Rafael Antonio Velasco Chiguil
Expediente 953/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rafael Antonio Velasco Chiguil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días para que las partes recurrieran la sentencia, se declara que ha causado ejecutoria. ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el escrito del autorizado del quejoso y expídanse a su costa las copias simples que solicita.Notifíquese.
- Principal
En México, Distrito Federal, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil quince, fecha y hora señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, el licenciado José Díaz de León Cruz, Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ante el licenciado Javier Eduardo Estrever Ramos, secretario con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin la asistencia personal de alguna de las partes. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito de demanda, auto admisorio, constancias de notificación a las responsables, informes justificados y proveídos en los que se tuvieron por recibidos. Acto seguido, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de autos y por rendidos los informes, que serán tomados en consideración al momento de resolver este expediente. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se declara ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS, el secretario hace constar: el Juez Cuarto Militar adscrito a la Primera Región Militar, ofreció copia certificada de diversas constancias que integran la causa penal 191/2015; asimismo, el Procurador General de Justicia Militar, exhibió reproducción certificada del oficio SCP-1424, de diecinueve de junio de dos mil quince; y, el resto de las partes no ofreció medio de convicción alguno. A lo anterior, el juez acuerda: Se tienen por admitidos y desahogados por su propia y especial naturaleza los medios probatorios de cuenta y, por perdido el derecho de las otras partes a presentarlos; por lo que se da por concluido este período. Enseguida, ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes a formularlos, por lo que se da por concluido este período. En consecuencia, al no existir diligencia por practicar, ni promociones pendientes de acordar, el juez procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la cual, se resuelven los autos del juicio de amparo 953/2015-V. A N T E C E D E N T E S: PRIMERO. Demanda. RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL, por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, el catorce de octubre de dos mil quince, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades, que a continuación se citan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Jueces Primero a Sexto Militares adscritos a la Primera Región Militar. Procurador General de Justicia Militar. ACTOS RECLAMADOS: La orden de aprehensión y su ejecución. PRECEPTOS QUE CONTIENEN LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS CUYA VIOLACIÓN SE RECLAMA: Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y trámite. Por proveído de quince de octubre de dos mil quince, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró en el libro de gobierno con el número 953/2015-V. Seguido el trámite de este expediente en los términos respectivos, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, por razón de materia y territorio, dado que el quejoso reclama una determinación dictada en un proceso penal castrense que se instruyó en su contra por una autoridad judicial que reside en esta ciudad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Del contenido integral de la demanda de amparo, así como de la revisión de los informes justificados de las responsables, se advierte que la parte quejosa esencialmente impugna: La orden de aprehensión. La orden de aprehensión de diez de junio de dos mil quince, emitida por el Juez Cuarto Militar adscrito a la Primera Región Militar. Su ejecución. TERCERO. Sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado. Los Jueces Primero a Tercero, Quinto y Sexto Militares adscritos a la Primera Región Militar, al rendir sus informes justificados (fojas 8, 9, 11, 12 y 20), negaron la existencia del acto reclamado por el demandante, consistente en la orden de aprehensión. En consecuencia, al no existir prueba alguna tendente a desvirtuar tal pronunciamiento; incluso, tampoco se advierte manifestación alguna por parte del quejoso en torno al contenido de los informes, se SOBRESEE en el juicio en que se actúa, respecto del acto que se les reclama a esas autoridades, con fundamento en los artículos 63, fracción IV, y 64, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Cuarto Militar adscrito a la Primera Región Militar, al rendir sus informe justificado (fojas 22 y 23), aceptó el acto que se le endilga, puesto que aseveró que el diez de junio de dos mil quince, en el proceso penal 191/2015, libró orden de aprehensión contra RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL, por el delito de deserción no estando en servicio. De igual forma, el Procurador General de Justicia Militar, al emitir su comunicado de ley (fojas 14 a 17), admitió el acto de ejecución que se le atribuye. En consecuencia, los actos reclamados se tienen plenamente probados. Para demostrar la constitucionalidad de lo anterior, el juzgador natural remitió copia certificada de la causa penal de referencia; a la que se le concede valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su 2° precepto. QUINTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Del escrito inicial del impetrante, se aprecia que éste no tenía conocimiento del acto que por esta vía controvierte; aunado a que no se soslaya la naturaleza jurídica del mismo (orden de aprehensión). Con ese basamento, se estima, se actualiza la excepción a que alude el inciso b), de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; motivo por el que no es dable considerar como improcedente la vía accionada; menos aun, sujetar la presentación de la demanda, al término genérico de quince días. Por las razones jurídicas que la sustentan, se invoca el criterio asumido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que reza: ORDEN DE APREHENSIÓN. AL CONSTITUIR UN ACTO DICTADO DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL, LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO. Cualquier acto dictado fuera o dentro de un procedimiento, en relación con la restricción o privación de la libertad, implica una lesión cierta e inmediata a ese derecho sustantivo y, por ende, se ubica dentro de los considerados como de imposible reparación, lo que es suficiente para considerar que el amparo indirecto interpuesto