Rafael Antonio López Pérez

Expediente 723/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
723/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
08/08/2019

Partes del expediente

  • Rafael Antonio López Pérez
  • Rafael Antonio López Pérez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las diez horas con cincuenta minutos del ocho de agosto de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 723/2019, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante la secretaria Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaría da cuenta con el escrito inicial de demanda, con los informes de la suspensión de plano y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como con las demás constancias que obran en autos; asimismo, le informo que en auto de veintisiete de junio del año en curso, se concedió a la parte quejosa el término de quince días para que manifestará si era su deseo ampliar su demanda respecto del acto y autoridad ahí precisados, apercibiéndolo que de no hacer manifestación alguna, el presente asunto se resolvería únicamente por lo que respecta a los actos y autoridades señalados de manera primigenia, sin que hasta la presente fecha hubiera manifestado nada al respecto. Acto seguido el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar; y toda vez que como se advierte del párrafo que antecede la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto de la vista que se le dio en auto de veintisiete de junio del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento y el presente asunto será resuelto únicamente por lo que respecta a los actos y autoridades señalados de manera primigenia. Abierto el período de pruebas la Secretaría da cuenta con la documentales que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, acompañó a su informe de la suspensión de plano y justificados. El Juez acuerda: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza; con lo anterior se da por terminado el señalado período. Seguidamente, abierto el período de alegatos la secretaría da cuenta con el alegato ministerial número 404/2019 de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en el que, por los motivos que expone, solicita se niegue el amparo y protección de la justicia federal o en su caso se sobresea en el presente juicio de amparo. En atención a lo cual el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulado el alegato ministerial de cuenta para todos los efectos legales pertinentes; con lo anterior se cierra el período de alegatos. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 723/2019-VI promovido por Jorge Iván Alcocer Cámara a favor de Rafael Antonio López Pérez en contra de los actos que reclama al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y otra autoridad, por violación a los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y recibido en la misma fecha por la Secretaria de Guardia de este Juzgado, Jorge Iván Alcocer Cámara a favor de Rafael Antonio López Pérez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó al Secretario de Seguridad Pública del Estado y Fiscal General del Estado. Segundo. Acuerdo suspensión de plano. Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se decretó de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados respecto a la privación ilegal de la libertad e incomunicación, atribuidos a las autoridades responsables, que se adujo sufría el directo quejoso, ordenándose buscarlo con el fin de que manifestara si era su deseo ratificar la demanda de amparo presentada a su favor; por lo que una vez que se realizó la localización del directo quejoso Rafael Antonio López Pérez, este manifestó que sí ratificaba la demanda de amparo promovida en su favor por Jorge Iván Alcocer Cámara. Tercero. Admisión de la demanda. Por auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la Representante Social de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo promovido en contra de actos que tienen ejecución material dentro del ámbito territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, cabe precisar que la parte quejosa reclama lo siguiente: La incomunicación y privación ilegal de la libertad (detención). Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Al rendir sus informes justificados el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el Fiscal General del Estado, autoridades señaladas como responsables, en sus respectivos informes justificados negaron los actos reclamados respecto al directo quejoso Rafael Antonio López Pérez, sin prueba en contrario de la parte quejosa, consistentes en incomunicación, que se adujo sufría el mismo. Asimismo, el Fiscal General del Estado, negó el acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad (detención) del quejoso, lo anterior sin prueba en contrario que desvirtué dicha negativa. Por tanto, al no haber sido desvirtuadas dichas negativas por la parte quejosa respecto de los mencionados actos reclamados lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Actos existentes. En cuanto al acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad (detención) del directo quejoso, el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, autoridad responsable en este asunto, en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le reclama, por lo que se tiene por cierto el mismo. Quinto. Estudio oficioso de causal de improcedencia. En principio, es necesario analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, las que se adviertan de oficio, pues al ser la procedencia del juicio de amparo un presupuesto procedimental, su estudio es preferente, de conformidad a la técnica jurídica que se consigna en el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el presente caso, respecto del acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad (detención) del directo quejoso Rafael Antonio López Pérez, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. De las constancias remitidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del Secretario, como anexo a su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º, se aprecia que a las dieciocho horas del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, el quejoso Rafael Antonio López Pérez, fue puesto a disposición de dicha autoridad, quien calificó el tipo de sanción que se impondría al impetrante de amparo, consistiendo en un arresto por veinticuatro horas, que debería compurgar en la cárcel pública de esa secretaría. Ahora bien, respecto a dicho acto reclamado consistente en la detención del directo quejoso, que derivó del arresto administrativo por veinticuatro horas que le fue impuesto al directo quejoso Rafael Antonio López Pérez, por parte del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en términos de los artículos 263, fracción XIV, 264 y 265 del Reglamento del Código de la Administración Pública; de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III, del mismo ordenamiento, en razón de que la parte quejosa fue omisa en señalar con el carácter de responsable a la autoridad que emitió la orden de arresto, a saber, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad. Dicho lo anterior, es necesario tener en consideración lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios.[.]". Los dispositivos legales transcritos, instituyen que el juicio de control constitucional es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señale la autoridad o autoridades responsables a quienes se les atribuya el o los actos reclamados. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que debe sobreseerse el presente juicio de amparo en relación con el acto reclamado consistente en la detención con motivo del arresto administrativo por veinticuatro horas que le fue impuesto al directo quejoso Rafael Antonio López Pérez, de la cual derivó la ejecución de tal sanción administrativa en la cárcel pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. En efecto, de las constancias que en copia certificada acompañó la autoridad responsable con su informe justificado (fojas 25 a 29) y que obran agregadas en autos, relativas al procedimiento administrativo que se instauró en contra del peticionario de amparo Rafael Antonio López Pérez, mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que fue el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en términos de los artículos 263, fracción XIV, 264 y 265 del Reglamento del Código de la Administración Pública, la autoridad que instauró el procedimiento que culminó en la imposición de un arresto de veinticuatro horas al quejoso. Sin embargo, como se dio noticia en líneas que anteceden, no obstante que este órgano jurisdiccional mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve (foja 40), lo cual le fue notificado por lista en los términos señalados en el proveído de cinco de julio del año en curso (foja 47), requirió al quejoso para que manifestara si señalaba como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de veinticuatro horas, que le fue impuesto el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y como autoridad responsable al nombrado Director, transcurrió del diez al treinta de julio de dos mil diecinueve, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto, por lo que, en audiencia de esta misma fecha se tuvo por precluido su derecho para hacerlo y se continuó la secuela procesal únicamente por las autoridades y por los actos reclamados en el escrito inicial de demanda. Consecuentemente, tales actuaciones no pueden ser materia de estudio al no haber sido expresamente imputadas a la autoridad que realmente las emitió, por lo que no es posible analizar la constitucionalidad del acto de una autoridad, si ésta no fue llamada a juicio a defender la legalidad de su actuación. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que si bien es cierto, existe el arresto impuesto como medida de apremio a la parte quejosa, también lo es, que no es procedente analizar la legalidad del mismo al no haber sido señalado como autoridad responsable el funcionario que llevó a cabo tal actuación. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 93, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 73, Apéndice 2000, del tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 468, del tomo II, octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". De igual forma, robustece a la anterior determinación, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia VII.A.T.J/6, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 738, tomo III, correspondiente al mes de junio de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que señala: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal". Por todo lo que antecede, es que, con fundamento en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción II, y 108, fracción III, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, ha lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa respecto el acto reclamado consistente en la detención del directo quejoso Rafael Antonio López Pérez. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo aplicable, se resuelve: Primero. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Iván Alcocer Cámara a favor de Rafael Antonio López Pérez, contra de actos que reclama de las autoridades que han quedado relacionada y por las razones expuestas en el considerando tercero y cuarto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo y toda vez que aún está transcurriendo el término otorgado de conformidad con lo ordenado en proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, para que amplíe la parte quejosa su demanda de amparo; en consecuencia, se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del día ocho de agosto de dos mil diecinueve, como nueva fecha y hora para su celebración. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Se agrega a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el alegato ministerial número 404/2019 suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, mediante el cual solicita se niegue y sobresea en el juicio de amparo y se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en este juicio. En atención a su contenido, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones vertidas en el oficio de mérito, para ser tomadas en cuenta en la audiencia constitucional. Como lo solicita el representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, una vez que se dicte la sentencia en este juicio, expídasele copia certificada de la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil diecinueve. Visto lo informado en la cuenta que antecede y en atención a la constancia actuarial levantada por la Fedataria Judicial adscrita, en la que expresó el motivo por el cual no le fue posible notificar personalmente al quejoso Rafael Antonio López Pérez, el auto de veintisiete de junio del año en curso; en virtud de que no tuvo éxito en ubicar el predio buscado, en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29, ambos de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación al citado quejoso del auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, sea por medio de lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito, así como las subsecuentes notificaciones que deban realizarse al nombrado quejoso, incluso las de carácter personal, hasta en tanto proporcione en los presentes autos domicilio para tal efecto. Por otra parte, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria celebrada el doce de junio del año en curso, la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal acordó la readscripción del Juez Adrián Fernando Novelo Pérez, como titular de este órgano jurisdiccional, en sustitución del ahora Magistrado René Rubio Escobar, con efectos a partir del uno de julio de dos mil diecinueve; por lo que, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a las partes en el presente juicio por el término de tres días, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído a fin de que manifiesten lo que a sus intereses convengan. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano