada en relación con el cumplimiento dado por la responsable a la sentencia emitida en este asunto; en donde manifestó que la sentencia no se encuentra cumplida en relación con el principio de congruencia, ya que la parte demandada -aquí tercera interesada- en la planilla que exhibió, solicitó el pago de los adeudos relativos a la pensión provisional, de ahí que la autoridad responsable debió declarar improcedente su pago, y no haber actualizado el monto respecto a los montos relativos a la pensión definitiva. Sin embargo, como se indicó en líneas precedentes, atento a la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, la autoridad responsable privilegió el interés superior de los infantes, con el objeto de preservar el derecho alimentario de los acreedores menores de edad, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los alimentos son de orden público e interés social, y de no haberlo realizado en ese sentido causaría daños de imposible reparación a los infantes, por lo que, con independencia de la forma en que se refirió a los alimentos cuyo pago decretó, lo cierto es que el cálculo lo realizó a partir precisamente del convenio que firmaron ambas partes, no antes. Gírese oficio a la autoridad correspondiente, para su conocimiento y efectos legales procedentes. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto se concedió la protección federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración y por cuanto ve al original del incidente de suspensión toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo de la fracción III, del punto y normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse el auto y resolución correspondiente. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y con las directrices ahí detalladas, remítase el expediente principal y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercera interesada.

  2. Principal

    .... el escrito signado por el quejoso Rafael Barrientos García, mediante el cual desahoga la vista otorgada por este órgano jurisdiccional en proveído de ocho de agosto de la presente anualidad; por lo que, ténganse por hechas sus manifestaciones, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, esto es, cuando este órgano jurisdiccional se pronuncie sobre si se encuentra o no cumplida la sentencia a que este juicio se refiere.

  3. Principal

    ...Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ocho de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio signado por la Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual remite las constancias con las que dice haber dado cumplimiento al fallo protector. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso c) y 196, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto , para que, en el término de tres días, contado a partir de que les sea notificado el presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga; en el entendido que transcurrido tal plazo, esta autoridad se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia con base en las constancias que obran en autos. Con motivo de lo anterior, el funcionario que corresponda practicar la notificación del presente proveído, deberá levantar la razón correspondiente en la que detallará que hizo entrega de las copias relativas del cumplimiento, ello a efecto de que este órgano jurisdiccional tenga plena certeza de que se impuso de su contenido. En la inteligencia de que si la notificación se realiza por lista de acuerdos, el actuario deberá señalar que se dejan a disposición las copias relativas al cumplimiento en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Joel Hernández Jiménez, que autoriza y da fe... SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE TERCERO INTERESADA QUE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN ESTE ASUNTO, QUEDAN A SU DISPOCISIÓN EN LAS INSTALACIONES DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL.

  4. Principal

    ... se advierte que la fecha la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la sentencia amparadora, a pesar de estar debidamente notificada para tal efecto; no obstante ello, toda vez que es un hecho notorio para este Juzgado, en términos de la circular que se anexa, que la referida autoridad goza de su primer periodo vacacional que corresponde del quince de julio al dos de agosto de dos mil diecinueve, por lo que, es evidente que a la fecha no ha transcurrido el término de diez días que se le otorgó para que cumpliera en los términos la sentencia amparadora; por tanto, una vez que reanude sus labores y haya fenecido el plazo otorgado, este órgano jurisdiccional proveerá lo que en derecho corresponda...

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