en su contra puede promoverse sin limitación temporal alguna. Por otro lado, de conformidad con el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales y en las leyes, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, traduciéndose este último en la prohibición de cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de los derechos humanos. Así, atento a dicho principio, si con anterioridad a la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, la abrogada ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, establecía como requisito para que operara la excepción al término genérico de quince días para la promoción de la demanda de amparo, que los actos importaran ataques a la libertad personal, sin acotarlos a que hubieran sido dictados fuera de procedimiento, no puede adoptarse una postura restrictiva respecto del término para la interposición de la demanda tratándose de ese tipo de actos, pues ello implicaría un retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de ese derecho sustantivo. Consecuentemente, si la orden de aprehensión constituye un acto dictado dentro de un procedimiento que afecta la libertad personal, es innegable que debe ubicársele en la excepción prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente y, por ende, la demanda en su contra puede promoverse en cualquier tiempo. [Número VI.2o.P.14 P (10a.), visible en la página 1688 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época]. SEXTO. Ponderaciones previas. Previo a que este juzgador se pronuncie sobre la procedencia de los motivos de disenso, es de ingente relevancia señalar que: Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgador advierte actualización alguna de oficio. En el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, rige el principio de suplencia de la queja, ya que el quejoso tiene el carácter de imputado. Toda vez que las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, no obstante que se les hizo saber sobre la existencia de dicha posibilidad; puede hacerse pública la presente resolución omitiendo los datos sensibles. SÉPTIMO. Análisis del acto reclamado y de los conceptos de violación. Los argumentos torales en que descansan los conceptos de violación expresados por el inconforme, se hacen consistir en que el acto combatido, no satisface los requisitos de los artículos 14 y 16 constitucionales, dado que no se encuentra fundado y motivado. Ahora bien, en principio, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. El nuevo mandato contenido en el dispositivo 1° de la Carta Magna, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. Luego, las autoridades judiciales, entre otras, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. El parámetro de análisis de este tipo de control, se integra por los derechos humanos: Contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en el precepto 1°), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. Reconocidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Los tratados competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida en el texto de los mismos o mediante jurisprudencia de la Corte. Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consagrados en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido o no, Estado parte. Al tema resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto: PARÁMETRO DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. El mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los jueces del país, se integra de la manera siguiente: a) todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 33), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; b) todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte. [Número P. LXVIII/2011 (9a.), que aparece en la página 551 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, Diciembre de 2011, Materia Constitucional, Décima Época]. Ahora bien, de conformidad con el artículo 16 constitucional, para el dictado de la orden de aprehensión se requiere: Exista denuncia o querella. Ésta sea respecto a un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad. Consten datos que acrediten ese suceso, y Hagan probable la responsabilidad del indiciado. Con ese basamento, quien resuelve, considera que los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, devienen infundados. En efecto, es oportuno señalar que la emisión de una orden de aprehensión constituye una excepción a la regla general prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, que no exige previa audiencia para su libramiento, salvedad que deriva del diverso artículo 16 de dicho ordenamiento fundamental, al establecer los requisitos que deben satisfacerse para su libramiento. La orden de aprehensión controvertida reúne los requisitos previstos en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se ajusta a lo dispuesto por dicho precepto, que dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del análisis sistemático del contenido del artículo preinserto, se advierte que todo acto de molestia debe constar por escrito, ser emitido por autoridad competente y estar correctamente fundado y motivado. Cabe precisar que la fundamentación es el señalamiento o la expresión concreta del precepto legal aplicable, que sirve de apoyo a la autoridad para dar sustento jurídico a sus determinaciones; en tanto que motivar implica puntualizar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas consideradas para resolver; y es necesario, además, que exista congruencia entre ambos aspectos. En ese sentido, en la resolución reclamada se cumplió con la prerrogativa de legalidad que establece el arábigo constitucional en comento, en cuanto a la fundamentación y motivación, porque se citaron los preceptos legales que sirvieron de apoyo y se expresaron los razonamientos que llevaron a concluir como se hizo, es decir, se precisó que los hechos motivo de la consignación encuadraban en los preceptos de las normas invocadas. En la especie, la orden de aprehensión materia de inconformidad, se encuentra debidamente fundada, toda vez que la autoridad responsable citó con precisión los preceptos legales aplicables al caso, como son: 13 y 16 Constitucionales; 57, fracción I, 255, fracción II, 256, fracción III, 453, 454, 481, 522, 523, 524, 526, 598, 599, 600, 603, 604, 609, 610, 611 y 615 del Código de Justicia Militar; respecto de los cuales dijo, se ajusta la conducta desplegada por el peticionario de amparo; asimismo, se invocaron los artículos 15 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 37 del Reglamento para el Servicio Interior de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; además, cumple con los requisitos de motivación, ya que dicha autoridad también señaló con precisión las circunstancias especiales y razones particulares que tuvo en consideración para la emisión del acto reclamado, donde se advierte que existe una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, por lo que en el caso concreto se configura la hipótesis normativa; ello al referir que los medios de prueba aportados durante el procedimiento son suficientes para acreditar el cuerpo del delito de deserción no estando en servicio, así como la probable responsabilidad penal del aquí amparista en su comisión. Ahora bien, la orden de aprehensión combatida por el quejoso en esta instancia constitucional, proviene de autoridad judicial legalmente competente; lo anterior, de conformidad con el artículo 508 del Código de Justicia Militar; y, en el caso, lo es el Juez Cuarto Militar adscrito a la Primera Región Militar. Luego, el primero de los requisitos exigidos por el referido numeral constitucional, consistente en que exista denuncia o querella respecto de un hecho determinado, se encuentra satisfecho, ya que de las constancias que integran la causa penal 191/2015 del índice del juzgado responsable, se desprende que el Capitán Segundo Conductor Melquiades Hernández Márquez, en su carácter de oficial de cuartel en el Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado, mediante acta de policía ministerial militar, de veinte de mayo de dos mil quince, denunció hechos que consideró delictuosos (foja 29). El segundo de los elementos exigidos por el artículo constitucional en cita se encuentra acreditado, puesto que, tras las investigaciones que la autoridad ministerial militar realizó en virtud de la denuncia presentada por el Capitán mencionado contra el hoy quejoso, se obtuvo que el hecho denunciado se clasificaba como delito por el artículo 255 fracción II, del Código de Justicia Militar vigente al momento en que se realizó (mayo de dos mil quince). Aunado a ello, el ilícito por el que se solicitó la orden de aprehensión contra RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL, está sancionado con pena de seis meses de prisión, de conformidad con el artículo 256, fracción III, del Código de Justicia Militar. Así, los requisitos tres y cuatro, se estima, también se encuentran debidamente acreditados, en los siguientes términos: El artículo 255, fracción II, del Código de Justicia Militar, vigente en el momento en el que acontecieron los hechos denunciados dispone: Artículo 255. La deserción de los individuos de tropa que no estuvieren en servicio, se entenderá realizada, a falta de cualquier otro hecho que la demuestre: . II. Cuando faltaren sin impedimento justificado por tres días consecutivos a las listas de diana y retreta de las fuerzas a que pertenezcan o a las dependencias de que formen parte.". Del precepto legal transcrito, se obtiene que los elementos de cuerpo del delito de deserción son: a). Que el individuo pertenezca a una tropa del Ejército Mexicano; b). Que no estuviere en servicio; y, c). Que faltare por tres días consecutivos, sin impedimento justificado a las listas de diana y retreta de las fuerzas a que pertenezca. Las constancias que informan la causa penal de la que emerge el acto reclamado, demuestran que la resolución recurrida se ajustó a la regla especial establecida en el artículo 515 del Código de Justicia Militar, pues para acreditar el cuerpo del ilícito mencionado, se consideraron las pruebas siguientes: 1. Declaraciones a cargo de (foja 29): a) Melquiades Hernández Márquez, Capitán Segundo Conductor, en su carácter de oficial de cuartel en el Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado, quien hizo del conocimiento que el hoy impetrante RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL, quien pertenece al Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado, es probable responsable de la comisión del ilícito de deserción fuera de actos del servicio. b) Eleuterio Fermán Xoxongo, en su carácter de Sargento Primero de Caballería del Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado, quien señaló que el quejoso prestaba sus servicios en dicho Regimiento y que éste faltó a sus listas de diana y retreta los días dieciocho, diecinueve y veinte de mayo del año en curso, sin que hasta el momento de su deposado, tuviera conocimiento de alguna causa de justificación; señaló que le consta que RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL, recibía puntualmente sus haberes y sus superiores le brindaban un buen trato. c) Ángel Gabriel Ramos Torres, Cabo de Caballería del Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado, quien fue concordante con lo señalado por Eleuterio Fermán Xoxongo, respecto de las ausencia que el promovente tuvo al pase de listas de diana y retreta. d) Abisaí Dionicio Antonio, Cabo de Caballería del Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado, quien también corrobora el dicho de Eleuterio Fermán Xoxongo y Ángel Gabriel Ramos Torres, respecto de los hechos y circunstancias que declararon. Medios de convicción a los que acertadamente el juez responsable otorgó valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 522, 599, 609 y 610 del Código de Justicia Militar, dado que tomó en consideraron que los expositores -los relatados en los incisos b), c) y d)- conocieron los hechos por sí, es decir, que lo declarado fue percibido por ellos mismos, no desatendiendo de esta manera la responsable que, ante todo, fueron narradores de hechos que presenciaron, siendo así que en la medida que el juez del conocimiento advirtió que de esos deposados se derivaban determinadas circunstancias que las reforzaban entre sí, estimó que merecía concederles valor probatorio; aunado a que fueron claros y sin dudas en torno a la mecánica de los hechos, por lo que de su enlace jurídico y natural, pudo el juez instructor, arribar a la convicción de la certeza en cuanto a la incriminación que se hace al accionante del presente juicio en la comisión del injusto penal en estudio. Con lo anterior se pone de manifiesto además, que el quejoso RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL, pertenecía al Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado, con sede en el Campo Militar número 8-C, en Nuevo Laredo, Tamaulipas; aunado a que en el momento de ocurridos los hechos constitutivos de delito, no se encontraba en servicio. Por otra parte se advierte que el quejoso faltó por tres días consecutivos a las listas de diana y retreta de las fuerzas a que pertenece, sin impedimento justificado, pues no demostró con pruebas fehacientes lo contrario. 