Rafael Antonio Ríon Remírez
Expediente 25/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rafael Antonio Ríon Remírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
México, Ciudad de México, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual comunica el contenido del proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo directo XXXXXXXXXX, del que se advierte que se avocó al conocimiento de la parte conducente de la demanda de amparo que originó este cuaderno de antecedentes. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de siete de marzo del año en curso, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por XXXXXXXXXXXXXXXX . XXXXXXXXXXXXXX Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al treinta de mayo de dos mil veintidós. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
México, Ciudad de México, a dieciocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual transcribe el contenido del auto de uno de abril del año en curso, dictado en el expediente DC. 220/2022, del que se advierte que acusa recibo de las constancias que se le remitieron para el conocimiento del juicio de amparo promovida por *****, asimismo, informa que requirió a la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 178 de la Lay de Amparo, por lo que una vez que dicha sala de cumplimiento a lo anterior se pronunciara sobre el conocimiento del asunto que le fue remitido. De lo anterior el suscrito queda enterado para los efectos a que haya lugar. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
México, Ciudad de México, a siete de marzo de dos mil veintidós. Agréguense a sus autos los escritos signados por el quejoso, por medio del cual desahoga la reprevención ordenada en auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós; en consecuencia, se provee lo siguiente: ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda se advierte que el quejoso señala como actos reclamados, los siguientes: 1. La tramitación, discusión, aprobación y expedición del Código de Procedimientos Civiles, para la Ciudad de México, concretamente el artículo 117. 2. La inconstitucionalidad del contenido del artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, así como las reglas y supuestos que señala el mismo para realizar notificaciones judiciales por medio de adhesión. 3. La diligencia de notificación de fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno. 4. La diligencia de notificación y entrega de citatorio de fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno. 5. La diligencia de notificación por medio de adhesión de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno. 6. El auto de ejecución dictado dentro de los autos del juicio natural con fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. 7. La sentencia dictada por la Novena Sala en Materia Civil de la Ciudad de México con fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. El acto reclamado deriva del juicio ordinario civil seguido por XXXXXXXXXX, contra XXXXXXXXXX, radicado ante el Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, con el número XXXXXXXXXX. 2. Una vez emplazado el demandado y ofrecidas y desahogadas las pruebas respectivas, el veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva, en la cual se estableció que la parte actora tiene pleno dominio del bien inmueble ubicado en la XXXXXXXXXX, en esta Ciudad, materia del citado controvertido. 3. En contra de la sentencia definitiva, el quejoso interpuso recurso de apelación del cual conoció la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, asignándole el número de toca 468/2021, la que resolvió mediante resolución de diez de noviembre de dos mil veintiuno, confirmar la sentencia definitiva y condenó al demandado XXXXXXXXXX, al pago de costas en ambas instancias. FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA Ahora bien, en relación a los actos reclamados referentes a los numerales 3, 4 y 5, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." En primer término, este órgano jurisdiccional considera pertinente dejar asentado, que dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen el juicio de garantías, existe el denominado principio de definitividad, consagrado en las fracciones III, inciso a) y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. Por otro lado, se resalta, que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el promovente, el amparo es improcedente. Lo anterior, ya que el promovente señala como acto reclamado la diligencia de ilegal notificación de la diligencia de trece de diciembre de dos mil veintiuno, la cual no le fue notificado personalmente en los términos señalados por la ley, en donde se dejó citatorio por medio de adhesión de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, misma que fue emitida con posterioridad al fallo definitivo, pero al ser éste parte demanda en el juicio de origen se encontraba en aptitud de promover incidente de nulidad de actuaciones previsto en los artículos 78 y 88 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, en contra de las diligencias referidas; sin embargo, al no agotar dicho incidente, el juicio de garantías deviene improcedente; toda vez que, a través del citado incidente puede obtener la nulidad de la notificación referida. En ese entendido, es necesario señalar las hipótesis jurídicas que prevén que, en tales circunstancias es posible la interposición del incidente de nulidad de actuaciones y al efecto, los artículos 78 y 88 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, establecen literalmente lo siguiente: "ARTICULO 78.