2. Documentales (fojas 30 a 35): a) Contrato de reclutamiento de uno de febrero de dos mil doce, celebrado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional y el ahora quejoso RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL. b) Copia certificada del Memorial de Servicios del Soldado de Caballería RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL. c) Certificado de Circunstancias de veinte de mayo de dos mil quince, de donde se advierte que tiene el grado de Soldado de Caballería. d) Copias certificadas de la Cartilla del Servicio Militar Nacional; así como de su acta de nacimiento. Medios de prueba, que acertadamente el juez responsable valoró en términos de lo preceptuado en los artículos 522, 526, 599 y 604 del Código de Justicia Militar. Los anteriores elementos, como lo consideró el juez responsable, son suficientes para acreditar el cuerpo del delito de deserción no estando en servicio, tipificado por el artículo 255 fracción II, del Código de Justicia Militar, toda vez que existe falta del ahora quejoso a las fuerzas a que pertenece, por tres días consecutivos, sin motivo legítimo. Asimismo, el juez responsable actuó ajustado a derecho al tener por demostrada la probable responsabilidad penal del hoy quejoso, en la comisión del antijurídico de deserción no estando en servicio, previsto y sancionado por los artículos 255, fracción II y 256 fracción III, ambos del Código de Justicia Militar; con los propios elementos probatorios con que se estimaron demostrados los elementos del cuerpo del delito, con los cuales una vez adminiculados y concatenados tuvo por acreditado que los días dieciocho, diecinueve y veinte de mayo de dos mil quince, al pasar la lista de diana y retreta en el Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado, con sede en el Campo Militar número 8-C, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, no se encontraba presente el Soldado de Caballería RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL, esto es, faltó sin impedimento justificado por tres días consecutivos a la unidad a la que pertenece. El proceder descrito en el acto reclamado no contraviene los derechos humanos del impetrante, porque si bien es cierto que el cuerpo del delito y la probable responsabilidad constituyen conceptos distintos, también lo es que dada la naturaleza de los hechos, las pruebas de los elementos del cuerpo del delito se estiman aptos para demostrar la probable intervención del imputado en la comisión del ilícito de deserción. Tiene aplicabilidad al caso la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, bajo el rubro y texto siguientes: CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS. Si bien es cierto que el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad resultan ser conceptos diferentes, en virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una persona; también lo es que, puede suceder que un medio de convicción sirva para acreditar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia una violación de garantías. (Número VI.2o. J/93 que aparece en la página 341 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Materia Penal, Octava Época). Ello en razón de que según se advierte de las constancias de autos, es mayor de edad, lo que permitió a la responsable considerar que al ocurrir los hechos cuya comisión se le atribuyen tenía salud mental y psíquica adecuada, puesto que no se argumentó por la defensa, ni se advierte por quien resuelve que al cometer el ilícito se encontrara bajo los influjos de algún trastorno mental transitorio o que padeciera desarrollo intelectual retardado, por lo que no se acreditó que el inculpado haya obrado inmerso en alguna de las causas excluyentes de responsabilidad contempladas en el artículo 119 del Código de Justicia Militar. Aunado a que se justificó que el activo de la conducta antisocial es probable responsable, como lo sostuvo el juez natural, que el delito que se le atribuye fue ejecutado a título doloso o intencional, en términos del artículo 102 del Código de Justicia Militar, dado que realizó una conducta delictiva sabiendo previamente que estaba prohibida por una norma penal que subyace al tipo penal de deserción no estando en servicio. También, como atinadamente lo señaló el juez de origen, en el caso se justificó, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 109 del Código de Justicia Militar, la forma de intervención del inculpado en la comisión del delito que se le imputa, pues se demostró que materialmente, en forma directa realizó la conducta. Sentado lo anterior, es de concluirse que en el caso, se encuentran satisfechos los requisitos de forma y fondo que exige el artículo 16 Constitucional y el diverso 508 del Código de Justicia Militar, para el dictado de una orden de naturaleza como la que se reclama, ya que de los elementos de prueba mencionados se advierte que aparecen datos suficientes que acreditan el cuerpo del delito de deserción no estando en servicio y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. Además, para el dictado de una orden de aprehensión, no se requiere de constancias plenas que acrediten la responsabilidad del inculpado, únicamente es necesario que se reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 16 constitucional, y que se desprendan datos que la hagan probable, lo que en el caso materia de la litis, aconteció. En las relatadas condiciones, son infundados los conceptos de violación en que se adopta una postura contraria. Al respecto, se cita la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del tenor: ORDEN DE APREHENSIÓN. SU LIBRAMIENTO NO REQUIERE DE PRUEBAS PLENAS DE LA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO. Para dictar una orden de aprehensión no se requiere de pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del inculpado sino únicamente es necesario que se reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 16 constitucional, y que se desprendan datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado. (Jurisprudencia 182, Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Marzo de 1992, Materia Penal, Octava Época, página 104). En consecuencia, al ser infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa y al no advertirse motivo alguno por el cual deba suplirse la queja deficiente en su favor, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL contra el acto que reclama del Juez Cuarto Militar adscrito a la Primera Región Militar. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Procurador General de Justicia Militar, puesto que el mismo no fue reclamado por vicios propios, sino como consecuencia derivada del mandato de captura referido. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la nueva Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL, en términos del considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL contra el Juez Cuarto Militar adscrito a la Primera Región Militar y Procurador General de Justicia Militar, por los actos reclamados precisados en el considerando cuarto de conformidad con los argumentos expuestos en el diverso séptimo. NOTIFÍQUESE. Así, lo resolvió y firma JOSÉ DÍAZ DE LEÓN CRUZ, Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ante el secretario Javier Eduardo Estrever Ramos que autoriza y da fe, con lo cual se da por concluida la audiencia constitucional. Doy fe. Esta foja corresponde a la parte final de la resolución emitida el treinta de noviembre de dos mil quince, dentro del juicio de amparo 953/2015-V; de igual forma, en la misma data se giró (giraron) el (los) oficio (oficios) 76548, 76549, 76550, 76551, 76552, 76553 y 76554. Conste. El actuario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, hace constar que la presente hoja corresponde a la notificación practicada por lista de publicación de la determinación de treinta de noviembre de dos mil quince, dictada en el expediente en que se actúa. Conste. En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las nueve horas del _____________________, el actuario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, publicó en la lista de acuerdos de este órgano jurisdiccional, la determinación que antecede, con la cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, con excepción de las que deban notificarse personalmente o por oficio; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. S E N T E N C I A Mediante la cual, se resuelven los autos del juicio de amparo 953/2015-V. A N T E C E D E N T E S: PRIMERO. Demanda. RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL, por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, el catorce de octubre de dos mil quince, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades, que a continuación se citan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Jueces Primero a Sexto Militares adscritos a la Primera Región Militar. Procurador General de Justicia Militar. ACTOS RECLAMADOS: La orden de aprehensión y su ejecución. PRECEPTOS QUE CONTIENEN LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS CUYA VIOLACIÓN SE RECLAMA: Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y trámite. Por proveído de quince de octubre de dos mil quince, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró en el libro de gobierno con el número 953/2015-V. Seguido el trámite de este expediente en los términos respectivos, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, por razón de materia y territorio, dado que el quejoso reclama una determinación dictada en un proceso penal castrense que se instruyó en su contra por una autoridad judicial que reside en esta ciudad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Del contenido integral de la demanda de amparo, así como de la revisión de los informes justificados de las responsables, se advierte que la parte quejosa esencialmente impugna: La orden de aprehensión. La orden de aprehensión de diez de junio de dos mil quince, emitida por el Juez Cuarto Militar adscrito a la Primera Región Militar. Su ejecución. TERCERO. Sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado. Los Jueces Primero a Tercero, Quinto y Sexto Militares adscritos a la Primera Región Militar, al rendir sus informes justificados (fojas 8, 9, 11, 12 y 20), negaron la existencia del acto reclamado por el demandante, consistente en la orden de aprehensión. En consecuencia, al no existir prueba alguna tendente a desvirtuar tal pronunciamiento; incluso, tampoco se advierte manifestación alguna por parte del quejoso en torno al contenido de los informes, se SOBRESEE en el juicio en que se actúa, respecto del acto que se les reclama a esas autoridades, con fundamento en los artículos 63, fracción IV, y 64, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Cuarto Militar adscrito a la Primera Región Militar, al rendir sus informe justificado (fojas 22 y 23), aceptó el acto que se le endilga, puesto que aseveró que el diez de junio de dos mil quince, en el proceso penal 191/2015, libró orden de aprehensión contra RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL, por el delito de deserción no estando en servicio. De igual forma, el Procurador General de Justicia Militar, al emitir su comunicado de ley (fojas 14 a 17), admitió el acto de ejecución que se le atribuye. En consecuencia, los actos reclamados se tienen plenamente probados. Para demostrar la constitucionalidad de lo anterior, el juzgador natural remitió copia certificada de la causa penal de referencia; a la que se le concede valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su 2° precepto. QUINTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Del escrito inicial del impetrante, se aprecia que éste no tenía conocimiento del acto que por esta vía controvierte; aunado a que no se soslaya la naturaleza jurídica del mismo (orden de aprehensión). Con ese basamento, se estima, se actualiza la excepción a que alude el inciso b), de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; motivo por el que no es dable considerar como improcedente la vía accionada; menos aun, sujetar la presentación de la demanda, al término genérico de quince días. Por las razones jurídicas que la sustentan, se invoca el criterio asumido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que reza: ORDEN DE APREHENSIÓN. AL CONSTITUIR UN ACTO DICTADO DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL, LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO. Cualquier acto dictado fuera o dentro de un procedimiento, en relación con la restricción o privación de la libertad, implica una lesión cierta e inmediata a ese derecho sustantivo y, por ende, se ubica dentro de los considerados como de imposible reparación, lo que es suficiente para considerar que el amparo indirecto interpuesto en su contra puede promoverse sin limitación temporal alguna. Por otro lado, de conformidad con el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales y en las leyes, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, traduciéndose este último en la prohibición de cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de los derechos humanos. Así, atento a dicho principio, si con anterioridad a la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, la abrogada ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, establecía como