- Solo formará artículo de previo y especial pronunciamiento de nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones se tramitaran y resolverán en los términos de lo dispuesto por el artículo 88." "ARTICULO 88. Los incidentes se tramitarán, cualquiera que sea su naturaleza, con un escrito de cada parte, y tres días para resolver. Si se promueve prueba, deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse. Si las pruebas no tienen relación con los puntos cuestionados incidentalmente, o si éstos son puramente de derecho, el tribunal deberá desecharlas. En caso de admitirlas se citará para audiencia dentro del término de diez días, diferible por una sola vez, en que se reciban pruebas, se oigan brevemente las alegaciones, y se cite para sentencia interlocutoria." Por lo anterior, en el presente caso se está en la hipótesis jurídica a que se refieren los mencionados numerales 78 y 88 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, en virtud de que el promovente, al ser parte demandado en los autos del juicio de origen, estuvo en aptitud de promover, en su oportunidad, el referido incidente de nulidad de actuaciones en contra de la supuesta falta de notificación del proveído en el cual le hicieron de su conocimiento la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, empero al no haberlo realizado, la demanda de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo la Jurisprudencia por Contradicción de tesis 91/2004-PS, de la Novena Época con número de registro 178685, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia 1a./J. 26/2005, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia Común, página 430 de rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." De igual forma, apoya a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 356, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, con número de registro 230246, que es del tenor literal siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES, INCIDENTE DE. NECESIDAD DE AGOTARLO PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Aunque es verdad que el incidente de nulidad de actuaciones no está catalogado como recurso, ello no significa que, para cumplir con el principio de definitividad en que descansa el juicio de garantías pueda omitirse su tramitación previamente a la de dicho juicio, dado que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no sólo estatuye que se deben agotar recursos antes de intentar el juicio de garantías, sino también medios de defensa, y es obvio que el incidente que se comenta encaja dentro de esta última denominación, puesto que mediante él puede lograrse la modificación, revocación o nulificación del acto materia de tal incidente, esto es, el objetivo de cualquier medio de defensa." También, sirve de apoyo a los anteriores razonamientos la Jurisprudencia por Contradicción de tesis 5/2003-PL de la Novena Época, con número de registro 181523, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, Materia Común, Jurisprudencia P./J. 20/2004, página 5 la cual establece: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA. Si se parte de la interpretación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del artículo 32 de la Ley de Amparo en la jurisprudencia P./J. 5/94, y se toma en cuenta que durante la sustanciación del juicio de garantías se presentan diversas hipótesis relacionadas con las notificaciones que deben practicarse para hacer del conocimiento de las partes las decisiones emitidas en cada etapa procesal, debe aceptarse la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones no sólo contra aquellas que se practiquen antes de que el Juez de Distrito dicte sentencia, pues en atención al espíritu del citado artículo y a las directrices que ha establecido el Tribunal Pleno, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte que se considere afectada, es procedente el mencionado incidente en contra de la notificación de la sentencia del Juez de Distrito, aun en el caso de que ésta ya se hubiese declarado ejecutoriada, y en el supuesto de que aquél resultara fundado deberá reponerse el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad, tal como lo ordena el referido precepto legal; sin que lo anterior contravenga el principio de cosa juzgada, en virtud de que los efectos jurídicos de la tramitación y resolución del referido incidente no afectan la decisión del Juez de Distrito plasmada en su sentencia, pues en caso de resultar fundado, sólo tendría como consecuencia ordenar que la notificación de la sentencia se practique de manera legal, subsanando las deficiencias que motivaron su impugnación, pero la sentencia misma queda intocada. Cabe destacar que el acto reclamados consiste en la diligencia de notificación de trece de diciembre de dos mil veintiuno, de la que aduce no le fue practicada personalmente ni en los términos señalados por la ley, la cual obra dentro de los autos del juicio ordinario civil XXXXXXXXXX, en el cual el quejoso demandada, controversia a la que compareció, en tal virtud, las determinaciones emitidas con posterioridad a la sentencia definitiva no son susceptibles de reclamarse en el juicio de amparo indirecto, ya que de conformidad con el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente procederá contra la determinación que decrete cumplida la sentencia definitiva o en su caso la imposibilidad para ello. Sirve de apoyo a la Jurisprudencia VI.2o.C. J/253 de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, Materia Civil, página 1331, con número de registro 178405, la cual establece: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo" Ahora bien, respecto del señalado con el numeral 6, se advierte que el acto reclamado no constituye la última actuación en la etapa de ejecución, y por tanto, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al 107, fracción IV, párrafo segunda, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Ahora bien, el precepto legal transcrito en último término, sienta la base de la procedencia del juicio de amparo, al establecer los casos en los cuales son reclamables los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según se trate de aquellos dictados dentro de juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, como en la especie ocurre con el acto reclamado. Para los actos dentro de juicio, las normas transcritas establecen como regla general la procedencia del juicio de amparo en la vía directa contra la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio, por