requisito para que operara la excepción al término genérico de quince días para la promoción de la demanda de amparo, que los actos importaran ataques a la libertad personal, sin acotarlos a que hubieran sido dictados fuera de procedimiento, no puede adoptarse una postura restrictiva respecto del término para la interposición de la demanda tratándose de ese tipo de actos, pues ello implicaría un retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de ese derecho sustantivo. Consecuentemente, si la orden de aprehensión constituye un acto dictado dentro de un procedimiento que afecta la libertad personal, es innegable que debe ubicársele en la excepción prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente y, por ende, la demanda en su contra puede promoverse en cualquier tiempo. [Número VI.2o.P.14 P (10a.), visible en la página 1688 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época]. SEXTO. Ponderaciones previas. Previo a que este juzgador se pronuncie sobre la procedencia de los motivos de disenso, es de ingente relevancia señalar que: Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgador advierte actualización alguna de oficio. En el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, rige el principio de suplencia de la queja, ya que el quejoso tiene el carácter de imputado. Toda vez que las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, no obstante que se les hizo saber sobre la existencia de dicha posibilidad; puede hacerse pública la presente resolución omitiendo los datos sensibles. SÉPTIMO. Análisis del acto reclamado y de los conceptos de violación. Los argumentos torales en que descansan los conceptos de violación expresados por el inconforme, se hacen consistir en que el acto combatido, no satisface los requisitos de los artículos 14 y 16 constitucionales, dado que no se encuentra fundado y motivado. Ahora bien, en principio, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. El nuevo mandato contenido en el dispositivo 1° de la Carta Magna, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. Luego, las autoridades judiciales, entre otras, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. El parámetro de análisis de este tipo de control, se integra por los derechos humanos: Contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en el precepto 1°), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. Reconocidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Los tratados competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida en el texto de los mismos o mediante jurisprudencia de la Corte. Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consagrados en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido o no, Estado parte. Al tema resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto: PARÁMETRO DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. El mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los jueces del país, se integra de la manera siguiente: a) todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 33), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; b) todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte. [Número P. LXVIII/2011 (9a.), que aparece en la página 551 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, Diciembre de 2011, Materia Constitucional, Décima Época]. Ahora bien, de conformidad con el artículo 16 constitucional, para el dictado de la orden de aprehensión se requiere: Exista denuncia o querella. Ésta sea respecto a un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad. Consten datos que acrediten ese suceso, y Hagan probable la responsabilidad del indiciado. Con ese basamento, quien resuelve, considera que los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, devienen infundados. En efecto, es oportuno señalar que la emisión de una orden de aprehensión constituye una excepción a la regla general prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, que no exige previa audiencia para su libramiento, salvedad que deriva del diverso artículo 16 de dicho ordenamiento fundamental, al establecer los requisitos que deben satisfacerse para su libramiento. La orden de aprehensión controvertida reúne los requisitos previstos en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se ajusta a lo dispuesto por dicho precepto, que dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del análisis sistemático del contenido del artículo preinserto, se advierte que todo acto de molestia debe constar por escrito, ser emitido por autoridad competente y estar correctamente fundado y motivado. Cabe precisar que la fundamentación es el señalamiento o la expresión concreta del precepto legal aplicable, que sirve de apoyo a la autoridad para dar sustento jurídico a sus determinaciones; en tanto que motivar implica puntualizar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas consideradas para resolver; y es necesario, además, que exista congruencia entre ambos aspectos. En ese sentido, en la resolución reclamada se cumplió con la prerrogativa de legalidad que establece el arábigo constitucional en comento, en cuanto a la fundamentación y motivación, porque se citaron los preceptos legales que sirvieron de apoyo y se expresaron los razonamientos que llevaron a concluir como se hizo, es decir, se precisó que los hechos motivo de la consignación encuadraban en los preceptos de las normas invocadas. En la especie, la orden de aprehensión materia de inconformidad, se encuentra debidamente fundada, toda vez que la autoridad responsable citó con precisión los preceptos legales aplicables al caso, como son: 13 y 16 Constitucionales; 57, fracción I, 255, fracción II, 256, fracción III, 453, 454, 481, 522, 523, 524, 526, 598, 599, 600, 603, 604, 609, 610, 611 y 615 del Código de Justicia Militar; respecto de los cuales dijo, se ajusta la conducta desplegada por el peticionario de amparo; asimismo, se invocaron los artículos 15 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 37 del Reglamento para el Servicio Interior de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; además, cumple con los requisitos de motivación, ya que dicha autoridad también señaló con precisión las circunstancias especiales y razones particulares que tuvo en consideración para la emisión del acto reclamado, donde se advierte que existe una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, por lo que en el caso concreto se configura la hipótesis normativa; ello al referir que los medios de prueba aportados durante el procedimiento son suficientes para acreditar el cuerpo del delito de deserción no estando en servicio, así como la probable responsabilidad penal del aquí amparista en su comisión. Ahora bien, la orden de aprehensión combatida por el quejoso en esta instancia constitucional, proviene de autoridad judicial legalmente competente; lo anterior, de conformidad con el artículo 508 del Código de Justicia Militar; y, en el caso, lo es el Juez Cuarto Militar adscrito a la Primera Región Militar. Luego, el primero de los requisitos exigidos por el referido numeral constitucional, consistente en que exista denuncia o querella respecto de un hecho determinado, se encuentra satisfecho, ya que de las constancias que integran la causa penal 191/2015 del índice del juzgado responsable, se desprende que el Capitán Segundo Conductor Melquiades Hernández Márquez, en su carácter de oficial de cuartel en el Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado, mediante acta de policía ministerial militar, de veinte de mayo de dos mil quince, denunció hechos que consideró delictuosos (foja 29). El segundo de los elementos exigidos por el artículo constitucional en cita se encuentra acreditado, puesto que, tras las investigaciones que la autoridad ministerial militar realizó en virtud de la denuncia presentada por el Capitán mencionado contra el hoy quejoso, se obtuvo que el hecho denunciado se clasificaba como delito por el artículo 255 fracción II, del Código de Justicia Militar vigente al momento en que se realizó (mayo de dos mil quince). Aunado a ello, el ilícito por el que se solicitó la orden de aprehensión contra RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL, está sancionado con pena de seis meses de prisión, de conformidad con el artículo 256, fracción III, del Código de Justicia Militar. Así, los requisitos tres y cuatro, se estima, también se encuentran debidamente acreditados, en los siguientes términos: El artículo 255, fracción II, del Código de Justicia Militar, vigente en el momento en el que acontecieron los hechos denunciados dispone: Artículo 255. La deserción de los individuos de tropa que no estuvieren en servicio, se entenderá realizada, a falta de cualquier otro hecho que la demuestre: . II. Cuando faltaren sin impedimento justificado por tres días consecutivos a las listas de diana y retreta de las fuerzas a que pertenezcan o a las dependencias de que formen parte.". Del precepto legal transcrito, se obtiene que los elementos de cuerpo del delito de deserción son: a). Que el individuo pertenezca a una tropa del Ejército Mexicano; b). Que no estuviere en servicio; y, c). Que faltare por tres días consecutivos, sin impedimento justificado a las listas de diana y retreta de las fuerzas a que pertenezca. Las constancias que informan la causa penal de la que emerge el acto reclamado, demuestran que la resolución recurrida se ajustó a la regla especial establecida en el artículo 515 del Código de Justicia Militar, pues para acreditar el cuerpo del ilícito mencionado, se consideraron las pruebas siguientes: 1. Declaraciones a cargo de (foja 29): a) Melquiades Hernández Márquez, Capitán Segundo Conductor, en su carácter de oficial de cuartel en el Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado, quien hizo del conocimiento que el hoy impetrante RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL, quien pertenece al Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado, es probable responsable de la comisión del ilícito de deserción fuera de actos del servicio. b) Eleuterio Fermán Xoxongo, en su carácter de Sargento Primero de Caballería del Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado, quien señaló que el quejoso prestaba sus servicios en dicho Regimiento y que éste faltó a sus listas de diana y retreta los días dieciocho, diecinueve y veinte de mayo del año en curso, sin que hasta el momento de su deposado, tuviera conocimiento de alguna causa de justificación; señaló que le consta que RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL, recibía puntualmente sus haberes y sus superiores le brindaban un buen trato. c) Ángel Gabriel Ramos Torres, Cabo de Caballería del Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado, quien fue concordante con lo señalado por Eleuterio Fermán Xoxongo, respecto de las ausencia que el promovente tuvo al pase de listas de diana y retreta. d) Abisaí Dionicio Antonio, Cabo de Caballería del Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado, quien también corrobora el dicho de Eleuterio Fermán Xoxongo y Ángel Gabriel Ramos Torres, respecto de los hechos y circunstancias que declararon. Medios de convicción a los que acertadamente el juez responsable otorgó valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 522, 599, 609 y 610 del Código de Justicia Militar, dado que tomó en consideraron que los expositores -los relatados en los incisos b), c) y d)- conocieron los hechos por sí, es decir, que lo declarado fue percibido por ellos mismos, no desatendiendo de esta manera la responsable que, ante todo, fueron narradores de hechos que presenciaron, siendo así que en la medida que el juez del conocimiento advirtió que de esos deposados se derivaban determinadas circunstancias que las reforzaban entre sí, estimó que merecía concederles valor probatorio; aunado a que fueron claros y sin dudas en torno a la mecánica de los hechos, por lo que de su enlace jurídico y natural, pudo el juez instructor, arribar a la convicción de la certeza en cuanto a la incriminación que se hace al accionante del presente juicio en la comisión del injusto penal en estudio. Con lo anterior se pone de manifiesto además, que el quejoso RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL, pertenecía al Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado, con sede en el Campo Militar número 8-C, en Nuevo Laredo, Tamaulipas; aunado a que en el momento de ocurridos los hechos constitutivos de delito, no se encontraba en servicio. Por otra parte se advierte que el quejoso faltó por tres días consecutivos a las listas de diana y retreta de las fuerzas a que pertenece, sin impedimento justificado, pues no demostró con pruebas fehacientes lo contrario. 