violaciones cometidas en éstos o durante la tramitación del mismo; y como regla de excepción, la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta cuando se trate de actos de imposible reparación. Para los actos fuera de juicio no se previenen reglas específicas. Para los actos después de concluido el juicio, se dispone que tratándose de ejecución de sentencias, únicamente será reclamable la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y que en el supuesto de remates, sólo podrá impugnarse la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Así, para la aplicación al caso concreto de estas reglas de procedencia depende de precisar, primero, si el acto reclamado proviene o no de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y, segundo, de ser así, si tal acto se produce dentro de juicio, fuera de juicio o después de su conclusión, para lo cual es importante señalar que en esta vía se reclama un auto dictado en el juicio XXXXXXXXXX, tramitado ante el Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, que ordenó la entrega y lanzamiento del inmueble controvertido y que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. De lo anterior, se advierte que la tramitación del referido juicio, está encomendada a un órgano jurisdiccional, y por tanto, el citado acto reclamado proviene indudablemente de un tribunal judicial y que, por lo mismo, se encuentra regido por las normas de procedencia del juicio de amparo antes transcritas. Tratándose, por lo tanto, de un acto proveniente de un tribunal judicial, se debe precisar si el mismo se produce dentro de un juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, y para ello, basta observar que como ha quedado señalado, el acto reclamado en la presente instancia constitucional deriva de la ejecución de la sentencia definitiva. Sentado lo anterior, resulta claro que el acto materia de estudio no es de aquéllos dictados fuera de juicio, a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la ley en cita. El análisis conjunto y sistemático de los principios rectores del juicio de amparo, que ha llevado a la doctrina a considerarlo como un medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser remediada por otros medios, permite advertir que tratándose de los actos dictados en el procedimiento de ejecución, resulta procedente contra la resolución que ponga fin a este último, siendo ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De lo anterior, debe concluirse que el acto reclamado, se produjo después de concluido el juicio, y en el procedimiento de ejecución de sentencia, y no constituye el último acto emitido en dicho procedimiento, pues éste será aquél en el que se reconozca el cumplimiento de lo resuelto en la sentencia definitiva; de ahí que al no cumplir con esos requisitos, el acto que por esta vía se reclama no satisface los supuestos de procedencia que establece el artículo 107, fracción IV, de la ley de Amparo. No pasa inadvertido para este juzgador el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J 108 2010 de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE" -visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6-; sin embargo, este juzgador, estima, que el acto reclamado, emitido en el procedimiento de ejecución, no es ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural, pues la ejecución ordenada deriva directamente de la sentencia firme que constituye cosa juzgada. En efecto, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sustentado que existen actos emitidos en ejecución de sentencia, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, entre otros, aquellos respecto de los cuales el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata. En síntesis, un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente) o, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior (regla general). Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos en grado predominante o superior (segunda regla de excepción). Ahora bien, la fracción IV, del artículo 107 del repetido ordenamiento, establece diversas restricciones con relación a la impugnación de actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, tales como reservar la promoción del juicio de amparo exclusivamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, lo cual opera, incluso, en materia de procedimientos de extinción de dominio; o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. De modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo que en el caso a estudio acontece, ya que el acto reclamado se dictó en la ejecución de sentencia, el cual va encaminado a ejecutar directamente la sentencia definitiva dictada en la controversia de origen; esto es, no es ajeno a la cosa juzgada y el acto reclamado, como ya se dijo, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, Décima Época, página 2639, que es del tenor siguiente: "ORDEN DE LANZAMIENTO POSTERIOR AL REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE ATENDERSE A LA REGLA PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO Y NO A LA DIVERSA ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO TERCERO DE LA MISMA FRACCIÓN. De conformidad con el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tratándose de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente y, que tratándose de remates, en términos del párrafo tercero de la misma fracción, se establece la procedencia del juicio de amparo biinstancial, por regla general, contra la última resolución dictada en dicho procedimiento; esto es, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, determinaciones que pueden emitirse junta o separadamente; por tanto, cuando en un juicio de amparo indirecto, se reclaman actos emitidos después de concluido el procedimiento de remate; esto es, posteriores a la determinación que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, como puede ser el auto en que se hace efectivo el apercibimiento por no haber entregado el bien objeto del juicio y se ordena el lanzamiento, debe estimarse que para efectos de determinar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, hay que atender a la regla establecida en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, y no a la estatuida en el párrafo tercero de la misma fracción, en tanto que el acto reclamado no se emitió en la fase procesal de remate, sino en la etapa de ejecución de sentencia posterior a dicho remate; máxime que la orden de lanzamiento no es ajena a la cosa juzgada, sino consecuencia de la misma, y deriva de la contumacia del demandado de entregar el bien rematado." De igual forma, se cita por ANALOGÍA e identidad, la jurisprudencia número 1a./J. 19/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 34, tomo XIV, Julio de 2001, Novena Época, que dice: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." Sirve de apoyo a lo anterior, por ANALOGÍA e identidad, la Jurisprudencia 104, registro 920552, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Apéndice 2001, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo IV, Civil, Jurisprudencia TCC, página 141, que establece: "ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUE OÍDO EN JUICIO. NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. La orden de lanzamiento constituye una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, por última resolución se entiende en forma genérica la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto, o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones o autos que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, y también por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o a un derecho sustantivo, porque la resolución o auto modifique, extinga un derecho o constituya una obligación sustantiva que sea distinta a la que fue objeto de controversia y tenga la calidad de cosa juzgada, como son las medidas de apremio, entre otras, es posible diferenciar cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que por su naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, o modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías." Ahora bien, por lo que hace a los actos reclamados señalados con los números 1 y 2, atribuidos a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, consistentes en la discusión, aprobación y expedición, publicación, refrendo y firma del artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de igual forma, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, ya que en el amparo promovido contra la constitucionalidad de leyes o reglamentos, no puede desvincularse el estudio de éstos prescindiendo el acto concreto de aplicación, primeramente debe analizarse la procedencia del juicio biinstancial en cuanto a dichos actos y posteriormente ocuparse de la improcedencia de la ley y reglamento reclamados, y sólo en el caso de que no se actualice ninguna causal de improcedencia por lo que hace a los actos concretos de aplicación se deberá admitir la demanda en cuestión a fin de entrar al estudio de la constitucionalidad de la ley y, en su caso, analizar la legalidad de los actos concretos de aplicación. Sin embargo al haberse actualizado la causal de improcedencia antes señalada respecto del acto de aplicación del artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, no resulta procedente admitir la demanda de amparo por lo que hace a los actos atribuidos a las autoridades ejecutivas y legislativas señaladas, motivo por el cual la supuesta falta de constitucionalidad del citado precepto lo tendrá que hacer valer en el juicio de amparo, que en su caso, promueva contra la última resolución dictada en el procedimiento de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.71/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 235 del tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Der igual forma, resulta aplicable la tesis I.3o.C.42 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Septiembre de 2002, Novena Época, página 1326, del rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES APLICADAS EN EL PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL. LA PROCEDENCIA DEL EXAMEN DE SU CONSTITUCIONALIDAD DEBE PARTIR DE LA DETERMINACIÓN DE SI EL ACTO DE APLICACIÓN RELATIVO SE ACTUALIZÓ FUERA, DENTRO O DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO. De lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, en relación con los diversos 114, fracción IV y 158, último párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que la vía idónea para reclamar la constitucionalidad de leyes aplicadas en procedimientos jurisdiccionales es el juicio de amparo indirecto, pero también se evidencia que tratándose de actos dentro de juicio, la regla general de procedencia del amparo indica que esos actos, incluidos los de aplicación de la norma general impugnada, deben revestir una ejecución de imposible reparación, presupuesto que no es exigido cuando se reclaman leyes aplicadas fuera de juicio o después de concluido. Esas reflexiones ponen de manifiesto que el examen de procedencia de la acción de amparo impone la obligación de determinar, previamente, si el acto de aplicación relativo se actualizó fuera, dentro o después de concluido el juicio respectivo." Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resultan notorias e indudables las causales de improcedencia que se mencionan respecto de los actos reclamados, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS promovida por XXXXXXXXXX, por propio derecho. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." INCOMPETENCIA Ahora bien, respecto del acto reclamado señalado con el numeral 7, consistente en la sentencia dictada por la Novena Sala en Materia Civil de la Ciudad de México con fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, que confirmó la definitiva dictada en el juicio de origen, se advierte que este Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 170 fracción I y 176 de la Ley de Amparo. En efecto, en precepto legal aludido en primer término dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y ." Por su parte, el primer párrafo del artículo 170 de la de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional;" Así las cosas, si tomamos en cuenta que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia dictada por la Sala Novena en Materia Civil de la Ciudad de México, de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en el toca XXXXXXXXXX, en la que confirmó la sentencia definitiva, dictada por el Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México en el juicio ordinario civil XXXXXXXXXX, en el que determinó que la parte actora tiene pleno dominio del bien inmueble materia del citado controvertido, se encuentra en la hipótesis del artículo 170 de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito en términos de la fracción V, del artículo 107, Constitucional, por lo que con fundamento en el numeral 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se declara carente de competencia legal para conocer de la demanda de garantías y se ordena remitirla al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno; solicitándole de la manera más atenta que, de no existir inconveniente, se sirva acusar el recibo respectivo así como en su oportunidad informe lo que tenga a bien proveer respecto este pronunciamiento. Con copia de este acuerdo y copia simple de la demanda de amparo, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, como está ordenado en auto de once de febrero del año en curso, se ordenado notificarle el presente proveído por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Notifíquese por lista al quejoso y por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno.
- Principal
México, Ciudad de México, a veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto el escrito presentado por el quejoso ****************, mediante el cual pretendecumplir con la prevención formulada en auto de dos de febrero del año en curso y ampliar la demanda, por lo tanto se provee lo siguiente: Atendiendo a que de la lectura del escrito de desahogo no se advierten diversos datos del juicio de origen, para estar en aptitud de acordar lo relativo el destino de la demanda de amparo; se estima conducente REPREVENIR a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del auto que se dicta y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, realice lo siguiente: PRIMERO. Precise el tipo de juicio, así como en número de expediente del mismo del índice del Juzgado Cuadragésimo de lo Civil de la Ciudad de México, así como el número del toca de apelación del índice de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ya que es necesario conocer los antecedentes de esos procedimientos a fin de determinar la causa de pedir. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, el criterio número VI.1o.19 K, registro 208347, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo XV-II, Febrero de 1995, página 301, cuyos rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, la omisión en el escrito de demanda del requisito señalado en el diverso artículo 116, fracción IV, de la propia ley, esto es, en cuanto a la narración de los hechos y abstenciones que consten al quejoso y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, es motivo para que se prevenga al promovente que le dé cumplimiento, con el apercibimiento de tener por no interpuesta dicha demanda en caso de no hacerlo; por lo cual es evidente que esta irregularidad no constituye una causa de improcedencia o sobreseimiento del juicio." SEGUNDO. Deberá presentar su aclaración por escrito con NUEVE COPIAS, a efecto de estar, en su caso, en aptitud de correr traslado a las partes, a saber: CINCO para las autoridades responsables, UNA para el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, UNA para el tercero interesado y DOS, para el incidente de suspensión que, de conformidad con el artículo 128 de la citada ley, se debe formar por duplicado. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a lo ordenado del punto PRIMERO Y SEGUNDO, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA SU DEMANDA, con fundamento en el artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en caso de que sólo exhibiere las copias necesarias para correr traslado a las partes y sea omiso en presentar las relativas al incidente de suspensión, se acordará su demanda de garantías, soló en caso de que se llegue admitirse, sin proveer con relación a la medida cautelar solicitada, hasta en tanto las exhiba, de conformidad con la última parte, del último párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior consideración, la Jurisprudencia 86/2002 emitida en contradicción de tesis por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta el veintiuno de julio del dos mil dos, cuyo rubro y texto a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUELLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE.- el artículo 146 de la ley reglamentaria de los artículos 106 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del términos de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho juez mandará correr traslado al ministerio público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe de interpretar en forma aislado, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto por los numerales 120 y 141 de la Ley citada, que establece, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiere promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlos en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. en congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con los copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público." Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa, las sanciones contempladas en la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. (.)" En esas condiciones, como estado ordenado en auto de once de febrero último, se ordena notificarle el presente proveído, POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este juzgado. Notifíquese por lista al quejoso.
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