2. Documentales (fojas 30 a 35): a) Contrato de reclutamiento de uno de febrero de dos mil doce, celebrado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional y el ahora quejoso RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL. b) Copia certificada del Memorial de Servicios del Soldado de Caballería RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL. c) Certificado de Circunstancias de veinte de mayo de dos mil quince, de donde se advierte que tiene el grado de Soldado de Caballería. d) Copias certificadas de la Cartilla del Servicio Militar Nacional; así como de su acta de nacimiento. Medios de prueba, que acertadamente el juez responsable valoró en términos de lo preceptuado en los artículos 522, 526, 599 y 604 del Código de Justicia Militar. Los anteriores elementos, como lo consideró el juez responsable, son suficientes para acreditar el cuerpo del delito de deserción no estando en servicio, tipificado por el artículo 255 fracción II, del Código de Justicia Militar, toda vez que existe falta del ahora quejoso a las fuerzas a que pertenece, por tres días consecutivos, sin motivo legítimo. Asimismo, el juez responsable actuó ajustado a derecho al tener por demostrada la probable responsabilidad penal del hoy quejoso, en la comisión del antijurídico de deserción no estando en servicio, previsto y sancionado por los artículos 255, fracción II y 256 fracción III, ambos del Código de Justicia Militar; con los propios elementos probatorios con que se estimaron demostrados los elementos del cuerpo del delito, con los cuales una vez adminiculados y concatenados tuvo por acreditado que los días dieciocho, diecinueve y veinte de mayo de dos mil quince, al pasar la lista de diana y retreta en el Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado, con sede en el Campo Militar número 8-C, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, no se encontraba presente el Soldado de Caballería RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL, esto es, faltó sin impedimento justificado por tres días consecutivos a la unidad a la que pertenece. El proceder descrito en el acto reclamado no contraviene los derechos humanos del impetrante, porque si bien es cierto que el cuerpo del delito y la probable responsabilidad constituyen conceptos distintos, también lo es que dada la naturaleza de los hechos, las pruebas de los elementos del cuerpo del delito se estiman aptos para demostrar la probable intervención del imputado en la comisión del ilícito de deserción. Tiene aplicabilidad al caso la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, bajo el rubro y texto siguientes: CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS. Si bien es cierto que el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad resultan ser conceptos diferentes, en virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una persona; también lo es que, puede suceder que un medio de convicción sirva para acreditar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia una violación de garantías. (Número VI.2o. J/93 que aparece en la página 341 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Materia Penal, Octava Época). Ello en razón de que según se advierte de las constancias de autos, es mayor de edad, lo que permitió a la responsable considerar que al ocurrir los hechos cuya comisión se le atribuyen tenía salud mental y psíquica adecuada, puesto que no se argumentó por la defensa, ni se advierte por quien resuelve que al cometer el ilícito se encontrara bajo los influjos de algún trastorno mental transitorio o que padeciera desarrollo intelectual retardado, por lo que no se acreditó que el inculpado haya obrado inmerso en alguna de las causas excluyentes de responsabilidad contempladas en el artículo 119 del Código de Justicia Militar. Aunado a que se justificó que el activo de la conducta antisocial es probable responsable, como lo sostuvo el juez natural, que el delito que se le atribuye fue ejecutado a título doloso o intencional, en términos del artículo 102 del Código de Justicia Militar, dado que realizó una conducta delictiva sabiendo previamente que estaba prohibida por una norma penal que subyace al tipo penal de deserción no estando en servicio. También, como atinadamente lo señaló el juez de origen, en el caso se justificó, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 109 del Código de Justicia Militar, la forma de intervención del inculpado en la comisión del delito que se le imputa, pues se demostró que materialmente, en forma directa realizó la conducta. Sentado lo anterior, es de concluirse que en el caso, se encuentran satisfechos los requisitos de forma y fondo que exige el artículo 16 Constitucional y el diverso 508 del Código de Justicia Militar, para el dictado de una orden de naturaleza como la que se reclama, ya que de los elementos de prueba mencionados se advierte que aparecen datos suficientes que acreditan el cuerpo del delito de deserción no estando en servicio y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. Además, para el dictado de una orden de aprehensión, no se requiere de constancias plenas que acrediten la responsabilidad del inculpado, únicamente es necesario que se reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 16 constitucional, y que se desprendan datos que la hagan probable, lo que en el caso materia de la litis, aconteció. En las relatadas condiciones, son infundados los conceptos de violación en que se adopta una postura contraria. Al respecto, se cita la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del tenor: ORDEN DE APREHENSIÓN. SU LIBRAMIENTO NO REQUIERE DE PRUEBAS PLENAS DE LA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO. Para dictar una orden de aprehensión no se requiere de pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del inculpado sino únicamente es necesario que se reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 16 constitucional, y que se desprendan datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado. (Jurisprudencia 182, Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Marzo de 1992, Materia Penal, Octava Época, página 104). En consecuencia, al ser infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa y al no advertirse motivo alguno por el cual deba suplirse la queja deficiente en su favor, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL contra el acto que reclama del Juez Cuarto Militar adscrito a la Primera Región Militar. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Procurador General de Justicia Militar, puesto que el mismo no fue reclamado por vicios propios, sino como consecuencia derivada del mandato de captura referido. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la nueva Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL, en términos del considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a RAFAEL ANTONIO VELASCO CHIGUIL contra el Juez Cuarto Militar adscrito a la Primera Región Militar y Procurador General de Justicia Militar, por los actos reclamados precisados en el considerando cuarto de conformidad con los argumentos expuestos en el diverso séptimo. NOTIFÍQUESE.
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